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Chequeo Múltiple
Tras la más reciente votación para la elección de la nueva fiscal general de la Nación, en la que Amelia Pérez obtuvo la mayoría, con 13 votos, en redes sociales han circulado narrativas para desacreditarla.
El 24 de febrero, dos días después de la votación en la Corte Suprema de Justicia, el experiodista Juan Carlos Pastrana escribió en su cuenta de X: “Amelia Pérez, aspirante a Fiscal, lleva más de 20 años sin ejercer la profesión de abogada. Desde que rehusó investigar a las Farc por el atentado a El Nogal y se fue del país”. La publicación tiene más de 44.000 reproducciones, ha sido republicada 2.000 veces y tiene 2.000 “me gusta”.
Al exdirector del desaparecido periódico La Prensa y hermano del expresidente Andrés Pastrana ya lo hemos verificado antes por difundir desinformación sobre el informe final de la Comisión de la Verdad. También fue uno de los usuarios más amplificados en la conversación que difundió la narrativa infundada de un supuesto fraude electoral de la contratista Indra a favor del hoy presidente, Gustavo Petro, según la investigación “Los aliados de Vox para difundir mentiras en América Latina” de El Clip con participación de Colombiacheck.
Entre el 24 y 27 de febrero, el pantallazo del trino de Pastrana fue compartido en Facebook por la página Colombia Tierra Querida, el grupo NO A LA JEP - APOYO TOTAL AL CENTRO DEMOCRATICO y los usuarios Marcela Z Duque, Álvaro Alberto Ochoa Acevedo y Luis Miguel Maldonado Vargas, con mensajes como:
También aparece en una nota titulada “Si dijeron que Barbosa era fiscal de bolsillo de duque por ser de la misma universidad, ¿Qué decir de Amelia que tuvo 5 contratos con Petro?” (sic), publicada el 24 de febrero por IFMNoticias, un portal que difunde desinformaciones a favor de la derecha que recibía recursos públicos en Medellín como lo contamos en la investigación realizada en alianza con El Clip.
En Colombiacheck verificamos las afirmaciones de Pastrana sobre Amelia Pérez y concluimos que una es falsa y otra cuestionable.
Aunque Pastrana afirma que Pérez lleva más de 20 años sin ejercer la profesión de abogada, su hoja de vida publicada en la página de la Corte Suprema dice algo muy distinto. La candidata a fiscal trabajó como contratista en el Centro de Estudios para la Convivencia y la Seguridad y la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la Alcaldía de Bogotá entre 2012 y 2015, cuando Gustavo Petro era alcalde de la capital del país.
De acuerdo con la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), el último contrato que firmó con el Distrito Capital fue el 5 de diciembre de 2014, con una duración de dos meses. Es decir, que trabajó hasta el 4 de febrero de 2015.
Su objeto era “prestar servicios profesionales para la gestión integral del proyecto 839 de fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción de la justicia no formal y comunitaria, a través de acciones de coordinación, articulación y comunicación interinstitucional a nivel de los distintos operadores de justicia en el distrito capital, para el abordaje de acciones y procesos conjuntos en relación con la política pública, como con la gestión en red, apropiación, legitimación y formalización de la dinámica de los sistemas locales y distrital de justicia”.
Este proyecto, según el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, buscaba mejorar la oportunidad y calidad de los servicios de justicia formal a través de las comisarías de familia y garantizar la intervención integral para la protección de las personas y la restitución de sus derechos a través del Sistema Distrital de Justicia Alternativa, las Casas de Justicia, las Comisarías y Familia y de la participación de conciliadores y operadores de justicia no formal y comunitaria.
Entre las obligaciones que tenía Pérez como contratista estaban coordinar la gestión y articulación del equipo que integraba el proyecto de fortalecimiento a la justicia formal y promoción de la justicia no formal y comunitaria y definir, orientar criterios y lineamientos para avanzar en la creación del Sistema Distrital de Justicia.
Estas labores están relacionadas con su formación como abogada. Por lo tanto, no es cierto que lleve más de 20 años sin ejercer su profesión, porque su último cargo fue hace nueve años.
Pérez, quien es abogada con especialización en criminología y derecho penal, también se ha desempeñado como juez de la Rama Judicial entre 1983 y 1992, fiscal regional entre 1992 y 1995, fiscal especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario entre 1995 y 2002 y fiscal especializada de la Unidad contra el Terrorismo entre 2002 y 2003. Este último cargo lo ocupó antes de irse exiliada a Canadá.
De acuerdo con la Corporación Excelencia en la Justicia, según los artículos 249 de la Constitución Nacional y 29 de la Ley 270 de 1996, los requisitos para ser elegido fiscal en el país son los mismos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia (artículo 232 de la Constitución Nacional):
Teniendo en cuenta lo anterior, Pérez cumple con los requisitos para ser candidata a Fiscal General de la Nación.
En conclusión, es falso que lleve 20 años sin ejercer la profesión de abogada, pues su último empleo fue como contratista de la Alcaldía de Bogotá en 2015, es decir, hace nueve años y sus funciones estaban relacionadas con su formación profesional.
En su cargo como fiscal especializada de la Unidad contra el Terrorismo, Pérez investigó el atentado con un carro bomba al Club El Nogal, en el norte de Bogotá, cometido el 7 de febrero de 2003 por la extinta guerrilla de las FARC. A esto se refiere Pastrana con la acusación que hace en la segunda parte de su mensaje.
Esta investigación provocó enfrentamientos entre Pérez y el entonces fiscal general Luis Camilo Osorio, quien la acusó de llevar el caso “irregularmente”. De hecho, en marzo de 2003 fue separada de la investigación, supuestamente por no dar resultados.
Pérez dijo que Osorio la presionó para enfocar y concentrar la investigación por los hechos de El Nogal en torno a una sola hipótesis, contrariando los principios de la investigación penal, a lo cual ella se negó. En ese entonces, el Ejército le atribuyó el atentado terrorista a las FARC, que en 2017 aceptó su responsabilidad en estos hechos tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno Nacional.
Asimismo, es necesario recordar que en 2012, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le abrió una investigación al exfiscal Osorio por sus presuntos nexos con los paramilitares. Osorio fue señalado por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso y los políticos Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella de favorecer a miembros de las Autodefensas, pero él rechazó estos señalamientos.
En medio de la disputa con Osorio, sumado a las amenazas de los jefes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso por las investigaciones de varias masacres como la de El Aro y Mapiripán, que lideró también como fiscal especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Pérez abandonó el país y se exilió en Canadá en 2003.
Estuvo exiliada hasta 2012 cuando regresó a Colombia. En 2020 la Comisión de la Verdad escuchó su testimonio como exiliada, en el que contó sobre las amenazas de muerte que recibió de los paramilitares y el cual fue incluido en el Informe Final de la Comisión.
En abril de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares a favor de Pérez y de otros cinco miembros de la Unidad de Derechos Humanos por las amenazas de Castaño y Mancuso.
Por otra parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó recientemente a la Fiscalía realizar un estudio de seguridad de carácter urgente a Amelia Pérez en su calidad de testigo en la investigación por el atentado a El Nogal, luego de que rindiera una entrevista reservada en noviembre de 2023 ante la magistrada Marcela Giraldo.
Con estas evidencias, calificamos como cuestionable la afirmación de Pastrana sobre que Amelia Pérez se rehusó a investigar a las FARC por el atentado al club El Nogal y se fue del país porque a esto le falta contexto. Pérez tuvo enfrentamientos con el fiscal de la época Luis Camilo Osorio, quien quería que la investigación se enfocara en una sola hipótesis, a lo cual se negó y fue separada de la misma. En medio de la disputa con Osorio y debido a las amenazas de muerte de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño abandonó el país y se exilió en Canadá.