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Lunes, 29 Abril 2019

Nada en la JEP impide investigar a máximos responsables de delitos de lesa humanidad

Por Sania Salazar y José Felipe Sarmiento

Es falso que “no serían investigados” si se aprueba la ley estatutaria sin las objeciones presidenciales, afirmación que hizo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En la cuenta de Twitter de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) se aseguró que, como está proyectada la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),  “los máximos responsables de delitos de lesa humanidad no serían investigados” y que, por lo tanto, si son aceptadas las objeciones que le hizo el presidente, Iván Duque, habría mayor seguridad jurídica.

Colombiacheck le preguntó al equipo de prensa del alto comisionado, Miguel Ceballos, en qué fuente basaban la afirmación y hasta la publicación de esta nota no han respondido.

En todo caso, la advertencia es falsa. En el Acuerdo Final quedó claro que no se permite otorgar amnistía a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma. Este tratado internacional incluye en esa categoría el asesinato, la desaparición forzada, el desplazamiento forzoso, los delitos sexuales y la privación grave de la libertad, entre otros. Esto implica que, si se renunciara a perseguir a los máximos responsables, se le abriría la puerta a la Corte Penal Internacional para que intervenga en esos casos.

El Acuerdo del Teatro Colón establece textualmente que “en ningún caso serán objeto de amnistía o indulto únicamente los delitos que correspondan a las conductas siguientes: a. Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. En el evento de que alguna sentencia penal hubiere utilizado los términos ‘ferocidad’, ‘barbarie’ u otro equivalente, no se podrá conceder amnistía e indulto exclusivamente por las conductas delictivas que correspondan a las aquí enunciadas como no amnistiables”.

Además, la JEP aclara en su página web que su funcionamiento “se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que sean definidos por la ley y los magistrados. En particular, podrá conocer de los delitos que hubieren cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Sobre estos dos últimos, la Corte Constitucional aclaró que su participación en la JEP sería voluntaria”. 

El mensaje en redes del Alto Comisionado está tan equivocado que incluso contradice la justificación que dio Duque para objetar el artículo 19 del proyecto de ley estatutaria. El mandatario señaló que este implica la “renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables” (énfasis añadido). Quiere decir que el presidente era consciente de que sí se establece que debe haber investigación y juicio contra quienes sí lo sean.

Desde que fue aprobada por el Congreso, la iniciativa establece que “la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”. Al interpretarla, la Corte Constitucional señaló que “en todo caso, [la JEP] debe ejercer la acción penal respecto de los máximos responsables de crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, crímenes de lesa humanidad y genocidio”.

Como lo contamos en otro chequeo, lo que el tribunal condicionó fue, precisamente, un parágrafo que hacía “inocua la facultad de selección” porque obligaba a procesar a todos los responsables (máximos o no) de delitos de lesa humanidad. Esto “podría conducir a un desconocimiento de los derechos de las víctimas, en tanto el volumen de los posibles responsables y hechos podría exceder la capacidad de la jurisdicción especial, y, por tanto, resultaría imposible garantizar a las víctimas el acceso a la justicia”, argumentó.

Así, concluyó que “en ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trate de máximos responsables de delitos que tengan la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”. Mientras que sí podría hacerse con quienes hayan tenido menor participación, siempre que cumplan las condiciones que exige el sistema, por ejemplo, en cuanto a verdad y reparación. También aclaró que esto es diferente a la amnistía porque el Estado no renuncia a perseguir los delitos y, por tanto, no viola el Estatuto de Roma.

Esto se hizo así porque el acto legislativo que creó la JEP ya había establecido en 2017 que la ley estatutaria que hoy está en trámite debía “determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”.

Es decir que, contrario a lo que advirtió la OACP, quienes tuvieron mayor participación en esas conductas serán los más investigados. En palabras de la Corte Constitucional: “la lógica que subyace, entonces, es que el Estado se concentra en investigar, juzgar y sancionar a quienes tienen la mayor responsabilidad en los peores crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado”.

De hecho, la frase ya existía casi idéntica en la Constitución desde 2012, a través del Marco Jurídico para la Paz. En ese entonces, la Corte consideró que la concentración de la justicia en esas personas “no implica que se dejen de investigar todos los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, sino que permite que sean imputados solo a quienes cumplieron un rol esencial en su comisión”. Además, señaló que esto sirve “para fortalecer el procesamiento de los máximos responsables de los crímenes más graves”, un análisis opuesto al planteado en los tuits.

La única diferencia entre la norma anterior y la nueva es que la competencia pasó de la Fiscalía a la JEP, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo. Esto quiere decir que es con los límites de tiempo que se establecen allí, donde la fecha de corte final es el 1 de diciembre de 2016, y solo para las personas sometidas a este sistema de justicia transicional.

La extradición

En el video de una de las publicaciones, Ceballos también insiste en el argumento de que la aprobación del texto actual “acabaría la figura de la extradición”. Esta aseveración coincide con las que hicieron en el mismo sentido el presidente del Senado, Ernesto Macías; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y la senadora Paloma Valencia, que Colombiacheck ya revisó y encontró que también eran falsas.

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Lunes, 16 Julio 2018

JEP no tragará entero, pero tampoco lo hacía Justicia y Paz

Por José Felipe Sarmiento Abella

Los sistemas de justicia transicional surgidos de las desmovilizaciones de las AUC y las Farc son distintos, pero no por la razón que dio en España Patricia Linares, la presidenta de la JEP.

En entrevista con el diario El País de España durante su gira por Europa, la presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, dijo que la Ley de Justicia y Paz con la que el gobierno de Álvaro Uribe desmovilizó y procesó a los paramilitares y algunos miembros de la guerrilla “tuvo el gran inconveniente y el gran obstáculo de prácticamente tener que acotarse a la mera versión del victimario”.

El periódico español cita la comparación que hizo la magistrada con el nuevo sistema transicional, que ella lidera y que surgió del Acuerdo con las Farc. En este, señala ella, el victimario “va a dar su versión, va a confesar sus delitos, va a aportar a la verdad plena, va a aportar a la reparación integral de las víctimas, pero va a estar observado, y su versión va a ser cotejada y confrontada con toda esa información que previamente el juez ha obtenido, analizado y sistematizado”.

Sin embargo, Justicia y Paz también tenía un componente de investigación previa a las versiones libres que daban los desmovilizados. Es decir que sus confesiones podían ser cotejadas con otros tipos de pruebas para determinar su veracidad y así evitar que los ex integrantes de grupos armados incriminaran a otras personas con testimonios falsos. Incluso las víctimas podían aportar la pruebas que tuvieran para el proceso.

Así lo establecieron la ley que creó ese sistema de justicia transicional en 2005 y sus decretos reglamentarios, como el 4760 de ese mismo año, el 2898 de 2006 y el 315 de 2007; y se mantuvo en su reforma legal de 2012. La entidad encargada de esa investigación y de elaborar la acusación ante el tribunal correspondiente era la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.

El director de Posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Sergio Guarín, le confirmó a Colombiacheck que en los procesos de Justicia y Paz “tenía que haber cotejo de pruebas”. Además, recordó que los compromisos con la verdad y la reparación fueron incluidos en la legislación a su paso por el Congreso e incluso algunos paramilitares tuvieron que ser llamados dos veces para completar sus versiones a raíz de eso.

La JEP tiene una estructura normativa más robusta y detallada porque fue incluida en la Constitución y reglamentada con una ley estatutaria (pendiente de examen en la Corte Constitucional) y otra ordinaria (pendiente de sanción presidencial). Las penas alternativas que otorga son distintas y las sanciones al incumplimiento en la verdad y la reparación son más fuertes y explícitas.

Pero el procedimiento de la nueva jurisdicción no tiene las diferencias tan marcadas que Linares le atribuye con el sistema creado por el gobierno de Uribe, en lo que se refiere a la corroboración de las declaraciones entregadas por los procesados. “En ese sentido no es muy diferente a lo que ya se hizo”, corroboró Guarín.

Desde el Acuerdo de Paz estaba definido que el valor probatorio de los testimonios de excombatientes iba a depender de que fueran comprobables por otros medios, en particular cuando salpicaran a otras personas. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP quedó encargada de avanzar en las investigaciones y practicar u obtener las pruebas correspondientes por medio de un equipo propio de policía judicial; además, hereda las que hayan conseguido la Fiscalía u otras autoridades con anterioridad.

La página de internet de la nueva jurisdicción informa, adicionalmente, que su sala de reconocimiento ya ha recibido 86 informes de autoridades judiciales, académicas y del Centro Nacional de Memoria Histórica como insumos. Pero incluso estos, por sí mismos, no bastan para que alguien sea llamado a comparecer, sino que deben ser corroborados con otras pruebas, según quedó en el acto legislativo avalado por la Corte Constitucional.

El requisito de basar cualquier decisión de la JEP en pruebas legales distintas a los testimonios y los informes quedó reiterado también en los proyectos de ley que establecen su estatuto y sus reglas de procedimiento. También, como en Justicia y Paz, se les da a las víctimas la posibilidad de aportar pruebas en los procesos.

Del papel al tribunal

Guarín recordó que, en la práctica, “el compromiso con la verdad era menos fuerte” en Justicia y Paz. Eso permitió, por ejemplo, que algunos ex jefes paramilitares fueran extraditados a Estados Unidos por Uribe, porque se le dio más peso al narcotráfico que a los crímenes que debían acá y fueron castigados más por su reincidencia en ese delito que por sus incumplimientos a los derechos de las víctimas.

Aun así, el académico considera que ese sistema permitió conocer “buena parte de la historia del conflicto armado”, con base en las versiones libres e investigaciones. Resaltó que incluso muchos trabajos periodísticos importantes partieron de ahí.

Además, la JEP apenas está empezando a funcionar. Se acaban de dar los primeros llamados a ex altos mandos de las Farc y solo ha comparecido un ex general del Ejército. Así, cualquier paralelo entre los dos sistemas solo se puede remitir a lo que hay en el papel, porque todavía no se sabe a ciencia cierta qué resultados tendrá el sistema recién creado.

En consecuencia la comparación de la magistrada Linares entre las dos jurisdicciones es falsa. Si bien son sistemas distintos, la diferencia no radica en lo que ella plantea. Para Guarín, el pronunciamiento “le está dando legitimidad a la JEP desacreditando Justicia y Paz y eso no me parece adecuado”.