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Viernes, 26 Abril 2019

Ley de la JEP no impediría extraditar a personas ajenas al proceso de paz

Por José Felipe Sarmiento

El presidente del Senado, Ernesto Macías, mintió sobre un artículo objetado de la ley estatutaria que solo cobija a quienes estén aportando verdad sobre delitos del conflicto armado.

El próximo lunes sería la votación en el Senado de las seis objeciones que el presidente Iván Duque le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, según el senador Ernesto Macías, presidente del Congreso, negarlas implicaría que “quede en firme un artículo que permite a personas ajenas al proceso de paz, bajo el engaño de ofrecer verdad, impedir su extradición”.

Captura de pantalla del tuit del senador Ernesto Macías

Se trata del mismo “articulejo” que criticó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en la audiencia pública ante esa corporación porque supuestamente beneficiaría a “cualquier tercero”, en especial a los narcotraficantes. La senadora Paloma Valencia, copartidaria de Macías en el Centro Democrático, también había asegurado que las objeciones pretenden “blindar las posibilidades de que terceros se escondan en la JEP para evadir la extradición”.

Captura de pantalla del tuit de la senadora Paloma Valencia

Lo que dice el artículo 156 aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional es que “no se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición [SIVJRNR], antes de que terminen de ofrecer verdad”. Al objetarlo, Duque dijo que “esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad (...) para eludir responsabilidades ante la justicia de otros Estados”.

Pero el alto tribunal ya había aclarado en la sentencia que esto “se refiere a personas naturales sometidas a la jurisdicción de la JEP no mencionadas en los artículos 152 a 155 [que regulan la garantía de no extradición para los exguerrilleros de las Farc, personas acusadas de haberlo sido y sus familiares], es decir, terceros, particulares o agentes del Estado, y miembros de la Fuerza Pública que estén ofreciendo verdad plena en el SIVJRNR”.

El exministro Yesid Reyes, en su columna del martes pasado en el diario El Espectador, explicó que “según la Constitución la JEP no se ocupa de investigar o juzgar narcotraficantes, [por lo que] ellos no pueden acudir a ese organismo para ofrecer verdad y, por supuesto, ni el artículo comentado por el fiscal ni ningún otro de esa Ley Estatutaria se refiere a alguien sobre quien la JEP no tenga competencia”. Para sustentar su tesis, resumió la normatividad vigente que establece esa limitación.

En efecto, el acto legislativo que creó esta jurisdicción transicional define a los terceros en el artículo transitorio 16 como “las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados, hubieren contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto”. También le deja a la ley la definición sobre la competencia judicial en casos de narcotráfico “conforme a lo establecido en el Acuerdo Final”.

El artículo 62 de la ley estatutaria, que no tiene objeciones pero tampoco puede entrar en vigencia hasta que la situación de estas se resuelva, aclara que la JEP cobijará este delito “cuando los presuntos responsables fueran, en el momento de cometerse las anteriores conductas, integrantes de grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional, siempre que la finalidad del delito haya sido financiar la actividad de dicho grupo”.

La interpretación de la sentencia de constitucionalidad es que “así se excluye la competencia de la JEP sobre dichos delitos cuando hubieren sido cometidos exclusivamente con la finalidad de obtener beneficio económico particular” y también “cuando hubieren sido cometidos por particulares y agentes del Estado, entre ellos los miembros de la Fuerza Pública”. Es decir que la norma ya era ‘anticolados’ antes de ser objetada por el mandatario.

Reyes, que el año pasado desistió de posesionarse como magistrado de la JEP a pesar de haber sido seleccionado para el cargo, pretendía desmentir al fiscal. Pero la revisión de las normas, por extensión, también rebate los mensajes de los citados congresistas, que se han valido del mismo razonamiento.

La Corte Constitucional también recordó que en el Acuerdo del Teatro Colón quedó el compromiso de crear “medidas adicionales (...) para evitar que otras personas que estén ofreciendo verdad ante el SIVJRNR sean extraditadas antes de que terminen de ofrecer verdad”. Además, estas condiciones tampoco serían del todo nuevas pues, como lo trajo a colación Noticias Uno, en Colombia ya se han aplicado a procesos de extradición por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desde hace diez años.

Colombiacheck también había mencionado esos antecedentes en una nota del año pasado: “Con la teoría de que el delito de narcotráfico ‘palidece’ ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por hombres como ‘don Mario’, ‘el Alemán’, ‘Diego Vecino’ o ‘comandante Chaparro’, por los que debían responder primero en Colombia, el tribunal detuvo sus respectivos viajes a prisiones americanas”.

Y si la estatutaria cierra la puerta de la JEP para que los narcotraficantes entren como terceros civiles, la opción de hacerlo como falsos exintegrantes de las Farc está asegurada hace rato. El mismo lunes que Macías publicó su tuit, la JEP informó que ya ha rechazado 43 solicitudes de personas que intentaron ‘colarse’ en el sistema por esa vía para obtener la garantía de no extradición que cobija a los exmiembros del desmovilizado grupo ilegal, sus familiares y otras personas acusadas, procesadas o condenadas por pertenecer a él.

Según el comunicado, los peticionarios “no fueron incluidos en los listados de integrantes de esa organización (...), ni sobre ellos pesa acusación o condena por conductas cometidas durante el conflicto armado con relación a las Farc-EP”. Entre los rechazados por la jurisdicción incluso está el empresario Fabio Younes, vinculado en Estados Unidos al mismo caso por el que el ex jefe guerrillero ‘Jesús Santrich’ podría perder ese beneficio.

Además, desde 2017 fueron excluidos de esas listas 19 nombres por el alto comisionado para la Paz de ese entonces, Rodrigo Rivera. Precisamente se trataba de ‘colados’ que en realidad eran extraditables por narcotráfico que no tenían vínculos reales con el grupo armado. El más llamativo era Segundo Alberto Villota Segura, señalado por el país norteamericano de pertenecer a una sociedad del cartel mexicano de Los Zetas en Colombia.

Por otra parte, como lo explicamos en otro chequeo a Valencia, es falso que la JEP impida del todo la extradición de exintegrantes de las Farc. Aunque sí puede hacerlo mientras tengan la garantía de no extradición, ellos pueden perder ese beneficio si se prueba que los hechos que sustentan la acusación en el extranjero ocurrieron después de la firma de la paz.

En conclusión, son falsos los tuits de Macías y su colega senadora, así como el pronunciamiento de Martínez (que también ha mentido antes sobre la JEP).

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Cuestionable

Miércoles, 02 Agosto 2017

“El gobierno pretende reducir a la mitad condenas a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Dijo Claudia López al denunciar un ‘mico’ en el proyecto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, radicado ante el Congreso. Y aunque el 'animal' existe, su afirmación sobre la reducción de las condenas es engañosa.

Tres ministros del gabinete de Juan Manuel Santos radicaron ayer, 1 de agosto, en el Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Se trató de Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, Guillermo Rivera, ministro del Interior, y Enrique Gil Botero, ministro de Justicia.

No habían pasado 24 horas cuando Juanita Goebertus, exdelegataria del gobierno en la mesa de la Habana y directora de Proyectos Latam, señaló que en dicho proyecto había un ‘mico’. Lo hizo por medio de su cuenta de Twitter:

 

 

Pero Goebertus no fue la única que protestó por el ingreso del supuesto primate. Haciendo eco de su denuncia también trinó Claudia López, aspirante a la presidencia de Colombia y actual senadora de la República:

 

 

Colombiacheck indagó si en realidad y a través del proyecto radicado por el gobierno, se le estarían dando a las Farc beneficios adicionales a los estipulados en el Acuerdo Final. Específicamente verificamos la veracidad de la afirmación según la cual se les reduciría a la mitad las condenas “a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”, como lo aseguró Claudia López.

 

¿Qué dice el Acuerdo Final?

Como contamos en el chequeo Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad? es necesario revisar el Acuerdo Final para verificar que en esencia se establecieron dos caminos para que los exguerrilleros lleguen ante la justicia especial, la JEP.

En la página 160 del Acuerdo Final, en lo relativo al punto cinco sobre Víctimas y más específicamente sobre la JEP, quedó establecido que serán dos distintas secciones en el Tribunal para la Paz, “una sección de primera instancia en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que proferirá sentencias” y otra “sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, donde se celebrarán juicios contradictorios y se proferirán sentencias, bien absolutorias o bien condenatorias. En este caso, se impondrán las sanciones ordinarias o alternativas que correspondan”, explica el texto.

Lo que estableció el Acuerdo Final es que quienes digan la verdad irán a una sección que les permitirá tener penas alternativas que no pasaran de los ocho años. Y por penas alternativas se debe entender sanciones no intramurales (cárcel) y cuyo tiempo varía según el tipo de delito.

Por el lado de los renegados a decir la verdad, estos irán a otra sección y allí tendrán procesos contradictorios, además, esos casos perderán el derecho al beneficio de penas alternativas, es decir, en estos casos sí tendrán que pagar sus penas en cárceles detrás de las rejas. Lo que se conoce en el Acuerdo como sanciones ordinarias.

Así quedó en lo negociado en La Habana y así lo aclaró para Colombiacheck Juanita Goebertus, pieza fundamental en el diseño sobre el Punto de Víctimas y quien dijo que esto se pactó así para “incentivar el reconocimiento temprano”.

En síntesis, el que no acepta responsabilidades de manera inmediata pierde los beneficios de salvarse de pagar su sanción en una cárcel intramural como La Picota o el Buen Pastor, así se pactó en La Habana.

 

Así es el proyecto del Gobierno

Con este panorama claro Colombiacheck se dispuso a verificar el ‘mico’ del proyecto radicado por el gobierno bajo la batuta de tres ministros.

En primer lugar se revisó el artículo 137 del proyecto, que se refiere a los renegados de las Farc porque aborda procesos contradictorios que, como lo mencionamos anteriormente, solo fueron diseñados para quienes no digan la verdad en primera instancia. El subtítulo de ese apartado se denomina: “Sanciones alternativas aplicables a quienes reconozcan verdad y responsabilidad por primera vez en el proceso contradictorio ante la sección de primera instancia”.

Ese artículo 137 menciona que "en cualquier caso en el que el Tribunal para la Paz aprecie que el reconocimiento de verdad y responsabilidad efectuado no ha sido exhaustivo, completo y/o detallado, se aplicará por el Tribunal para la Paz sanciones alternativas según el siguiente procedimiento:”

De lo anterior queda claro que bajo la frase “en cualquier caso” (casos que no hayan dicho la verdad en primera instancia) el Tribunal para la Paz aplicará “sanciones alternativas”, algo contrario a lo acordado en La Habana porque las sanciones alternativas solo fueron diseñadas para quienes digan la verdad en primera instancia. Ese es precisamente el incentivo para que hablen de manera pronta.

Según Goebertus, quienes en principio no reconozcan la verdad pero luego en otra sección lo hagan, tendrán que pagar cárcel de cinco a ocho años, los que no reconozcan la verdad en ninguna instancia sí irán a la cárcel y tendrán que pagar condenas de hasta 20 años. Todo depende del tipo de delito.

Llama la atención este cambio pues nunca estuvo en duda que el beneficio de sanción alternativa solo fue diseñado para quienes digan la verdad de manera inmediata y no en otras instancias que es como lo propone el proyecto radicado por el gobierno.

El mismo artículo 137, en referencia a procesos contradictorios, expone además que: “la Sección competente del Tribunal para la Paz le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y el grado de su reconocimiento de verdad, de responsabilidades y de colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos”.

En definitiva, el texto radicado por el proyecto ofrece penas alternativas incluso a quienes no digan la verdad en primera instancia, siempre y cuando lo hagan en la sección posterior, la que aborda casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

Este cambio en las condiciones del juzgamiento de los exguerrilleros y demás personas que se acojan a la JEP, con respecto a lo pactado en el Acuerdo Final, es lo que da vida al ‘mico’ que señalaron Goebertus y López.

 

El error de Claudia López

Además de mencionar el ‘mico’, la senadora López sostuvo que “el gobierno pretende reducir a la mitad condenas a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”, afirmación que resultó engañosa porque el proyecto del gobierno no pretende reducir las penas sino reducir el tiempo en la cárcel de quienes en otra instancia diferente a la inicial reconozcan la verdad.

Al menos así se lo explicó Goebertus al tuitero Gustavo Garcia:

 

 

 

 

Lo que dice el texto del gobierno es que “el Tribunal podrá ordenar que, una vez cumplido como mínimo el 50% del tiempo de sanción impuesta, el cumplimiento de esta concluya en condiciones equivalentes a las de las sanciones propias”.

Es decir, quienes no digan la verdad en primera instancia y por ese motivo sean condenados y se encuentren en la cárcel, pero decidan contar por fin la verdad, podrían pagar el 50% de la pena restante con sanciones alternativas, claro, primero tienen que pagar la mitad de la pena en una cárcel, eso fue lo que sentenció el texto radicado por el gobierno.

No reducción de penas. Lo cambiado fue el cómo pagar esa pena, esa sanción. Colombiacheck busco todo el día a la senadora López pero no recibimos respuesta ni por teléfono ni por medios electrónicos.

El tuitero Natalio Cosoy, corresponsal en Colombia de la BBC también formuló una inquietud frente a lo radicado por el gobierno en el artículo 137 cuando se menciona “sanciones propias”. ¿Qué son las sanciones propias? A lo que Goebertus respondió por medio de su Twitter.

 

 

 

¿El Congreso votará el ‘mico’?

Una pregunta similar hizo el tuitero y consultor empresarial Luis Carlos Jacobsen, a lo que Goebertus respondió que se necesita presión en el Congreso para que incluyan una proposición. Además, el ‘mico’ tendrá que lidiar en los debates conjuntos de Cámara y Senado, no siendo poco, además, cada cámara del Congreso debatirá por aparte el proyecto. En síntesis, este primate tendrá que saltar bastante para poder ser aprobado.

 

 

Tanto Goebertus como López tiene razón al señalar la presencia del ‘mico’ pero la aspirante a la presidencia se equivocó al publicar en su cuenta de Twitter (que tiene más de 700.000 seguidores) que se reducirán las penas a las Farc.

Una salida en falso que sirvió para darle insumos a los opositores del proceso de paz, por lo menos así lo publicaron usuarios que se hacen llamar en la red social Aureliano, coronel Buendía y Jorge Enrique Gelves.

 

 

 

 

Aunque bueno, todo hay que decirlo, no fuimos los únicos que nos dimos cuenta del error de la senadora del partido Verde, tuiteros como Darío T. también la corrigieron.