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Viernes, 25 Junio 2021

No hay evidencias de que a los ciudadanos en Cauca los obligaron a salir a las manifestaciones

Por Mónica Ospino Orozco

Este artículo forma parte del chequeo múltiple a un video en el que la senadora del Centro Democrático hizo varias críticas al Paro Nacional 2021.

En el minuto 2:46 del video que publicó la senadora Paloma Valencia, objeto de este chequeo, aseguró que en departamentos como el Cauca “obligan a los ciudadanos a salir a la manifestación. Así no quieran por el puro temor que les da que los vayan a asesinar”

La senadora del Centro Democrático, sin embargo, no ofrece evidencia alguna ni sustenta su afirmación más allá de esta frase que se enmarca en la narrativa del video que busca culpar a la izquierda, a las Farc y al ELN del paro nacional.

En Colombiacheck nos dimos a la tarea de verificar si en efecto en el Cauca se presentaron estas intimidaciones en el marco de las jornadas del paro nacional y revisamos, entre otros, la información disponible en la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa en relación con estas denuncias. Además, consultamos analistas y expertos en seguridad.

Sobre el particular, en los pronunciamientos públicos del fiscal general, Francisco Barbosa, acerca de la posible infiltración de actores armados ilegales en las manifestaciones, el funcionario no menciona este tipo de presiones en Popayán ni en el Cauca, aunque sí vincula a disidencias de las Farc que operan en ese departamento con los hechos vandálicos acaecidos en Cali. 

Así lo dijo el 4 de mayo, cuando hizo presencia en la capital vallecaucana, en donde aseguró que “se ha logrado determinar que los desórdenes y hechos vandálicos ocurridos en Cali en los últimos días, tendrían una relación con estructuras del narcotráfico, el ELN y disidencias de las FARC que operan en el Cauca”.

 

 

El pronunciamiento de Barbosa fue precedido de declaraciones similares hechas por el ministro de Defensa, Diego Molano, quien el 3 de mayo, también desde Cali, aseguró que los actos violentos en el marco del paro nacional estaban vinculados con organizaciones terroristas, pero tampoco menciona al Cauca:

“Colombia enfrenta una amenaza terrorista, organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica. Se trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC y el ELN. Gracias al trabajo del Grupo Especial contra el Vandalismo y delitos conexos hemos identificado algunas de estas organizaciones criminales: movimiento JM19, grupo Luis Otero Cifuentes, Movimiento Bolivariano de disidencias de las FARC de Gentil Duarte, los escudos azules, los escudos negros, células urbanas del ELN, 8 y 9 de junio: camilistas del ELN.” 

Posteriormente, el 20 de mayo, Molano aseguró que “fueron capturados 25 promotores de actos violentos en el país en los últimos días. Estos sujetos abastecían de armas y explosivos a delincuentes y grupos armados como el ELN y disidencias de las Farc para atentar contra ciudadanos, Fuerza Pública e infraestructura. Las 25 capturas se hicieron en 29 diligencias de allanamiento en Bogotá, Medellín, Cali y Buga”, de nuevo, no se menciona a Popayán ni al Cauca.

 

Por su parte, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, reforzó el 6 de mayo las afirmaciones de Barbosa y Molano en esta entrevista concedida a El Espectador, en la que precisó que “puedo certificar que hay elementos que relacionan a grupos armados organizados, el Eln, las disidencias de las Farc con delincuentes como Iván Mordisco y el Paisa. De igual manera hay evidencias que está siendo aportada sobre la participación de grupos de delincuencia común organizada. No puedo dar los alias porque dañaría la investigación, pero sí los estamos aportando con absoluta claridad en Cali, en Medellín, en el suroccidente”.

Pero, nuevamente, no resalta ninguna situación de amenazas o intimidaciones en el Cauca ni en su capital, Popayán. Además, las declaraciones dadas por los funcionarios hablan de infiltración de los grupos ilegales, pero no de que estos hayan obligado a personas a participar en el paro o en las manifestaciones.

El paro en el Cauca ha sido urbano

De acuerdo con el presidente de Indepaz, el payanés, Camilo González Posso, las afirmaciones de la senadora Valencia no tienen sustento, porque “lo que ha pasado en el país y en Popayán no tiene que ver con actores ilegales armados. La mayor parte de las protestas en este paro en el Cauca han sido en Popayán en donde, claramente, han sido explosivas, espontáneas, pero mayormente manifestaciones de población civil irritada por la situación de hambre y por la misma brutalidad policial”.

González Posso, asegura que también en el Cauca otros de los grandes actores del paro en esa región del país han sido los indígenas: “Ellos han sido protagonistas fundamentales de los bloqueos y las manifestaciones en la carretera Panamericana y ellos tienen una autonomía tremenda y mayor fuerza que los propios grupos armados. De modo que no hay ninguna base ni en el Cauca ni en el resto del país para esas afirmaciones”.

Con la postura del presidente de Indepaz, coincide el analista y subdirector de la fundación Paz y reconciliación, Ariel Ávila, quien precisa que “la información que nosotros tenemos es que eso no ha pasado ni en el Cauca ni en otras partes del país. Si pasó, fue muy marginal. Este estallido social tiene como característica que es muy urbano. Lo que pasa con ese tipo de rumores es que en las zonas cocaleras, cuando hay paro cocalero, los grupos armados sí presionan a la gente, pero esta vez esto fue un tema urbano y no tiene nada que ver con temas rurales”.

Respecto a la participación de los indígenas, que señala Ávila, ha sido una población muy golpeada por los grupos armados, es que están organizados “y cuando hay movilizaciones, cada gobernador de resguardo dice cuántas personas salen por familia a las manifestaciones, mientras otros se quedan en sus tierras esperando por un llamado”. “Pero la senadora Paloma Valencia no ofrece ninguna prueba de sus afirmaciones”, señala el analista

Para el docente del programa de Ciencia Política y director del Grupo de Investigación Problemas Regionales y Derechos Humanos de la Universidad del Cauca, Jairo Hernán Ortiz, “no podemos quedarnos con esas afirmaciones de que las marchas están infiltradas por un actor u otro porque eso es ignorar los profundos problemas de desigualdad social, política y económica que históricamente han afectado al Cauca. Esa es una forma de discurso de odio que sataniza la protesta e ignora las causas estructurales de la misma”.

Ortiz, filósofo de la Universidad del Valle, doctorando en ciencia política de la Universidad Católica de Argentina, precisa además que “los pobres indicadores económicos del Cauca hablan de toda esta problemática que ha llevado a la gente a salir a protestar. Esta región solo aporta el 2 % al PIB nacional. El 46,4 % de la población tiene necesidades básicas insatisfechas; de los 42 municipios del Cauca, 24 tienen índices altos de pobreza; 41,5 % de la población no alcanza a cubrir sus necesidades con sus ingresos; la tasa de analfabetismo alcanza el 12,1 %. Es decir, si analizamos estas cifras y las realidades detrás de ellas nadie tendría que salir obligado a protestar, ahí están las razones del descontento”.

Sin embargo, el académico no desestima que “en el Cauca hay presencia de algunos actores armados que podrían estar involucrados en la protesta. Eso es histórico en esta región, pero este estallido social ha traspasado ese fenómeno y no podemos reducirlo a eso. La situación es igual en el resto del país, por eso no encuentro que las afirmaciones de la senadora Valencia tengan un sustento cierto, en esta coyuntura”.

Por otro lado, hicimos una búsqueda en medios de comunicación que registraron posibles infiltraciones en la protesta como la que menciona la senadora del Centro Democrático y solo encontramos este artículo, de una página informativa denominada GranColombia24.com, y la única fuente que cita la nota en mención es Paloma Valencia, de quien adjuntan un clip de video de su cuenta de Twitter.

Para el periodista independiente, residente en Popayán, Camilo Fajardo, quien ha cubierto las incidencias del paro nacional en ese departamento, “la gente en el Cauca no necesita que la obliguen a salir a protestar. Acá, en Popayán, por ejemplo, los jóvenes han salido a reclamarle al Estado por oportunidades de educación, de empleo, ante la grave situación de pobreza que afrontan. Y en otras zonas del departamento, de vocación agrícola la motivación es contra la fumigación con glifosato que no solo afecta a los cultivos ilícitos sino también a los lícitos”.

El panorama de la situación del Cauca también fue registrado el 26 de mayo pasado en un editorial del diario económico La República, en una nota titulada “Popayán: entre olvido bloqueos y el recuerdo”, en el que entre otras cosas se afirmaba que “la única manera de rehacer el Cauca es entendiendo sus dinámicas sociales, culturales y económicas, además de su verdadera división política. Pocas regiones colombianas son tan diversas, heterogéneas, pobres y sin esperanza con ella, pero a su vez, tan llenas de oportunidades por su estratégica posición geográfica, que hoy por hoy solo es aprovechada por los grupos delincuenciales, no por los gobiernos ni mucho menos por el sector productivo, como debería suceder”. 

Así que tras estas evidencias y análisis calificamos como falsa la afirmación de la senadora Paloma Valencia de que en “el Cauca obligan a los ciudadanos a salir a la manifestación. Así no quieran por el puro temor que les da que los vayan a asesinar”, pues el estallido social en la región se explica por diversas razones, más allá de la posible influencia de actores armados, que históricamente han hecho presencia en la región.

 

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Miércoles, 12 Octubre 2016

“Nuestra campaña fue con argumentos”: Tatiana Cabello

Por Sania Salazar

Colombiacheck verificó cuatro mensajes que la Representante a la Cámara por el Centro Democrático asegura son argumentos válidos con los que promovieron el voto negativo. Ninguno es completamente cierto.

La Representante a la Cámara por Bogotá, Tatiana Cabello Flórez, del partido de oposición Centro democrático, a través de su cuenta de Twitter insiste en que la campaña que lideró para promover el voto negativo al plebiscito fue con argumentos. Colombiacheck califica como falsa su afirmación, pues en los mensajes, que se componen de imágenes con frases, no hay una sola que sea verdadera.

 

 

Con este trino Cabello Flórez lo único que está haciendo es darle la razón a Juan Carlos Vélez, gerente del Comité Promotor Nacional por el No en el plebiscito, quien confesó en una entrevista al diario La República, que la campaña se basó en mentiras y desinformación.

Aunque al otro día de sus declaraciones y ante la reacción negativa del senador Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, Vélez se retractó y dijo que no había medido las consecuencias de su palabras.

El primer paso fue contactar a la Representante Cabello Flórez, a quien llamamos el 11 de octubre en la mañana, pero no contestó. Lina García, quien le maneja prensa, nos pidió enviar las preguntas por correo, lo que hicimos de inmediato con la advertencia de que el artículo se publicaría el 12 de octubre, pero solo obtuvimos respuesta el 13.

“Frente al contenido de las imágenes publicadas en mis redes sociales contentivas del plebiscito los conmino a que sigan el contenido de estas imágenes, ya que son bastante claras al indicar el articulado y la página en la cual se encuentra la información allí plasmada, información que fue elaborada de un estudio minucioso, profesional y juicioso del acuerdo final de paz firmado entre las Farc- Ep y el Gobierno nacional”, asegura Cabello Flórez en el mensaje.

La Representante insiste también en que la campaña por el No “nuestros argumentos son verdaderos y contundentes”, que se leyó las 297 páginas del Acuerdo y que “evidenció grandes desmanes del gobierno nacional con las Farc- Ep en el contenido de los mencionados acuerdos”.

Además, nos conminó a “realizar una lectura juiciosa de los mismos, para así poder llevar a cabo un periodismo verdadero e informativo para los ciudadanos, y no incurrir en la desinformación y las calumnias como lo hacen la mayoría de los periodistas de este país”.

Como siempre lo hacemos, dejamos claro desde un principio en el chequeo que Colombiacheck comparó las frases de los trinos de Cabello con el Acuerdo Final, que tal como está no puede implementarse debido a que no fue aprobado en el plebiscito pero que para el momento en que fueron divulgadas estas afirmaciones era el referente obligado.

 

 

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En el Acuerdo está muy claro que no habrá amnistía ni indulto, (lo que quiere decir que los autores de esos delitos tendrán que responder por sus actos) para quienes hayan cometido “delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores”.

Así también lo explica Rodrigo Uprinmy, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia en este video, en donde precisa que quienes no confiesen la verdad irán a la cárcel, pero quienes sí lo hagan tendrán sanciones que incluyen restricción efectiva de la libertad.

El Acuerdo también estipula que “la imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”.

Diana Güiza, investigadora de Dejusticia, explica en este video que para llegar a una negociación con un grupo guerrillero como las Farc es necesario aceptar que participen en política, pero que para que puedan hacerlo, deben, primero participar en elecciones y lograr votos, y rendir cuentas. “El gran reto de la implementación del acuerdo es cómo coordinar las medidas de justicia transicional, de ir ante jueces y responder por crímenes que han cometido y al mismo tiempo lograr que participen en política”.

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Quienes hayan cometido estos delitos tendrán que comparecer ante el Tribunal para la Paz, donde determinarán si las acciones tienen conexidad con el delito de rebelión, es decir, si son actividades estrechamente relacionadas con el objetivo de alzarse en armas. Basado en eso el Tribunal definirá las restricciones de la libertad y las sanciones restauradoras dependiendo del grado de culpabilidad y de colaboración del implicado. Los delitos conexos serán amnistiables. En este video, César Rodríguez, Director de Dejusticia, explica esa parte del Acuerdo y las sanciones previstas para estas personas.

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En el mensaje se hace referencia al punto 2.3.6, ubicado en la página 48 del Acuerdo Final donde se lee que son 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, una concesión temporal por dos periodos electorales. Pero lo que no menciona la representante Cabello es que el documento deja claro que esas Circunscripciones son para candidatos de “zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional” y que “los candidatos en todo caso deberán ser personas que habiten regularmente estos territorios o que hayan sido desplazados de ellos y estén en proceso de retorno”.

En resumen, no son para las Farc, sino para comunidades con baja representación política en el Congreso. Las 10 curules restantes son: 5 en Cámara de Representantes y 5 en Senado que sí se le otorgarán al partido político que surja cuando las Farc dejen las armas, esto para facilitar y garantizar su participación en la vida política. Pero el grupo político deberá intentar ganarlos con votos, como cualquier otro partido. Eso también lo explica la investigadora de Dejusticia en el video ya mencionado.

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En el Acuerdo Final no hay un párrafo en el que las Farc pidan perdón por sus actos de manera expresa, pero en la página 158, punto 5.1.3.1 queda claro el compromiso adquirido por las Farc de realizar, luego de la firma del Acuerdo Final, “actos de reconocimiento y de contrición en los cuales el Gobierno, las Farc y diferentes sectores de la sociedad que puedan haber tenido alguna responsabilidad en el conflicto, reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado y pidan perdón, asumiendo cada uno lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más”.

Como se ha divulgado ampliamente, las Farc empezaron a cumplir este punto con el encuentro con los familiares de los diputados del Valle secuestrados y asesinados por esa guerrilla, con las víctimas de Bojayá y con los de la masacre de La Chinita.

Nelson Camilo Sánchez, investigador de Dejusticia, explica en este video, cómo y por qué las víctimas son el centro del Acuerdo; aspecto que también ha resaltado el Gobierno. “El Acuerdo crea un mecanismo robusto y necesario de satisfacción de sus derechos, este es el Sistema integral para la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”, indica.

Ese sistema tendrá una comisión de la verdad, que le dará la posibilidad a las víctimas de ser escuchadas y reconocidas, una unidad para la búsqueda de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ante la que tendrán que comparecer los responsables de los delitos más graves para recibir sanciones por esos hechos, precisa el investigador.

Luego de esta verificación en Colombiacheck nos preguntamos: ¿Cuántos colombianos habrán definido su voto no dominados por la indignación, como lo confesó el Gerente de la campaña, sino a partir de esta estrategia sistemática de mentiras e imprecisiones como las que divulgó el Centro Democrático y que la congresista Cabello se empeña en negar?

*Este chequeo se actualizó el 14 de octubre con las respuestas enviadas por la Representante a la Cámara Tatiana Cabello.