-¿Usted cree que ahí usted crea un ambiente propicio para que la gente haga esas cosas por usted sin que usted se las pida, sin que usted les dé mal ejemplo? -preguntó León.

-(sic) Usted recuerda que en los Estados Unidos hubo una audiencia a Andrés Arias en la que lo dejaron libre. Yo estuve ahí porque me citaron. Yo había mandado una declaración que dice lo siguiente: que no había tratado con Estados Unidos de extradición y que las extradiciones del gobierno, que yo ordené, se hicieron en virtud del Código de Procedimiento Penal. Porque tuvimos un problema: por ejemplo, el presidente Santos dijo que no extraditaba a Makled a Estados Unidos sino a Venezuela, que porque con Estados Unidos no había tratado, y después, para pedir que trajeran a Arias, dijo que sí había tratado -contestó Uribe.

En este argumento, Uribe mezcla hechos ciertos con una interpretación cuestionable sobre la situación actual del tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos que ya ha sido aclarada por Colombiacheck, al tiempo que omite otros argumentos importantes por los que el narcotraficante Walid Makled fue enviado a Venezuela y no al país norteamericano en mayo de 2011, cuando era requerido por ambas jurisdicciones.

Como lo hemos relatado en chequeos anteriores, el acuerdo bilateral sobre extradición firmado en 1979 fue aprobado por el Congreso en 1982 pero declarado inconstitucional en 1986, por una amenazada Corte Suprema de Justicia que argumentó vicios de procedimiento en el trámite de la ley correspondiente. Ese mismo año fue radicado de nuevo en el Legislativo, que lo ratificó por segunda vez, pero el alto tribunal volvió a tumbarlo al año siguiente.

Como el tratado sí quedó ratificado por completo en Estados Unidos, hoy existe la situación particular de que está vigente allá para extraditar personas hacia Colombia pero no lo está acá para hacerlo en sentido contrario. Esa es la razón por la cual sí le era aplicable al condenado exministro Andrés Felipe Arias cuando estaba prófugo en Miami y no a Makled, que había sido detenido en Cúcuta en agosto de 2010, ni a las personas extraditadas en el gobierno de Uribe.

De hecho, el expresidente tiene razón en que es el Código de Procedimiento Penal el que dicta los procedimientos para entregar personas a la justicia de otros países, independientemente de que no existan tratados vigentes con ellos. Esto funciona así en virtud del Artículo 35 de la Constitución, que permite la extradición desde su versión reformada de 1997 porque el texto original la prohibía.

No obstante, la falta de vigencia del tratado de extradición de Colombia hacia Estados Unidos sí fue uno de los argumentos para enviar al narcotraficante venezolano a enfrentar la justicia de su propio país, pero no el único. El entonces presidente Juan Manuel Santos confirmó el destino de Makled en entrevista con la agencia EFE en abril de 2011 y señaló, además, que Venezuela hizo la solicitud primero y por delitos más graves, lo que le daba prevalencia de acuerdo con la ley.

En efecto, el país vecino hizo el trámite con cargos que incluían homicidio el 26 de agosto de 2010, seis días después de la detención, mientras que Estados Unidos se demoró hasta octubre y solo contemplaba el tráfico de drogas. El mismo Código de Procedimiento que cita Uribe establece los criterios mencionados por Santos para definir la entrega cuando una persona es requerida por más de una jurisdicción a raíz de diferentes hechos.