En redes sociales ronda una imagen en la que se denuncia un supuesto lucro del Grupo Aval, controlado por el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, a través de los giros realizados a los colombianos beneficiados por el programa “Ingreso Solidario”. Sin embargo, los argumentos de la imagen son errados.

Por una parte, el programa Ingreso Solidario sí existe y fue anunciado por el gobierno a finales de marzo, como una medida para ayudar a tres millones “de familias colombianas que están en la informalidad o no están cubiertas por los programas de beneficio social del Gobierno, en medio de la emergencia declarada por la pandemia del coronavirus”. Es decir que la imagen es imprecisa al decir que el subsidio le llegará a “3 millones de personas”.

La imagen también se equivoca al asegurar que “depositan esos dineros a Sarmiento Angulo en Aval”, pues son varias las entidades financieras encargadas de repartir las ayudas.

El programa consiste en un subsidio de 320.000 pesos, entregado en dos giros de 160.000, enviado a colombianos que fueron seleccionados por medio del cruce de bases de datos que descartó a quienes estuvieran ya inscritos en programas sociales del gobierno, quienes registren ingresos altos (PILA), quienes aparezcan en la base de datos por fallecimiento (ADRES), en la base de cédulas inactivas (INPEC) y en los registros de entidades financieras de usuarios con saldos mayores a cinco millones de pesos en sus cuentas bancarias. 

Además, el programa cuenta con dos etapas. En la primera, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, giró los primeros subsidios de 160.000 pesos, a través de varias entidades financieras, a las personas beneficiarias que ya contaban con cuentas bancarias de estas entidades. 

En la segunda etapa, que está en proceso, se ha avanzado con la bancarización de los beneficiarios restantes para poderles girar el subsidio. 

La primera etapa finalizó el pasado 24 de abril. En total 21 entidades financieras contribuyeron transfiriendo los abonos a sus clientes bancarizados. Desde el 7 de abril, según el DNP, los auxilios fueron entregados a través de las siguientes entidades financieras: AV Villas, Banagrario, Bancamia-Banco de las microfinanzas, Corpbanca-Helm, Falabella, Finandina, Pichincha, WWB, Bancolombia, Bancolombia-Ahorro a la mano-Nequi, Bancoomeva, Bancoopcentral. BBVA Colombia, BCSC, Davivienda-Daviplata, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, GNB Sudameris, Movii y Serfinansa-servicios financieros. 

Solo cuatro de estas 21 entidades financieras pertenecen al Grupo Aval: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, AV Villas y Banco Popular.

El balance entregado por el DNP de esta primera etapa indicó que “1.162.965 familias recibieron en una primera etapa el apoyo monetario de $160.000”. El 21 de abril, antes de la finalización de esta primera etapa Luis Alberto Rodríguez, director del DNP presentó cifras del avance de la entrega de los subsidios ante el Senado. Allí, mostró que se habían entregado 1’147.565 (el 98,6% de todos los subsidios entregados finalmente en la primera etapa) y que los cuatro bancos del Grupo Aval representaron un 13,7% de los subsidios entregados, es decir, 157.264 subsidios (o 25.162’240.000 de pesos entregados).

Así que es claro que el Grupo Aval no ha sido responsable ni del total, ni ni siquiera de la mayoría, de los subsidios entregados a través del programa Ingreso Solidario.

Por otra parte, también revisamos si los bancos pueden cobrar por estas transacciones, si lo están haciendo y si los bancos del Grupo Aval están cobrando 9.100 pesos. Verificamos la reglamentación realizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, y encontramos que esta emitió el pasado 11 de abril una circular externa en la que imparte instrucciones relacionadas con el tratamiento de los recursos de subsidios girados por el Estado en el marco del Programa Ingreso Solidario.

Dicha circular precisa: 

1. Es ilegal cobrar a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario cualquier comisión o tarifa por el retiro o disposición de las transferencias. 

2. Entidades vigiladas por la SFC deberán suspender cualquier cobro de comisión o tarifa por el retiro o disposición de las transferencias hechas a los beneficiarios del Programa

3. Los recursos de las transferencias del Programa Ingreso Solidario son inembargables y no podrán abonarse a ningún tipo de obligación del beneficiario con la entidad financiera a través de la cual se haga la entrega del dinero. 

Lo mismo aclaró la Presidencia en su cuenta de Twitter. Así que no es legal realizar ningún tipo de descuentos y cobros a los auxilios del programa Ingreso Solidario, y el incumplimiento acarrea a las entidades vigiladas por esta Superintendencia sanciones administrativas establecidas en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

De todas maneras encontramos denuncias de que sí se estaban haciendo algunos cobros y otras irregularidades. Por ejemplo, el senador del Centro Democrático Santiago Valencia, contó el 21 de abril que algunos beneficiarios de Ingreso Solidario habían denunciado “descuentos entre 14.000 y 30.000 pesos”.

En la misma circular de la SFC citada más arriba se aclara que:

4. Las entidades que hayan aplicado débito automático o cobro de saldos de obligaciones a un beneficiario del Programa Ingreso Solidario deberán reintegrar el valor descontado dentro del día hábil siguiente, utilizando el mismo medio por el cual se dispersó el pago, y sin que para el efecto se exija reclamación por parte del mismo. 

Es decir que, aunque es probable que sí se hayan hecho algunos cobros por las transacciones del programa, todos los ciudadanos que se vieron en esta situación tienen derecho a ser reembolsados.

La SFC ofrece canales de atención para aquellos beneficiarios del Programa que hayan sufrido abusos relacionados con cobros en las transacciones de sus bonos de ‘Ingreso Solidario’. Además, algunos bancos han hecho una aclaración similar.

Finalmente, el número de “9.100” pesos, parece haberse originado en otra controversia: una imagen que circuló en WhatsApp, en la que al parecer una transacción en un cajero (que no tenía que ver con el programa de Ingreso Solidario) del Banco de Bogotá (uno de los bancos del Grupo Aval, como ya dijimos) había costado justamente esa cantidad. Pero, además de que ese monto no tiene nada que ver con el programa de entrega de subsidios, el mismo banco aclaró que lo que se ve en esa imagen es un avance de tarjeta de crédito.

De todas maneras, el programa Ingreso Solidario no ha estado exento de controversia. En la plataforma de consultas de beneficiados por el programa han aparecido seleccionadas: cédulas inexistentes con nombres falsos, cédulas de personas fallecidas con cuentas bancarias activas, personas que no necesitan el auxilio, y personas que aunque han salido beneficiadas; o no han recibido aún el mensaje, o no han recibido el dinero de la primera etapa. Lo que el DNP explicó como un error que reportó al menos 35.283 registros irregulares. 

Pero, en cualquier caso, lo que dice la imagen es falso, pues los bancos del Grupo Aval no procesarán tres millones de subsidios, ni recibirán 9.100 pesos por cada uno de ellos.

Nota de actualización: Según información conocida por la WRadio, el Gobierno habría firmado contratos con 7 entidades financieras - Av Villas, Bancolombia, Davivienda, Bancamía, Caja Social, Banco Agrario y la Sedpe Mov- para que presten el servicio de abrir cuentas de forma virtual y transfieran los subsidios del programa Ingreso Solidario que busca ayudar a los más necesitados en medio de la pandemia.

Los contratos estipulan que se realizará un cobro al Gobierno de aproximadamente 2,100 pesos por transacción exitosa lo que significa que estos contratos serían de más de 6'000,000 de pesos. Sin embargo, este monto no será descontado a los beneficiarios. 

En los contratos, conocidos por la W, está establecido que la plata para cubrir esta obligación saldrá del FOME, el fondo que se creó para atender la emergencia. Esto pese a que el Ministerio de Hacienda había advertido que la plata de ese fondo solo sería para financiar el sector de salud y a las empresas o personas perjudicadas con el confinamiento.