Un video de Instagram y TikTok publicado con el pie de foto “Las sucias jugadas de la izquierda latinoamericana!!” (sic) hace una comparación entre los diferentes procesos judiciales y de inhabilitaciones a los que han sido sometidos recientemente diferentes líderes políticos como María Corina Machado en Venezuela, Jair Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos, y los enmarca como una persecución de los presidentes de “izquierda” de sus países: Nicolás Maduro, Luiz Inácio Lula da Silva y Joe Biden:

“¿Quieren saber la respuesta de la izquierda latinoamericana y mundial para poder coartar a la derecha? Si vieron que por pura casualidad el mismo día adelantan investigación en Venezuela en contra de Corina Machado, seria candidata para la presidencia, y el señor Jair Bolsonaro, en Brasil”, apunta y agrega:

“Recordemos que Corina Machado en el año 2019 le pide el favor a Bolsonaro que ayude a Venezuela a salir de esa tremenda porquería dictador. ¿Y qué hace el bandido de Maduro? Pues sencillamente manda a inhabilitar a Corina Machado por 15 años, porque esta señora está subiendo tremendamente, esta tiene que ser la siguiente presidente de Venezuela”.

“Y el señor Lula da Silva lo mismo está haciendo en Brasil, donde inhabilitan al señor Jair Bolsonaro, serio opositor de este nefasto socialismo. Y sale el payaso de Colombia a cuestionar la inhabilidad de Corina Machado”.

“Y recordemos que en Estados Unidos, Biden también tiene persecución en contra del señor Donald Trump”. 

A este mismo usuario (@josewilmer.pachecotrujillo y @josewilmerpacheco) ya lo hemos verificado en Colombiacheck cuando exageró sobre inflación, estancamiento económico e impuesto a ganancias ocasionales, cuando difundió una imagen que decía falsamente que “alias 19” sería el nuevo comandante del Esmad y cuando publicó el supuesto video del emir de Catar enviando un mensaje a colombianos sobre Petro en la inauguración del Mundial 2022.

En este caso, también chequeamos sus afirmaciones y comprobamos que eran cuestionables ya que el video equipara procesos diferentes contra los líderes que menciona, omite las diferencias y agrupa todo en una narrativa como si se tratara de una persecución de la “izquierda” contra la derecha del continente. 

Caso Corina Machado

A principios de julio se conoció de una inhabilitación por 15 años para ocupar cargos públicos por parte de la Contraloría General de la República en Venezuela contra la candidata a las primarias opositoras y probable ganadora, María Corina Machado. Según la institución, la líder política incurrió en irregularidades administrativas, así como en un supuesto apoyo al bloqueo económico, las sanciones contra Venezuela y al gobierno interino de Juan Guaidó (1, 2).

Esta decisión, que generó la condena de presidentes y expresidentes de diferentes países, fue tema de debate en el seno de la cumbre del Mercosur (Mercado Común del Sur) e incluso generó pronunciamientos por parte de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), al ser considerada como una maniobra del gobierno de Nicolás Maduro para anular a sus contrincantes opositores antes de las elecciones presidenciales de 2024.

Incluso, uno de los mandatarios que se pronunció fue el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, quien señaló en un trino que “es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)”. 

Es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a). https://t.co/XmKWo34GZv

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 30, 2023

Machado ha sido una férrea opositora tanto del fallecido expresidente Hugo Chávez Frías como de su heredero, Maduro. Es reconocida por sus ideas de derecha liberal y ya en 2015 había recibido una inhabilitación de 12 meses para participar en procesos electorales por parte de la Controlaría.

En 2019, efectivamente como afirma el video chequeado, la exdiputada venezolana le pidió al entonces recién posesionado presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, liderar la presión internacional contra Maduro para lograr “la transición a la democracia". Meses después, la candidata opositora escribió:”El presidente Bolsonario y el secretario [de Estado de los Estatos Unidos, Mike] Pompeo entienden la urgencia. Avanzamos”.

El Presidente Bolsonaro y el Secretario Pompeo entienden la urgencia.
Avanzamos.

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 11, 2019

Su reciente inhabilitación, no obstante, proviene de un organismo cuyo contralor general es Elvis Amoroso, designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de mayoría chavista, donde el funcionario era vicepresidente. Además, perteneció a las filas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), fue consultor jurídico del Palacio de Miraflores y ha sido señalado de formar parte del círculo cercano de Maduro y su esposa, Cilia Flores (1, 2).

Consultamos a Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, sobre las razones por las que era cuestionable la inhabilitación de Machado y nos indicó que, en principio, era inconstitucional, ya que el artículo 65 de la Constitución venezolana apunta a que los derechos políticos solo se pueden perder por sentencia judicial. “Ahí tenemos una norma constitucional expresa que prohíbe que a través de la vía  administrativa alguien pueda perder esos derechos y lo mismo dice la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos [CIDH]”, explicó.

Se debe recordar que en 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano judicial autónomo de la OEA, emitió un fallo a favor de otro político venezolano, Leopoldo López, al considera que la inhabilitación que también le impuso la Controlaría de ese país era una sanción que restringía sus derechos políticos, lo cual la Convención Americana prohíbe, a menos que sea por la condena de un juez penal. Esta fue la misma conclusión a la que llegó en el caso del hoy presidente Gustavo Petro quien durante su periodo como alcalde de Bogotá (2012-2016) fue inhabilitado y destituido por la Procuraduría General de la Nación, una autoridad administrativa y no penal.

“Más allá de eso, -apuntó Daniels- también hay que decir que [la sanción a Machado] viola el derecho a la defensa y viola el derecho al debido proceso porque a María Corina se le abrió un procedimiento por una cosa en 2014. Recordemos que ese año se le abrió un procedimiento por utilizar el derecho de palabra en la OEA como observador alterno de Panamá y a raíz de eso se le quitó su condición de diputada y se le hizo una sanción de 12 meses en 2015. Entonces, ese procedimiento se dejó abierto aparentemente y se sacaron nuevos hechos que son los que ahora justifican esta supuesta inhabilitación”.

Efectivamente, en 2015 la candidata opositora fue notificada por la Controlaría, sin mayores detalles, sobre su inhabilitación por 12 meses, un hecho que se sumó a su destitución el año anterior como diputada de la Asamblea Nacional por "traición a la patria" al aceptar el cargo de "embajadora alterna" de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para pronunciarse sobre la situación de violencia que atravesaba Venezuela en ese momento para lo cual solo le dejaron hablar un par de minutos (1, 2, 3).

Daniels agregó que aunque se le haya abierto una investigación anterior no implica que los nuevos hechos no se le debieron haber notificado. “Se le debió haber dicho para que la señora María Corina pudiera defenderse, pero eso no ocurrió. Entonces hay una evidente violación del debido proceso y del derecho a la defensa”, aclaró. 

Explicó que a estas inconsistencias se les agrega otro elemento y es que, tal como apunta la Contraloría, si María Corina tiene un caso abierto desde 2015 entonces ya han transcurrido ocho años desde que se dictó ese acto y para Daniels, ese acto ha prescrito. “De acuerdo con la ley, la potestad para sancionar este tipo de irregularidades prescribió a los cinco años. Como se puede ver es un acto manifiestamente contrario al derecho y tiene unas motivaciones políticas”, concluyó. 

Ante esto, igualmente la líder opositora ha insistido en que continuará con su candidatura a las primarias opositoras y describe la inhabilitación como “un gran error” por parte del chavismo y “un verdadero búmeran” para el gobierno.

Caso Bolsonaro 

Lo que sucedió el mismo día en Brasil con Bolsonaro fue diferente. El expresidente fue condenado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) y recibió una inhabilitación de 8 años, hasta 2030, para participar en cargos públicos, lo cual lo deja fuera de los comicios presidenciales de 2026 y otro tipo de elecciones.

Este tribunal, vale aclarar, no pertenece al poder Ejecutivo sino que es un órgano del Poder Judicial de Brasil, junto con los Tribunales Regionales Electorales (TRE), los jueces electorales y las juntas electorales (1, 2).

Además, está conformado por siete magistrados: tres provienen del Supremo Tribunal Federal (STF), dos del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y dos juristas que son designados por el presidente de la República con base en dos listas triples elaboradas por el Pleno de la Corte Suprema con nombres de seis abogados de carrera. El 30 de mayo se juramentaron los aprobados por Lula, Floriano de Azevedo Marques y André Ramos Tavares, pero no existe evidencia pública de que estén vinculados políticamente con el mandatario brasileño. Incluso, durante la elección, quedó por fuera la abogada Edilene Lobo, quien sí se ha relacionado  con el partido de Gobierno, el Partido de los Trabajadores (1, 2, 3, 4).

Sobre el juicio de Bolsonaro, este se enfocó en los cuestionamientos que hizo, todavía como presidente y candidato a la reelección, durante una reunión con diplomáticos extranjeros en julio de 2022, en la que puso en duda la confianza en el sistema electoral brasileño antes de las votaciones presidenciales. 

En el encuentro, transmitido tanto por televisión nacional como por redes sociales, el entonces mandatario mostró voluntad de “incitar a la inseguridad, la desconfianza y la conspiración, combustible de un creciente sentimiento colectivo anti-institucional”, indicó el juez instructor del caso, Benedito Gonçalves.

En esa oportunidad, nuestros aliados de Lupa de Brasil, también pertenecientes a la International Fact-Checking Network, verificaron varias de las mentiras que Bolsonaro dijo para atacar al sistema electoral del país.

En otro artículo de ese medio, explican que la acusación contra Bolsonaro partió de una denuncia del Partido Democrático Laborista (PDT) en la que este señaló al entonces presidente y a su vicepresidente, Braga Netto, de cometer abuso de poder político y mal uso de los medios durante esa reunión con diplomáticos extranjeros. 

“En las denuncias, el PDT dice que el discurso del expresidente ‘cobró gran alcance’, ya que el encuentro fue transmitido por TV Brasil, una emisora ​​pública vinculada a la Empresa Brasil de Comunicaciones (EBC), además de transmitirse por las redes sociales de Bolsonaro”, reseña Lupa. 

Sergio Ludtke, editor del también medio de verificación brasileño Projeto Comprova, nos aclaró que el PDT incluso introdujo la solicitud de investigación mucho antes de las elecciones de primera vuelta de Brasil, el 19 de agosto del año pasado. “La acción la interpuso un partido de centroizquierda que está en la base del gobierno [de Lula], el PDT, Partido Democrático Trabalhista. El PDT fue fundado por Leonel Brizola, a su regreso del exilio tras el fin de la dictadura militar en Brasil”, (sic) explicó.

En ese momento, además, el representante de ese partido para las presidenciales era Ciro Gomes, pero luego de que perdiera en primera vuelta, la tolda política pasó a apoyar a Lula da Silva en el balotaje.

Incluso, el PDT, en una nota de prensa sobre la decisión del Tribunal Superior Electoral contra Bolsonaro, afirma que “acaba de protagonizar uno de los eventos más importantes de la democracia brasileña en los últimos años”. 

También se debe apuntar que la Comisión Internacional de Juristas emitió un pronunciamiento en contra los ataques del expresidente Bolsonaro y advirtió que “la independencia judicial y la independencia del proceso electoral están efectivamente bajo asedio en Brasil”. Esto, a diferencia de Venezuela, donde esta organización no gubernamental ha dicho que no existe la independencia judicial. 

Por lo tanto, en este punto podemos establecer que la inhabilitación de Bolsonaro no fue decisión de Lula da Silva, como afirma el video analizado, sino que obedece al veredicto del máximo órgano electoral perteneciente al Poder Judicial del país. 

Aunque el expresidente aseguró que hablará con sus abogados para apelar la decisión ante el Supremo Tribunal Federal, igual se enfrenta a otros 15 casos en el tribunal electoral por acusaciones de que abusó de su autoridad como presidente y socavó la fe en el sistema de voto electrónico de Brasil; tiene cinco investigaciones abiertas en el Supremo Tribunal Federal (STF), con posibilidad de penas de prisión, y es investigado por la Policía Federal (PF) por varias joyas regaladas por Arabia Saudita, algunas de las cuales habrían ingresado a Brasil de forma irregular en 2019.

Caso Trump

En Estados Unidos, el expresidente republicano Donald Trump enfrenta múltiples demandas, una por la cual ya fue condenado a pagar 5 millones por abuso sexual y difamación, pero resaltan 37 cargos que enfrenta por posesión de documentos clasificados, incluida la retención no autorizada de esos archivos en su residencia de Mar-a-Lago, Florida. Es por eso que él ha asegurado que es perseguido por el actual mandatario, Joe Biden, lo mismo que afirma el video chequeado. 

En una verificación del canal CNN se explica que, sobre esa afirmación, no hay evidencia de que el líder demócrata esté involucrado en la decisión de investigar judicialmente o penalmente a su antecesor, pues fueron ciudadanos en un gran jurado de Florida los que votaron para acusarlo y este proceso está dirigido por el abogado especial Jack Smith, quien fue designado en noviembre de 2022 por el fiscal general, Merrick Garland, quien a su vez fue nombrado por Biden. “La designación de Garland no es prueba de que Biden haya estado involucrado en el proceso judicial”, aclara CNN.

Incluso, Trump ha acusado al fiscal Smith, a cargo de su investigación, por partidista, hacer “trabajos políticos exitosos” para ganarse la vida y porque lo “odia”. Sin embargo, el canal aclara en su investigación que Smith ha estado involucrado en procesos previos del Departamento de Justicia contra funcionarios demócratas de alto perfil a los cuales Trump ya ha atacado.

“El registro no confirma en absoluto esta noción de que Jack Smith es partidista o de tendencia demócrata”, le dijo a esa cadena el analista legal Elie Honig, quien agregó que Smith es un funcionario de carrera que ha servido bajo las administraciones demócratas y republicanas desde 1994.

Los aliados de Politifact también han documentado que la acusación de Smith se apoya en evidencia recopilada de testimonios, registros telefónicos, fotografías y grabaciones de voz. Además, que las preguntas sobre el manejo y la retención de documentos clasificados por parte de Trump comenzaron unos meses después de que dejara el cargo a principios de 2021, es decir, previo a la designación de Smith. 

En otra oportunidad, el mismo medio chequeó la afirmación de Trump sobre que enfrenta una persecución política “como algo sacado directamente de una nación fascista o comunista” y, contrario a esto, señaló que en muchos países de derecha o democráticos se han procesado a expresidentes o líderes políticos: 

• En Israel, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, es objeto de un juicio por corrupción, presuntamente por haber aceptado sobornos, cometer fraude y abuso de confianza.
• El recién fallecido Silvio Berlusconi, quien fue primer ministro de Italia durante nueve años entre 1994 y 2011, tuvo 35 cargos penales en su contra durante su carrera.
• Nicolas Sarkozy, presidente de Francia de 2007 a 2012, fue condenado dos veces en 2021 por delitos relacionados con la financiación ilegal de campañas y la falsificación de documentos.
• En Alemania, el expresidente Christian Wulff renunció a su cargo 20 meses después de haber estado envuelto en un escándalo de corrupción derivado de su época como gobernador de Baja Sajonia.
• En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue acusado y encarcelado por aceptar sobornos de empresas de ingeniería en 2018.
• En Argentina, la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien también ejerció dos mandatos como presidenta de ese país, fue declarada culpable de corrupción, sentenciada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos.

Por lo que, hasta ahora, el argumento esgrimido por Trump o en el video analizado sobre la persecución por parte de Biden no parece tener fundamento según han podido investigar medios estadounidenses. Además, el proceso en su contra está liderado por una investigación ajena al poder Ejecutivo de ese país. 

En resumen, calificamos de cuestionable el video que analizamos porque equipara los casos de María Corina Machado, Bolsonaro y Trump y omite las diferencias que hay entre ellos para decir que son perseguidos por Maduro, Lula da Silva y Biden, cuando, por ejemplo, en Brasil y Estados Unidos las investigaciones se han llevado a cabo por organismos independientes ya sea electorales o judiciales.