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Jueves, 15 Julio 2021

Afirmación de Marta Lucía Ramírez en la ONU sobre homicidios en el paro es falsa

Por Ana María Saavedra

La canciller y vicepresidenta dijo que los muertos en las protestas se han dado solo por infiltrados. Pero esto contradice los datos dados incluso por la Fiscalía y organizaciones de DD.HH.

En su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aseguró que los muertos de las protestas que sacuden a Colombia desde el 28 de abril de 2021 se han dado por infiltrados.

“Esos muertos se dieron porque en un contexto de protestas válidas, legítimas, que nuestro gobierno apoya y que protege, desafortunadamente hubo minorías que se infiltraron en esas protestas, desarrollando vandalismo, destrucción, llegando armados a esas protestas, dando muerte a muchos de los ciudadanos que estaban allí”, dijo Ramírez en su intervención.

En Colombiacheck le pusimos la lupa a esta afirmación y encontramos que es falsa porque contradice incluso las información entregada por la Fiscalía, así como la publicada por diferentes organizaciones de Derechos Humanos.

Para nuestro chequeo, contactamos al equipo de prensa de la funcionaria con el fin de preguntarle en qué datos sustenta su afirmación, pero no nos ha contestado.

Para poner en contexto lo dicho por la vicepresidenta y canciller debemos explicar que las cifras del número de homicidios ocurridos en el marco de las protestas no están unificadas. Mientras la Fiscalía maneja unas cifras, organizaciones de derechos humanos como Temblores, Indepaz o Human Right Watch tienen otras. 

En Colombiacheck habíamos explicado antes este tema en un chequeo sobre las afirmaciones hechas por la congresista Paloma Valencia en un video. La senadora del Centro Democrático usó datos engañosos para desestimar la participación de la fuerza pública en los homicidios denunciados durante el Paro Nacional. 

Para ese chequeo le solicitamos al área de prensa de la Fiscalía la información sobre las muertes relacionadas con el Paro Nacional y nos compartieron varios comunicados de prensa (1, 2, 3, 4 y 5) que publican semanalmente con la información disponible. 

En su informe más reciente, esta entidad habló de que “24 fallecidos tendrían relación con las protestas”, entre el 28 de abril y el 14 de junio de 2021. El boletín hace esta enumeración: “en lo referente a personas fallecidas, los elementos de prueba dan cuenta de que, de las 54 muertes conocidas, 24 tienen nexo directo con las protestas, así: Bogotá (1), Cali (14), Cauca (1), Cundinamarca (3), Valle del Cauca (4) y Tolima (1). Adicionalmente, hay 11 decesos en proceso de verificación; y sobre 19 hay evidencia suficiente para establecer que no guardan vínculo con las manifestaciones o movilizaciones”.

Una investigación realizada por La Silla Vacía, en la que detalla cada uno de los homicidios cometidos en el marco de las protestas, contradice estos datos. El portal creó una base de datos, “alimentada con los reportes de las ONG y la Fiscalía, en sus respectivos informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)”.

Con esos reportes, ese medio analizó “caso por caso, con fuentes externas al origen de la base de datos (ONG o Fiscalía), para agregar información acerca de las circunstancias en las que esa persona perdió la vida”. De esa forma, llegó a la conclusión que durante el paro habría 47 personas muertas en el marco de las protestas. 

Gráfico de La Silla Vacía

torta de informe de La Silla sobre homicidios en el paro

Como se observa en esta torta publicada por La Silla Vacía en su investigación, de los 47 reportes de homicidios relacionados con las protestas,  31 fueron atribuidos a la Fuerza Pública, es decir el 66% de los casos.  Los casos de civiles contra manifestantes investigados por La Silla son 7 y los homicidios de miembros de la Fuerza Pública, 3.

Aparte del informe de La Silla Vacía, nuestros colegas de Rutas del Conflicto también construyeron una base de datos en la que registraron “al menos 78 víctimas mortales durante las manifestaciones en Colombia”. 

Estos son algunos apartes del informe Rutas: 

“De acuerdo con las fuentes consultadas, varias víctimas fueron asesinadas por policías que arremetieron violentamente en manifestaciones pacíficas, como las velatones caleñas de Calima y Siloé. En Madrid, Cundinamarca, el joven padre de un niño de dos años fue asesinado por un disparo desde una tanqueta, según su hermana, a unos 20 metros de distancia, que llegó para atacar manifestantes que estaban cantando arengas y bailando. 

Otros fueron asesinados en medio de enfrentamientos, como Marcelo Agredo, quien previamente había intentado patear a su asesino, un policía, y Santiago Murillo, quien iba camino a su casa y tuvo la desgracia de pasar por un lugar en el que un desconocido le habría lanzado una piedra a unos uniformados, quienes abrieron fuego en respuesta. Yarli Parra, asesinado en medio de enfrentamientos, fue presentado por la Policía como una víctima de asalto. También hay víctimas que aparecieron muertas, en circunstancias desconocidas, como Jesús Solano, un capitán de la Sijín que fue asesinado con arma blanca en confusos hechos en Soacha.

Hasta el momento, al menos dos adultos mayores han muerto por causa de los gases lacrimógenos, una es Jovita Osorio, de 73 años, quien después de que un casquillo de gas entrara por el patio de su casa, en Cali, murió de un paro respiratorio en la Clínica Rafael Uribe.

(...) También hubo víctimas en medio de las tensiones por las protestas. Un comerciante asesinó a Michel Reyes por pedir plata en una vía bloqueada en Bogotá y en Pijao, Quindío, un hombre al que no dejaron pasar en una manifestación sacó un arma, mató a otro hombre y, en represalia, la gente lo mató con piedras y palos”..

Tras las declaraciones de Ramírez en la ONU, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó este trino: 

Como vemos en las cifras, las dadas por Vivanco, las mencionadas en informes de organizaciones de DD.HH como Temblores e Indepaz o las de la misma Fiscalía, en el marco del paro sí se han presentado homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública.

En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Colombia se entregaron estos datos: “El Estado indicó que, desde el 28 de abril hasta el 4 de junio del presente año, la jurisdicción penal militar ha iniciado diferentes investigaciones en contra de integrantes de la Policía Nacional, por delitos conexos a la intervención policial en el restablecimiento del orden público a nivel nacional, refiriendo 12 procesos por presunto homicidio y 19 por lesiones personales. La Fiscalía reportó que ha interpuesto conflictos de competencia en los casos relacionados con la muerte de Santiago Andrés Murillo y Brayan Fernando Niño Araque”.

Al hacer una búsqueda en el portal de la Fiscalía, encontramos un comunicado del 6 de mayo de 2021 en el que dice: “Fiscalía investiga 11 homicidios durante el paro nacional, 3 estarían atribuidos a miembros de la Policía”.  Y en otro boletín de prensa, del 18 de junio de 2021, informan  que  un juez de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra “Jorge Mario Molano Bedoya, mayor de la Policía Nacional, presunto responsable del delito de homicidio agravado del que fue víctima Santiago Murillo Meneses, de 19 años de edad, quien murió el pasado 1 de mayo en la capital tolimense en medio de protestas violentas”.

En este boletín, del 13 de mayo, se indicó: “La Fiscalía General de la Nación judicializó al patrullero de la Policía Nacional, Luis Ángel Piedrahita Hernández, quien estaría involucrado en la muerte de un menor de edad, ocurrida el pasado 28 de abril, durante las manifestaciones registradas en Cali (Valle del Cauca). De acuerdo con la investigación y el material de prueba recaudado, el uniformado al parecer accionó su arma de dotación contra un adolescente de 17 años, después de que este supuestamente lo golpeó con el pie. Debido a la gravedad de la herida el joven falleció”.

Semanas antes de la intervención de Ramírez, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una intervención en la que informó de retrocesos graves de los derechos humanos en el mundo, habló de Colombia.

“Mi Oficina ha expresado su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, dijo la Alta Comisionada.

Así que lo dicho por la canciller y vicepresidenta Ramírez en la ONU contradice lo que han asegurado las organizaciones de derechos humanos y la propia Fiscalía. Los datos y el contexto analizado de las protestas contradicen su afirmación, por lo que la calificamos de falsa.

 

 

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Viernes, 04 Noviembre 2016

La Canciller, ¿desinforma sobre Misión de la ONU para verificación?

Por Sania Salazar

Según María Ángela Holguín, la ONU puede quedarse en Colombia solo hasta diciembre, pero esa organización, por el contrario, ha reiterado que se quedará hasta que su presencia sea de utilidad en la implementación del fin de la guerra.

“El tiempo apremia: canciller Holguín sobre nuevo acuerdo con las Farc”. Así tituló Blu Radio una nota del pasado 29 de octubre en la que la Canciller de Colombia aseguró, además, que las Naciones Unidas (ONU) solo podrían estar en Colombia hasta diciembre.

“La situación de las Farc en el terreno, armados, sin unas Naciones Unidas que han dicho que pueden estar hasta diciembre y no mucho más, luego yo sé que no les gusta que uno diga que el tiempo apremia, pero el tiempo es importante en esta coyuntura", esto fue específicamente lo que María Ángela Holguín le dijo a la emisora.

Después de revisar el comunicado de la ONU sobre la Misión de verificación y de consultar con la organización, Colombiacheck califica esta afirmación como falsa.

El primer paso fue comunicarnos con Sandra Cardona, jefe de prensa de la cancillería, a quien le explicamos que queríamos saber la fuente de la afirmación de Holguín. La contactamos el pasado 1 de noviembre, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no ha respondido.

Luego revisamos el comunicado de la Misión de la (ONU) en Colombia fechado el 31 de octubre en el que se informa que su Consejo de Seguridad dio luz verde para que se “verifique el cese al fuego y de hostilidades, de acuerdo con el pedido del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)". Cabe recordar que esta verificación se realizará a pesar de que el Acuerdo Final, donde están establecidos los objetivos de la misma y el tiempo en el que se desarrollará, no se ha aplicado porque el Acuerdo está en proceso de revisión y renegociación. Lo que se verificará, por ahora, será el cese al fuego bilateral y definitivo que pactaron Gobierno y Farc el pasado 23 de junio en La Habana mientras se llega a un nuevo Acuerdo Final.

Si bien en el comunicado el Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la Misión en el país, Jean Arnault, dijo que el anuncio es “un apoyo a la búsqueda de un consenso nacional en torno a un Acuerdo Final a la brevedad posible”, no se fija fecha límite de la misión en el país.

“Nunca dimos fecha límite, al revés”, le dijo a Colombiacheck la Jefe de Comunicación de la ONU en Colombia, Carolina Azevedo, cuando le consultamos al respecto.

El General Javier Pérez Aquino, Jefe de Observadores Internacionales de la Misión de la ONU en Colombia, anunció en rueda de prensa que el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación empezará a funcionar el próximo lunes, 7 de noviembre, y se espera que en enero esté funcionando al ciento por ciento, “no hay fecha límite. Naciones Unidas va a estar en Colombia hasta que sea útil”, reiteró.

Una inexactitud que puede costar caro

No solo Holguín ha llamado la atención sobre que en la actual coyuntura el tiempo apremia. Para Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional y miembro del Centro de pensamiento y seguimiento al proceso de paz, no se puede pretender tener a la misión de la ONU que hace parte del mecanismo tripartito de verificación (en el que también están representantes del Gobierno y de las Farc) indefinidamente en el país.

Además, algunos sectores han advertido sobre las consecuencias que puede tener la incertidumbre en los guerrilleros que están concentrados en zonas de preagrupamiento temporales. El Presidente Santos dijo durante su visita al Reino Unido que “una chispa podría hacer saltar por los aires el proceso de paz”.

Ese “ambiente inestable” del que habla Santos es el escenario en que la misión de la ONU cobra aún mayor relevancia.

“La importancia es que hay una comunidad internacional capacitada para hacer el monitoreo y la verificación del cese bilateral, que esa comunidad va a estar en las distintas partes del territorio y que será el garante de que ese cese al fuego se cumpla de manera absolutamente rigurosa. Es una organización internacional que tiene un nivel de credibilidad”, precisó Medina Gallego, quien además recordó que las comunidades y los organismos de Derechos Humanos que están en los territorios juegan un papel primordial en esta verificación.

Pero, ¿por qué la Canciller usa un dato inexacto para llamar la atención sobre la celeridad que hay que imponer al proceso? ¿No sería mejor explicar detalladamente sobre el peligro de dilatar la situación? Es necesario que la sociedad colombiana entienda la importancia de un pronto acuerdo, pues es la llamada a exigir soluciones prontas.

Gobierno y Farc pactaron el cese al fuego bilateral y definitivo, compromiso que quedó enmarcado en el Acuerdo. Ambas partes mantienen su voluntad de paz y del lado del Gobierno es el presidente Santos quien puede prorrogarlo cuantas veces se necesite, según lo aclaró el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. En este momento la fecha límite fijada es el 31 de diciembre, por lo que al parecer la Canciller se refirió a ese mes como el plazo perentorio.

La declaración de Holguín pudo ser un error, pero la opinión pública le ha cobrado al Gobierno esos pasos en falso que ha tenido al momento de comunicar sobre el proceso de negociación con las Farc. Recordemos solo el episodio en el que el Presidente aseguró que si ganaba el No en el plebiscito la guerra se reactivaría y llegaría incluso a las ciudades. O que no se podía renegociar.