Pasar al contenido principal
Martes, 06 Noviembre 2018

Colombia no tiene en La Macarena “la fosa más grande de Latinoamérica” y la foto que lo asegura fue tomada en Bosnia

Por Ana María Saavedra

Una foto de una fosa común en Srebrenica, Bosnia está siendo usada para confundir a usuarios de redes sociales diciendo que se trata de una foto tomada en Colombia.

El 13 de octubre comenzó a rotar en Facebook una publicación que dice:

“Ahi tienen esta huaca (como ninguna otra) pa q se hagan ricos los defensores del PROCESO DE PAZ” (sic)

La nota es acompañada por una imagen en la que se ve un pantallazo de una nota de Radio Santa Fe titulada “Hallan la fosa común más grande de Latinoamérica en Colombia”, junto a la leyenda: “Escalofriante, triste y doloroso hallazgo. Dos mil cuerpos sepultados cerca a un campamento de las Farc”.

Publicación falsa sobre supuesta fosa común de las Farc

La misma noticia ha sido compartida en twitter, pero allí le cambiaron las palabras “campamento de las Farc” por “cuartel militar”.

Publicación falsa sobre supuesta fosa común en cuartel militar

 

En Colombiacheck verificamos estas cadenas y te explicamos por qué son falsas.

La foto

Esta fotografía, en efecto, fue usada por Radio Santa Fe (y otros portales) para ilustrar una noticia en 2010.

Pero la foto, en realidad, es de una fosa común hallada en 1996 en Srebrenica, Bosnia, tras una de las masacres más grandes de la historia moderna europea.

 

Tras hacer una búsqueda inversa de imagen, Colombiacheck encontró que la fotografía fue tomada en 1996 por Kevin Coombs, un fotógrafo de la agencia de noticias internacional Reuters.

En los resultados de esa búsqueda inversa, también encontramos que la foto ha sido usada decenas de veces para ilustrar noticias (tanto falsas como verdaderas) de otras fosas comunes encontradas en el mundo.

La fosa de La Macarena

La noticia de la fosa hallada en el municipio de La Macarena, Meta, fue publicada en julio de 2010 por diferentes medios de comunicación.

La información se daba por declaraciones de la entonces senadora Piedad Córdoba, quien asistió a una audiencia en esta población junto con una delegación de políticos de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados.

 

 

 

 

Algunos medios, como Radio Santa Fe, publicaron que esta era la “fosa común más grande de Latinoamérica” y replicaron algunos comentarios de Córdoba en los que aseguraba que los cadáveres pertenecían a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, también llamadas “falsos positivos”.

En realidad, no había una fosa común, sino una parte del cementerio de La Macarena en la que estaban algunos cadáveres enterrados sin identificar.

Luego de estas informaciones, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó inspecciones en el cementerio y encontró “indicios de una gran cantidad de cadáveres no identificados enterrados individualmente en el cementerio municipal de La Macarena”.

Según esta misma entidad, “hasta la fecha, la Oficina no ha encontrado indicios de la existencia de una fosa común, ni de enterramientos clandestinos en la cabecera municipal, pero no descarta la posibilidad de recibir nuevas informaciones que puedan servir para precisar, enriquecer o ajustar su contenido”.

Según el informe, “la falta de transparencia sobre la procedencia, identidad y las circunstancias de la muerte de las personas enterradas como no identificadas en el cementerio de La Macarena son de particular preocupación frente a la práctica extendida de las ejecuciones extrajudiciales en el país reportada por la Oficina en sus informes anuales desde el año 2004”.

Martes, 31 Julio 2018

Consulta Anticorrupción busca darle dientes al Estado para que le quite contratos a corruptos

Por Sania Salazar

Actualmente un contratista al que se le comprueben actos de corrupción debe ceder voluntariamente el contrato, la Consulta pretende que el Estado pueda terminarlo unilateralmente.

A 26 días de votar la Consulta Anticorrupción en Colombia persisten las dudas y la información falsa con respecto a ese proceso.

En Facebook circula una publicación que asegura que la Consulta busca, entre otras cosas, impedir que los contratistas corruptos cedan los contratos a terceros y que, por el contrario, el Estado pueda recuperar esos contratos. Colombiacheck encontró que esta información contiene una inexactitud, por lo que la califica de Aproximada.

Publicación sobre consulta anticorrupción

La publicación de Facebook se refiere a la última parte de la pregunta número dos de la Consulta en donde se habla de darle potestad al Estado de terminar unilateralmente con contratos obtenidos con actos de corrupción:

¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

En Vence al Corrupto, la página de los promotores de la consulta anticorrupción, explican, sobre esa parte de la segunda pregunta, que actualmente dentro de las causales para que la entidad contratante termine unilateralmente un contrato no están contemplados los hechos de corrupción.

El artículo 17 de la Ley 80 de 1993 dice que la entidad, en acto administrativo debidamente motivado, dispondrá la terminación anticipada del contrato, entre otros, en los siguientes eventos: muerte o incapacidad física permanente del contratista, o disolución de la persona jurídica del contratista, o por declaración de quiebra del mismo, pero no se mencionan casos de corrupción.

En conversación con el periódico El Espectador, la exsenadora del Partido Verde Claudia López dice que el objetivo de esta parte de la iniciativa es “darle la facultad al Estado de cancelar de manera unilateral y sin ninguna indemnización los contratos que se consiguen con corrupción”.

https://youtu.be/i9qxIySpIzI

En la página Vence al Corrupto explican, además, que la Ley 80 de 1993 ya impide que los condenados por delitos contra la administración pública puedan contratar con el Estado. Sin embargo, en el caso de los contratistas a los que se les comprueban actos de corrupción cuando el contrato ya está firmado y en ejecución, la cesión o renuncia al contrato depende de la voluntad del contratista.

Hay que anotar que la cesión del contrato no es un derecho del contratista, sino una opción que tienen las entidades del Estado.

“Cuando una persona es condenada por peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abuso de autoridad o usurpación y abuso de funciones públicas, le corresponde ceder el contrato o renunciar a su ejecución si lo primero no es posible. Esta consecuencia es abiertamente insuficiente, pues la administración no cuenta con las herramientas para terminar unilateralmente los contratos en razón a las condenadas de los corruptos”, precisan los impulsores de la Consulta.

Para Humberto García Vega, especialista en derecho administrativo y profesor de contratación de la Escuela Superior de Administración Pública, lo que se pretende es aprobar una causal más de inhabilidad y de terminación anticipada de un contrato, iniciativa que él ve bien, porque cree que la sola difusión de la Consulta servirá como factor de difusión.

Angélica Lozano, senadora del Partido Verde, le explicó a Colombiacheck que “hoy lo que aplica es la cesión, existe en la Ley 80. Lo que nosotros queremos es que no se necesite la voluntad o la firma del contratista para ceder el contrato, porque si no lo quiere ceder no se le puede quitar ni asignar a otra persona”.

En un Facebook Live con el periódico El Colombiano Lozano explicó, además, que si el contratista se niega a ceder el contrato puede seguir ejecutándolo “y además se le sale a deber y hay que indemnizar, como a Odebrecht”, concluyó la senadora.

La publicación de Facebook tiene razón en que un contratista condenado por corrupción puede ceder su contrato, pero eso no es malo, lo malo es que es la única forma en la que, actualmente, se le puede despojar del mismo. Lo que busca el punto dos de la Consulta Anticorrupción es que el Estado tenga potestad para terminar unilateralmente con el contrato y no depender de que el contratista lo quiera ceder.