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Domingo, 28 Agosto 2016

“El tratado de Roma no habla de cárcel, habla de sanciones, que hoy son restaurativas”, Gaviria

Por Sania Salazar

Cesar Gaviria, expresidente de Colombia y líder de la campaña por el sí en el plebiscito, demuestra que son falsos los rumores de la oposición en los que asegura que los guerrilleros deben pagar sus delitos con cárcel y no mediante mecanismos alternativos como los que se pactaron en el Acuerdo Final.

El pasado 24 de agosto, día en el que se anunció el cierre de la negociación entre el Gobierno y las Farc, César Gaviria, expresidente y líder de la campaña por el voto positivo al plebiscito, aseguró en entrevista con el periodista Yamid Amat, director del noticiero de televisión CM&, que el Tratado de Roma no habla de cárcel sino de sanciones. Frase que, luego de chequearla, calificamos como verdadera.

Para comenzar nuestra verificación, quisimos confirmar con Gaviria cómo sustenta su afirmación o de dónde la había sacado, pero John Álvarez, quien maneja sus relaciones con los medios de comunicación, nos dijo que tenía la agenda copada y que no nos podía atender hasta la próxima semana.

Entonces revisamos el Estatuto de Roma, que se constituye en la norma que reglamenta el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, tribunal que juzga a personas acusadas de cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad, entre otros, y al cual se ciñó el Acuerdo Final entre el gobierno y las Farc.

Hicimos el ejercicio básico de buscar la palabra en todo el documento y solo apareció una vez el término “encarcelación”. Se ubica en el artículo 7 de la Parte I titulada “Crímenes de lesa humanidad” describiendo uno de los actos considerados como tal, acciones que no serán objeto de amnistía ni indulto para las Farc tal como consta en el Acuerdo Final.

Las palabras sanción o sanciones están seis veces en el documento y se refieren, sobre todo, a correctivos ante conductas inadecuadas frente a la Corte

Después revisamos la Parte VII del documento, artículos 77 y 78, que hablan sobre las penas. Allí se habla de reclusión, la cual no puede exceder los 30 años y solo justifica penas a perpetuidad por “la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado”. El Tratado habla además de imponer multas y de decomisar productos, bienes o haberes procedentes del crimen.

Carlos Montoya, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, resaltó que “la Jurisdicción Especial para la Paz, concertada en el Acuerdo Final, estará encargada de administrar justicia e investigar y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, garantizando el debido proceso que exige la Corte Penal Internacional, CPI.

“La alternatividad que da la justicia transicional coincide en que no tiene que haber cárcel para que haya una sanción y eso garantiza que no haya impunidad”, concluyó Montoya.

Por todo lo explicado hasta aquí, Colombiacheck considera falsas las declaraciones del senador Jaime Amín y de Christian Garcés, ambos del Centro Democrático, que aseguran que la justicia internacional exige cárcel para delitos de lesa humanidad.

 

 

 

 

Colombiacheck ya había chequeado una frase del expresidente Uribe en el que se explica cómo serán las sanciones privativas de la libertad a las que se exponen los guerrilleros de las Farc.

Lunes, 02 Octubre 2017

¿No habrá implementación completa del Acuerdo Final?

Por Sania Salazar

Henry Acosta, mediador entre el Gobierno y las Farc, llama la atención sobre varios puntos del Acuerdo Final que, asegura, no se están cumpliendo, por lo que teme que el Gobierno le quede mal a la Farc y el proceso fracase. Ninguna de las frases es completamente cierta.

Circula desde hace unos días por Whatsapp una cadena cuyo autor dice ser Henry Acosta, el empresario que sirvió como intermediario entre el Gobierno y las Farc para iniciar las negociaciones de paz. Acosta se declara preocupado ante la posibilidad de que la implementación del Acuerdo Final se quede a medias y señala cinco puntos específicos en peligro, de los cuales chequemos tres que consideramos verificables.

A través de Whatsapp, él nos confirmó ser el autor de la cadena, y ya el 13 de septiembre había manifestado en Caracol Radio inquietudes al respecto.

Colombiacheck califica la cadena como inflada, pues ninguna de las frases es completamente cierta.

“Se está discutiendo en la Corte Constitucional la posibilidad legal de SI o NO, pueden la Farc hacer política. Se sabe que el NO está teniendo posibilidades. Eso sería el fin del fin” (sic).

Es cierto que la Corte Constitucional está revisando los actos legislativos 1 y 3 para la reincorporación política de la Farc. El acto legislativo número uno de 2017 define que los exguerrilleros no serán inhabilitados para hacer política a pesar de que sean sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

El acto legislativo número tres define la manera como el partido de la Farc obtendrá la personería jurídica, su financiación y la de su centro de pensamiento.

Acosta asegura que tiene conocimiento de que cinco de los nueve magistrados de la Corte piensan que la Farc sí puede hacer política, pero después de que sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Habrá que esperar qué decisión toman, por lo que calificamos la frase como ligera.

Hay que recordar que el objetivo principal de la negociación con la antigua guerrilla de las Farc era que participaran en política sin armas.

“Las 16 zonas electorales creadas en el Acuerdo Final, para fortalecer la participación política y democrática de los territorios abandonados; están en discusión en el Parlamento nacional, con serias posibilidades que las autoricen pero con menos 175 municipios”.

En el Acuerdo Final se pactó la creación de “16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por 2 períodos electorales”. El objetivo de estas Circunscripciones es “garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política”.

En efecto, el Congreso estudia el proyecto de acto legislativo por medio del cual se crearán esas circunscripciones, al que le falta el último debate en Plenaria de Senado y Cámara.

La discusión se generó por un cambio que se le introdujo al proyecto en el tercer debate. Antes de esa discusión, se había pactado que cuando las circunscripciones (zonas donde se podrán elegir a los 16 Representantes a la Cámara) tuvieran más de 50.000 ciudadanos aptos para votar, solo se habilitarán los puestos de votación y el censo electoral de la zona rural de ese municipio, excluyendo la cabecera municipal.

En cambio, se insertó un parágrafo en el que se quitan las cabeceras municipales de “cada uno de los municipios” que conforman la circunscripción y se habilitan puestos de votación y censo electoral solo de zona rural.

“Para la MOE, esta disposición es a todas luces inconveniente. La MOE ha observado que, según datos del DANE, en los municipios donde se están excluyendo los puestos urbanos, el 44% de la población habita en la cabecera municipal, sin embargo, el 61% del censo electoral está inscrito en los puestos de las cabeceras, lo que quiere decir que gran parte de la población rural vota en la cabecera. Habilitar solo los puestos de votación de las zonas rurales excluiría del derecho al voto a grandes porciones de población rural, la cual hace parte de los sujetos hacia quienes están dirigidas las Circunscripciones”, concluye el documento.

“Hay un debate que se está abriendo con el informe de ponencia que llegó ahorita, donde hay un micazo y es que se excluyen las cabeceras municipales de los más de 174 municipios que están dentro de las 16 circunscripciones en función de que estas no participen en las elecciones”, aseguró el pasado 21 de septiembre en el programa Semana en Vivo Jairo Rivera, vocero de la agrupación política Voces de Paz, y miembro de dirección colegiada del nuevo partido de la Farc.

La Silla Vacía contó el pasado 25 de septiembre, que, según los congresistas que firmaron la ponencia, lo que se busca es evitar que, en los cascos urbanos, las maquinarias regionales tengan injerencia en esa votación.

Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues el cambio introducido al proyecto no quita 175 municipios, como dice Acosta, sino sus cabeceras municipales, es decir, los cascos urbanos, no el territorio completo, aunque, como resalta la MOE, la decisión le quitaría el derecho al voto a un número significativo de población.

“El Tribunal y Salas de la JEP están siendo seleccionadas para que lo conformen exmagistrados y exjueces de diferentes estamentos de las FFMM. Y ese Tribunal y Salas deberá juzgar a todos los actores del conflicto”.

El pasado 26 de septiembre se conocieron los nombres de los 51 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los que hay tres provenientes de la justicia penal militar.

Se trata de Camilo Andrés Suárez Aldana, coronel presidente del Tribunal Superior Militar, quien será magistrado titular en el Tribunal de Paz; Claudia Rocío Saldaña Montoya, quien se desempeñó desde 1997 y hasta el año pasado como Juez de instrucción penal militar, ella estará en la Sala de Justicia; y Sandra Rocío Hernández Cruz, quien fue directora del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública y está entre las suplentes de las salas de Justicia.

Colombiacheck califica la frase como falsa, pues los magistrados que han trabajado con la justicia penal militar no son la mayoría, como lo sugiere Acosta, sino todo lo contrario. Por una supuesta tendencia contrario, es decir, de izquierda también han llegado los reproches.

En su columna de opinión, Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional, resalta que en la JEP hay tanto integrantes provenientes de organizaciones de derechos humanos, “que algunos asocian a la izquierda”, como personas que vienen de trabajar con la justicia penal militar, “que otros asocian a la derecha”, por lo que lo califica como un tribunal filosóficamente plural. “En todo caso, de estos magistrados se espera que decidan con base en la evidencia y no en sus visiones ideológicas”, concluye.

“Sobre los jueces penales militares, el Comité encontró valioso que se inscribieran porque es una muestra de su confianza en el proceso. Estos aspirantes fueron evaluados por su trayectoria y reconocimiento, repito. No creo que sea posible y tampoco útil para la reconciliación y la paz etiquetar a cada individuo en el espectro de las fronteras ideológicas, excepto para reproducir la polarización”, aseguró Claudia Vaca, integrante del Comité de Escogencia para la selección de integrantes del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en entrevista con El Espectador.