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Verdadero pero...

Miércoles, 12 Septiembre 2018

En Colombia las desapariciones son más que en las de dictaduras de Chile y Argentina

Por Sania Salazar

Un trino compara, sin tener en cuenta el contexto, el número de desaparecidos de las dictaduras de Chile y Argentina con las del conflicto colombiano.

Un gráfico difundido en Twitter indica que los desaparecidos en el conflicto colombiano (según el trino, 86.000) superan a los de las dictaduras de Chile (3.200) y Argentina (40.000). La información del gráfico es Aproximada porque no hace la comparación con la metodología adecuada pues para sacar conclusiones en casos como este hay que tener en cuenta los periodos comparados y la población de cada país en esos lapsos.

 

 

El reporte más reciente del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, sobre desaparición forzada indica que en Colombia se han registrado 80.569 desapariciones entre 1958 y 2018. Aunque en ese mismo Observatorio se había hablado de 86.000 desaparecidos, se depuraron las bases de datos y se llegó a esa nueva cifra. En el trino no se indica el periodo de tiempo cuantificado en el caso de cada país, ni la fuente en la que se basan las cifras.

La gráfica compara cifras de periodos violentos de distinta duración. La dictadura en Chile duró 17 años (entre 1973 y 1990). Por su parte, la dictadura en Argentina duró siete años (de 1976 a 1983). Las estadísticas de Colombia, en cambio, corresponden a 60 años de conflicto armado (1958-2018), por lo que la comparación es inexacta, según explicó Andrés Suárez, director del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH-

Suárez, además, indicó que la única comparación viable entre la situación de desaparecidos en estos tres países tendría que basarse en la tasa de víctimas por 100 mil habitantes (es decir, qué porcentaje de la población que tenía cada país en el momento de los hechos fue afectada) para saber en dónde fue más grave la situación.

Según el informe del CNMH titulado Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia, en Chile hubo 3.500 desapariciones documentadas y 10.000 en Argentina, en donde la proyección de ese delito es de 30.000 casos.

Para confrontar las cifras de una manera mínimamente comparable, sobre todo en términos de tiempos, Suárez recomendó tomar el lapso entre 1997 y 2004 que es el periodo más crítico de desapariciones en el caso colombiano, con 41.200 casos.

También recomendó, en el caso de Argentina utilizar la cifra de 10.000 desaparecidos por ser los casos que están documentados.

Al hacer ese ejercicio, el resultado es que Colombia sí es el país más afectado por ese delito con 93,2 desaparecidos por cada 100 mil habitantes. El segundo Argentina con 35,8 y Chile el tercero con 30,2 por 100 mil habitantes. (Si en el caso argentino se tomara la cifra de los 30.000 casos proyectados, el resultado sería de 107,4 desaparecidos por cada 100 mil habitantes, un resultado más alto que el de Colombia).

Aunque en el trino se habla de Seguridad democrática haciendo alusión a la llamada política de seguridad del Estado que se denominó así durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hay que aclarar que esa política se implementó durante el doble periodo de Uribe (2002-2010) y la cifra de desaparecidos del CNMH corresponde a 60 años de conflicto.

También hay que señalar que entre 2002 y 2010 hubo 29.251 desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado (de las 80.569 que se han registrado), pero también que en el periodo de consolidación de esa política hubo un decrecimiento de ese delito, (como se puede ver en el gráfico).

Infografía sobre desapraición forzada con datos del CNMH

Suárez señaló además, que esa reducción pudo ser mayor de no ocurrir los falsos positivos y resaltó que entre los responsables de las desapariciones forzadas no solo está el Estado, sino que es un crimen en el que tienen responsabilidad otros grupos armados. “A diferencia de las dictaduras no hay cómo probar en estos momentos que la desaparición fue una política sistemática o una estrategia del poder militar en Colombia o del Estado colombiano, con eso hay que tener cuidado”, concluyó Suárez.

El caso colombiano

En Colombia este es un crimen de lesa humanidad que “ha afectado sobre todo a los líderes sindicales y su familia, a la población civil sindicalizada y su familia, a los estudiantes, a los militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda y sus familiares, a los miembros de las organizaciones de defensa de los DD.HH.” indica el informe Hasta encontrarlos.

Ese informe indica además que también han sido víctimas de desaparición forzada los abogados o investigadores judiciales que se han ocupado de las denuncias y los miembros de las organizaciones de defensa de los derechos humanos que han hecho eco de los reclamos de los allegados a las víctimas.

 

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Falso

Sábado, 06 Junio 2020

Post comparte foto y descripción falsa de ‘cárceles del pueblo’ del M-19

Por Laura A. Gracia

Aunque las “cárceles del pueblo” sí fueron una de las estrategias militares usadas por la guerrilla desmovilizada en los 90, no eran huecos donde “enterraban secuestrados vivos y los tapaban con follaje de la selva”.

 

En una publicación realizada en un grupo público de Facebook abierto de 16.000 miembros, llamado ‘Apoyamos a Claudia Gurisatti, Hassan Nassar y a Salud Hernández Mora’, se muestra un collage con la imagen del senador colombiano Gustavo Petro, quien fue militante de la extinta guerrilla M-19, y una escena en una zona rural en la que aparentemente peritos forenses hacen una inspección, acompañado por el texto: 

“PODRÁ ALGUIEN HABLAR DE ‘HUMANISMO’, CUANDO ENTERRABA VIVAS A SUS VÍCTIMAS EN LAS LLAMADAS ‘CÁRCELES DEL PUEBLO’?

Petro y su organización M-19-, hacían un hueco en picada de tres metros de profundidad, luego lo desviaban otros dos metros quedando en forma de ‘L’ .

Ahí enterraban a sus secuestrados y lo tapaban con follaje de la misma selva, por días o meses.

Si usted se siente incómodo en la cuarentena por el COVID-19, cómo se sienten los secuestrados de esa izquierda narcoterrorista?” (sic).

posteo Facebook

 

Pero ni la foto fue tomada en Colombia, ni la descripción corresponde a una “cárcel del pueblo” del M-19

Para encontrar la imagen, hicimos una búsqueda inversa. Así, encontramos que la foto corresponde a la búsqueda de evidencias de incineración de los cuerpos de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en México. Los estudiantes fueron detenidos por agentes de la policía de Iguala y Cocula al servicio del cartel de los Guerreros Unidos y entregados a sicarios de esa organización criminal, en septiembre de 2014. 

Debido a la necesidad de sus familias de esclarecer la verdad de lo ocurrido y el paradero de los restos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para inspeccionar si había ocurrido una incineración en basurero de Cocula, Guerrero, México. 

ayotzinapa-cocula-guerreroayotzinapa-cocula-guerrero 2

 

Así mismo, otros portales de noticias usan la imagen como referencia para ilustrar noticias sobre Colombia, pero haciendo la salvedad de que corresponde a la inspección en México. 

También encontramos otras publicaciones sobre “cárceles del pueblo” en redes sociales que usan imágenes que no corresponden. Por ejemplo, las imágenes usadas en este trino en realidad son fotos de un joven llamado Todd Stopps, una de las víctimas del asesino en serie estadounidense Robert Berdella que fue condenado por haber violado, torturado y asesinado a seis hombres en Kansas City, Missouri, entre 1984 y 1987.

tuit M19 falso

 

Además, se nota en las imágenes del post de Facebook que los uniformes blancos no cuentan con los logos del CTI ni de la Fiscalía, como si los tienen en excavaciones que realizan estas entidades en Colombia.

exhumación CTI- Colombiaexhumación Fiscalia- Colombia

Así que es falso que la foto corresponda a una “cárcel del pueblo” del M-19.

Pero, ¿qué era una “cárcel del pueblo”?

Las “cárceles del pueblo” del M-19

La guerrilla Movimiento 19 de Abril, o M-19, fue una organización guerrillera colombiana​ fundada a raíz de lo que percibió como un fraude en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero sobre Gustavo Rojas Pinilla. La guerrilla se desmovilizó en marzo de 1990

A diferencia de otros grupos guerrilleros, implementó en su estrategia militar la presencia de la guerra en espacios urbanos, no sólamente rurales. Según la tesis para maestría “La Guerra Revolucionaria del M-19 (1974-1989)” de Esmeralda Narváez, de la Facultad de Ciencias Humanas y Departamento de Historia de Universidad Nacional de Colombia, el M-19 tenía entre sus tácticas de guerra el secuestro bajo dos modalidades. 

“El secuestro extorsivo tenía como fin proveer la organización insurgente de recursos económicos que le garantizaran su supervivencia y sus formas de operar, de ahí que lograra financiar operativos, que en su momento, implicaban un alto costo … La segunda modalidad tuvo que ver con los secuestros con fines políticos, éstos pretendieron presionar a personalidades públicas y diplomáticas, pertenecientes al gobierno colombiano y en algunos casos, a gobiernos extranjeros”.

Para llevar a cabo los secuestros, se usaban lugares subterráneos llamados “cárceles del pueblo”. Lugares con alta seguridad en las que retenían a las víctimas, igualmente, bajo la vigilancia de guerrilleros. Narváez cita en su tesis el testimonio que dejó el propio Jaime Bateman, líder del M-19, en el artículo “¿Cómo es el M-19?” de 1980: 

“El M-19 reconoció la posesión de cuatro ‘cárceles del pueblo’, Bateman afirmaba que tuvieron dos en Bogotá, una en Cali y otra en el departamento del Caquetá (Bateman,1980). En 1979, se hallaron planes para construir cinco cárceles más (El Tiempo, 4-I1979). A estas cárceles subterráneas llevaban los secuestrados y los mantenían bajo fuertes medidas de seguridad, con una orden implacable, sí (sic) las fuerzas armadas descubrían el lugar, los secuestrados debían ser asesinados”. 

En el libro Militares y Guerrillas: La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares (1958-2016) de Juan Esteban Ugarriza y Nathalie Pabón Ayala, se detalla uno de estos lugares de secuestro en el testimonio de uno de los oficiales que participó en el rescate fallido que intentó el Ejército (en el que murieron el prisionero y los guerrilleros) de Nicolás Escobar Soto, gerente de la empresa petrolera Texas Petroleum Company, quien fue secuestrado el 29 de mayo de 1978 por el M-19 y permanecía custodiado por dos guerrilleros: 

“En la entrada de la cocina, junto a la papelera de un baño, se bajaba una baldosa. Ahí había una argolla pegada a una plataforma corrediza. Al bajar la argolla se corría una planta del piso que conducía a una plataforma. Por ahí se bajaba en un ascensor de compensación de fuerzas. No podía ser ni muy pesado, ni muy liviano, mínimo tres personas. Por este ascensor se bajaba a la ‘cárcel del pueblo’. Donde yo entré había una cama empotrada con su reja. A cinco metros de profundidad”. 

El comando superior del M-19, en diálogo con la Revista Cromos en abril de 1980 se refirió a las cárceles del pueblo, contestando al cuestionamiento sobre las condiciones del lugar en el que se tenía a Escobar Soto: 

“Usted la conoció después que la dinamitó el Ejército, contestan. Usted no pudo respirar porque todavía estaban concentrados los gases que utilizaron los militares, todavía olía a sangre. Esta cárcel, al sur de Bogotá, tenía buena luz, ventilación adecuada. El prisionero estaba bien tratado. Mire esta celda, analice las condiciones en que vivimos, recuerde las torturas a que fuimos sometidos. Compare, solo eso, compare esto con la cárcel donde la organización tuvo al gerente de la Texas Petroleum Company con las mazamorras y ‘las cuevas’ donde nos torturaron”. 

Así mismo, en la Biblioteca Digital de la Universidad Icesi, encontramos una imagen del Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca tomada en 1980 de una de las “cárceles del pueblo” ubicada en Santiago de Cali. La imagen muestra en blanco y negro la infraestructura del lugar, que no tiene nada que ver con zona selvática o hueco cavado directamente en la tierra que se menciona en la publicación. 

Cárcel del pueblo en Cali

 

Es decir que las “cárceles del pueblo” sí existieron, sí eran subterráneas y sí fueron parte de una estrategia de guerra de la extinta guerrilla del M-19, pero estas estaban ubicadas en zonas urbanas y eran sótanos, en los que además del prisionero, también estaban guerrilleros custodiándolos. Los prisioneros no eran “enterrados vivos”, como asegura el post de Facebook.

Por esto calificamos la publicación como falsa, tanto en la imagen que la acompaña, como en la información sobre el hecho referido de la historia del conflicto armado en Colombia.