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Miércoles, 24 Junio 2020
Foto compartida en Twitter por Maria Fernanda Cabal sí es de caso de menor usado como bomba
Por Laura A. Gracia
Un lector nos pidió verificar si una foto de un menor asesinado retrinada por la senadora correspondía a un hecho cometido por las Farc. La información de la Fiscalía es que efectivamente se trató de un caso conocido como ´cadáver bomba´y fue atribuido a las Farc.
La senadora Cabal replicó en su cuenta de Twitter, el pasado 2 de mayo, una publicación hecha por una cuenta afiliada al Movimiento Nacional de Restauración Democrática hecha como conmemoración de un crimen cometido por las Farc en el 2002, en el que la víctima fue un menor de 14 años de Vista Hermosa, Meta.
Uno de nuestros lectores nos etiquetó en dicha publicación y pidió que verificáramos la veracidad de la foto.
"Vamos a averiguar con @Colcheck si esta noticia es verdad o Fake. Tú también publicaste una de un collar bomba, fue chequeada y resultó falsa", aseguró @dabrusa. En respuesta al trino de la senadora.
En este punto debemos aclarar que revisamos la imagen, pero no la vamos a publicar, pues en esta aparece un menor de edad.
En el Código de Infancia y Adolescencia, en su Artículo 47, se establece las responsabilidades especiales de los medios de comunicación. En el punto 8 se indica que se debe abstener “de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos (...)”.
Luego de esta explicación les contamos los pasos que seguimos en este chequeo:
Lo primero que revisamos fue la fuente del trino original, que correspondía a un blog dedicado a difusión y réplica de noticias de coyuntura política nacional, y acontecimientos históricos del conflicto colombiano. Allí se encuentra la imagen. Sin embargo, la foto carece de contexto detallado.
Así que hicimos una búsqueda inversa de imágenes y encontramos varias fuentes que corroboran el suceso.
De acuerdo con un boletín de prensa de la Fiscalía ‘Audiencia preparatoria de “Simón Trinidad” por cadáver de niño- bomba’, el 2 de mayo de 2002 ‘integrantes del frente 27 de las Farc al mando de Bertulfo Caicedo Garzón, alias ‘Alberto Pitufo’, le exigieron a un conductor llevar un “regalo” a tropas del Ejército que efectuaban controles en la vía a Vistahermosa’.
En artículos de prensa también contaron estos hechos: ‘el cuerpo de un niño de 14 años asesinado y envuelto en papel regalo llegó a la sede del Batallón de Contraguerrillas #40, con explosivos en su ropa y una carta dirigida al Ejército Nacional’.
La carta era procedente del Frente 27 de las Farc, al mando de Bertulfo Caicedo Garzón, alias ‘Alberto Pitufo’, en ella se atribuían el crimen del menor, acusándolo de ser “informante” para el ejército, y amenazaban continuar asesinando a otros “informantes” de la zona.
Cuando el cuerpo del menor llegó a Vista Hermosa, unidades de la Brigada Móvil #4 lo detectaron y con la ayuda de técnicos antiexplosivos desactivaron la bomba.
El ataque se dio luego de la ruptura del proceso de paz del Caguán, en febrero de 2002, y fue precedido por otros delitos en que las Farc usaba cadáveres como señuelos para atacar al Ejército.
Este mismo día ocurrió la masacre de Bojayá, en la que más de de 90 personas, más de la mitad menores, murieron como consecuencia de enfrentamientos entre los paramilitares y las Farc en Chocó.
‘Alberto Pitufo’ fue capturado por este caso en marzo de 2008. El caso fue investigado por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, y el proceso lo siguió el Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta), quien condenó a 39 años de cárcel a cinco miembros del secretariado de las Farc.
Según El Espectador, la cúpula de las Farc fue acusada de homicidio, actos de terrorismo, utilización de medios y métodos ilícitos para la guerra y rebelión.
“Según un juez penal del municipio de Granada, la sentencia afecta a Pedro Antonio Marín, alias ‘Tirofijo' y máximo jefe del grupo subverisvo; Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko'; Víctor Julio Suárez, alias ‘Mono Jojoy'; Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano', y Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez'. La sentencia incluye además el pago de una multa de alrededor de cien millones de pesos. La determinación judicial también afecta a otros cinco cabecillas de otros frentes del grupo insurgente, dedicados al secuestro y la extorsión”.
Colombiacheck se contactó con la Comisión de la Verdad para indagar sobre el caso, sin embargo, respondieron que “la Comisión no brinda información sobre el trabajo de investigación, sino hasta la publicación del informe final y cuando se defina dar a conocer al público algo”.
Así mismo, consultamos en la JEP, pero sólo encontramos el informe de 80 páginas que presentó el Ejército colombiano y la Corporación Mil Víctimas en el 2019 a la Justicia Especial para la Paz (JEP), sobre el uso de explosivos por parte de las Farc, en el que recogen detalles de muchos de los episodios más crueles del conflicto, que tendrá que juzgar el tribunal cuando inicie las investigaciones en estos casos. En el informe está el caso del ‘niño cadáver bomba’.
Así que calificamos la información retrinada por la senadora María Fernanda Cabal como verdadera.
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Viernes, 01 Marzo 2019
No es verdad que exguerrilleros puedan hacer política si le incumplen a la JEP
Por Sania Salazar
Los exguerrilleros que participan en política deben cumplir con los requisitos de la JEP para mantenerse en esa actividad. Incluso se arriesgan a perder esa oportunidad si no aportan verdad y aceptan responsabilidad tempranas.
Lina García se describe en su cuenta de Twitter como columnista y uribista. El pasado 18 de febrero García aseguró en su cuenta que todos los procesados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, podrán participar en política así incumplan las condiciones de esa jurisdicción. La congresista uribista María Fernanda Cabal retrinó la información.
Ahí les va otra joya de la JEP:
— Lina García (@Guajira9112) 18 de febrero de 2019
Se mantiene la habilitación para participar en política para todos los procesados por la JEP sin importar el cumplimiento de las condiciones del Sistema (verdad, reparación, etc.) (Artículo 30)
¿Comprenden porque estallan en risa los NarcoFarc?
Calificamos la afirmación como falsa pues, según lo pactado en el Acuerdo Final, para mantenerse en la justicia transicional es necesario cumplir con los requisitos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso quiere decir que si los exguerrilleros de las Farc que están haciendo política incumplen alguna de esas condiciones, perderán los beneficios de la JEP y no podrán continuar con la labor política.
García le dijo a Colombiacheck que se había basado en el artículo “30 “micos" de en la JEP, según el uribismo”, del periódico El Nuevo Siglo. Le preguntamos si se había dado cuenta de que se estaba basando en un artículo publicado el 2 de octubre de 2017 y nos dijo que sí.
El artículo informaba sobre 30 aspectos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, criticados por el uribismo durante el estudio de la ley estatutaria de la JEP en el Congreso.
Hay que recordar que “la esencia del fin del conflicto es el rompimiento del vínculo entre política y armas para transitar a un escenario en el que todos juegan con unas mismas reglas de juego, que son las de la democracia. Eso quiere decir que, por una parte, quienes dejan las armas y transitan a la democracia deben garantizar dicha condición para vincularse a los procesos políticos democráticos (fin de la combinación de todas las formas de lucha)”, como se explica en el Tomo tres sobre participación en política de la Biblioteca sobre el proceso de paz.
En 2017, el proyecto de ley estatutaria de la JEP, en su artículo 26, indicaba que, en cuanto a participación política de sancionados por esa jurisdicción, se cumpliría lo dispuesto por el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 01 de 2017, que dice que la imposición de sanciones de la JEP no inhabilitará para la participación en política.
Pero, en la revisión que la Corte Constitucional hizo en agosto de 2018 de la Ley Estatutaria de la JEP, que es la norma de funcionamiento de esa jurisdicción, se recordó que en esa materia se mantienen las disposiciones tomadas en la sentencia de revisión del Acto Legislativo 01 de 2017:
-”Es incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias”. Es decir, quienes hagan política perderán el derecho a hacerlo si no aportan verdad temprana en los procesos ante la JEP y no aceptan su responsabilidad en los hechos por los que se les investiga. Las sanciones alternativas y ordinarias de la JEP se impondrán a quienes no digan la verdad en las etapas tempranas de los procesos.
-A quienes reciban sanciones ordinarias se les mantendrán las restricciones para hacer política.
-“La suspensión de las inhabilidades se encuentra condicionada al cumplimiento progresivo y de buena fe de las obligaciones derivadas del Acuerdo Final y del Acto Legislativo 01 de 2017 (dejación de armas, sometimiento al Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, atención de las obligaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, y el compromiso de no volver a delinquir).
-”Compete a la JEP verificar el cumplimiento de estas condicionalidades y adoptar las medidas de levantamiento de la suspensión en caso del incumplimiento de las mismas, así como determinar la compatibilidad con la participación en política” y
-”Corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz determinar la compatibilidad entre el cumplimiento de la condena y la participación simultánea en Política”.