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Jueves, 18 Mayo 2017

“JEP niega la libertad a Diego Palacio”

Por Sania Salazar

Medios y periodistas desinformaron sobre el asunto. La frase es falsa porque el tribunal que podría revisar el caso del exministro uribista todavía no está funcionando.

Algunos medios de comunicación y periodistas aseguraron el viernes pasado, 12 de mayo, que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, había negado la libertad al exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, condenado por el delito de cohecho en el caso conocido como la Yidispolítica. Eso es falso.

 

 

 

 

Varios titulares que indicaban eso aparecieron en redes sociales y páginas web de los medios, aunque en las notas se especificaba que quien le había negado la libertad condicional a Palacio había sido un juez de ejecución de penas.

Después de contrastar varias fuentes Colombiacheck califica esas afirmaciones como falsas. La razón principal es que el Tribunal que deberá revisar dentro de la JEP casos ya juzgados, como el de Palacio, todavía no está funcionando.

Hay que recordar, primero, que Gobierno y Farc pactaron en el Acuerdo Final la creación del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (Sivjrnr) dentro del cual estará Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ejercerá funciones judiciales. A su vez, en la JEP habrá un Tribunal para la paz, que, entre otras cosas, revisará los casos juzgados.

En la Secretaría ejecutiva de la JEP nos explicaron que son el único órgano del (Sivjrnr) que está funcionando por ahora.

“La secretaría ejecutiva es la encargada de desarrollar una serie de trabajos administrativos, presupuestales y orgánicos para que empiece a operar”, explicó Nathalie Michelou, de la oficina de comunicaciones de la Secretaría ejecutiva.

 

 

 

 

 

 

En el Acuerdo Final dice: “el Estado deberá poner en marcha el componente de justicia del SIVJRNR a la mayor brevedad desde la firma del Acuerdo Final. Las Salas y la Unidad de Investigación y Acusación deberán entrar en funcionamiento a más tardar tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final, salvo que en este se determine una fecha anterior.

El Acuerdo que se está implementando se firmó el 24 de noviembre de 2016 y el denominado Día D o de inicio de la implementación fue el 1 de diciembre del mismo año. Es decir, el Sivjrnr debería estar más adelantado, pero en la oficina de comunicaciones de la Secretaría Jurídica de la JEP explicaron que el proceso se retrasó debido a que en el plebiscito que buscaba refrendar el Acuerdo ganó el no.

El caso de Diego Palacio

El exministro uribista cumple una condena de seis años de cárcel ratificada por la Corte Suprema de Justicia por ofrecerles beneficios a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, en ese entonces congresistas, para que votaran a favor de la reelección presidencial. Esa reforma constitucional la impulsó el Gobierno de Álvaro Uribe, quien buscaba la posibilidad de su reelección. Finalmente la reforma se aprobó y Uribe fue elegido por segunda vez consecutiva como Presidente.

Como lo había contado Colombiacheck con respecto al caso de Palacio, el Acuerdo Final dice que “la Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta la definición de quiénes son combatientes según el DIH, podrá solicitarse la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP”.

La pregunta que persiste en el caso de Palacio es si logrará que la JEP revise su caso bajo el argumento que le dio a la revista Semana: “Lo que se reeligió con él (Uribe) fue la seguridad democrática, que fue concebida como una política de Estado para acabar con las Farc. Ese argumento de partida demuestra que en mi caso entrar a la JEP es posible”.

Le negaron la libertad, pero no la entrada a la JEP

Palacio le solicitó a un juez de ejecución de penas que le diera libertad condicional mientras la JEP decide si evalúa su caso, posibilidad que le negaron, por lo que seguirá privado de la libertad.

Noticias Uno reveló varias de las razones en las que la juez justificó su decisión, entre las cuales está que Palacio no cumple con el requisito de haber cumplido mínimo cinco años de la pena en prisión, una de las condiciones de la libertad condicional para esperar fuera de las rejas las decisiones de la JEP.

 

 

Palacio todavía tiene oportunidad de presentarse ante la JEP cuando esta esté montada y funcionando, pero eso sí, no garantiza que el juez falle a favor, explicaron en la Secretaría Ejecutiva de la JEP. El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, resaltó que será la JEP la que estudie la pertinencia de revisar las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia.

Relacionaron dos casos distintos

Se relacionó el caso de Palacio con el de Herminsul Arellán Barajas, alias Pedro, señalado de ser el principal responsable del atentado al Club El Nogal, en Bogotá, pues a él sí le concedieron la libertad condicional mientras la JEP empieza a funcionar y revisan su caso.

Varias voces, como las de Carlos Holmes Trujillo y Óscar Iván Zuluaga, ambos del Centro Democrático, salieron a protestar por lo que ellos califican como un trato injusto.

 

 

 

 

Los casos son diferentes porque en el de Palacio no está clara aún la relación de su delito con el conflicto, mientras que en la de Arellán Barajas es directa, lo culpan de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión, como lo contó El Espectador cuando lo capturaron.

El mismo diario, en su editorial del pasado 17 de mayo, calificó la comparación de los casos como irresponsable.

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Jueves, 30 Noviembre 2017

Marta Lucía Ramírez insiste en falsedad sobre la JEP y agrega otra

Por Sania Salazar

La precandidata insistió en el argumento falso de que la JEP no impondrá restricciones a la libertad. Además dijo que (por la Ley de Amnistía) todos los exguerrilleros que estaban presos ya habían recobrado la libertad, mientras que había militares que seguían presos.

Marta Lucía Ramírez, integrante del Partido Conservador y exministra de Defensa, recicló una frase falsa sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en una entrevista que le hicieron el pasado 28 de noviembre en Canal Capital en su calidad de precandidata presidencial.

“El hecho de tener hoy una jurisdicción que realmente no implica ningún tipo de reclusión, como exige el tratado de Roma, ni de restricción de la libertad, porque es que no es una verdadera restricción, me parece que es inconveniente”, dijo Ramírez.

La precandidata, de quien se ha dicho en los últimos días que sería la ficha a la presidencia de la alianza entre los expresidentes Uribe y Pastrana, dijo además que “hoy todavía hay montones de militares que están en las cárceles sin estar condenados, mientras que los de las Farc están todos por fuera”. Esto en clara alusión a la aplicación de Ley de Amnistía pactada en el Acuerdo Final.

Tras consultar diferentes fuentes, Colombiacheck encontró que ninguna de las dos frases de la precandidata presidencial corresponde a la verdad, por lo que califica su intervención con respecto a estos dos aspectos, como Falsa.

La primera frase tiene un elemento falso muy usado durante la campaña por el voto negativo al plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016. Ramírez estuvo entre los líderes políticos que lideraron la campaña por el no. En el Acuerdo Final sí están contempladas restricciones efectivas de la libertad para quienes sean sancionados por la JEP. Colombiachek ya había verificado el tema en el chequeo titulado Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad?, donde se explica que si bien las sanciones no implicarán cárcel, sí implicarán limitaciones en la movilidad de los sancionados. Hay que aclarar que quienes comparezcan ante esta jurisdicción y no digan la verdad sobre los delitos en los que participaron tendrán que ir a la cárcel y sus sanciones durarán más tiempo (entre 15 y 20 años).

Quienes aporten verdad desde un principio se someterán a sanciones que durarán entre cinco y ocho años. Los magistrados de la JEP “fijarán de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante los periodos, horarios de ejecución y cumplimiento de las sanciones propias del Sistema, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización”, dice el Acuerdo Final en el punto cinco sobre las víctimas del conflicto (página 165).

Juan Carlos Henao, abogado constitucionalista que participó en la elaboración de la JEP, lo explica de una manera sencilla:

“Van a tener una restricción de movimiento y de domicilio, por decir algo, si usted está en la vereda Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca, usted va a estar ahí, no es que se pueda ir a pasar el fin de semana a Cartagena”.

Según el Acuerdo final, las sanciones deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado con el fin de satisfacer el derecho de las víctimas.

“No es solamente que le restringen la libertad o lo mandan para la cárcel, es que al mismo tiempo tiene que reparar, por decir algo, reconstruyendo la iglesia de Bojayá, desminando”, agregó Henao.

Marta Lucía insistió en un argumento falso en contra de la JEP y los periodistas que la entrevistaron en Canal Capital no le hicieron notar su error.

¿Militares presos y guerrilleros libres?

Ramírez no tiene razón cuando dice que hay militares que siguen en la cárcel mientras que todos los exguerrilleros que estaban presos ahora están libres, pues en ambos casos faltan personas por beneficiarse de la Ley de Amnistía, lo que incluye recuperar la libertad totalmente o con condiciones.

El balance de la Secretaría Ejecutiva de la JEP sobre aplicación de la Ley de Amnistía y tratamientos especiales (con corte al 24 de noviembre pasado) indica que 3.148 exguerrilleros de los 3.779 que se beneficiarían de esa ley han quedado en libertad condicionada o han sido trasladados a zonas veredales. Eso quiere decir que se sometieron a la JEP y deben comparecer cuando sean llamados.

En el caso de la Fuerza Pública se han beneficiado de la Ley de Amnistía 1.717 uniformados de los 1.751 a los que los cobija la norma.

En la Secretaría Ejecutiva de la JEP resaltaron que la libertad definitiva no es el único beneficio de la amnistía, pues está la libertad condicionada y el traslado a zonas veredales para que exguerrilleros que no han completado cinco años de privación de la libertad lo hagan (ese es el mínimo de tiempo que se fijó para beneficiarse de la ley). Este cambio de sitio de reclusión también aplica para militares, caso en el que pasan de cárceles militares a unidades de reclusión militar.

En dicha Secretaría indicaron además, que hay casos de miembros de la Fuerza Pública que están inmersos en varios procesos judiciales en muchos de los cuales no han cumplido el tiempo mínimo de reclusión fijado para ser amnistiado, por lo que sus casos se demoran más.

En cifras exactas han quedado en libertad 2.737 exguerrilleros y 1.011 militares, de los cuales 769 tienen libertad condicionada.

Colombiacheck trató de comunicarse con la candidata por teléfono y vía Whatsapp en repetidas ocasiones, desde el pasado 29 de noviembre, para saber en qué fuentes basaba sus afirmaciones. También habló con su equipo de prensa para explicar la importancia de incluir las explicaciones de la precandidata en esta nota, pero indicaron que Ramírez tenía una agenda muy apretada y solicitaron enviar las preguntas por correo, respuestas que todavía estamos esperando.