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Jueves, 18 Mayo 2017

“JEP niega la libertad a Diego Palacio”

Por Sania Salazar

Medios y periodistas desinformaron sobre el asunto. La frase es falsa porque el tribunal que podría revisar el caso del exministro uribista todavía no está funcionando.

Algunos medios de comunicación y periodistas aseguraron el viernes pasado, 12 de mayo, que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, había negado la libertad al exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, condenado por el delito de cohecho en el caso conocido como la Yidispolítica. Eso es falso.

 

 

 

 

Varios titulares que indicaban eso aparecieron en redes sociales y páginas web de los medios, aunque en las notas se especificaba que quien le había negado la libertad condicional a Palacio había sido un juez de ejecución de penas.

Después de contrastar varias fuentes Colombiacheck califica esas afirmaciones como falsas. La razón principal es que el Tribunal que deberá revisar dentro de la JEP casos ya juzgados, como el de Palacio, todavía no está funcionando.

Hay que recordar, primero, que Gobierno y Farc pactaron en el Acuerdo Final la creación del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (Sivjrnr) dentro del cual estará Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ejercerá funciones judiciales. A su vez, en la JEP habrá un Tribunal para la paz, que, entre otras cosas, revisará los casos juzgados.

En la Secretaría ejecutiva de la JEP nos explicaron que son el único órgano del (Sivjrnr) que está funcionando por ahora.

“La secretaría ejecutiva es la encargada de desarrollar una serie de trabajos administrativos, presupuestales y orgánicos para que empiece a operar”, explicó Nathalie Michelou, de la oficina de comunicaciones de la Secretaría ejecutiva.

 

 

 

 

 

 

En el Acuerdo Final dice: “el Estado deberá poner en marcha el componente de justicia del SIVJRNR a la mayor brevedad desde la firma del Acuerdo Final. Las Salas y la Unidad de Investigación y Acusación deberán entrar en funcionamiento a más tardar tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final, salvo que en este se determine una fecha anterior.

El Acuerdo que se está implementando se firmó el 24 de noviembre de 2016 y el denominado Día D o de inicio de la implementación fue el 1 de diciembre del mismo año. Es decir, el Sivjrnr debería estar más adelantado, pero en la oficina de comunicaciones de la Secretaría Jurídica de la JEP explicaron que el proceso se retrasó debido a que en el plebiscito que buscaba refrendar el Acuerdo ganó el no.

El caso de Diego Palacio

El exministro uribista cumple una condena de seis años de cárcel ratificada por la Corte Suprema de Justicia por ofrecerles beneficios a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, en ese entonces congresistas, para que votaran a favor de la reelección presidencial. Esa reforma constitucional la impulsó el Gobierno de Álvaro Uribe, quien buscaba la posibilidad de su reelección. Finalmente la reforma se aprobó y Uribe fue elegido por segunda vez consecutiva como Presidente.

Como lo había contado Colombiacheck con respecto al caso de Palacio, el Acuerdo Final dice que “la Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta la definición de quiénes son combatientes según el DIH, podrá solicitarse la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP”.

La pregunta que persiste en el caso de Palacio es si logrará que la JEP revise su caso bajo el argumento que le dio a la revista Semana: “Lo que se reeligió con él (Uribe) fue la seguridad democrática, que fue concebida como una política de Estado para acabar con las Farc. Ese argumento de partida demuestra que en mi caso entrar a la JEP es posible”.

Le negaron la libertad, pero no la entrada a la JEP

Palacio le solicitó a un juez de ejecución de penas que le diera libertad condicional mientras la JEP decide si evalúa su caso, posibilidad que le negaron, por lo que seguirá privado de la libertad.

Noticias Uno reveló varias de las razones en las que la juez justificó su decisión, entre las cuales está que Palacio no cumple con el requisito de haber cumplido mínimo cinco años de la pena en prisión, una de las condiciones de la libertad condicional para esperar fuera de las rejas las decisiones de la JEP.

 

 

Palacio todavía tiene oportunidad de presentarse ante la JEP cuando esta esté montada y funcionando, pero eso sí, no garantiza que el juez falle a favor, explicaron en la Secretaría Ejecutiva de la JEP. El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, resaltó que será la JEP la que estudie la pertinencia de revisar las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia.

Relacionaron dos casos distintos

Se relacionó el caso de Palacio con el de Herminsul Arellán Barajas, alias Pedro, señalado de ser el principal responsable del atentado al Club El Nogal, en Bogotá, pues a él sí le concedieron la libertad condicional mientras la JEP empieza a funcionar y revisan su caso.

Varias voces, como las de Carlos Holmes Trujillo y Óscar Iván Zuluaga, ambos del Centro Democrático, salieron a protestar por lo que ellos califican como un trato injusto.

 

 

 

 

Los casos son diferentes porque en el de Palacio no está clara aún la relación de su delito con el conflicto, mientras que en la de Arellán Barajas es directa, lo culpan de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión, como lo contó El Espectador cuando lo capturaron.

El mismo diario, en su editorial del pasado 17 de mayo, calificó la comparación de los casos como irresponsable.

Lunes, 16 Julio 2018

JEP no tragará entero, pero tampoco lo hacía Justicia y Paz

Por José Felipe Sarmiento Abella

Los sistemas de justicia transicional surgidos de las desmovilizaciones de las AUC y las Farc son distintos, pero no por la razón que dio en España Patricia Linares, la presidenta de la JEP.

En entrevista con el diario El País de España durante su gira por Europa, la presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, dijo que la Ley de Justicia y Paz con la que el gobierno de Álvaro Uribe desmovilizó y procesó a los paramilitares y algunos miembros de la guerrilla “tuvo el gran inconveniente y el gran obstáculo de prácticamente tener que acotarse a la mera versión del victimario”.

El periódico español cita la comparación que hizo la magistrada con el nuevo sistema transicional, que ella lidera y que surgió del Acuerdo con las Farc. En este, señala ella, el victimario “va a dar su versión, va a confesar sus delitos, va a aportar a la verdad plena, va a aportar a la reparación integral de las víctimas, pero va a estar observado, y su versión va a ser cotejada y confrontada con toda esa información que previamente el juez ha obtenido, analizado y sistematizado”.

Sin embargo, Justicia y Paz también tenía un componente de investigación previa a las versiones libres que daban los desmovilizados. Es decir que sus confesiones podían ser cotejadas con otros tipos de pruebas para determinar su veracidad y así evitar que los ex integrantes de grupos armados incriminaran a otras personas con testimonios falsos. Incluso las víctimas podían aportar la pruebas que tuvieran para el proceso.

Así lo establecieron la ley que creó ese sistema de justicia transicional en 2005 y sus decretos reglamentarios, como el 4760 de ese mismo año, el 2898 de 2006 y el 315 de 2007; y se mantuvo en su reforma legal de 2012. La entidad encargada de esa investigación y de elaborar la acusación ante el tribunal correspondiente era la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.

El director de Posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Sergio Guarín, le confirmó a Colombiacheck que en los procesos de Justicia y Paz “tenía que haber cotejo de pruebas”. Además, recordó que los compromisos con la verdad y la reparación fueron incluidos en la legislación a su paso por el Congreso e incluso algunos paramilitares tuvieron que ser llamados dos veces para completar sus versiones a raíz de eso.

La JEP tiene una estructura normativa más robusta y detallada porque fue incluida en la Constitución y reglamentada con una ley estatutaria (pendiente de examen en la Corte Constitucional) y otra ordinaria (pendiente de sanción presidencial). Las penas alternativas que otorga son distintas y las sanciones al incumplimiento en la verdad y la reparación son más fuertes y explícitas.

Pero el procedimiento de la nueva jurisdicción no tiene las diferencias tan marcadas que Linares le atribuye con el sistema creado por el gobierno de Uribe, en lo que se refiere a la corroboración de las declaraciones entregadas por los procesados. “En ese sentido no es muy diferente a lo que ya se hizo”, corroboró Guarín.

Desde el Acuerdo de Paz estaba definido que el valor probatorio de los testimonios de excombatientes iba a depender de que fueran comprobables por otros medios, en particular cuando salpicaran a otras personas. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP quedó encargada de avanzar en las investigaciones y practicar u obtener las pruebas correspondientes por medio de un equipo propio de policía judicial; además, hereda las que hayan conseguido la Fiscalía u otras autoridades con anterioridad.

La página de internet de la nueva jurisdicción informa, adicionalmente, que su sala de reconocimiento ya ha recibido 86 informes de autoridades judiciales, académicas y del Centro Nacional de Memoria Histórica como insumos. Pero incluso estos, por sí mismos, no bastan para que alguien sea llamado a comparecer, sino que deben ser corroborados con otras pruebas, según quedó en el acto legislativo avalado por la Corte Constitucional.

El requisito de basar cualquier decisión de la JEP en pruebas legales distintas a los testimonios y los informes quedó reiterado también en los proyectos de ley que establecen su estatuto y sus reglas de procedimiento. También, como en Justicia y Paz, se les da a las víctimas la posibilidad de aportar pruebas en los procesos.

Del papel al tribunal

Guarín recordó que, en la práctica, “el compromiso con la verdad era menos fuerte” en Justicia y Paz. Eso permitió, por ejemplo, que algunos ex jefes paramilitares fueran extraditados a Estados Unidos por Uribe, porque se le dio más peso al narcotráfico que a los crímenes que debían acá y fueron castigados más por su reincidencia en ese delito que por sus incumplimientos a los derechos de las víctimas.

Aun así, el académico considera que ese sistema permitió conocer “buena parte de la historia del conflicto armado”, con base en las versiones libres e investigaciones. Resaltó que incluso muchos trabajos periodísticos importantes partieron de ahí.

Además, la JEP apenas está empezando a funcionar. Se acaban de dar los primeros llamados a ex altos mandos de las Farc y solo ha comparecido un ex general del Ejército. Así, cualquier paralelo entre los dos sistemas solo se puede remitir a lo que hay en el papel, porque todavía no se sabe a ciencia cierta qué resultados tendrá el sistema recién creado.

En consecuencia la comparación de la magistrada Linares entre las dos jurisdicciones es falsa. Si bien son sistemas distintos, la diferencia no radica en lo que ella plantea. Para Guarín, el pronunciamiento “le está dando legitimidad a la JEP desacreditando Justicia y Paz y eso no me parece adecuado”.