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Lunes, 15 Julio 2019

Las cuatro falsedades de Pastrana en su entrevista con El Espectador

Por Ana María Saavedra y Sania Salazar

Cuatro de las afirmaciones que le dio el expresidente Pastrana a El Espectador sobre coca, la violencia de su gobierno, la CPI y las Farc son falsas.

El pasado 6 de julio, el expresidente Andrés Pastrana (quien gobernó el país entre 1998 y 2002) le dio una entrevista al periódico bogotano El Espectador sobre el proceso de paz con la guerrilla desmovilizada de las Farc. De esa entrevista vino su polémica frase “el de Santos fue el peor proceso de paz”.

Para sustentar esa posición, Pastrana dio varias opiniones y afirmaciones. En Colombiacheck encontramos cuatro afirmaciones verificables. Revisamos las cuatro y encontramos que todas son falsas.

Colombiacheck contactó al expresidente a través de WhatsApp y le envió las preguntas para conocer las fuentes en las que basa sus afirmaciones, pero nos remitió a su secretaria, quien nos dijo que él nos podía atender solo cuando volviera al país, a finales de agosto.

 

Falsa

“Cuando dejamos 40.000 hectáreas de coca con el Plan Colombia; cuando habíamos derrotado a las Farc, porque lo que las lleva a sentarse en la mesa de negociación es el Plan Colombia, ¿que nos dejó Santos?: 300.000 hectáreas de coca (...).

Esta fue la respuesta a la pregunta: “las Farc fueron uno de los males más grandes de Colombia durante cincuenta años y hoy ya no lo son, ¿eso no es suficiente?“

Aunque Pastrana no nos contestó la pregunta de en qué periodo las cifras de cultivos de coca llegaron a 40.000, encontramos que en 2017 el expresidente en una entrevista con W Radio había hablado del mismo tema. 

“Cuando llegó en 1998 Ernesto Samper me había dejado a mí como Presidente y al país cerca de 180.000 hectáreas de coca. En dos años, entre el 2000 y el 2002, las reduje a 90.000 hectáreas de coca y el presidente Uribe, que continuó el Plan Colombia, lo deja en 40.000 hectáreas”. Además, añadió: “de 40.000 hectáreas de coca hoy estamos entre 200.000 y 230.000 hectáreas”, señaló en ese momento.

Esta frase la verificamos en el chequeo “¿Cálculos de Andrés Pastrana sobre cultivos de coca son correctos?” y encontramos que era falsa.

En Colombia, explica Daniel Rico en su columna “¿Y las cifras de la coca?”, existen tres monitoreos de cultivos ilícitos: “el primero que paga el Gobierno y calcula el Simci (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) de las Naciones Unidas, en este se censan las hectáreas de coca una vez al año desde 1999. El segundo es el más viejo y lo construye una agencia del sector defensa de los Estados Unidos (CNC) desde los años ochenta, usa más algoritmos que análisis de imágenes y por eso se publica más temprano. El nuevo sistema es el Siima (Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos), que opera la Policía Antinarcóticos desde hace un par de años. De este se sabe poco y no difunde estimaciones de manera oficial”.

Los dos primeros son públicos y han sido difundidos en los últimos años. Al revisar las cifras de los dos monitoreos encontramos que Pastrana no acierta en ninguno de los números de hectáreas de coca.

Adam Isaacson, director para la veeduría defensa de Wola (Washington Office on Latin America), una organización civil a favor de los derechos humanos en Washington, recopiló en el siguiente gráfico las cifras de los dos monitoreos de las hectáreas de coca en Colombia desde 1994.

isaacson

En las cifras se puede ver que en ningún año Colombia ha tenido 40.000 hectáreas. Cuando Pastrana asumió la presidencia, en 1998, según las cifras de Estados Unidos, teníamos 102.000 hectáreas y en su salida, en 2002, las hectáreas aumentaron a 144.000.

La medición de la ONU, como se ve en el recuadro, arranca a partir de 1999, con 160.100 y muestra 102.000 hectáreas en 2002. 

Pastrana asegura que el Plan Colombia durante su gobierno y el de Uribe logró reducir a 40.000 las hectáreas de coca, pero en 2010, el último año del Gobierno de Uribe, los dos informes hablan de cifras mayores: 100.000 hectáreas (EE.UU.) y 62.000 (ONU). 

La cifra más baja de cultivos ilícitos se reportó en 2012, durante el gobierno del presidente Santos: 78.000 hectáreas (EE.UU) y 48.000 (ONU).

Otra de las cifras dadas por Pastrana de los cultivos de coca es que Santos nos dejó “300.000 hectáreas de coca”. Sin embargo, este número también es falso. El informe de los cultivos de 2018 de la ONU aún no ha salido, pero el de 2017 dio la cifra de 180.000 hectáreas.

En cuanto al informe de Estados Unidos, revelado recientemente, fue de 208.000 hectáreas. Una cifra que difiere en 92.000 hectáreas a la dada por el expresidente. 

Falsa

“Eso de los 2.000 actos al año se desvirtuó, porque lo que el Ejército hacía era que, en las llamadas “pescas” de las Farc, por ejemplo, retenían diez buses y si en cada uno de ellos iban cien personas, se contaban entonces como mil secuestrados. Nunca escuché la cifra de 2.000”.

Con esa frase, el expresidente Pastrana respondió la pregunta: “en el pasado, las Farc cometían hasta 2.000 actos terroristas al año: atentados, secuestros, tomas de pueblos. Hoy esas cifras no llegan ni a cien por parte de las disidencias, ¿eso no es suficiente para apoyar el proceso de paz, así tenga falencias?”.

Para verificar esta afirmación, nos remitimos a las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Al descargar los datos, buscamos los siguientes actos cometidos por las Farc: acciones bélicas (sin contar los combates), asesinatos selectivos, masacres, ataques a poblaciones, atentados terroristas, atentados que ocasionaron daños en bienes civiles (explosivos y atentados contra la infraestructuras eléctrica o petrolera) y secuestros.

La información de estos documentos está por casos y no por número víctimas. Asimismo, Memoria Histórica define un atentado terrorista como “todo ataque indiscriminado perpetrado con explosivos contra objetivos civiles en lugares públicos, con el fin de ocasionar una alta letalidad y devastación sobre la población civil. Se trata de ataques que pretenden asegurar una visibilidad pública de la violencia que contribuya a generar pánico entre la ciudadanía y a propagar una percepción de desestabilización”. 

La base datos incluye hechos ocurridos desde 1965 hasta 2016. Revisamos los años en los que Pastrana fue presidente del país: asumió el poder en agosto de 1998 y lo entregó en agosto de 2002.

Es así como en 1998 encontramos que se presentaron 1900 actos de violencia cometidos por las Farc; en 1999, 2.163; en 2000, 2.321; en 2001, 2.232, y en 2002, 2.874.

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Con esta información, extraída de la base de datos del conflicto, calificamos la afirmación de Pastrana como falsa, pues, en sus años de Gobierno la cifra de acciones de las Farc sí superó los 2000 casos.

Asimismo, encontramos notas de prensa que mostraban las altas cifras de violencia durante esos años. Por ejemplo, una nota de Caracol Radio, titulada “Colombia rompió todos los records de violencia en 2000”. La nota relataba que, “pese a los esfuerzos de paz del presidente Andrés Pastrana, Colombia rompió todos sus récords de violencia en el 2000, con un registro de más de 38.000 muertes violentas, 205 masacres y más de 3.000 personas secuestradas, entre ellas 35 extranjeros”, indicaba la noticia.

Falsa

“En mi gobierno me tocó negociar la CPI y pedí una moratoria de siete años para no cerrarle la puerta a mi sucesor, a ver si las Farc querían hacer la paz”.

Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues Pastrana lo que hizo fue acogerse a un artículo del Estatuto de Roma que permitía un plazo de siete años para que la Corte Penal Internacional, CPI, pudiera juzgar específicamente crímenes de guerra cometidos en Colombia.

Colombiacheck contactó al expresidente y le preguntó a qué se refería con que le había tocado “negociar la CPI”, pero como ya explicamos, nos remitió a su sercretaria, quien dijo que el expresidente solo se pronunciaría después de volver a Colombia en agosto.

La CPI es un institución con la facultad de juzgar a personas que hayan cometido crímenes graves de trascendencia internacional cuando los Estados no hayan procesado y castigado a esas personas.

Colombia suscribió el Estatuto de Roma, instrumento que constituyó la Corte Penal Internacional, en 2002, año en que esta entró en vigencia, pero se acogió al artículo 124 del Estatuto, que establece que los Estados pueden abstenerse de aceptar la competencia de la CPI durante siete años contados a partir de la fecha en la que lo firman específicamente para los crímenes de guerra.

Es decir, Pastrana no tuvo que negociar ese plazo, el Estatuto ya lo contemplaba, lo que hizo fue firmarlo con esa condición en junio de 2002. El proceso de paz de ese gobierno con la guerrilla de las Farc se había roto en febrero del mismo año. 

René Fernando Urueña Hernández, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Los Andes, le explicó a Colombiacheck que acogerse al artículo 124 del Estatuto era una opción que tenían los países y que solo lo hicieron Colombia y Francia.

“Hacerlo implicaba un costo político, los países se unían al Estatuto y no usaban esa oportunidad. Hacerlo mostraba que Colombia no sentía que podía cumplir sus obligaciones con el Tratado de Roma inmediatamente, entonces eso es costoso internacionalmente y nacionalmente era costoso porque el Estatuto le servía al Gobierno para forzar a los guerrilleros a negociar, entonces cuando el Gobierno Pastrana decide no tener esa herramienta, al menos para crímenes de guerra durante siete años, es un costo político, porque eso mina su posición en la negociación”, indicó el profesor.

Urueña Hernández explicó que los países adoptan los tratados voluntariamente y que los tratados normalmente permiten reservas, es decir, adherirse, pero solicitar que no aplique alguna cláusula, pero el Estatuto de Roma no permite esas reservas, entonces los Estados que lo negociaron decidieron incluir el artículo 124 para los crímenes de guerra. El profesor aclaró que los países pueden acogerse a ese artículo solo al firmar el tratado y por una sola vez.

El Tratado entró en vigor en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002, para los crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero no para crímenes de guerra (homicidio intencional, tortura, toma de rehenes, dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares, entre otros).

Falsa

“Las Farc [son] el mayor cartel del narcotráfico del mundo”

Colombiacheck ya había chequeado esta frase, pues la habían mencionado en varias ocasiones el expresidente Álvaro Uribe y otros miembros del Centro Democrático, partido de Uribe.

La conclusión del chequeo, después de consultar varias fuentes y de revisar documentos al respecto es que, si bien hay pruebas de que ese grupo estuvo involucrado en dicha actividad ilegal, su papel no alcanzó las dimensiones para configurarse como el mayor cartel de narcotráfico del mundo.

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Verdadero

Sábado, 14 Octubre 2017

"Ya tuvimos un sometimiento a la justicia en los 90 y no salió bien"

Por Sania Salazar

Así lo aseguró la periodista Marta Ruiz, quien se refirió a la entrega de Pablo Escobar y a algunos de sus hombres en medio de una discusión sobre el posible sometimiento del Clan del Golfo.

A raíz del anuncio del Clan del Golfo de su intención de acogerse a la justicia, en el programa Semana en Vivo analizaron esta propuesta. Una de las invitadas al debate fue Marta Ruiz, periodista, consejera editorial de la Revista Semana y quien está en la lista de 199 postulados para integrar la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad pactada en el acuerdo entre el Gobierno y las Farc.

Ruiz aseguró que en los años 90 hubo un proceso de sometimiento a la justicia que no salió bien.

 

 

Consultamos libros y revisamos archivos de prensa para saber en qué términos se dio ese proceso y consultamos análisis y expertos sobre los posibles errores que no se deben repetir con el Clan del Golfo.

Calificamos la frase como verdadera, pues Ruiz la basa en que el capo y sus hombres siguieron delinquiendo dentro de la cárcel, lo que las autoridades colombianas comprobaron luego de la fuga.

“El sometimiento del Cartel de Medellín no salió bien porque La Catedral se convirtió en un centro del delito, ellos mataron dentro de la cárcel a sus propios socios”, recordó Ruiz, que añadió que eso fracasó porque un proceso de sometimiento a la justicia es para desarticular una estructura criminal, “pero esa siguió actuando”.

La Parábola de Pablo, biografía escrita por el periodista y político Alonso Salazar, recuerda que el jefe del Cartel de Medellín se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991 luego de que la Constituyente prohibió la extradición de nacionales. Ese día lo acompañaban dos de sus hombres, pero en los días siguientes se entregaron por lo menos nueve más.

La estrategia de sometimiento incluía, en general, beneficios como la no extradición y la rebaja y acumulación de penas, que pretendían promover la entrega de delincuentes a la justicia.

Luego de que Escobar se fugó de la cárcel, en julio de 1992, se comprobó lo que ya era un rumor. “Las autoridades examinaron palmo a palmo La Catedral y sus alrededores. Dijeron haber encontrado restos de los cadáveres de Kiko Moncada y el Negro Galeano, en la cancha de fútbol”, relata La Parábola de Pablo. Ambos hombres eran socios de Escobar.

El libro cuenta que desde el 23 de enero de 1992 funcionarios de la Procuraduría y agentes de la Fuerza Élite habían denunciado que desde la cárcel se reorganizó la red de narcotráfico, se ordenaban atentados y hasta que Escobar salía del lugar.

El libro Días de memoria, del periodista Jorge Cardona, cuenta que luego de que Escobar se fugó, se aprobó en el Congreso una ley para conservar la esencia de la política de sometimiento a la justicia para atraer nuevos narcotraficantes “con el ojo avizor del gobierno de Estados Unidos apoyando, pero advirtiendo que no estaba dispuesto a que se repitiera el lastre de la impunidad de la Catedral”.

Para el profesor del departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad Eafit de Medellín, Gustavo Duncan, la historia demuestra que el proceso de sometimiento de Escobar salió muy mal para el Estado. “Escobar no se sometió, impuso unas condiciones que, obviamente, estaban dirigidas a poder seguir delinquiendo. Él terminó mandando desde allá”.

Del sometimiento de Escobar al Clan del Golfo

Jorge Iván Cuervo, profesor de la Universidad Externado, analista político y experto en derechos humanos y justicia, recordó que el sometimiento de Escobar y algunos de sus hombres se dio en un contexto muy complejo de narcoterrorismo en el que el Estado no lograba derrotarlos y la única forma de apaciguar el terrorismo fue aceptar no extraditarlos a cambio de que se entregaran y pararan las acciones terroristas. “Ahora no es que el Clan del Golfo esté poniendo contra las cuerdas al Estado como sí lo era un poco en la época de los 90”, explicó.

El profesor resaltó que ese proceso de sometimiento fue poco claro, porque aunque hubo unos decretos y unas modificaciones a las normas penales, no hubo claridad sobre quiénes se entregaron, qué delitos se les imputaron, ni qué penas se impusieron, por ejemplo.

Recomendaciones en el caso del Clan

“Si para el caso de la negociación con las guerrillas se ha necesitado una fina y sofisticada planeación con la participación de importantes asesores internacionales y con una aplicación extraordinaria de un grupo de experimentados líderes y funcionarios del gobierno, para trazar una política de sometimiento a la justicia y una estrategia de desmonte del crimen organizado es necesario hacer una cosa parecida”, indica un documento de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, titulado Las bandas criminales y el posconflicto.

El texto llama la atención sobre que en en el proceso con el Clan del Golfo las reglas deben estar claras desde un principio y que no cabe la negociación, pues se considera indispensable un sometimiento a la justicia.

Cuervo explica que el Clan no tiene la fuerza para ser reconocido como un actor político y así llegar a una negociación como la que se hizo con las Farc y la que se adelanta con el ELN, por lo que el camino que queda es el sometimiento a las reglas del Estado.

“Es preciso que el gobierno nacional y la Fiscalía tengan un diagnóstico y un mapa de las bandas criminales antes de abordar el sometimiento a la justicia y un proyecto integral para desmontar o reducir drásticamente el crimen organizado. Deben saber cuántos son, dónde están, qué actividades realizan, en qué tipo de estructuras se han organizado, cuáles son las rutas y los territorios que controlan, qué alianzas tienen, qué incentivos esperan del Estado para su entrega y a qué compromisos están dispuestos, concluye el documento, recomendaciones en las que coincide Cuervo.