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Lunes, 29 Abril 2019

Nada en la JEP impide investigar a máximos responsables de delitos de lesa humanidad

Por Sania Salazar y José Felipe Sarmiento

Es falso que “no serían investigados” si se aprueba la ley estatutaria sin las objeciones presidenciales, afirmación que hizo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En la cuenta de Twitter de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) se aseguró que, como está proyectada la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),  “los máximos responsables de delitos de lesa humanidad no serían investigados” y que, por lo tanto, si son aceptadas las objeciones que le hizo el presidente, Iván Duque, habría mayor seguridad jurídica.

Colombiacheck le preguntó al equipo de prensa del alto comisionado, Miguel Ceballos, en qué fuente basaban la afirmación y hasta la publicación de esta nota no han respondido.

En todo caso, la advertencia es falsa. En el Acuerdo Final quedó claro que no se permite otorgar amnistía a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma. Este tratado internacional incluye en esa categoría el asesinato, la desaparición forzada, el desplazamiento forzoso, los delitos sexuales y la privación grave de la libertad, entre otros. Esto implica que, si se renunciara a perseguir a los máximos responsables, se le abriría la puerta a la Corte Penal Internacional para que intervenga en esos casos.

El Acuerdo del Teatro Colón establece textualmente que “en ningún caso serán objeto de amnistía o indulto únicamente los delitos que correspondan a las conductas siguientes: a. Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. En el evento de que alguna sentencia penal hubiere utilizado los términos ‘ferocidad’, ‘barbarie’ u otro equivalente, no se podrá conceder amnistía e indulto exclusivamente por las conductas delictivas que correspondan a las aquí enunciadas como no amnistiables”.

Además, la JEP aclara en su página web que su funcionamiento “se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que sean definidos por la ley y los magistrados. En particular, podrá conocer de los delitos que hubieren cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Sobre estos dos últimos, la Corte Constitucional aclaró que su participación en la JEP sería voluntaria”. 

El mensaje en redes del Alto Comisionado está tan equivocado que incluso contradice la justificación que dio Duque para objetar el artículo 19 del proyecto de ley estatutaria. El mandatario señaló que este implica la “renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables” (énfasis añadido). Quiere decir que el presidente era consciente de que sí se establece que debe haber investigación y juicio contra quienes sí lo sean.

Desde que fue aprobada por el Congreso, la iniciativa establece que “la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”. Al interpretarla, la Corte Constitucional señaló que “en todo caso, [la JEP] debe ejercer la acción penal respecto de los máximos responsables de crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, crímenes de lesa humanidad y genocidio”.

Como lo contamos en otro chequeo, lo que el tribunal condicionó fue, precisamente, un parágrafo que hacía “inocua la facultad de selección” porque obligaba a procesar a todos los responsables (máximos o no) de delitos de lesa humanidad. Esto “podría conducir a un desconocimiento de los derechos de las víctimas, en tanto el volumen de los posibles responsables y hechos podría exceder la capacidad de la jurisdicción especial, y, por tanto, resultaría imposible garantizar a las víctimas el acceso a la justicia”, argumentó.

Así, concluyó que “en ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trate de máximos responsables de delitos que tengan la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”. Mientras que sí podría hacerse con quienes hayan tenido menor participación, siempre que cumplan las condiciones que exige el sistema, por ejemplo, en cuanto a verdad y reparación. También aclaró que esto es diferente a la amnistía porque el Estado no renuncia a perseguir los delitos y, por tanto, no viola el Estatuto de Roma.

Esto se hizo así porque el acto legislativo que creó la JEP ya había establecido en 2017 que la ley estatutaria que hoy está en trámite debía “determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”.

Es decir que, contrario a lo que advirtió la OACP, quienes tuvieron mayor participación en esas conductas serán los más investigados. En palabras de la Corte Constitucional: “la lógica que subyace, entonces, es que el Estado se concentra en investigar, juzgar y sancionar a quienes tienen la mayor responsabilidad en los peores crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado”.

De hecho, la frase ya existía casi idéntica en la Constitución desde 2012, a través del Marco Jurídico para la Paz. En ese entonces, la Corte consideró que la concentración de la justicia en esas personas “no implica que se dejen de investigar todos los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, sino que permite que sean imputados solo a quienes cumplieron un rol esencial en su comisión”. Además, señaló que esto sirve “para fortalecer el procesamiento de los máximos responsables de los crímenes más graves”, un análisis opuesto al planteado en los tuits.

La única diferencia entre la norma anterior y la nueva es que la competencia pasó de la Fiscalía a la JEP, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo. Esto quiere decir que es con los límites de tiempo que se establecen allí, donde la fecha de corte final es el 1 de diciembre de 2016, y solo para las personas sometidas a este sistema de justicia transicional.

La extradición

En el video de una de las publicaciones, Ceballos también insiste en el argumento de que la aprobación del texto actual “acabaría la figura de la extradición”. Esta aseveración coincide con las que hicieron en el mismo sentido el presidente del Senado, Ernesto Macías; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y la senadora Paloma Valencia, que Colombiacheck ya revisó y encontró que también eran falsas.

Sábado, 18 Noviembre 2017

¿Extranjeros del Comité de Escogencia cercanos a grupos terroristas?

Por David Tarazona

El pasado 8 de noviembre el general en retiro Jaime Ruiz Barrera, presidente de Acore, hizo unas declaraciones en la W Radio que cuestionaron la idoneidad de tres de los cinco miembros del Comité de Escogencia, encargados de seleccionar a los integrantes de la Comisión de la Verdad. Colombiacheck las verificó.

“El comité seleccionador estaba conformado por tres extranjeros. Un español muy cercano a la ETA. Un peruano muy cercano a Sendero Luminoso. Un argentino muy cercano a los Montoneros”. Esta fue la frase dicha por el general (r) Jaime Ruiz Barrera, en la W Radio cuando lo entrevistaron sobre las molestias de los miembros de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), por la falta de representación de las Fuerzas Armadas en la Comisión de la Verdad, a pesar de la presencia de Carlos Ospina Galvis, un ex oficial del Ejército, por 21 años. En dichas declaraciones, Ruiz Barrera se refería al español Álvaro Gil-Robles, al peruano Diego García-Sayán y al argentino Juan E. Méndez.

Tras un trabajo de contrastación, que incluyó una entrevista al general (r) Ruiz Barrera, la revisión de documentos y las hojas de vida de los extranjeros del Comité de Escogencia, Colombiacheck calificó esas afirmaciones como Engañosas.

¿Por qué? Vamos a demostrarlo caso por caso.

Juan E. Méndez
Juan E. Méndez. Crédito: Comité de Escogencia

Juan E. Méndez

Según dijo el general (r) Ruiz Barrera a Colombiacheck, el jurista argentino Méndez “fue encarcelado por su relación con los Montoneros en un gobierno militar. Durante el tiempo que fue encarcelado fue objeto de muchos vejámenes, torturas”. Para Ruiz Barrera, desde entonces Méndez odia a los militares. Los Montoneros fue un grupo guerrillero argentino que existió en la década de los setenta con una orientación de izquierda peronista.

De acuerdo con nuestra consulta, Méndez es un jurista argentino especialista en derechos humanos. Es el designado para el Comité de Escogencia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), del cual fue presidente entre 2004 y 2009. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También ocupó cargos como el de relator especial para las Naciones Unidas, sobre la tortura y el de asesor especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas, sobre la prevención del genocidio.

Juan Méndez respondió sobre su supuesta animadversión hacia los militares diciendo que es “totalmente falso”, en entrevista con el periódico El Tiempo, el pasado viernes 10 de noviembre.

Cuando Colombiacheck le insistió al general (r) Ruiz Barrera que diera las pruebas de los supuestos vínculos de Méndez con la extinta guerrilla argentina, éste dijo: “pregúntele por qué estuvo preso, no fue por otra cosa distinta que su relación con los Montoneros”. De acuerdo con los datos recabados de su biografía como profesor en la Universidad Americana, Méndez fue a la cárcel en la dictadura argentina por defender presos políticos, no por ser miembro de los Montoneros. Por esto, Colombiacheck calificó la afirmación “Méndez es cercano a los Montoneros”, del general (r) Ruiz Barrera, como Engañosa, ya que no existen pruebas que lo vinculen a este grupo.

Diego García-Sayán
Diego García-Sayán. Crédito: Comité de Escogencia

Diego García-Sayán

Sobre el abogado peruano, el general (r) Ruiz Barrera dijo en la W Radio que “no debieron postular a un señor de Sendero Luminoso”, en referencia a sus supuestos vínculos con la guerrilla peruana. También dijo que García-Sayán: “fue ministro de Justicia y en su condición promovió una serie de resoluciones absolutorias a miembros de Sendero Luminoso”.

Colombiacheck consultó la hoja de vida y supo que García-Sayán fue designado por el secretario general de Naciones Unidas para el Comité de Escogencia.

García-Sayán fue relator especial de las Naciones Unidas, sobre la independencia de magistrados y abogados. También, juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tiene experiencia en procesos de paz como el de El Salvador, en el que fue director de la División de Derechos Humanos en la Misión de Observación de Naciones Unidas. Durante ocho meses, entre 2000 y 2001, fue Ministro de Justicia de Perú, cargo que dejó para ser Ministro de Relaciones Exteriores, desde julio de 2001 y hasta julio de 2002.

Cuando le preguntamos al general (r) Ruiz Barrera de dónde sacó la información contra el abogado peruano, dijo que las pruebas están en un artículo llamado “Las perlitas de Diego García-Sayán” publicado en el periódico de Acore, el 3 de febrero de 2017. La principal acusación de esta pieza periodística dice que García-Sayán indultó de 31 a 36 “sentenciados por terrorismo”, durante su periodo como Ministro de Justicia.

Colombiacheck encontró que el párrafo incluido en el periódico es idéntico a uno de un blog con el nombre de voltairenet.org, llamado “El Poder Judicial y las ONG neomarxistas en el Perú”, publicado por Jorge Serrano Torres, el 1 de noviembre de 2006.

Cuando le insistimos al general (r) Ruiz Barrera por las pruebas, éste dijo que si las acusaciones no fueran ciertas ya lo hubieran demandado. “Si lo que aparece ahí (en el periódico de Acore) no es cierto, me rectifico”, agregó.

Aunque el presidente de Perú Pedro Pablo Kuscinsky acusó al jurista peruano, en 2012, de estar “muy a favor de liberar gente que había sido condenada por terrorismo”, no existen sentencias ni documentos oficiales que cuestionen las actuaciones de García-Sayán. En entrevista con el diario La República de Perú, en noviembre de 2007, García-Sayán respondió a esas denuncias: “la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales[...] acreditó que actué en sujeción a las disposiciones legales y administrativas vigentes”. Aunque sí hubo indultos a inocentes y conmutación de penas, García-Sayán dijo que se dieron “a cambio de información”.

Contrario a lo que dice el general (r) Ruiz Barrera, el peruano García-Sayán ha sido crítico frente a las violaciones de derechos humanos por parte de Sendero Luminoso, incluso se ha referido al grupo con el término de “terrorista”. También su compañero en el Comité, el jurista argentino Juan E. Méndez, desmintió las acusaciones en entrevista con El Tiempo: “Del doctor García-Sayán, Acore dijo que había liberado senderistas (integrantes de Sendero Luminoso), y eso es falso”.

Tras contrastar lo dicho por el general (r) Ruiz Barrera sobre el peruano García-Sayán, Colombiacheck también calificó de Engañoso sostener que García-Sayán es cercano a Sendero Luminoso.

Álvaro Gil-Robles
Álvaro Gil-Robles. Crédito: Comité de Escogencia

Álvaro Gil-Robles

Sobre la participación del español Gil-Robles en el Comité de Escogencia, el general (r) Ruiz Barrera puntualizó en la W Radio: “No debieron escoger a alguien con relación con la ETA”. En referencia a lo anterior, Ruiz Barrera le dijo a Colombiacheck que Gil-Robles “trató de crear unos tribunales especiales para juzgar a la Guardia Nacional en acciones que se dieron contra miembros de la ETA. Quería sacarlos de la jurisdicción ordinaria y procesarlos en una especial [pero] el Estado español no lo permitió”.

Como la acusación sobre Gil-Robles ha circulado desde febrero de 2017 en páginas web, éste respondió el 5 de julio del 2017, en una entrevista para El Espectador: “A mí me hubiera gustado que ETA supiera eso antes [que supuestamente era miembro], porque me han hecho vivir con escolta muchísimos años para que no me mataran”.

De hecho, en su trabajo en la Comisión para el Reconocimiento de las Víctimas de Violencia Policial en el País Vasco, Gil-Robles encontró que ETA era uno de los principales responsables de violaciones a los derechos humanos. En 2005, como comisario de los Derechos Humanos, reiteró su posición: la “acción de ETA constituye una interferencia directa en el disfrute de los más fundamentales Derechos Humanos”.

Entre 1988 y 1993 Gil-Robles se desempeñó como defensor del pueblo en España. Es un especialista en derechos humanos y cuenta con un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, donde además ha sido profesor. Fue elegido en 1999 como comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. La designación del abogado español para que hiciera parte del Comité de Escogencia en Colombia fue hecha por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos.

El jurista argentino Juan E. Méndez también defiende al abogado español. “Del doctor Gil-Robles (Acore) dijo que había liberado gente de la ETA, también (es) falso”, dijo a El Tiempo.

Cuando Colombiacheck le insistió al general (r) Ruiz Barrera sobre los fundamentos de sus frases, dijo: “dejemos así entonces”.

En definitiva, Colombiacheck tampoco encontró pruebas que demuestren una relación de Gil-Robles con ETA, por lo que calificó dicha declaración del general (r) Ruiz Barrera como Engañosa.

Vale recordar que tanto ETA, como Sendero Luminoso –más allá de ciertos sectores disidentes– y los Montoneros son grupos extintos sin acciones de guerra en la actualidad.

¿De dónde sale el Comité de Escogencia?

El acuerdo de paz del Teatro Colón creó el Comité de Escogencia, encargado de seleccionar a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los miembros de la Comisión de la Verdad. Según el acuerdo de paz y el decreto 587 de abril 5 del 2017, los miembros del Comité de Escogencia son independientes, escogidos por Naciones Unidas, la Corte Suprema, entre otros. Precisamente, uno de los criterios fue que los elegidos debían generar confianza.

La Comisión de la Verdad –un ente sin poder judicial que busca rescatar la memoria del conflicto– junto con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas son los tres ejes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), creados en el Acuerdo de paz.

Las críticas a la elección de los once miembros de la Comisión de la Verdad no se hicieron esperar, tanto así que Acore anunció a Colombiacheck la creación de su propia comisión de la verdad para escribir la memoria de la guerra sin “rendir cuentas ante el enemigo”, que sería conformada por los nueve miembros postulados por esta asociación ante el Comité de Escogencia, que no fueron seleccionados. Su meta será controvertir los informes de la Comisión de la Verdad y, según el general (r) Ruiz Barrera, será financiada con recursos propios.

En un clima de acusaciones, tanto a los miembros de la Comisión como al Comité de Escogencia, Colombiacheck le preguntó al general (r) Ruiz Barrera si había contemplado la idea de que sus declaraciones llegaran a poner en riesgo la integridad de los miembros del Comité de Escogencia. “No, están más que protegidos. Los protege la misma extrema izquierda de este país”, respondió.

Para Colombiacheck este ejercicio de verificación también indicó que la experticia en derechos humanos, por parte de los extranjeros del Comité de Escogencia, no se convierte per se en una prueba de cercanía a grupos armados o terroristas como lo fueron Sendero Luminoso, los Montoneros y ETA. No hay que perder de vista que, de acuerdo con la presunción de inocencia en la legislación colombiana, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.