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Lunes, 29 Abril 2019

Nada en la JEP impide investigar a máximos responsables de delitos de lesa humanidad

Por Sania Salazar y José Felipe Sarmiento

Es falso que “no serían investigados” si se aprueba la ley estatutaria sin las objeciones presidenciales, afirmación que hizo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En la cuenta de Twitter de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) se aseguró que, como está proyectada la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),  “los máximos responsables de delitos de lesa humanidad no serían investigados” y que, por lo tanto, si son aceptadas las objeciones que le hizo el presidente, Iván Duque, habría mayor seguridad jurídica.

Colombiacheck le preguntó al equipo de prensa del alto comisionado, Miguel Ceballos, en qué fuente basaban la afirmación y hasta la publicación de esta nota no han respondido.

En todo caso, la advertencia es falsa. En el Acuerdo Final quedó claro que no se permite otorgar amnistía a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma. Este tratado internacional incluye en esa categoría el asesinato, la desaparición forzada, el desplazamiento forzoso, los delitos sexuales y la privación grave de la libertad, entre otros. Esto implica que, si se renunciara a perseguir a los máximos responsables, se le abriría la puerta a la Corte Penal Internacional para que intervenga en esos casos.

El Acuerdo del Teatro Colón establece textualmente que “en ningún caso serán objeto de amnistía o indulto únicamente los delitos que correspondan a las conductas siguientes: a. Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. En el evento de que alguna sentencia penal hubiere utilizado los términos ‘ferocidad’, ‘barbarie’ u otro equivalente, no se podrá conceder amnistía e indulto exclusivamente por las conductas delictivas que correspondan a las aquí enunciadas como no amnistiables”.

Además, la JEP aclara en su página web que su funcionamiento “se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que sean definidos por la ley y los magistrados. En particular, podrá conocer de los delitos que hubieren cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Sobre estos dos últimos, la Corte Constitucional aclaró que su participación en la JEP sería voluntaria”. 

El mensaje en redes del Alto Comisionado está tan equivocado que incluso contradice la justificación que dio Duque para objetar el artículo 19 del proyecto de ley estatutaria. El mandatario señaló que este implica la “renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables” (énfasis añadido). Quiere decir que el presidente era consciente de que sí se establece que debe haber investigación y juicio contra quienes sí lo sean.

Desde que fue aprobada por el Congreso, la iniciativa establece que “la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”. Al interpretarla, la Corte Constitucional señaló que “en todo caso, [la JEP] debe ejercer la acción penal respecto de los máximos responsables de crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, crímenes de lesa humanidad y genocidio”.

Como lo contamos en otro chequeo, lo que el tribunal condicionó fue, precisamente, un parágrafo que hacía “inocua la facultad de selección” porque obligaba a procesar a todos los responsables (máximos o no) de delitos de lesa humanidad. Esto “podría conducir a un desconocimiento de los derechos de las víctimas, en tanto el volumen de los posibles responsables y hechos podría exceder la capacidad de la jurisdicción especial, y, por tanto, resultaría imposible garantizar a las víctimas el acceso a la justicia”, argumentó.

Así, concluyó que “en ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trate de máximos responsables de delitos que tengan la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”. Mientras que sí podría hacerse con quienes hayan tenido menor participación, siempre que cumplan las condiciones que exige el sistema, por ejemplo, en cuanto a verdad y reparación. También aclaró que esto es diferente a la amnistía porque el Estado no renuncia a perseguir los delitos y, por tanto, no viola el Estatuto de Roma.

Esto se hizo así porque el acto legislativo que creó la JEP ya había establecido en 2017 que la ley estatutaria que hoy está en trámite debía “determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”.

Es decir que, contrario a lo que advirtió la OACP, quienes tuvieron mayor participación en esas conductas serán los más investigados. En palabras de la Corte Constitucional: “la lógica que subyace, entonces, es que el Estado se concentra en investigar, juzgar y sancionar a quienes tienen la mayor responsabilidad en los peores crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado”.

De hecho, la frase ya existía casi idéntica en la Constitución desde 2012, a través del Marco Jurídico para la Paz. En ese entonces, la Corte consideró que la concentración de la justicia en esas personas “no implica que se dejen de investigar todos los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, sino que permite que sean imputados solo a quienes cumplieron un rol esencial en su comisión”. Además, señaló que esto sirve “para fortalecer el procesamiento de los máximos responsables de los crímenes más graves”, un análisis opuesto al planteado en los tuits.

La única diferencia entre la norma anterior y la nueva es que la competencia pasó de la Fiscalía a la JEP, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo. Esto quiere decir que es con los límites de tiempo que se establecen allí, donde la fecha de corte final es el 1 de diciembre de 2016, y solo para las personas sometidas a este sistema de justicia transicional.

La extradición

En el video de una de las publicaciones, Ceballos también insiste en el argumento de que la aprobación del texto actual “acabaría la figura de la extradición”. Esta aseveración coincide con las que hicieron en el mismo sentido el presidente del Senado, Ernesto Macías; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y la senadora Paloma Valencia, que Colombiacheck ya revisó y encontró que también eran falsas.

Martes, 16 Julio 2019

La JEP se concentrará en máximos responsables, pero eso no ha sido un secreto

Por Sania Salazar

La JEP aplicará un criterio de selección de los máximos responsables, pero también procesará a otros exguerrilleros que tengan información sobre el modus operandi de la organización y a quienes hayan cometido crímenes sistemáticos.

En el programa Semana en Vivo, el abogado y analista político Rafael González aseguró que “la JEP, que ese es otro engaño que han montado aquí, solamente está hecha para los grandes responsables, no para los guerrilleros rasos”.  

Colombiacheck califica la frase como “verdadera, pero”, pues aunque es cierto que la JEP aplicará un criterio de selección por el cual se concentrará en los máximos responsables, también procesará a quienes puedan dar cuenta del modus operandi y de las prácticas o patrones criminales, a quienes hayan participado en hechos sistemáticos y quienes hayan sido protagonistas de los delitos que son competencia de la JEP, entre otros. Además, el criterio de selección de los máximos responsables se conoce desde la mesa de negociación.

El abogado le dijo a Colombiacheck que la JEP está diseñada para sancionar solamente a los máximos responsables en los crímenes que sean de extrema gravedad, pero que los voceros o defensores de esa justicia han manejado un doble discurso al respecto, pues también han dicho que la JEP va a juzgar a todos los integrantes de las Farc, por lo que han creado confusión sobre el asunto.

“Esas imprecisiones hacen parte de una política de manipulación de la información para generar confusión con respecto al alcance de la JEP, al ámbito de sus competencias y a la verdadera cobertura de la misma”, explicó González, quien indicó que los exguerrilleros rasos no tienen problema, porque no van a recibir sanción, mientras no se demuestre que hayan cometido delitos atroces se les va a mantener la amnistía.

González dice que no pide que los condenen a todos, porque lo considera una utopía, pero cree que además de máximos responsables se debería sancionar a aquellos que sin ser grandes responsables cometieron grandes infracciones y delitos atroces. 

Primero es importante recordar que en el Acuerdo Final quedó claro que luego de la finalización de los hostilidades y de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano podía otorgar la amnistía “más amplia posible” a los exguerrilleros de las Farc. Pero el documento también advierte que conceder esas amnistías o indultos no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad ni extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.

“Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado’”, indica el Acuerdo.

Según el artículo 19 de la Ley estatutaria de la JEP, “se aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”.

En dicho artículo están los criterios de selección: 

Gravedad de los hechos: Grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos; modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad. 

Representatividad: Efectos de la investigación y judicialización de los hechos: capacidad de ilustración del modus operandi y/o prácticas o patrones o criminales de los hechos. 

Características diferenciales de las víctimas: Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación que se han identificado a partir de aspectos como: el origen étnico, el género, la edad, la condición de discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género y/o rol social de la víctima. 

Características de los responsables: Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos.

Disponibilidad probatoria: Calidad y cantidad de las pruebas disponibles, las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas. 

El artículo aclara que la justicia podrá renunciar a perseguir a las personas que no hayan sido seleccionadas por los criterios anteriores solo sí contribuyen a la verdad, si cumplen con los compromisos adquiridos ante la JEP y si firmaron el compromiso de no repetición y de no incurrir en nuevos delitos.

Una explicación clara sobre por qué la justicia transicional se concentrará en los máximos responsables está en la intervención de Dejusticia en el proceso de control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP:

“Es claro que ante masivas violaciones de derechos es fácticamente imposible perseguir penalmente a todos y cada uno de los responsables y por todas y cada una de las atrocidades cometidas por la guerra. De ahí que el derecho internacional admita un margen de maniobra de los Estados para escoger estrategias de persecución penal ajustadas al contexto de la transición”, indica el documento, que señala que una de esas estrategias de persecución es la selección.

En la intervención ante la Corte Constitucional Dejusticia explica que por lo anterior es que “se ha venido reconociendo y validando la posibilidad de establecer un orden de prioridad para que el Estado centre su atención primero en aquellas conductas que requieran una investigación, juzgamiento y sanción más oportuna o inmediata. Pero también se ha permitido que el Estado pueda seleccionar algunos casos para que concentre el ejercicio de su acción punitiva sobre los máximos responsables de las violaciones más graves y representativas de aquellas cometidas durante el conflicto armado que se quiere superar y, a su vez, pueda renunciar a ejercer la acción penal respecto de los otros casos no seleccionados”.

El libro Los debates de la Habana: una mirada desde adentro, recuerda que esa fue la posición del gobierno colombiano durante la negociación: “es que no es posible investigar, juzgar y sancionar individualmente todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Pero que, concentrándose en los máximos responsables y en los crímenes internacionales más graves y representativos —en el marco de un sistema integral de justicia transicional—, es posible terminar el conflicto, cumplir con la obligación jurídica del Estado, satisfacer los derechos de las víctimas y evitar que el sistema judicial colapse”.