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Falso

Viernes, 25 Junio 2021

No hay evidencias de que a los ciudadanos en Cauca los obligaron a salir a las manifestaciones

Por Mónica Ospino Orozco

Este artículo forma parte del chequeo múltiple a un video en el que la senadora del Centro Democrático hizo varias críticas al Paro Nacional 2021.

En el minuto 2:46 del video que publicó la senadora Paloma Valencia, objeto de este chequeo, aseguró que en departamentos como el Cauca “obligan a los ciudadanos a salir a la manifestación. Así no quieran por el puro temor que les da que los vayan a asesinar”

La senadora del Centro Democrático, sin embargo, no ofrece evidencia alguna ni sustenta su afirmación más allá de esta frase que se enmarca en la narrativa del video que busca culpar a la izquierda, a las Farc y al ELN del paro nacional.

En Colombiacheck nos dimos a la tarea de verificar si en efecto en el Cauca se presentaron estas intimidaciones en el marco de las jornadas del paro nacional y revisamos, entre otros, la información disponible en la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa en relación con estas denuncias. Además, consultamos analistas y expertos en seguridad.

Sobre el particular, en los pronunciamientos públicos del fiscal general, Francisco Barbosa, acerca de la posible infiltración de actores armados ilegales en las manifestaciones, el funcionario no menciona este tipo de presiones en Popayán ni en el Cauca, aunque sí vincula a disidencias de las Farc que operan en ese departamento con los hechos vandálicos acaecidos en Cali. 

Así lo dijo el 4 de mayo, cuando hizo presencia en la capital vallecaucana, en donde aseguró que “se ha logrado determinar que los desórdenes y hechos vandálicos ocurridos en Cali en los últimos días, tendrían una relación con estructuras del narcotráfico, el ELN y disidencias de las FARC que operan en el Cauca”.

 

 

El pronunciamiento de Barbosa fue precedido de declaraciones similares hechas por el ministro de Defensa, Diego Molano, quien el 3 de mayo, también desde Cali, aseguró que los actos violentos en el marco del paro nacional estaban vinculados con organizaciones terroristas, pero tampoco menciona al Cauca:

“Colombia enfrenta una amenaza terrorista, organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica. Se trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC y el ELN. Gracias al trabajo del Grupo Especial contra el Vandalismo y delitos conexos hemos identificado algunas de estas organizaciones criminales: movimiento JM19, grupo Luis Otero Cifuentes, Movimiento Bolivariano de disidencias de las FARC de Gentil Duarte, los escudos azules, los escudos negros, células urbanas del ELN, 8 y 9 de junio: camilistas del ELN.” 

Posteriormente, el 20 de mayo, Molano aseguró que “fueron capturados 25 promotores de actos violentos en el país en los últimos días. Estos sujetos abastecían de armas y explosivos a delincuentes y grupos armados como el ELN y disidencias de las Farc para atentar contra ciudadanos, Fuerza Pública e infraestructura. Las 25 capturas se hicieron en 29 diligencias de allanamiento en Bogotá, Medellín, Cali y Buga”, de nuevo, no se menciona a Popayán ni al Cauca.

 

Por su parte, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, reforzó el 6 de mayo las afirmaciones de Barbosa y Molano en esta entrevista concedida a El Espectador, en la que precisó que “puedo certificar que hay elementos que relacionan a grupos armados organizados, el Eln, las disidencias de las Farc con delincuentes como Iván Mordisco y el Paisa. De igual manera hay evidencias que está siendo aportada sobre la participación de grupos de delincuencia común organizada. No puedo dar los alias porque dañaría la investigación, pero sí los estamos aportando con absoluta claridad en Cali, en Medellín, en el suroccidente”.

Pero, nuevamente, no resalta ninguna situación de amenazas o intimidaciones en el Cauca ni en su capital, Popayán. Además, las declaraciones dadas por los funcionarios hablan de infiltración de los grupos ilegales, pero no de que estos hayan obligado a personas a participar en el paro o en las manifestaciones.

El paro en el Cauca ha sido urbano

De acuerdo con el presidente de Indepaz, el payanés, Camilo González Posso, las afirmaciones de la senadora Valencia no tienen sustento, porque “lo que ha pasado en el país y en Popayán no tiene que ver con actores ilegales armados. La mayor parte de las protestas en este paro en el Cauca han sido en Popayán en donde, claramente, han sido explosivas, espontáneas, pero mayormente manifestaciones de población civil irritada por la situación de hambre y por la misma brutalidad policial”.

González Posso, asegura que también en el Cauca otros de los grandes actores del paro en esa región del país han sido los indígenas: “Ellos han sido protagonistas fundamentales de los bloqueos y las manifestaciones en la carretera Panamericana y ellos tienen una autonomía tremenda y mayor fuerza que los propios grupos armados. De modo que no hay ninguna base ni en el Cauca ni en el resto del país para esas afirmaciones”.

Con la postura del presidente de Indepaz, coincide el analista y subdirector de la fundación Paz y reconciliación, Ariel Ávila, quien precisa que “la información que nosotros tenemos es que eso no ha pasado ni en el Cauca ni en otras partes del país. Si pasó, fue muy marginal. Este estallido social tiene como característica que es muy urbano. Lo que pasa con ese tipo de rumores es que en las zonas cocaleras, cuando hay paro cocalero, los grupos armados sí presionan a la gente, pero esta vez esto fue un tema urbano y no tiene nada que ver con temas rurales”.

Respecto a la participación de los indígenas, que señala Ávila, ha sido una población muy golpeada por los grupos armados, es que están organizados “y cuando hay movilizaciones, cada gobernador de resguardo dice cuántas personas salen por familia a las manifestaciones, mientras otros se quedan en sus tierras esperando por un llamado”. “Pero la senadora Paloma Valencia no ofrece ninguna prueba de sus afirmaciones”, señala el analista

Para el docente del programa de Ciencia Política y director del Grupo de Investigación Problemas Regionales y Derechos Humanos de la Universidad del Cauca, Jairo Hernán Ortiz, “no podemos quedarnos con esas afirmaciones de que las marchas están infiltradas por un actor u otro porque eso es ignorar los profundos problemas de desigualdad social, política y económica que históricamente han afectado al Cauca. Esa es una forma de discurso de odio que sataniza la protesta e ignora las causas estructurales de la misma”.

Ortiz, filósofo de la Universidad del Valle, doctorando en ciencia política de la Universidad Católica de Argentina, precisa además que “los pobres indicadores económicos del Cauca hablan de toda esta problemática que ha llevado a la gente a salir a protestar. Esta región solo aporta el 2 % al PIB nacional. El 46,4 % de la población tiene necesidades básicas insatisfechas; de los 42 municipios del Cauca, 24 tienen índices altos de pobreza; 41,5 % de la población no alcanza a cubrir sus necesidades con sus ingresos; la tasa de analfabetismo alcanza el 12,1 %. Es decir, si analizamos estas cifras y las realidades detrás de ellas nadie tendría que salir obligado a protestar, ahí están las razones del descontento”.

Sin embargo, el académico no desestima que “en el Cauca hay presencia de algunos actores armados que podrían estar involucrados en la protesta. Eso es histórico en esta región, pero este estallido social ha traspasado ese fenómeno y no podemos reducirlo a eso. La situación es igual en el resto del país, por eso no encuentro que las afirmaciones de la senadora Valencia tengan un sustento cierto, en esta coyuntura”.

Por otro lado, hicimos una búsqueda en medios de comunicación que registraron posibles infiltraciones en la protesta como la que menciona la senadora del Centro Democrático y solo encontramos este artículo, de una página informativa denominada GranColombia24.com, y la única fuente que cita la nota en mención es Paloma Valencia, de quien adjuntan un clip de video de su cuenta de Twitter.

Para el periodista independiente, residente en Popayán, Camilo Fajardo, quien ha cubierto las incidencias del paro nacional en ese departamento, “la gente en el Cauca no necesita que la obliguen a salir a protestar. Acá, en Popayán, por ejemplo, los jóvenes han salido a reclamarle al Estado por oportunidades de educación, de empleo, ante la grave situación de pobreza que afrontan. Y en otras zonas del departamento, de vocación agrícola la motivación es contra la fumigación con glifosato que no solo afecta a los cultivos ilícitos sino también a los lícitos”.

El panorama de la situación del Cauca también fue registrado el 26 de mayo pasado en un editorial del diario económico La República, en una nota titulada “Popayán: entre olvido bloqueos y el recuerdo”, en el que entre otras cosas se afirmaba que “la única manera de rehacer el Cauca es entendiendo sus dinámicas sociales, culturales y económicas, además de su verdadera división política. Pocas regiones colombianas son tan diversas, heterogéneas, pobres y sin esperanza con ella, pero a su vez, tan llenas de oportunidades por su estratégica posición geográfica, que hoy por hoy solo es aprovechada por los grupos delincuenciales, no por los gobiernos ni mucho menos por el sector productivo, como debería suceder”. 

Así que tras estas evidencias y análisis calificamos como falsa la afirmación de la senadora Paloma Valencia de que en “el Cauca obligan a los ciudadanos a salir a la manifestación. Así no quieran por el puro temor que les da que los vayan a asesinar”, pues el estallido social en la región se explica por diversas razones, más allá de la posible influencia de actores armados, que históricamente han hecho presencia en la región.

 

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Jueves, 02 Marzo 2017

Centro Democrático se alarma por programa de escoltas para las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Hay alarma en las huestes del expresidente Álvaro Uribe, sus seguidores señalan al Gobierno de Juan Manuel Santos de estar rearmando a la guerrilla y de pagar $1.8 millones a los desmovilizados. Colombiacheck verificó y sus temores son infundados.

Uno de los primeros en revelar que el Gobierno pagaría $1.8 millones a 1.200 guerrilleros de las Farc fue Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático. Así lo trinó el congresista, quien también pidió en su tuit una explicación al Gobierno sobre “por qué va a rearmar a las Farc”.

 

 

En esencia lo que el trino del representante Hoyos dice es verdad: El Gobierno contratará por $1.8 millones mensuales a un total de 1.200 desmovilizados de las Farc.

Lo que no es cierto, por eso calificamos su afirmación como engañosa, es que eso equivalga a rearmar a las Farc, ni que todos los desmovilizados de las Farc vayan a recibir ese salario cada mes.

La iniciativa estatal busca incorporar de forma gradual, 1.200 desmovilizados de las Farc, que representan el 17% del total del grupo subversivo, para que sirvan de escoltas a sus propios compañeros. Por esta labor, recibirán un pago de $1.825.843 mensuales.

 

“El cuentazo de Uribe”

Hagamos un poco de memoria: Uno de los argumentos que hizo eco en la opinión pública para la victoria del No en el plebiscito, fue el concerniente a que los guerrilleros desmovilizados iban a recibir un salario de $1.8 millones durante cinco años.

El autor de esa falacia fue nada menos que el expresidente Álvaro Uribe, como lo reveló Colombiacheck en junio del año pasado. Desde entonces el Gobierno por medio de comerciales y el mismo Humberto de la Calle se dedicaron a desmentir lo que se consideró un mito.

El Gobierno Santos negó hasta la saciedad que daría un estipendio por dicho monto, sin embargo, el decreto presidencial 302 de 2017 reglamenta que a 1.200 guerrilleros que se desmovilicen y se preparen para ser escoltas de los esquemas de seguridad de las propias Farc, se les pagarán $1.825.843 mensuales.

Lo cierto del caso es que este beneficio solo alcanzaría para máximo el 17% de los integrantes desmovilizados de las Farc, no será para todos sus integrantes.

Cuando la serie de decretos (seis en total) que reglamentan el tema de seguridad de los integrantes del grupo político de las Farc y sus escoltas, fue de público conocimiento, los uribistas no perdieron la oportunidad y retomaron sus críticas por el pago de $1.8 millones mensuales.

Recalcaron que no era cuento y que ahora se estaba comprobando que es toda una realidad. Por los menos así lo trinaron varios congresistas del Centro Democrático.

 

 

 

 

 

 

 

Sigue siendo falso

De acuerdo con información de Carolina Azevedo, vocera de la Misión de la ONU en Colombia, el estimado de hombres y mujeres que llegaron a las zonas veredales y campamentos en los que se está implementando la dejación de armas es de 6.900 personas. Es decir, este es el número de guerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz.

Con ese número de base y a través de una regla de tres, podemos demostrar que los 1.200 excombatientes que podrían ser escoltas y ganar el sueldo de $1.8 millones mensuales, apenas representa el 17% del total de los desmovilizados.

Respecto al tema el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Diego Mora, habló en La W Radio y explicó que no es que llegarán inmediatamente 1.200 desmovilizados a ser escoltas. Pueden ser menos de acuerdo a las necesidades de los miembros del partido de las Farc, pero esa cifra es el tope máximo de escoltas que podrán tener.

Adicional a los 1.200 escoltas de las Farc que ingresarían a la UNP, la serie de decretos presidenciales crea otros cargos y una nueva dependencia en la UNP, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección que llega con 105 cargos adicionales a los 1.200 escoltas farianos, así lo dice el decreto presidencial 301 de 2017.

¿Arma mortal?

A la inconformidad por el hecho de que se les dará armas a las Farc se sumó otro congresista del Centro Democrático, Ciro Ramírez.

 

 

De acuerdo con Mora, no es que se vaya a rearmar a la guerrilla de las Farc. Según el funcionario los integrantes de las Farc que lleguen a ser escoltas tendrán que cumplir una serie de requisitos y luego sí se les entregarán armas como a cualquier escolta. “Tienen que cumplir unos requisitos muy pero muy específicos. El primero de ellos es no haber estado en proceso penal o condenado por algún delito de lesa humanidad. No tener ningún proceso penal en curso o haber sido condenado. Además, entregar primero las armas y adicionalmente ser amnistiado”, explicó.

Luego de que cumplan ese proceso deberán pasar unos exámenes psicológicos, físicos, técnicos y de poligráfico para establecer su confiabilidad. A lo anterior se suma un programa de capacitación de más de dos meses, explicó el director de la UNP.

Es solo después de todo este proceso los excombatientes farianos recibirán las armas y conformarán esquemas de seguridad mixtos, es decir, ayudarán a custodiar la seguridad de sus protegidos en coordinación con otro tipo de escoltas.

Mora también explicó que es absolutamente normal que las Farc pida que sus escoltas sean personas de confianza, así sucedió con los esquemas de seguridad en otros procesos de desmovilización como el Quintín Lame o el M-19.

Respecto al hecho de que los escoltas de las Farc sean los mismos militantes de esa organización, el tuitero William Reyes Medina respondió que era apenas lógico porque las Farc no confía en las fuerzas del Estado.

 

 

 

Voces en contra

Por su parte John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, le explicó a Colombiacheck que la medida referente a que los mismo miembros de las Farc sean los que cuiden a los altos mandos de la organización o a los que harán política, es inadecuada porque generará un efecto intimidatorio en la población civil y además demuestra que no hay confianza en las partes.

Marulanda fue más allá y señaló que “no es adecuado darles armas del Estado y que seguramente los que conformarán los esquemas de seguridad como escoltas serán los mismos que hacían parte de los anillos de seguridad de los comandantes farianos”.

Todo el tema de los escoltas de las Farc está fundamentado en el punto tercero, Fin del Conflicto, del Acuerdo Final. En el punto 3.4.7.4.1 se pactó la creación de la “Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP” que tiene como objetivo fundamental proteger a los miembros del partido de las Farc junto con sus familias dependiendo del riesgo que exista.

De acuerdo con las estadísticas disponibles es fundamental garantizar políticas públicas y medidas contundentes para mitigar las muertes y agresiones en contra de los líderes sociales y militantes de partidos de izquierda. El fenómeno es algo que día tras día se acrecienta como lo contamos en “La matanza de líderes sociales, más allá del debate por las cifras”.

 

Actualización

El decreto presidencial que buscaba que algunos integrantes de las Farc ingresaran a la UNP como escoltas quedó sin efecto jurídico el 17 de mayo porque la Corte Constitucional estableció que la iniciativa gubernamental debía tramitarse mediante ley orgánica por cuanto se abordan temas del presupuesto nacional.