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Lunes, 26 Abril 2021

No, ‘médicos y enfermeras’ no serán enjuiciados por crímenes de guerra por la vacuna del COVID-19

Por Ana María Saavedra

Un cartel que circula en redes sociales amenaza a los y las trabajadoras de la salud con que podrán ir a juicio por crímenes de guerra por no informar a los pacientes sobre las vacunas.

Un mensaje en el que se asegura que los sanitarios, los médicos y las enfermeras podrían ir a juicio por crímenes de guerra por las vacunas circula en redes sociales.

Cartel con datos falsos sobre vacunación y crímenes de guerra

Este cartel, que tiene su origen en España, desde hace varios días ha sido compartido en redes sociales de Colombia. En Facebook, por ejemplo, lo publicaron con el mensaje: “Más responsabilidad por favor no somos conejillos de India Lean el Código Núremberg”. Sin embargo, el texto está repleto de mentiras mezcladas con artículos verdaderos para llegar a un conclusión falsa: la amenaza de los crímenes de guerra.

Nuestros aliados de Maldito Bulo, en España, verificaron la misma imagen el 9 de abril de 2021 y explicaron que se trataba de información falsa. En Colombiacheck también analizamos las afirmaciones del cartel y lo calificamos de falso.

La desinformación, según una herramienta a la que tenemos acceso gracias al proyecto 3PFC, una alianza con Facebook para combatir la desinformación, ha sido compartida en Colombia desde el 22 de febrero de 2021 por cuatro usuarios de Facebook diferentes y ha sido vista por más de mil personas.

Un "crimen de guerra"

El cartel tiene una advertencia en letras más grandes acerca de que los empleados de la salud podrán ser llamados a juicio por crímenes de guerra, lo que es falso.

Alejandro Jiménez Ospina, coordinador de Justicia Transicional del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, le explicó a Colombiacheck que lo primero que se debe tener claro es que para que haya un crimen de guerra debe existir un conflicto armado, internacional o no internacional, y que este haya sido cometido en el marco de ese conflicto. 

Así se explica en el Artículo 8 del Estatuto de Roma, que es el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de agresión. 

La pandemia causada por el coronavirus Sars-Cov-2 no es un conflicto armado, agrega Jiménez.

Miguel Vieito Villar, abogado especialista en derecho sanitario, citado por nuestros colegas de Maldita, también explicó que “los Convenios de Ginebra, con sus protocolos adicionales, no son aplicables a una situación de pandemia” como la actual de COVID-19.

La vacuna contra la COVID-19 no es "experimental"

Según el cartel, los médicos y enfermeras podrán ser llamados a juicio por los crímenes de guerra si no informan a los pacientes que la vacuna es experimental. En ese caso también es falso.

Colombiacheck aclaró en el Explicador: ¿Son seguras las vacunas del Covid-19? que las vacunas aprobadas para su uso han pasado por tres fases para su aprobación. 

Fases de desarrollo de una vacuna

Esas fases fueron siempre monitorizadas por Juntas de Monitoreo de Datos y Seguridad, mientras las pruebas estaban en curso y sólo si no había problemas de seguridad pendientes, se permitía el avance a la siguiente fase. Tal sistema de monitoreo está configurado para detectar todos los efectos secundarios más comunes asociados a las vacunas, así como los menos esperados que alertaran para detener los estudios.

Asimismo, como indicaron nuestros colegas de Maldita, hay una fase 4, la última de investigación clínica, y ocurre cuando está ya comercializada y se usa a gran escala.

En la falsedad de ese primer punto también coincide Diana Rocío Bernal, profesora de la Universidad del Rosario, especializada en derecho médico. En esta fase 4 en la que se encuentran las vacunas, que se están aplicando en el mundo, que fueron aprobadas con autorizaciones de emergencia por la pandemia, no se puede considerar que sean experimentales. “Hay otras vacunas que están en fase experimental, pero esas son las que siguen en proceso. Las que se están aplicando en el mundo ya no son experimentales”.

Código de Nuremberg y Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO 

En este caso, como muchas otras desinformaciones, el cartel usa elementos reales, los saca de contexto y le atribuye consecuencias falsas. En efecto, los puntos 2, 3 y 4, así como los artículos citados mezclan elementos falsos con verdades manipuladas.

El cartel también hace referencia a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO y al Código de Nuremberg, que sí existen. El abogado Miguel Vieito Villar le explicó a Maldita que ninguno de los dos son textos legales. "No son leyes españolas, ni tampoco son convenios internacionales", sino que "forman parte de la bioética o de la deontología de los profesionales de salud".

Un documento de la Universidad del Rosario indica que “la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, como se infiere del propio título, fundamenta los principios en ella consagrados en las normas que rigen el respeto de la dignidad de la persona, los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Se trata de una declaración que resultó de la sesión de la Conferencia General de la UNESCO realizada en París el 19 de octubre de 2005.

La profesora Diana Rocío Bernal, por su parte, señala que si bien es cierto que los pacientes tienen derecho a ser informados sobre la vacuna, como se está haciendo, no se puede decir que por no hacerlo puedan ser llamados a juicio por crímenes de lesa humanidad o ser acusados en el ámbito penal.

“En el ámbito penal en principio podría decir que no, pero desde la perspectiva de derechos humanos hay dos teorías frente al uso de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Una dice que es un instrumento de buena voluntad, pero hay otros que dicen que ya para los Estados, así no los conviertan en una normativa, tiene carácter vinculante, pues le da unas pautas a los países e incluso se le considera fuente de nuevos derechos”, anota.

En cuanto, al consentimiento informado, “la Corte Interamericana de DD.HH. ha dicho que el consentimiento informado no es un simple documento, es un derecho. Pero de allí a que se pueda decir que por incumplir una pauta, que no se está incumpliendo en el caso de la vacunación, se pueda decir que se está cometiendo un crimen de guerra es una falsedad”.

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Falso

Jueves, 26 Noviembre 2020

Gobierno no ‘autorizó la importación de 65.000 toneladas de papa de Bélgica’, pero la crisis de los papicultores es real y profunda

Por Laura Rodríguez Salamanca

La desinformación surgió al sacar de contexto unas proyecciones que hizo Fedepapa en marzo. Le explicamos las raíces de la crisis y los efectos que, según los expertos, se pueden producir si no se toman medidas estructurales.

Desde principios de noviembre y a raíz de la visibilidad que ha tenido la crisis de los papicultores en el país, especialmente en el altiplano cundiboyacense, en redes sociales están circulando algunos mensajes de apoyo a los agricultores nacionales y otros en los que se trata de explicar el problema de la caída de los precios de este producto. 

Dentro de estos últimos, encontramos varias publicaciones de Facebook y Twitter en las que se señala que “Duque importó 65.000 toneladas [de papa] de varios países, especialmente de Bélgica” o que “65.000 toneladas de papa, segun fedepapa, autorizó el gobierno importar de diferentes paises entre ellos belgica (sic)”.

Falsa captura papa

Pero esta información es falsa. Surgió al sacar de contexto unas proyecciones de importaciones de papa congelada que hizo la Federación Colombiana de Productores de Papa, Fedepapa, en marzo, pero que no se están cumpliendo por la caída de la demanda ocasionada por la pandemia.

Las publicaciones con esta desinformación, de acuerdo con la herramienta de monitoreo de redes sociales, CrowdTangle, han sido compartidas más de 2.000 veces en Facebook y han sido retuiteadas por más de 2.900 usuarios.

Fuera de contexto y desactualizadas

Para revisar la veracidad de las publicaciones, primero hicimos una búsqueda avanzada de Google con términos claves. Y encontramos cuatro artículos publicados en junio de 2020 [1, 2, 3 y 4] en los que se alertaba que “el año anterior se importaron 54 000 toneladas de papa y [que] dentro de los cálculos de Fedepapa se cree que en 2020 se puede llegar a 65 000 toneladas”, como escribió Contexto Ganadero. 

Pero, aunque en los textos se explicaban los efectos negativos que supondría para los productores locales la posible entrada de dicha cantidad de producto, en ninguno se hacía referencia a alguna autorización del gobierno para la importación, como sí aparece en las publicaciones en redes sociales. 

El gerente general de Fedepapa, Germán Palacio, nos explicó en qué consisten los errores de las publicaciones en redes. “En 2019 se importaron cerca de 58.000 toneladas de papa [congelada porque Colombia no importa papa fresca]. Para este año, cuando hicimos una proyección con corte a marzo, cuando empezó la pandemia, teníamos un crecimiento del 21% con respecto al primer trimestre del año anterior, lo que nos daba una proyección de alrededor de 65.000 toneladas para finalizar el 2020. Pero realmente las importaciones se frenaron mucho debido a la pandemia. Entonces las proyecciones ahora nos dan que vamos a estar cercanos a las 50.000 toneladas al finalizar el 2020”. 

De hecho, según datos que nos compartió Stiven Riascos, director de Información y Estudios Económicos de Fedepapa, “las importaciones acumuladas a septiembre se redujeron 16% con respecto al mismo periodo de 2019”. Además, en mayo hubo una caída del 77% con respecto al año anterior, en junio una del 57% y en septiembre se importaron 24% menos toneladas que en el mismo mes en 2019. 

Importaciones papa congelada

Es decir, la cifra que se ha compartido en redes está desactualizada. Pero este no es el único problema de los post. El otro asunto es que a las 65.000 o 50.000 toneladas importadas anualmente no las “autoriza” el Gobierno sino que, como nos explicó Palacio, “son comunes hace varios años a partir de los tratados de libre comercio en los que hay una desgravación paulatina [de las importaciones] hasta llegar a cero”. 

Para el caso puntual de la papa, según una respuesta a un cuestionario que enviamos al Ministerio de Comercio y datos que nos compartió Fedepapa, el origen principal de las importaciones son países como Bélgica, Alemania y Países Bajos. Y el TLC entre la Unión Europea, Colombia y Perú, que abrió la puerta a importaciones con aranceles preferenciales a productos de esos lugares, se suscribió el 26 de julio de 2012 y entró en vigor en 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. 

Otra de las razones por las que Duque no puede autorizar la importación como se dice en las publicaciones es que, como nos explicó Javier Díaz Molina, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, “en el Acuerdo Comercial con la Unión Europea no se negoció un contingente de importaciones [limitación para exportar o importar una determinada cantidad o durante un tiempo determinado una mercancía], entonces las importaciones están abiertas”. 

Con esta versión coincidieron tanto el Ministerio de Comercio como el de Agricultura en las respuestas que nos enviaron después de solicitarles información. “En el acuerdo con la Unión Europea no se acordaron límites al acceso de papa a Colombia. Esto es en doble vía”, dice el documento de MinComercio. 

Finalmente, esto hay que sumarle que, de acuerdo con Sergio Morales Barreto, abogado y estudiante de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, “el presidente no puede cambiar las condiciones unilateralmente de un tratado. El tratado, al incorporarse a nuestro ordenamiento como ley, necesitaría una reforma legal, que pase por el Congreso y la Corte Constitucional. También podría renegociar el tratado, pero esto no lo puede hacer sin el consentimiento de los firmantes, claro, siempre que el tratado lo permita”.

Con base en estas razones, calificamos como falsas las publicaciones en las que se sostiene que Duque autorizó la importación o importó 65.000 toneladas de papa de países como Bélgica en medio de la crisis de los precios del producto en Colombia. Para resumir: la cifra en realidad corresponde a una proyección de importaciones (de papas congeladas) de marzo que realizó Fedepapa, pero que cambió con la caída de la demanda, y las importaciones provenientes de esos países están relacionadas con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, no se realizan por autorización del gobierno actual.

De raíz 

En Colombiacheck consideramos que limitarnos a la verificación de la anterior publicación sin dar una mayor explicación sobre la crisis de los precios de un producto del que, según el Ministerio de Agricultura, dependen unos 100.000 productores en todo el país puede generar aún mayor desinformación. Así que decidimos investigar más.

Si bien es cierto que el gobierno Duque no autorizó la importación de la papa de Bélgica, tanto Fedepapa como otras organizaciones consideran que los subsidios por 30.000 millones de pesos que se ofrecieron para cubrir a 23.000 pequeños productores son insuficientes y que se deben presentar medidas estructurales. Además, hay quienes consideran que haber puesto algún tipo de medida para proteger a la producción nacional ante las importaciones hubiera resultado favorable para que la crisis no fuera tan profunda. 

Entonces, consultamos a varios expertos del sector sobre las razones tanto de la crisis actual de precios como de las que cada cierto tiempo enfrentan los papicultores, porque aunque esta es notoriamente más grave, no es la primera vez que ocurre. También les preguntamos sobre posibles soluciones reales a estos problemas y las consecuencias que podría dejar la crisis si no se ofrecen estrategias que transformen de verdad al negocio de la papa.

Las causas

En palabras de Palacio, “en estos meses se juntaron dos cosas. Esta crisis se presentó básicamente por la caída del consumo ocasionada por la pandemia porque al retirarse uno de los canales principales de comercialización como los restaurantes, cafeterías y hoteles, que representan entre un 30% y 40% de la comercialización, obviamente hubo [y hay] una sobreoferta que deprimió los precios en una forma drástica. Pero además, el factor climático tuvo que ver porque el 15 de marzo cayó la última helada fuerte en la sabana cundiboyacense, lo cual corrió la siembra hasta las últimas semanas de mayo, junio y comienzos de julio. ¿Esto qué ocasionó? que la cosecha de la sabana, la más grande de Colombia, se fue corriendo a octubre, noviembre y diciembre ocasionando una concentración del producto”.

A esto hay que sumarle, de acuerdo con Óscar Gutiérrez, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana, que “simplemente los colombianos no tienen con qué comprar comida. La papa es uno de los productos más populares en los estratos uno, dos y tres y, al bajarse la caída del consumo de los hogares colombianos, se han empezado a generar unas crisis en este producto y en otros como el plátano y la auyama. Pero el gobierno no implementó una renta básica [en este artículo explicamos qué es] para las nueve millones de familias de esos estratos, lo que hubiera ayudado para que no se cayera la economía”.

Sin embargo, aunque la crisis actual es notablemente grave y una de las más profundas de los últimos años, no es sólo resultado de condiciones excepcionales o coyunturales. Como refleja una gráfica de las variaciones de los precios al productor del tubérculo [desde 2013] que nos compartió Fedepapa, la caída del precio se repite cada cierto tiempo debido a problemas estructurales e históricos de la cadena de producción y mercadeo. [Aquí puede descargar los datos de la gráfica]

Evolución de los precios

Para el profesor Carlos Eduardo Ñústez, director del Grupo de Investigación en Papa de la Universidad Nacional de Colombia y vicepresidente de la junta directiva de la Asociación Latinoamericana de la Papa, detrás de las crisis reiteradas del sector hay varias razones: la ausencia de asociatividad, la falta de información para la toma de decisiones en tiempo real, y el incremento de los costos de producción. 

“Un tema de fondo es que el sector de la papicultura es muy disperso y en general no ha tenido ningún grado signiticativo de asociatividad. Han habido algunos esfuerzos para lograrlo y Fedepapa tiene toda la intención de crecer y de que se unan más agricultores, pero en general los agricultores poco interactúan y no se conocen, un poco porque es muy de la cultura cundiboyacense esa dispersión, pero también porque no se ha demostrado que la asociatividad sea para ellos una ventaja”, dice Ñústez. 

Esto, de acuerdo con el profesor, tiene varios efectos. Por una parte, si los agricultores no se comunican entre ellos, no hay manera de saber a ciencia cierta cómo está el nivel de siembras en el país ni de advertir cuándo se siembra más cantidad de papa de la que el mercado puede absorber. Y cuando se pasan los topes de siembra, inmediatamente los precios caen. 

Por otra parte, cuando cada productor vende por su cuenta a los intermediarios (como ocurre en la mayoría de los casos), se pierde capacidad de negociación para obtener un precio justo. “Es un círculo vicioso que no se ha logrado romper desde la misma creación de abastos [Corabastos] en los años 70. Ese mercado en un momento tal vez era mejor porque era de muchos más compradores. Ahora hay un oligopsonio en la compra. Y mientras que los que compran se comunican porque son muy poquitos, los agricultores son una base muy grande”, explica Ñústez. 

De hecho, la caída del precio sólo se ha reflejado para los cultivadores porque, como nos explicó Palacio, a los consumidores no les está llegando la papa mucho más barata, sino a 3.000 o 4.900 pesos el kilo, mientras que al productor se lo llegan a pagar hasta en 200 pesos. 

Además de esto, hay que señalar que la producción de la papa es cada vez más costosa, pues el cultivo de la papa es de alta inversión. Uno de los factores que juegan en esto es que, de acuerdo con el profesor Ñústez, “la migración de la mano de obra del campo a la ciudad sigue siendo una realidad y esta situación ha hecho que se eleve el costo”. 

Pero también tiene que ver que los insumos y fertilizantes son cada vez más costosos y están trazados por el precio del dólar porque en Colombia no generamos insumos propios. “Necesitamos control de los precios de los insumos agropecuarios. Cuando sube el dólar, suben los insumos. Si sube el petróleo, suben los fertilizantes. Pero no pasa lo mismo cuando baja el dólar y cuando baja el petróleo. Necesitamos que se le pongan fin a esas prácticas que lo único que hacen es ponerle fin a la rentabilidad de los pequeños productores”, dice Palacio. 

Y a esto hay que sumarle que, como lo expuso el representante a la Cámara por Boyacá César Pachón, en un debate de control político sobre la crisis de la papa que convocó a principios de octubre, “el otorgamiento de créditos se ha reducido en los últimos años para la producción de la ‘papa industria’”, pero al mismo tiempo se han aumentado las importaciones”. Esta afirmación la soportó con cifras de Fedepapa.

Disminución de los créditos para papa industrial


Las importaciones: un debate

Más allá de la caída de las importaciones de este año, que, como ya lo dijimos, están relacionadas con la disminución de la demanda por la pandemia de coronavirus, las importaciones de papa congelada han ido en aumento con el paso de los años. Así lo refleja una tabla que compartió el representante Pachón en el debate de octubre.

Importaciones de papa congelada

Sin embargo, hay diferentes posturas sobre los efectos de esas importaciones en la producción nacional, en la caída de los precios y en la crisis actual. 

Carlos Ñústez considera que, aunque falta hacer un análisis más juicioso de los efectos de las importaciones en el mercado y que “corregir un poco el tema de las importaciones puede ayudar al sector, el impacto realmente sobre todo el sistema productivo es pequeño y no es algo que determine grandes volúmenes de mejoras para la agricultura general de la papa porque el total de la papa procesada en el país (hojuela o chip y bastón o tipo francesa) no llega a sumar el 8% o el 9% de la producción nacional anual y, de estas, la papa que se está importando es solo la de tipo francesa".

La postura de Óscar Gutiérrez dista de la anterior. Para él, debido a la debilidad e inestabilidad del mercado colombiano, las importaciones de papa congelada ayudan a que haya unos excedentes en el mercado que bajan los precios. “50.000 toneladas no son nada en un mercado más o menos equilibrado. Pero aquí es mucha papa porque resulta que para hacer un kilo de esa papa se necesitan más o menos tres kilos de papa fresca y hay que perder lo que llaman ellos el rebrujo, que es la papita pequeña. Entonces son 150.000 toneladas que podría estar produciendo el país. Además, no se está compitiendo en condiciones equitativas: los agricultores de Bélgica y Estados Unidos tienen subsidios muy grandes, mientras vienen a un país sin subsidios como el nuestro”, explica. 

Por su parte, Palacio aclara que Fedepapa no se opone a las importaciones en sí mismas, pero que “lo que sí denuncia es las prácticas desleales de comercio. Es decir, las ventas bajo la modalidad de dumping que consisten en vender más barato en el país en el que se está exportando que en el de origen”. 

Es que en 2017 Fedepapa le solicitó a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la aplicación aranceles a las importaciones de papas congeladas provenientes de Bélgica, Países Bajos, Francia y Alemania por estas prácticas, lo que resultó en noviembre de 2018 en la imposición de derechos antidumping [a través de aranceles] por dos años a algunas empresas, mientras se excluyó a otras. 

Empresas con aranceles antidumping

De acuerdo con Palacio, aunque esto no disminuyó la importación, sí estabilizó y ayudó a controlar la entrada del producto. “Si no se hubieran implementado esas medidas la situación sería peor que la que estamos atravesando en este momento. Las importaciones han crecido, pero no a los niveles que venían. Sin las medidas se estarían importando este año entre 80.000 y 90.0000 toneladas y el consumo de la papa congelada por año en Colombia es de 94.000 toneladas. Es decir, se hubiera acabado con esa industria en Colombia”. 

A principios del año, la federación solicitó por primera vez el incremento de los aranceles impuestos del 8% a un 25%, pero el Ministerio de Comercio no lo admitió. Aún así en junio la federación presentó otra solicitud para que se adopten aranceles permanentes [los dos años se cumplieron el nueve de noviembre] y se incrementen al 30%. “Presentamos evidencia en la que encontramos que se sigue presentando dumping al 30%”, dice Palacio. 

La solicitud de investigación fue aceptada el 30 de octubre y mientras el mnisterio decide se mantendrán los aranceles vigentes.

Hay quienes consideran [como el representante Pachón u Óscar Gutiérrez] que esas medidas no son suficientes porque se impusieron solamente a algunas empresas y que, por vía diplomática o a través de una salvaguardia, el gobierno debió haber implementado más protecciones a la producción nacional por lo menos durante la cuarentena. 

El presidente de Analdex opina que “aunque el acuerdo establece un mecanismo de cláusula que permite restringir las importaciones si su crecimiento amenaza con causar un daño en el mercado local, como las importaciones disminuyeron, entonces no se puede invocar”.

¿Y las soluciones?

Como ya dijimos, el gobierno destinó 30.000 millones de pesos en subsidios para 23.000 agricultores que no superen las tres hectáreas de producción. Por su parte, las gobernaciones han implementado algunas medidas locales como, por ejemplo, la compra pública de 1.200 toneladas que hizo la Gobernación de Cundinamarca y la campaña de compras ciudadanas en Bogotá y en algunos peajes del departamento

Sin embargo, todas las fuentes a las que consultamos coinciden en que estas estrategias son insuficientes y paliativas si no se implementan medidas más efectivas a corto plazo y estructurales que solucionen las condiciones que hemos explicado a lo largo de este artículo.

“Si no se dan unos subsidios mejores y para más agricultores, la situación es que los productores medianos y grandes van a quedar en una situación muy grave porque están perdiendo mucha, pero mucha plata. ¿Sabe cuánta papa sale entre noviembre, diciembre y enero? 675.000 toneladas”, argumenta Gutiérrez. 

Además, Palacio señala que, “aunque el subsidio ayuda, esa no es la solución”. Primero porque “arrancó el 11 de noviembre, pero no cobija a los productores que en agosto, septiembre y octubre vendieron la papa a un 20% o 30% de los costos de producción. Entonces no van a tener plata para producir el año entrante”. Y segundo, porque el monto “no alcanza para recuperar los costos de producción”. A cada productor de los que se beneficien le corresponde un poco más de un millón de pesos de subsidio, pero varias fuentes nos explicaron que la inversión para sembrar una sola hectárea de papa es de mínimo 12 millones de pesos. 

Hay diversas propuestas para solucionar el asunto. Carlos Córdoba, director de la Oficina en Colombia del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rimisp, considera que “las soluciones de corto plazo pueden ser que los gobiernos territoriales y mercados que tienen como insumo a la papa se dinamicen y hagan compras más grandes. En el mediano plazo se requiere una programación más detallada de la producción, en un trabajo conjunto del ministerio y con las secretarías de agricultura de los departamentos, pensando también en diversificación y escalonamiento de producción. Y también es necesario que se implemente la ley de compras locales que fue recientemente sancionada”. 

Pero a largo plazo se requiere un esfuerzo mucho mayor. Carlos Ñústez considera que “lo que se necesita es información para tomar decisiones”. Para él “eso es algo que se puede lograr con acuerdos importantes y voluntad para armar todo un proyecto para que con tecnología moderna, utilizando todo el tema de información satelital, se vaya rastreando cuánta papa hay en todos los núcleos de producción y dar una alarma a la gente cuando no se deba sembrar más o se empiece a sembrar a pérdida”. 

César Pachón, por su parte, presentó una serie de propuestas en el debate de control político de principios de octubre que incluyen, por ejemplo, “inversión y adquisición de maquinaria y tecnología que permita mejorar la producción de la cadena agroalimentaria de la papa y generar valor agregado”, “reactivar los cultivos como el trigo y la cebada para generar alternativas para la rotación de cultivos” y “desarrollar una política de capacitación y asistencia técnica”. Además, desde su punto de vista, en el corto plazo resulta clave “establecer medidas de no importación de papa o sus procesados”. [Aquí puede consultar con más detalle su argumentación]

Fedepapa publicó un comunicado el pasado 20 de octubre en el que puso sobre la mesa, entre varios temas, la importancia de “fomentar asociatividad y emprendimiento de los productores, para fortalecerlos frente a los pocos compradores e intermediarios que imponen sus precios”, de la “implementación de sistemas de riego para mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la producción” [esto es importante para combatir la estacionalidad del cultivo] y de “insistir en la búsqueda de mercados internacionales”.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no atender efectivamente la crisis? A corto plazo, la evidente quiebra de los papicultores, muchos de los cuales tienen créditos con los bancos, podrían perder su parcela y, por supuesto, no podrían sembrar en la próxima temporada. Para los consumidores, una inminente subida del precio del producto para el próximo año, que pondría en riesgo aún más la seguridad alimentaria de los estratos más bajos en el campo y en la ciudad.

De hecho, Córdoba considera que “de no tomarse medidas más estructurales por parte del Gobierno nacional para amortiguar el impacto de la crisis de la demanda, muchos otros productores agropecuarios van a sufrir impactos parecidos durante los próximos meses”. 

Y Gutiérrez considera que esto último es “muy grave porque el país deja de producir alimentos para los colombianos y pierde seguridad y soberanía alimentaria. En 2010, hace escasamente 10 años, el aporte del agro al producto interno bruto era de 16%. El año pasado fue del 6%. Lo que estamos haciendo es empobreciendo a todo el país, dejando de producir riqueza”.