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Miércoles, 29 Junio 2016

Santos echa ‘tierrita’ a sus regulares resultados

Por Sania Salazar

El Presidente entregó cifras sueltas que no dicen mucho sobre cómo va la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero al indagar por las metas propuestas inicialmente, el balance no pinta tan bien.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplió cinco años en junio de 2016 y el Presidente Santos presentó cifras y datos con los que intentó mostrar un balance favorable de su ejecución, pero ¿qué hay detrás de esos números y cómo va en realidad la implementación de esta Ley?

Pese a su esfuerzo por mostrar el avance de esta política social, considerada clave por ser un espejo de lo que puede venir en el posconflicto, las cifras que ofreció muestran una realidad contraria. Al escarbar a fondo, lo que aparece es un atraso en el cumplimiento de la meta en restitución de tierras pactada en su propio Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”.

 

 

Basados en el trino que se ve en la imagen, Colombiacheck indagó cómo van tanto la Unidad de Víctimas como la de Restitución de Tierras en la ejecución de las metas, concluyendo que la afirmación del Presidente es engañosa.

¿A qué se refiere Santos con beneficiados?

Los 600 mil beneficiados de los que habla el Presidente son víctimas a las que han indemnizado con una cifra cercana a los $4 billones, le explicó a Colombiacheck María Eugenia Morales, Directora Técnica de Reparación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Si bien la cifra de Santos es cierta, lo que no se dijo es que la Unidad de Víctimas solo atendió en estos años al 10% de quienes ostentan esa condición y son reclamantes. Según Morales, este déficit se debe a que la Ley de Víctimas se aprobó sin incluir el pago de indemnizaciones en dinero a la población desplazada, lo que hizo que se quedara corta en el cálculo de número de personas a las que se les debía pagar y, por obvias razones, en presupuesto.

En la Unidad de Víctimas estimaron que del total de víctimas registradas debían indemnizar alrededor de 1.3 millones que tenían derecho a ello, pero en 2013 la Corte Constitucional ordenó incluir a los desplazados entre los beneficiarios de la ley, sumándole 4.9 millones más, con lo que la cifra total de víctimas para atender llegó a 6.2 millones de personas.

La funcionaria aclaró que el registro actual de víctimas es de 8 millones de personas, pero que no todas son objeto de indemnización porque no cumplen con los requisitos contemplados en la ley para ello. Actualmente están depurando el registro para saber a cuántas personas deben indemnizar y saber qué dinero necesitan, pero no hay una fecha exacta para tener las cifras. Por ahora, con el dinero que tienen, están atendiendo también a los desplazados.

“Tal como fue concebida la ley, si hubiera permanecido así, iríamos en el 50% de indemnización”, aseguró Morales.

Consultada sobre el tema, Paula Gaviria, exdirectora de la Unidad de Víctimas, corroboró que inicialmente la Ley de Víctimas no consagraba la indemnización en dinero a los desplazados.

¿Restitución rezagada?

Por el lado de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, aseguran, que en efecto, el proceso de devolución de tierras está a punto de alcanzar las 200 mil hectáreas devueltas a sus dueños.

Alcelis Coneo Barbosa, subdirectora general de la URT, explicó que para entender cómo se llegó a esta cifra, se debe comprender la magnitud de las reclamaciones que han recibido: 90.395 solicitudes de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, Rtdaf, de las cuales no a todas las cobija la Ley porque son hechos anteriores a 1991 o porque las debe resolver la justicia ordinaria, ya que no son producto de violaciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

El primer paso al recibir los casos es evaluar las condiciones de seguridad y retorno, además, priorizan las zonas con mayor afectación, todo esto para determinar si es viable devolver los predios.

Este proceso lo denominan microfocalización y es la bandera verde para que los casos inicien la etapa administrativa de indagación y documentación, luego pasan a manos de jueces de restitución de tierras, quienes tienen la última palabra.

Según la funcionaria, actualmente han microfocalizado 47.358 casos, más del 50% del total de solicitudes. Además, 33.382 casos agotaron la etapa administrativa. De esos, 17.763 no fueron incluidos en el Rtdaf por no cumplir los requisitos anteriormente descritos.

Coneo precisó que los 15.619 casos restantes sí se incluyeron y que alrededor de 12.000 se han trasladado a los jueces y magistrados para que resuelvan las demandas. Hasta ahora han fallado 1.812 sentencias en las que han ordenado devolver alrededor de 200 mil hectáreas.

La subdirectora de la URT resaltó que esas 1.812 sentencias restituyeron tierras a 3.670 personas, porque opera la figura de demanda colectiva, en la que una reclamación puede contener varios casos.

Gerardo Vega, director de La Fundación Forjando Futuros, que tiene un informe sobre la ejecución de la ley, critica el rezago en el cumplimiento de las metas.

Basándose en cifras publicadas en el libro “La cuestión agraria”, uno de cuyos autores es el exministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo, Vega dice que el Gobierno calculó los casos en 360 mil para restituir aproximadamente 6.5 millones de hectáreas.

“Al 2016 deberían ir 72 mil sentencias. No van en el 0.3% de la meta planteada por ellos mismos”, recalca Vega.

Al revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país” (página 526), la meta para el 2018 son 50.000 solicitudes en trámite administrativo de restitución inscritas en el RTDAF, pero actualmente solo hay 15.619 inscritas.

Precisamente el exministro Restrepo aseguró en una columna de opinión publicada el 26 de mayo de este año que “la ejecución de la ley 1448 no tiene pues propiamente metas: se deben tramitar tantas cuantas solicitudes de restitución se presenten”, además aseguró que se ha gestionado el 22% de las solicitudes recibidas y no el 3,4% y se declaró en contra de quienes critican la ley con argumentos como los de Vega.

Ante este panorama, un gran interrogante queda en el aire: ¿Los 10 años para los cuales fue diseñada y aprobada la Ley alcanzarán para resarcir a todas las víctimas?

Miércoles, 01 Junio 2016

Santos: dos de tres frente a De Klerk

Por Miriam Forero

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, se mostró muy orgulloso por varios aspectos del proceso de paz que adelanta con las Farc en los que, según dice, somos pioneros. Colombiacheck revisó tres de sus afirmaciones y encontró que dos faltan a la verdad y solo una es cierta.

Durante la conferencia ‘El futuro de un país en paz’, que organizaron la Universidad del Rosario y El Tiempo el pasado 18 de febrero, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo una conversación con el expresidente de Sudáfrica y Nobel de Paz, Frederik de Klerk.

Además de escuchar las experiencias de ese país sobre los diálogos de paz que sostuvieron en 1993 para acabar con la opresión hacia la comunidad negra, y de aprovechar para pedirle consejos sobre cómo ganar el plebiscito, Santos se mostró muy orgulloso por varios aspectos del proceso de paz que adelanta con las Farc, en los que según dice, somos pioneros.

Colombiacheck revisó tres de sus afirmaciones y encontró que dos faltan a la verdad y una es cierta. Acá nuestro chequeo:
 

“El proceso colombiano va a ser la primera vez que un grupo insurgente entrega las armas y se somete a un proceso judicial”.

FALSA. En esta afirmación, con la que abrió su primera intervención, el presidente no aclaró si se refería a que el proceso con las Farc es pionero en el país o en el mundo. De todos modos, en cualquiera de los dos escenarios, ya ha habido historias de desarme y sometimiento a la justicia en el pasado.

En el ámbito nacional, en 1994, miembros de la Corriente de Renovación Socialista, una línea política del ELN que luego se convirtió en la base del Polo y de la Corporación Nuevo Arco Iris, dejó las armas tras una negociación con el gobierno de César Gaviria. Según cuenta Semana, de los 865 excombatientes y miembros de la CRS que se involucraron en el proceso, 268 no recibieron amnistía por sus delitos; de hecho, quince años después, 25 seguían aún pagando condenas en cárceles del país.

El caso más reciente de juzgamiento de delitos de guerra en el país, aunque no se trata de un grupo insurgente sino de extrema derecha, es la desmovilización los paramilitares. Luego del acuerdo al que llegó este grupo armado con el gobierno de Álvaro Uribe en 2003, el congreso tramitó la Ley de Justicia y Paz, que la Corte Constitucional revisó en 2006.

La versión final de la norma establece una pena de no más de ocho años de prisión para los desmovilizados que no volvieran a delinquir, contaran la verdad y repararan a sus víctimas. Varios dirigentes paramilitares están cumpliendo condenas de ocho años basadas en esa ley; de hecho, el primero en terminar de pagar ese tiempo en la cárcel, Freddy Rendón alias 'El alemán', salió en julio del año pasado.

En el ámbito internacional, un caso que desmiente la afirmación del presidente es el de Sierra Leona, en el que el grupo rebelde Frente Revolucionario Unido -RUF, por su sigla en inglés- entregó las armas en 2002, luego de un proceso de más de ocho años, entre altibajos, rupturas e inclumplimientos.

En ese país africano no se declaró amnistía general, sino que se creó el Tribunal Especial para Sierra Leona -Scsl, por su sigla en inglés- con el fin de juzgar a los responsables de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil. En su última decisión, antes de cerrar en 2013, esta Corte ratificó la condena de 50 años contra el expresidente liberiano Charles Taylor, quien apoyó al RUF. Actualmente permanece un Tribunal Residual Especial que vigila la continuidad de los procesos que llevó adelante el Scsl, en asuntos como protección a testigos, supervisión de penas de prisión y manejo de archivos.

Aunque la mayoría de los procesos de paz terminan con la dejación de armas y una declaración de amnistía -como el M19 (1989) y el EPL (1991) en Colombia, o El Salvador (1992), Liberia (2003) e Indonesia (2005), para mencionar algunos ejemplos internacionales-, no es cierto que el proceso con las Farc será la primera vez que un grupo insurgente dejará las armas y se someterá a la justicia transicional.

 

“Es el primer caso en el mundo en el que se pone a las víctimas en el centro de la solución del conflicto y el respeto por sus derechos”.

ENGAÑOSA. Aunque la agenda de la mesa de conversaciones incluye la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos de las víctimas, hay otros procesos en el mundo que les han dado prioridad. Es el caso de Sudáfrica, expuesto por el interlocutor del presidente Santos durante el foro en el que hizo esta afirmación.

Allí, De Klerk explicó que en el caso de su país las víctimas representaban más del 90% de la población, pues se trataba de la comunidad negra sometida durante años a la opresión y la desigualdad en derechos civiles, por razones de racismo. De este modo, el proceso de paz que se llevó a cabo en ese país tuvo como eje central acabar con esa distinción y concederle al partido de los negros, el Congreso Nacional Africano (ACN), igualdad de acceso al poder.

Por su parte, la directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional - Ictj-, María Camila Moreno, expone otros ejemplos en su análisis sobre esta frase del presidente: “En el mundo procesos como el de Mindanao en Filipinas, han incluido en los acuerdos de paz el respeto y garantías de los derechos de las víctimas. En muchos acuerdos de paz se ha incluido la creación de comisiones de la verdad (Guatemala, El Salvador, Kenia, Suráfrica, entre otros) y programas de reparación (Nepal, Sudáfrica, Guatemala, etc.).

Tanto ella como Francisco Rey Marcos, coordinador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria de España, coinciden en aclarar que lo importante no es si la retórica del proceso dice que los acuerdos se centrarán en las víctimas, sino en cómo la implementación demuestre esa relevancia que deben tener y garantice la realización de sus derechos.

Rey, incluso, va más allá en su crítica a la coordinación entre palabras y hechos: “conviene decir que no ha existido acuerdo humanitario; las partes tardaron más de dos años en reconocer su participación como victimarios y pedir, poco a poco, perdón. Las visitas de las víctimas a La Habana fueron muy importantes pero con un carácter más simbólico que real”.

 

“Es la primera vez en la historia del mundo que las dos partes (de un proceso de paz) se ponen de acuerdo (en la justicia transicional que se aplicará). Generalmente es un tercero, como Naciones Unidas, el que impone un sistema de justicia; en este caso, las dos partes se pusieron de acuerdo para crear un tribunal y un sistema en donde los máximos responsables serán investigados, juzgados, condenados y sancionados”.

VERDADERA. Al conocer el acuerdo de justicia, anunciado en septiembre del año pasado y revelado en diciembre, el director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, Vicenç Fisas, llamó la atención en un comunicado sobre la particularidad de ese tema pues, según él, es “algo que raramente aparece desarrollado en los procesos de paz, en los que prima la simple amnistía para todos los actores”.

Moreno, la directora del Ictj, también consideró cierta la afirmación. “Los tribunales internacionales no han sido decisión de las partes que suscriben un acuerdo de paz. En algunos casos, luego de la firma del acuerdo, por presión de las víctimas y de la comunidad internacional se han establecido tribunales internacionales o híbridos para juzgar a los responsables de crímenes internacionales. Este es el caso del Tribunal para la Antigua Yugoslavia y del Tribunal para Ruanda. El caso de Colombia es excepcional porque las mismas partes de la negociación acuerdan un sistema de rendición de cuentas que incluye la creación de una jurisdicción especial para perseguir penalmente a todos los responsables de los delitos cometidos durante y en relación con el conflicto armado interno”.

A manera de conclusión...

Tras examinar los matices de las afirmaciones de Santos, es claro que si el presidente no llevara al extremo sus ‘sacadas de pecho’, no cometería la imprecisión de llamar al proceso con las Farc pionero en tantos aspectos en los que no necesariamente lo es.

Podría, para mayor claridad, llamar la atención sobre algunos puntos del proceso colombiano, que lo hacen particular con respecto a los que se han dado a lo largo de la historia en otros lugares del mundo, como el acuerdo en términos de justicia transicional.

En el mencionado comunicado de la Escuela de Cultura de Paz, el académico Fisas se aventuró, incluso, a decir que lo que va adelantado entre el gobierno y las Farc hace que este proceso “pueda considerarse como uno de los más avanzados e innovadores de todos los procesos de paz firmados hasta el presente en el mundo”.

Sin embargo, también es claro que no se puede hablar de gran innovación o de un caso ejemplarizante para el mundo hasta que no se dé la implementación, pues muchos países han visto enormes incumplimientos, fracasos, rearmes e impunidad tras la firma de históricos acuerdos.