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Falso
La desinformación racista toma un nuevo aire en oposición a las comunidades indígenas en Cauca y Valle, así como campesinas en Huila y Cesar, que se están tomando tierras privadas para reclamar un mayor acceso a este recurso mientras se discute la promesa del nuevo presidente, Gustavo Petro, de implementar una reforma rural integral con base en la contenida en el Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el Estado y las FARC y el mismo gobierno llama al diálogo y al respeto de la Constitución y la ley en ese proceso (1, 2, 3).
Por petición de un lector que nos escribió por WhatsApp, Colombiacheck verificó un video de 3 minutos en TikTok que ha sido compartido casi 2.900 veces y tiene más de 3.100 ‘me gusta’ desde su publicación el 16 de agosto de 2022, en el que un hombre sin identificar, que produce contenido con el nombre de cuenta @equipoporcolombia, invitaba a participar en un paro el 29 de agosto para “defender los derechos de todos los ciudadanos del país”.
El influenciador, que tiene 17.200 seguidores en esa red social, dice que esta supuesta defensa es “por ejemplo, de lo siguiente: los indígenas ocupan el 30% del territorio nacional, está población son 1’905.617 personas; no pagan un solo peso de impuestos”. Luego agrega que “a ellos les dan, no solo el Gobierno [sino] del bolsillo de todos los colombianos, les damos 2,5 billones del presupuesto nacional para su alimentación porque ellos no trabajan, ellos no cultivan nada que no sea la coca”.
Después insiste en que “el 30% del territorio que ellos ocupan, que son 35 millones de hectáreas, lo tienen cultivado con coca; lo demás son bosques, montañas”. Enseguida, asegura que “ellos a veces tumban la vegetación, lo que es prohibido hacer en Colombia; lo que es cuidar el entorno ambiental y todo eso, ellos no lo respetan y, en la mayoría de las veces, tumban selvas vírgenes y montañas para sacar provecho de eso”.
Además, con respecto a los recursos que les da el Estado, asegura que “los jefes se los roban, un 40 o 50% se lo roban y el otro 50% lo ocupan por ahí un 20% en la alimentación de la familia y el otro porcentaje lo ocupan en compra de licor, porque andan borrachos a toda hora”. A continuación se refiere a los indígenas como “un cáncer que tenemos en el país” y cuestiona: “No decimos que no hay que ayudarles y colaborarles y todo, ¿pero de esta forma?”.
“Ahora están bajando al Valle y al Cauca y están robándose las tierras de la gente que trabajó durante toda la vida, se esforzó para darle de comer a su familia, para tenerle un bienestar a su familia”, los acusa ya sobre el último minuto. Finalmente, concluye que “en contra de eso, en contra de la reforma tributaria, en contra de la corrupción en el país, vamos a salir el 29 de agosto” e invita a compartir la invitación a la jornada de protestas, que presenta como un mensaje al presidente.
De hecho, Colombiacheck ya había encontrado una falsedad divulgada por el mismo usuario de TikTok contra el actual mandatario en junio, cuando aún era candidato al cargo por la coalición de izquierda Pacto Histórico, en el chequeo “Es falso que ex-FARC ‘Benkos Biohó’ acompañe a Petro en sus correrías de campaña presidencial”. El nombre de la cuenta se asemeja al de la alianza de derecha Equipo por Colombia, que apoyaba al aspirante por firmas Federico Gutiérrez, sin embargo, no es un canal oficial de esta.
Por otro lado, sus afirmaciones coinciden con estigmas promovidos en redes por políticos y otros usuarios, como los que identificó Colombicheck en el informe “Así se movió el discurso racista y estigmatizante contra la Minga 2020”, en colaboración con Rutas del Conflicto. Esto incluye a miembros de la “bodeguita uribista”, un grupo coordinado por funcionarios del gobierno de Iván Duque para crear tendencias y difundir desinformaciones, que se referían a los indígenas como “borrachos”, “parásitos” y en otros términos despectivos.
Así, el video no da ninguna prueba de sus acusaciones sobre la supuesta malversación de fondos por parte de las autoridades indígenas para beneficios personales y consumo de alcohol, a pesar de que pretenden darles verosimilitud al presentarlas como porcentajes sobre los dineros públicos que reciben. Mientras tanto, sus otras narrativas repiten viejos argumentos que han sido chequeados en verificaciones como estas:
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, en ese momento 1’905.617 personas se identificaron como indígenas en Colombia, que es el dato que menciona el autor del video. Esto es el 4,4% de quienes informaron su pertenencia étnica (no de toda la población) y deja por fuera, por ejemplo, a tres pueblos que viven en aislamiento voluntario y, por esa razón, no fueron contactados.
Las proyecciones poblacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no están detalladas por grupos étnicos. No obstante, al extrapolar el mismo porcentaje sobre la cantidad total de habitantes estimada para 2022, podrían ser 2,27 millones de indígenas en la actualidad.
Por otro lado, de acuerdo con los datos de la Agencia Nacional de Tierras sobre resguardos indígenas legalizados que están disponibles en el geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 2021, estos territorios suman 33 millones de hectáreas. Esto es el 28,9% de los 114 millones que tiene el país en área terrestre, según esta última entidad.
Los datos al respecto que da el influenciador son ligeramente superiores y no se compadecen con la realidad de esos territorios. La gran mayoría de ellos, al menos el 85%, se encuentra fuera de la frontera agrícola, en particular en la Amazonía, por lo que se trata de bosques que incluso se traslapan con parques nacionales naturales u otras áreas protegidas. No son lugares destinados a cultivos de ningún tipo.
Así lo ha dicho Colombiacheck en los chequeos antes mencionados, con base en información del Ministerio de Ambiente, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el Censo Nacional Agropecuario y la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria, entre otras fuentes oficiales. La concentración de la tierra más fértil en pocas manos del sector privado es, de hecho, uno de los principales reclamos históricos de los pueblos indígenas.
En esas verificaciones, las abogadas Yamile Salinas (q.e.p.d), Jhenifer Mojica, Carolina Gil e Isabel Güiza, expertas en asuntos agrarios o ambientales, también han señalado la diferencia entre la propiedad colectiva de estos espacios y la privada individual, pues no son tierras que se puedan comprar y vender, por ejemplo. Los artículos 63 y 329 de la Constitución establecen que son inalienables, inembargables, imprescriptibles y, en general, no se pueden enajenar.
El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, escribió en un informe de 2012 que:
“Se ha asumido que la totalidad de los territorios de los resguardos son de uso agropecuario o que están en condiciones de ser explotados para producir bienes. Este supuesto no tiene en cuenta la cultura y tradiciones productivas, ni descuenta en los territorios colectivos las áreas protegidas o no aptas para la actividad productiva y tampoco descuenta los lugares sagrados o en donde está prohibida la actividad económica”.
La Corte Constitucional ha reafirmado la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios como un derecho desde hace casi 30 años. “Se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes”, dice la sentencia T-188 de 1993.
Contrario a los señalamientos del video, “han sido precisamente los pueblos originarios, quienes han dado ejemplo de cuidado, conservación y protección ambiental y del manejo adecuado de la selva amazónica como pulmón y corazón del planeta”, señaló la líder nasa Luz Mery Panche Chocué en una columna. El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina lo comprobó de 2017 a 2020, pues las tasas de deforestación fueron más bajas en los territorios indígenas que en las áreas protegidas y mucho menores que en otras zonas.
Sobre los cultivos de coca, de las 142.783 hectáreas detectadas en 2020 según el informe más reciente de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que es la fuente oficial de monitoreo, 11.575 están en resguardos. Esto es el 8% de esos sembrados totales y apenas el 0,03% de las tierras indígenas.
“En realidad, en muchas áreas, los cultivos ilícitos no son plantados por las comunidades indígenas sino por colonos que entran en sus territorios, alterando la economía y el sistema de autoridad política tradicionales”, advierte un informe del Banco Interamericano de Desarrollo publicado en 2016. Lo mismo le han dicho a Colombiacheck los investigadores Salomón Majbub y Daniel Rico para el citado explicador sobre la desinformación racista contra la minga de 2020 y en otras ocasiones.
Como se explicó en ese artículo, la oposición de las autoridades indígenas a la presencia de grupos armados y economías ilegales como el narcotráfico en sus territorios es una de las razones por las que han sido perseguidos y es el móvil detrás de muchos asesinatos y amenazas contra sus líderes. Según Indepaz, en 2021 mataron a 55 y ya van 29 en 2022, incluyendo al también ambientalista Breiner David Cucuñame López, de 14 años.
Los pueblos indígenas, en armonía con el ambiente, han cultivado por siglos muchos productos diferentes (incluida la misma coca, que tiene usos ancestrales como medicina, entre otros muy diferentes a la fabricación de cocaína). El Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, ha apoyado la recuperación de estas tradiciones con sembrados de plátano, maíz y yuca en Cauca.
Una investigación de la Universidad de Caldas publicada en 2016 también determinó que distintas comunidades indígenas de ese departamento y del vecino Tolima tienen prácticas agrícolas diversas, que van desde la autosuficiencia aislada del mercado hasta la fuerte vinculación a este con grandes y medianas producciones de especies forestales, frutales y de pancoger. El panorama, muy distinto al que describe el video, coincide más bien con el planteado por una cartilla de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC):
“Las comunidades indígenas perviven en el territorio por su fuerte arraigo a la Madre Tierra, orientan sus actividades productivas buscando siempre hacer menor daño ambiental mediante la adopción de procesos ecológicos de producción agropecuaria, siembra en policultivos, mejoramiento del suelo mediante uso de abonos orgánicos, uso de biopreparados para el control de plagas y enfermedades, siembra y conservación de las semillas tradicionales para preservar la biodiversidad, alimentar los animales con plantas y semillas de las fincas evitando el uso de concentrados, utilizar sistemas menos intensivos de producción animal, entre otros”.
Como también se explica en los chequeos mencionados antes, estas características especiales de su relación con la tierra y el reconocimiento constitucional a su derecho a la propiedad colectiva son las razones por las que los cabildos y resguardos no pagan impuestos. El influenciador, igual que en las desinformaciones y frases verificadas antes, omite ese contexto al dar este dato.
En el Estatuto Tributario, los resguardos y cabildos son “no contribuyentes ni declarantes”, la misma categoría en la que entran la Nación, los entes territoriales, los consejos afros, las juntas de acción comunal, la Cruz Roja y los conjuntos residenciales, entre otros. Eso sí, la Ley 223 de 1995 obliga a que el Presupuesto General de la Nación les reponga a los municipios los recursos que dejan de recibir por cuenta del predial de esos territorios.
Lo que sí está completamente alejado de la realidad son los recursos que, según el video, les da ese presupuesto cada año. La asignación especial para resguardos indígenas en el decreto de liquidación para 2022 fue de 257.168 millones de pesos, poco más de la décima parte de lo que les atribuyó el hombre de la grabación (2,5 billones).
Hay otros rubros mucho menores para el fortalecimiento de sus sistemas de gobierno y organización, desarrollo rural, formación en competencias judiciales y lucha contra la deforestación. Algunos de estos, además, son compartidos con comunidades negras, el pueblo rom y otros beneficiarios; pero aun así suman algo más de 617.000 millones.
A lo que se debe agregar que la mayoría de resguardos no recibe de forma directa los recursos que le corresponden. Estos llegan a las administraciones municipales, que son las responsables de ejecutarlos en convenio con ellos, pero muchas veces los desvían o los dejan sin usar, como lo ha documentado la Contraloría y lo ha contado ya Colombiacheck, de nuevo, en los chequeos enumerados antes.
Así que, en general, el video sustenta unas conclusiones racistas que no corresponden con la realidad y justifica su llamado a la “defensa” con mentiras como que los indígenas solo cultivan coca, que la mayoría deforesta y que reciben billones de la Nación; la tergiversación clásica sobre la extensión de sus tierras, los datos sin contexto sobre sus impuestos y el censo, así como acusaciones sin sustento sobre supuesta corrupción. En consecuencia, se trata de un contenido falso.