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Martes, 19 Junio 2018

Duque, limitado para hacer “correcciones” al acuerdo de paz

Por Ana María Saavedra

Meter presos a los líderes de las Farc o quitarles la conexidad del narcotráfico con el delito político fueron algunos de los cambios que prometió el presidente electo. Sin embargo, fue más retórica que realidad porque ya hay beneficios que no se pueden echar atrás. Análisis.

El margen de maniobra que tendrá el presidente electo, Iván Duque, para modificar al acuerdo con las Farc es menor de lo que ha dicho. Su discurso de campaña inició con la promesa de recluir a los exjefes guerrilleros en “colonias agrícolas” e impedir las amnistías por narcotráfico como delito conexo a los políticos, pero en sus últimas intervenciones dio muestras de entender sus limitaciones.

El pasado domingo, en su primer discurso como presidente electo, Iván Duque dijo que no iba a hacer “trizas los acuerdos” de paz con las Farc, pero insistió en que necesitan “correcciones”.

También negó haber cambiado de posiciones “para congraciarse con el aplauso momentáneo”, pero él mismo, recién pasó a la segunda vuelta, empezó a admitir que sus posibilidades de cumplir esa promesa son menos amplias de lo que parecen.

 

Dos semanas antes de las elecciones de segunda vuelta, en una entrevista que le dio a Yamid Amat para el diario El Tiempo, Duque dijo que “la Corte Constitucional abrió una posibilidad el año pasado, en una sentencia en la que dijo que las autoridades competentes pueden hacer modificaciones”. Pero más adelante reconoció que al menos una de sus banderas, la eliminación del narcotráfico como delito conexo a los fines políticos de la guerrilla, ya no se le podría aplicar a los desmovilizados de las Farc.

Es que, desde que el exministro Fernando Londoño pidió “hacer trizas ese maldito papel” en referencia al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el partido Centro Democrático quedó relacionado con esa frase y una de las propuestas centrales de su candidato presidencial fue la de hacerle cambios en temas neurálgicos como la justicia transicional o la participación en política.

 

El exministro Carlos Holmes Trujillo, que pertenece al CD y trabajó en la campaña de Duque, le dijo a Colombiacheck.com que el objetivo del nuevo gobierno será darle “sostenibilidad” a lo pactado con mejoras que llenen “vacíos o inconsistencias” que le generen riesgos a los mismos acuerdos y podrían “hacer aguas” con ellos.

Por ejemplo, el exministro señaló que es necesario ponerle fin a los debates sobre el papel de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en casos como la revisión de la extradición del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Justo el 12 de junio la jurisdicción transicional congeló los términos de ese proceso mientras la Corte Constitucional define el conflicto de competencias que, según la Fiscalía, tiene el nuevo sistema con la Corte Suprema.

Trujillo, que fue constituyente, aclaró los “ajustes” que propone Duque se harían por medios institucionales y partirían de un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores políticos y sociales. Enfatizó en que “las cosas se deshacen como se hacen”, un principio fundamental del derecho. Por tanto, tendrían que pasar sus reformas por el Congreso tal como lo han hecho las iniciativas que ya están en pie, como la creación de la JEP.

El jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, Mario Cajas, advirtió que esa ruta no es tan sencilla, incluso si el nuevo gobierno consigue las mayorías necesarias en el Congreso porque, en ese caso, “gran parte del debate se daría en la Corte Constitucional”. Las leyes y reformas que pase Duque no podrían ir en contra de las ya vigentes, incluido el “blindaje” que obliga a los tres próximos gobiernos a respetarlo “de buena fe”.

Entre tanto, el próximo mandatario ya había pedido congelar el trámite en el Congreso del proyecto de ley que pretende reglamentar los procedimientos en esa justicia, es decir, justamente llenar parte de los vacíos existentes. En efecto el Senado aprobó una proposición del CD para aplazar el trámite hasta la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio, aunque en las próximas horas podría reconsiderar esa decisión.

Entre tanto, la Cámara votará mañana una versión del proyecto con cambios y el presidente Juan Manuel Santos anunció que convocará a sesiones extras para la aprobación de la iniciativa.

Por su parte la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró su “preocupación” por la tardanza que le impide a la jurisdicción trabajar a plena marcha por falta de procedimientos claros.

El argumento del uribismo es que la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el estatuto de la jurisdicción especial aprobado en noviembre pasado, lo que generaría un “vicio” en la nueva norma. Esa norma incluye, por ejemplo, el régimen de inhabilidades para los magistrados de la JEP que, de ser avalado por el tribunal, implicaría reconfigurar su composición.

Durante la campaña, Duque insistió sobre todo en la promesa de endurecer las penas, para que haya reclusión por lo menos en colonias agrícolas para los máximos responsables de crímenes atroces en la guerrilla, como lo había propuesto en 2016 como vocero del ‘No’ a los acuerdos tras su victoria en el plebiscito que buscaba refrendarlos. Este fue uno de los cambios que se quedó por fuera de la versión final firmada en el teatro Colón de Bogotá.

También enfatizó en evitar que el narcotráfico pueda ser considerado conexo a los delitos políticos y, por tanto, amnistiable.

Aun así, en la entrevista con Amat reconoció que su modificación “no sería retroactiva”. Esto quiere decir que el tráfico de drogas sí seguirá cobijado por las amnistías para los exguerrilleros de las Farc y una eventual reforma constitucional de Duque solo aplicaría a futuros procesos, por ejemplo, con el Eln. Esto se debe a que la Constitución garantiza que la justicia aplique siempre la norma más favorable al procesado.

El exmagistrado Augusto Ibáñez recordó también que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a favor de la conexidad del narcotráfico cuando este se usa para financiar delitos políticos, pero en contra cuando constituye una “empresa criminal”, es decir, cuando se comete con el único fin de enriquecerse. Así quedó claro, por ejemplo, cuando excluyó al narco ‘Gordolindo’ de la Ley de Justicia y Paz creada para la desmovilización de las Auc.

En la Constitucional también existe jurisprudencia que impide la conexidad de los delitos comunes, como el narcotráfico, con los políticos cuando los primeros se cometen para beneficio personal (entre otras limitaciones). Pero admite que se podría presentar legislación que cree exclusiones más claras, como las que ya hay para que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra por su gravedad.

Sin embargo, estas ya no les afectarían a las Farc por el mencionado principio de mayor beneficio. Y lo mismo pasaría si Duque cambia las penas alternativas por otras más restrictivas de la libertad.

Aunque Ibáñez reconoce que, con independencia del debate sobre si las primeras generan o no impunidad, el punto es que ya son derechos adquiridos para los desmovilizados que se les deben respetar en el proceso judicial.

Además, como mencionó Cajas, la Corte Constitucional sí avaló que los tres próximos gobiernos deberán cumplir “de buena fe” lo pactado, aunque Duque tenga razón en que les dio un margen de interpretación sobre cómo hacerlo. Así, más que revertir lo que ya está aprobado, el próximo presidente puede acomodar los puntos pendientes por definir, como la reforma rural, las curules de la paz o las reglas de la JEP.

El problema es que son desconocidos los detalles sobre las condiciones del tribunal para esas libertades que tendría Duque frente al Acuerdo, porque la sentencia C-630 de 2017 sobre el acto legislativo que creaba ese supuesto “blindaje” todavía no ha sido publicada; solo se conoce el comunicado de la decisión.

Ibáñez coincide con Carlos Holmes en que es posible deshacer esa misma norma a través de una nueva reforma en el Congreso.

Pero Cajas aclara que el hecho de requerir una nueva iniciativa para ‘tumbar’ lo que ya respaldó la Corte demuestra que la interpretación del presidente electo sobre sus posibilidades para hacer cambios sí tiene límites y que el tribunal estaría vigilante de que se cumplan.

Aunque, la puerta a las modificaciones quedó entreabierta con la sentencia (todavía desconocida en detalle) a la que se refiere Duque, con un espacio que le podría permitir algunas intervenciones, pero insuficiente para cumplir sus más reiteradas promesas.

Viernes, 25 Mayo 2018

Así fueron los ingresos y gastos de los aspirantes a la Casa de Nariño

Por Martha Lucía Segrera y Miriam Forero

El presidente Iván Duque fue el que más dinero juntó para su campaña y Petro el que más gastó. Sus contendores estuvieron entre el 37% y el 65% del máximo permitido para los ingresos. ¿Cómo se financiaron?, ¿quiénes fueron sus donantes?, ¿cómo repartieron su publicidad?

Nota: Este artículo fue publicado el 25 de mayo, a dos días de la primera vuelta presidencial, y actualizado dos meses después, con las cifras definitivas de rendición de cuentas que los candidatos entregaron al CNE.

Desde 2011, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó el aplicativo Cuentas Claras para que las campañas puedan ir reportando sus ingresos y gastos mientras transcurre la carrera electoral, y los ciudadanos los puedan consultar en Internet. Colombiacheck estudió los formularios y anexos que presentaron los candidatos a la Presidencia y detectó los que más dinero recibieron, cómo se financiaron y, en qué invirtieron la plata de sus campañas.

Para la primera vuelta, los exaspirantes a la Casa de Nariño tenían plazo hasta el 28 de junio para consolidar toda la información de ingresos y gastos, según la Ley 996 de 2005. Asimismo, para las campañas a la segunda vuelta, el plazo iba hasta el 18 de julio, esto es, un mes después del día de la jornada electoral) para consolidar todos sus movimientos contables. Por lo que se parte de la base de que las cifras reportadas, a la fecha (con corte al 6 de agosto), son definitivas. Luego, los partidos tienen un mes más para reportar oficialmente esa información, revisada y auditada por ellos mismos, al Consejo Nacional Electoral.

¿De dónde sacan la plata?

En Colombia la financiación de las campañas es mixta. Esto significa que se pueden cubrir los gastos con recursos de origen público y privado. Los primeros son otorgados por el Estado para promover la equidad en las elecciones y, los segundos pueden ser del capital propio del candidato, donaciones de familiares, aportes de personas naturales y créditos, tanto bancarios como de personas naturales.

En medio de una carrera electoral como la actual, con el fantasma de la supuesta financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales de 2014, hay que advertir que ese tipo de ingresos ilegales jamás son declarados. Como consecuencia, este año, la Fiscalía General de la Nación contará con dientes para sancionar a las campañas por prácticas electorales indebidas, gracias a la entrada en vigor de la Ley 1764 de 2017, que convirtió en delitos conductas electorales como la financiación con fuentes prohibidas, la violación de topes de gastos y la omisión de información de los aportes, que, si bien siempre han estado prohibidas, antes no causaban penas o multas.

Este año, los candidatos de la primera vuelta optaron por financiarse mayoritariamente a través de fuentes de origen privado (para poder hacer una análisis comparativo justo, en los casos de Gustavo Petro e Iván Duque no incluimos sus gastos e ingresos de segunda vuelta). Los créditos con entidades financieras acumulan la mayor parte de los ingresos. En el ranking de los aspirantes que más dinero pidieron a los bancos, Germán Vargas Lleras destronó a Gustavo Petro, quien hasta el 23 de mayo, iba punteando. La campaña del exvicepresidente obtuvo dos créditos con el Banco de Bogotá, por un total de $15.000 millones.

En segundo lugar, le sigue Gustavo Petro, quien a pesar de las dificultades que denunció en cuanto a que los bancos no querían prestarle dinero con fundamento en que él era “castrochavista”, logró obtener dos créditos con el sector financiero por $14.000 millones: uno con Bancolombia S.A. por $12.000 millones y otro con Confiar Cooperativa Financiera por $2.000 millones; el tercer lugar es para Iván Duque, con $10.000 millones, que corresponden a dos préstamos del Banco de Bogotá; le siguen Sergio Fajardo, quien obtuvo $7.500 millones y Humberto de la Calle, cuya campaña adquirió un crédito por $1.500 millones, ambos de Bancolombia.

En cuanto a recursos públicos, De la Calle le pidió anticipos al Estado por $9.022 millones e Iván Duque por cerca de $6.600 millones. A pesar de la polémica que hubo en torno a si el excandidato liberal tenía o no que devolver ese dinero que le anticiparon, dado que su partido no alcanzó el umbral en las elecciones presidenciales de primera vuelta, un grupo de ciudadanos buscó ayudarle a pagar las deudas que le dejó la campaña, a través de una iniciativa en el sitio web de financiación colectiva, Vaki. De acuerdo con información de la campaña, el mecanismo “Una Vaca por De la Calle” recaudó $708 millones y fue auditado por la firma contable Control P&G, que también vigilará su traslado inmediato, como abono, al crédito solicitado por el excandidato a Bancolombia. En el caso del candidato por el Centro Democrático, que obtuvo 7.569.693 votos, en la primera vuelta, tendría una reposición de $2.700 por voto, dado que sí superó el umbral.

Las otras fuentes de financiación que han usado los candidatos son: donaciones (se amplía más adelante), créditos de particulares (solo Petro, a quien cinco personas le prestaron en total $464 millones), ayudas en especie (reportadas por De la Calle, Duque, Fajardo y Petro) y recursos del partido (únicamente Duque y Fajardo dijeron haber recibido este apoyo).

En definitiva, al que más plata le entró fue al candidato del Centro Democrático, a cuya campaña ingresaron $23.377.537.249, lo que lo puso al 95% frente al tope establecido por el CNE para primera vuelta, que era de $24.235 millones. El de menos ingresos fue el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, cuya campaña recibió $8.934.969.721 (a 37% del tope). A continuación, las cifras de todos:

 

 

 

¿Quiénes les donan dinero?

El capítulo de las donaciones de particulares tampoco se queda atrás y es un indicador de cómo se hace política en determinadas regiones, y en general, en el país. Mientras la mayoría de los candidatos recibieron aportes de manera tradicional, Sergio Fajardo le apostó a la modalidad de crowdfunding –que había usado su coequipero Antanas Mockus en 2010-, es decir, recibir donaciones masivas de los ciudadanos de a pie, a través de un botón habilitado en su página web.

Vale aclarar que las donaciones por sí mismas no tiene ningún problema; son una manera en que las personas del común ayudan a financiar la democracia mientras apoyan al político de su preferencia. No obstante, cuando no existe claridad respecto del origen de los recursos o cuando la donación deja comprometido al candidato a devolver los favores, sí se convierte en un factor de riesgo de corrupción.

El que más dinero de donaciones recibió fue Iván Duque, quien obtuvo más de 4 mil millones por este concepto; una enorme ventaja frente a sus competidores, cuyas colectas por este método no superaron las cifras de cientos de millones, como lo muestra el siguiente ranking:

Iván Duque

Fue el que más dinero recibió en donaciones de particulares, con una cifra de $4.019.483.333. En una investigación más detallada que hicimos de todos los 220 donantes que reportó el nuevo presidente, encontramos que, aunque los informes de la campaña clasifican a la mayoría como empleados, la verdad es que son mucho más que eso. Al menos 116 tienen relación con importantes empresas del país, en calidad de accionistas, fundadores, presidentes, directivos, gerentes, subgerentes o representantes legales, cuyas donaciones al mandatario suman 2.169,5 millones de pesos.

Los sectores con mayor representación en esta tajada fueron los de construcción, corretaje de bolsa, textil, minería, transporte, bancario, agricultura, almacenes de cadena y floricultura. Vea aquí la investigación completa.

Germán Vargas Lleras

Registró donaciones por $718.700.000, de 18 aportantes. Los que más le dieron son:

- Alejandro Santo Domingo Dávila, $250 millones. Es el segundo hijo de Julio Mario Santo Domingo y Beatriz Dávila. Considerado el segundo hombre más rico de Colombia, es un empresario e inversionista colombo-estadounidense, con una fortuna de US$4,1 mil millones, de acuerdo con la revista Forbes. Tiene muchas inversiones en Colombia, como acciones en Caracol Televisión, la empresa Gases del Caribe, la cadena hotelera Decameron. La familia tiene participación en Corpbanca de Chile, BTG Pactual de Brasil y Colonial de España. También le donó a Iván Duque.

- José Alejandro Cortés Osorio, $39 millones. Estuvo 40 años en la presidencia del Grupo Bolívar y, su familia es una de las principales accionistas de dicho conglomerado. También fue donante de la campaña de Iván Duque, por el mismo valor.

- Sergio del Rosario Espinosa Posada, $75 millones. Socio de la iniciativa privada que promueve el nuevo terminal aéreo de Cartagena, al norte de la ciudad. Fue presidente del Banco del Estado, entidad de la que, según informa el diario El Tiempo, salió cuestionado y con llamado a indagatoria, en el año 1999, por parte de la Fiscalía General de la Nación, sindicado de incurrir en el delito de peculado por apropiación, gracias al otorgamiento, al parecer de forma irregular, de varios préstamos cercanos a mil millones de pesos cuando estuvo al mando de la entidad.

- Diego Fernando Prada Correa, $50 millones. Gerente general de Prabyc Ingenieros S.A.S., dedicada a servicios de ingeniería, arquitectura y urbanismo. En representación de esta sociedad, suscribió un contrato con la Superintendencia Nacional de Salud, con el objeto de arrendarles las oficinas para el funcionamiento de la sede administrativa de la Supersalud, por un valor total de $5.135.677.290.

Sergio Fajardo

Tiene reportadas donaciones por $716.470.714. Esta cifra se recibió desde el pasado 17 de abril, cuando la campaña habilitó el botón de donación en su página web, donde los ciudadanos podían contribuir con valores que iban desde los $10.000 hasta los $25.000.000.

De acuerdo con la información del candidato, de sus 1.954 donantes, los mayores aportantes son:

- Gabriel Gilinski, $200 millones. Presidente del Banco GNB Perú S.A. desde octubre de 2013. Es miembro de las juntas directivas de compañías como JGB Bank, JGB Financial Holding Company. Es hijo del banquero Jaime Gilinski -el tercer gran billonario de Colombia, según la revista Forbes y una de las 600 personas más adineradas del planeta- y la panameña Raquel Kardonski. Vale la pena destacar que también fue donante de la campaña de Iván Duque por $39 millones.

- Alejandro Santo Domingo Dávila, quien además de donar a las campañas de Iván Duque y Germán Vargas Lleras, aportó $100 millones a esta campaña.

- Álvaro Andrés Echavarría Olano, director de Sodimac Colombia, propietaria de los almacenes Homecenter y Constructor, quien donó $25.000.000

- Diana Barco, una prestigiosa arquitecta, que se ha desempeñado como directora de la fundación Rogelio Salmona y gestora cultural, quien dio $25.000.000.

Humberto de la Calle

Recibió donaciones de particulares por $16.265.000, de 37 personas. Según su reporte, los que más donaron son:

- Victoria Eugenia Escobar, que aporta cinco millones de pesos.

- Luz Ángela Monsalve Hoyos, quien dona tres millones de pesos, figura en la polémica lista de Panamá Papers como accionista de la sociedad panameña Safegate Investments S.A. (esto no representa una irregularidad, siempre y cuando la persona declare ante la Dian sus activos en el exterior).

- Marcelo Leon Dub, quien dona dos millones quinientos mil pesos y forma parte del equipo de SEAF Colombia S.A. Sociedad Administradora de Inversión, una firma especializada en administrar fondos de capital privado en Colombia.

Gustavo Petro

Registró donaciones por $12.204.000, de 23 donantes. Los que más le aportaron son:

- Nidia Consuelo Castañeda Saenz, $4.649.000, quien suscribió un contrato con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal de la Alcaldía Mayor de Bogotá por $32.400.000, con el objeto de prestar servicios profesionales de orientación de procesos en el desarrollo de políticas públicas.

- Jaime Ernesto Forero, profesor del Departamento de Física de la Universidad de Los Andes.

En este punto, es preciso aclarar que los mayores ingresos del candidato Gustavo Petro, provenientes de particulares no corresponden a las donaciones, sino a créditos, por un valor total de $464.000.000. De estos, los más altos son de Olmedo de Jesús López Martínez, quien le prestó $300 millones, y en agosto de 2016, suscribió un contrato de comodato de una maleta audiovisual con la Autoridad Nacional de Televisión- ANTV, como representante legal de la Corporación de Sistema de Comunicación Comunitaria El Palmar, de manera gratuita; y de Eduardo Arango Saldarriaga ($100 millones), quien entre los años 2011 y 2017, suscribió siete contratos con varias entidades estatales, tanto del orden nacional como del orden territorial, en su calidad de representante de tres sociedades: Durabotes S.A.S., Publimilenio S.A.S., y Urbana S.A.S., por un monto total, cercano a los $260 millones.

 

¿Cómo se gastaron la plata?

Durante el período de campañas electorales para la primera vuelta, los aspirantes presidenciales gastaron un total de $90.645.916.162. Como es de esperarse, el mayor rubro se va en publicidad y propaganda política. Colombiacheck reclasificó los pagos que han reportado los candidatos en este aspecto para analizar cuánto invierten en medios tradicionales, volanteo en las calles y redes sociales, como se puede ver en esta visualización interactiva, que, además, demuestra la inversión en los otros gastos que tienen las campañas:

 

 

El candidato que más reportó gastos en el ítem de propaganda electoral fue el ahora presidente, Iván Duque, con $15.403.641.267. Su campaña invirtió la mayor parte de su publicidad (73%) en medios de comunicación tradicionales, fundamentalmente en radio y televisión, con una cifra que supera los $11.000 millones. Adicionalmente, Duque gastó alrededor de $2.711 millones en material de propaganda política, como gorras, manillas, pendones, afiches; y alrededor de $107 millones en vallas publicitarias o pasacalles. Aún cuando su gastos no han sido tan fuertes en páginas de Internet o redes sociales, tampoco los ha dejado de lado: invirtió un estimado de $506 millones en banners en páginas web y en Google, y cerca de $596 millones en redes sociales, principalmente, en Facebook.

Germán Vargas Lleras tampoco se quedó atrás. Al igual que Duque, concentró la mayor parte de su publicidad en medios de comunicación tradicionales, principalmente en cuñas radiales, prensa escrita y algunas propagandas en los principales canales nacionales, con una cifra de $14.608.588.466. Su mensaje siempre estuvo enfocado en resaltar las obras ejecutadas durante su paso por el Ministerio de Vivienda y la Vicepresidencia de la República. También recurrió a las redes sociales, con alrededor de $1.605 millones. De igual forma, concentró una buena parte de su propaganda en vallas y pasacalles, a lo que le invirtió $1.305 millones. En lo que a Internet y al volanteo se refiere, destinó poco menos del 8% del presupuesto total de pauta electoral.

El tercero en el ranking de gasto publicitario es el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, quien, al inicio de su campaña le apostó a medios como los afiches, los volantes y el perifoneo. Sin embargo, conforme avanzó la contienda, decidió, al igual que los dos anteriores candidatos, concentrarse en invertirle a los medios de comunicación tradicionales, fundamentalmente a pautas publicitarias en televisión y a las cuñas radiales, llegando a los $7.500 millones, esto es, el 61% del presupuesto total de pauta electoral. Ahora bien, vale la pena destacar que si bien disminuyó la publicidad a través de afiches y volantes, tampoco los dejó de lado. En esto invirtió $3.295.797.848. Y, a pesar de que su inversión publicitaria tanto en Internet, como en redes sociales no superó el 4%, logró consolidarse como el candidato más fuerte en estos medios. De hecho, su cuenta de Twitter cuenta con 3,25 millones de seguidores, el más popular en esa plataforma.

Humberto de la Calle, al igual que los demás candidatos, invirtió la mayor parte de su publicidad en medios de comunicación tradicionales, principalmente en cuñas radiales y prensa escrita, con una cifra de $4.000 millones. Su mensaje siempre estuvo enfocado en destacar su trabajo y sus logros en relación con los acuerdos de paz. También recurrió a la distribución de material electoral y volantes, con alrededor de $2.537 millones. En lo que a Internet y a las redes sociales se refiere, invirtió el 6% del presupuesto total de la pauta electoral, siendo el candidato menos popular en las redes. De hecho, al digitar su nombre en Google, no figura ningún enlace patrocinado.

Finalmente, el candidato Sergio Fajardo tampoco fue la excepción. Su gasto más significativo coincidió con el de los demás, esto es, los medios de comunicación tradicionales, siendo los principales los comerciales de televisión y las cuñas radiales, con una cifra que asciende a los $3.400 millones. Sergio Fajardo fue, de lejos, el candidato que más dinero le invirtió a la red social Facebook, con $610.347.671, lo que lo convirtió en uno de los más fuertes en esa red, con 783.246 seguidores. Al volanteo y perifoneo le destinó $894.858 millones y a las vallas publicitarias cerca de $85 millones.

 

El evento de campaña más caro

El que más fe le tuvo a las tarimas fue, indiscutiblemente, Gustavo Petro. El candidato fue quien reportó la mayor cantidad de gastos en el capítulo de actos públicos ($2.770.807.487), y es el responsable del evento más caro, según los reportes oficiales al CNE: “Campaña de Petro en Maicao, La Guajira”. La actividad fue llevada a cabo el 20 de abril y, tan solo la logística de transporte y refrigerio costó $50 millones. A la reunión asistieron algunos políticos, activistas y en general, las comunidades indígenas, quienes le manifestaron su apoyo, saliendo a la carretera con el avance de la caravana.

El segundo lugar en gastos de plaza pública lo tiene Germán Vargas Lleras, con una cifra de $2.037.606.621, bastante cercana a la de Petro. En tercer lugar se ubica Iván Duque, con $1.070 millones; luego, Humberto de la Calle, con $652.380.765, quien, además, tiene el evento más barato reportado, por cien mil pesos, consistente en un café con los líderes estudiantiles en Bogotá, D.C.; y, en último lugar, está Sergio Fajardo, que registró $114 millones por este concepto.

Es importante recordar que dentro del apartado de actos públicos, puede existir un altísimo porcentaje de gastos que es imposible medir porque muchos de los ítems que requieren estos eventos se cubren en especie. Si bien es cierto que los candidatos no tienen la obligación de cubrir el total de los gastos del evento con su dinero, y que pueden recibir aportes en especie, al cruzar los anexos de actos públicos con los de aportes en especie, es evidente que hay elementos, tales como refrigerios, sonido, sillas, entre otros, que se quedan por fuera y no tienen ninguna clase de control.

 

Encuentre aquí todos los informes y anexos de los candidatos, utilizados para este análisis, con corte al 23 de mayo de 2018.