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Martes, 19 Junio 2018

Duque, limitado para hacer “correcciones” al acuerdo de paz

Por Ana María Saavedra

Meter presos a los líderes de las Farc o quitarles la conexidad del narcotráfico con el delito político fueron algunos de los cambios que prometió el presidente electo. Sin embargo, fue más retórica que realidad porque ya hay beneficios que no se pueden echar atrás. Análisis.

El margen de maniobra que tendrá el presidente electo, Iván Duque, para modificar al acuerdo con las Farc es menor de lo que ha dicho. Su discurso de campaña inició con la promesa de recluir a los exjefes guerrilleros en “colonias agrícolas” e impedir las amnistías por narcotráfico como delito conexo a los políticos, pero en sus últimas intervenciones dio muestras de entender sus limitaciones.

El pasado domingo, en su primer discurso como presidente electo, Iván Duque dijo que no iba a hacer “trizas los acuerdos” de paz con las Farc, pero insistió en que necesitan “correcciones”.

También negó haber cambiado de posiciones “para congraciarse con el aplauso momentáneo”, pero él mismo, recién pasó a la segunda vuelta, empezó a admitir que sus posibilidades de cumplir esa promesa son menos amplias de lo que parecen.

 

Dos semanas antes de las elecciones de segunda vuelta, en una entrevista que le dio a Yamid Amat para el diario El Tiempo, Duque dijo que “la Corte Constitucional abrió una posibilidad el año pasado, en una sentencia en la que dijo que las autoridades competentes pueden hacer modificaciones”. Pero más adelante reconoció que al menos una de sus banderas, la eliminación del narcotráfico como delito conexo a los fines políticos de la guerrilla, ya no se le podría aplicar a los desmovilizados de las Farc.

Es que, desde que el exministro Fernando Londoño pidió “hacer trizas ese maldito papel” en referencia al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el partido Centro Democrático quedó relacionado con esa frase y una de las propuestas centrales de su candidato presidencial fue la de hacerle cambios en temas neurálgicos como la justicia transicional o la participación en política.

 

El exministro Carlos Holmes Trujillo, que pertenece al CD y trabajó en la campaña de Duque, le dijo a Colombiacheck.com que el objetivo del nuevo gobierno será darle “sostenibilidad” a lo pactado con mejoras que llenen “vacíos o inconsistencias” que le generen riesgos a los mismos acuerdos y podrían “hacer aguas” con ellos.

Por ejemplo, el exministro señaló que es necesario ponerle fin a los debates sobre el papel de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en casos como la revisión de la extradición del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Justo el 12 de junio la jurisdicción transicional congeló los términos de ese proceso mientras la Corte Constitucional define el conflicto de competencias que, según la Fiscalía, tiene el nuevo sistema con la Corte Suprema.

Trujillo, que fue constituyente, aclaró los “ajustes” que propone Duque se harían por medios institucionales y partirían de un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores políticos y sociales. Enfatizó en que “las cosas se deshacen como se hacen”, un principio fundamental del derecho. Por tanto, tendrían que pasar sus reformas por el Congreso tal como lo han hecho las iniciativas que ya están en pie, como la creación de la JEP.

El jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, Mario Cajas, advirtió que esa ruta no es tan sencilla, incluso si el nuevo gobierno consigue las mayorías necesarias en el Congreso porque, en ese caso, “gran parte del debate se daría en la Corte Constitucional”. Las leyes y reformas que pase Duque no podrían ir en contra de las ya vigentes, incluido el “blindaje” que obliga a los tres próximos gobiernos a respetarlo “de buena fe”.

Entre tanto, el próximo mandatario ya había pedido congelar el trámite en el Congreso del proyecto de ley que pretende reglamentar los procedimientos en esa justicia, es decir, justamente llenar parte de los vacíos existentes. En efecto el Senado aprobó una proposición del CD para aplazar el trámite hasta la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio, aunque en las próximas horas podría reconsiderar esa decisión.

Entre tanto, la Cámara votará mañana una versión del proyecto con cambios y el presidente Juan Manuel Santos anunció que convocará a sesiones extras para la aprobación de la iniciativa.

Por su parte la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró su “preocupación” por la tardanza que le impide a la jurisdicción trabajar a plena marcha por falta de procedimientos claros.

El argumento del uribismo es que la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el estatuto de la jurisdicción especial aprobado en noviembre pasado, lo que generaría un “vicio” en la nueva norma. Esa norma incluye, por ejemplo, el régimen de inhabilidades para los magistrados de la JEP que, de ser avalado por el tribunal, implicaría reconfigurar su composición.

Durante la campaña, Duque insistió sobre todo en la promesa de endurecer las penas, para que haya reclusión por lo menos en colonias agrícolas para los máximos responsables de crímenes atroces en la guerrilla, como lo había propuesto en 2016 como vocero del ‘No’ a los acuerdos tras su victoria en el plebiscito que buscaba refrendarlos. Este fue uno de los cambios que se quedó por fuera de la versión final firmada en el teatro Colón de Bogotá.

También enfatizó en evitar que el narcotráfico pueda ser considerado conexo a los delitos políticos y, por tanto, amnistiable.

Aun así, en la entrevista con Amat reconoció que su modificación “no sería retroactiva”. Esto quiere decir que el tráfico de drogas sí seguirá cobijado por las amnistías para los exguerrilleros de las Farc y una eventual reforma constitucional de Duque solo aplicaría a futuros procesos, por ejemplo, con el Eln. Esto se debe a que la Constitución garantiza que la justicia aplique siempre la norma más favorable al procesado.

El exmagistrado Augusto Ibáñez recordó también que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a favor de la conexidad del narcotráfico cuando este se usa para financiar delitos políticos, pero en contra cuando constituye una “empresa criminal”, es decir, cuando se comete con el único fin de enriquecerse. Así quedó claro, por ejemplo, cuando excluyó al narco ‘Gordolindo’ de la Ley de Justicia y Paz creada para la desmovilización de las Auc.

En la Constitucional también existe jurisprudencia que impide la conexidad de los delitos comunes, como el narcotráfico, con los políticos cuando los primeros se cometen para beneficio personal (entre otras limitaciones). Pero admite que se podría presentar legislación que cree exclusiones más claras, como las que ya hay para que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra por su gravedad.

Sin embargo, estas ya no les afectarían a las Farc por el mencionado principio de mayor beneficio. Y lo mismo pasaría si Duque cambia las penas alternativas por otras más restrictivas de la libertad.

Aunque Ibáñez reconoce que, con independencia del debate sobre si las primeras generan o no impunidad, el punto es que ya son derechos adquiridos para los desmovilizados que se les deben respetar en el proceso judicial.

Además, como mencionó Cajas, la Corte Constitucional sí avaló que los tres próximos gobiernos deberán cumplir “de buena fe” lo pactado, aunque Duque tenga razón en que les dio un margen de interpretación sobre cómo hacerlo. Así, más que revertir lo que ya está aprobado, el próximo presidente puede acomodar los puntos pendientes por definir, como la reforma rural, las curules de la paz o las reglas de la JEP.

El problema es que son desconocidos los detalles sobre las condiciones del tribunal para esas libertades que tendría Duque frente al Acuerdo, porque la sentencia C-630 de 2017 sobre el acto legislativo que creaba ese supuesto “blindaje” todavía no ha sido publicada; solo se conoce el comunicado de la decisión.

Ibáñez coincide con Carlos Holmes en que es posible deshacer esa misma norma a través de una nueva reforma en el Congreso.

Pero Cajas aclara que el hecho de requerir una nueva iniciativa para ‘tumbar’ lo que ya respaldó la Corte demuestra que la interpretación del presidente electo sobre sus posibilidades para hacer cambios sí tiene límites y que el tribunal estaría vigilante de que se cumplan.

Aunque, la puerta a las modificaciones quedó entreabierta con la sentencia (todavía desconocida en detalle) a la que se refiere Duque, con un espacio que le podría permitir algunas intervenciones, pero insuficiente para cumplir sus más reiteradas promesas.

Jueves, 24 Mayo 2018

Petro: ¿Paneles solares en los techos de la Costa Caribe?

Por María José Pereira

El candidato de Colombia Humana propone pasar de la energía eléctrica a la solar. Analizamos, junto con expertos, la viabilidad de hacer realidad esta promesa a través de paneles solares en las casas de la región Caribe.

Por María José Pereira *

Una de las propuestas base de la campaña de Gustavo Petro es la instalación de paneles solares en los techos de las casas del Caribe para generar energía limpia. Lo propuso en el debate Caribe que se realizó en la Universidad del Norte, en Barranquilla, y lo ha dicho por Twitter en al menos dos ocasiones.

 

 

 

 

 

La energía solar puede parecer como una excelente respuesta a la búsqueda de fuentes de energía diferentes a las del petróleo y el carbón. Sobre todo en un país que tiene índices de radiación solar por encima del promedio mundial. Según un estudio realizado por el Instituto de Hidrología, Metodología y Estudios Ambientales (Ideam) en convenio con la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), Colombia tiene un promedio diario de 4,5 kilovatios por metro cuadrado, mientras que el promedio mundial se encuentra alrededor de 3,9 KW. Las regiones con mayor incidencia solar son La Guajira y la Costa Atlántica.

Además, en el país se encuentra vigente la Ley 1715 de 2014, que se creó con el objetivo de promover el uso de fuentes no convencionales de energía dentro del sistema energético colombiano. Esta ley cuenta con una variedad de incentivos, incluyendo el artículo 12, que establece que todos los equipos y servicios que se destinen a la inversión de energía no convencional estarán excluidos del IVA.

No obstante, al revisar la literatura del tema y después de consultar con expertos, la propuesta del candidato tiene varios obstáculos que dificultarían su ejecución en el corto y mediano plazo. Oscar Narváez, gerente general de Sun Supply, empresa que diseña e instala sistemas de energía solar, explica que el problema con la propuesta del candidato de Colombia Humana es que, “la red eléctrica de la región no está preparada para un proyecto como este; tendría que ser más estable para enviar energía y recibirla.” Actualmente existen problemas con enviar energía desde la central, si cada hogar empieza a hacerlo, el daño puede ser muy grande. Además advierte que, “un cable sin calibre adecuado puede producir incendios.”

Ahora bien, también se podrían emplear paneles solares que en vez de estar interconectados con la red eléctrica funcionen con baterías. El problema es que, en promedio, la vida útil de una batería es de 7 años y el costo de estas compone el 30% de la inversión inicial, lo cual no hace muy rentable comprarlas cada 7 años, advierte Narváez.

Y a diferencia de paneles interconectados con la red eléctrica, los que funcionan con batería requieren de un estudio personalizado antes de su implementación. Es decir, que antes de instalarlos hay que conocer cuánta energía se consume en cada casa, la posición geográfica en donde se van a montar los módulos, la irradiación que recibe el lugar donde se desea instalar (tejados, paredes, etc.) y dimensionar tanto el número de paneles necesarios, como el número de baterías. Todo esto para evitar que la energía generada sea mayor o inferior a la necesaria. En el caso de los paneles que no usan batería esto no es relevante, puesto que, si falta energía, esta se complementa con la energía de la red eléctrica y, si sobra energía, los paneles mandan el excedente a través de la red.

En el caso de Cartagena, Edgar Brazón, doctorado en Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), advierte que el viento podría ser un factor que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar que tipo de paneles a instalar. Porque, aunque los paneles solares, bien instalados, pueden soportar vientos fuertes, la sal marina del viento en Cartagena puede corroer el metal de los paneles, a menos que se compren paneles resistentes a la corrosión.

También hay que tener en cuenta que la energía solar tiene un limitante, la noche. No es posible depender únicamente de este tipo de energía, pues los paneles solares comunes no producen en la oscuridad. Y, si bien podrían almacenar energía en las baterías, ya se establecieron previamente las complicaciones con este tipo de paneles que resultan inviables en términos financieros.

Para Oscar Narvaez, una solución podría ser la creación de una red inteligente que permita un dialogo bidireccional, en donde es posible un intercambio de energía entre la empresa proveedora y los clientes, más específicamente una red inteligente basada en energía solar e hidroeléctricas. Sin embargo, esto sería un proyecto muy a largo plazo y no algo que se pueda realizar en cuatro años, pues actualmente, según datos de la Cámara Colombiana de la Energía, menos del 3% de la energía de Colombia proviene de fuentes renovables no convencionales.

Con respecto al costo de un proyecto como este, es imposible determinar con certeza cuánto le costaría al Estado, ya que se desconoce la cantidad de viviendas en la Costa Caribe que serían aptas para el proyecto. Instalar un sistema fotovoltaico (con los paneles solares y todo lo necesario incluido) interconectado a la red eléctrica en una casa sencilla, sin aire acondicionados, costaría aproximadamente 14 millones, según Narváez.

Un estudio hecho por especialistas de la Universidad Católica de Pereira calcula la inversión inicial en $ 34 millones, recuperables en 13 años, con una proyección de ahorro del 32,74 % en los pagos de facturas de energía, a 30 años.

 

 

Colombiacheck contactó a la campaña de Gustavo Petro para saber cómo planea el candidato sortear estos obstáculos, pero no fue posible obtener una respuesta.

* María José Pereira: Estudiante de periodismo de la Universidad del Norte. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.