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Martes, 19 Junio 2018

Duque, limitado para hacer “correcciones” al acuerdo de paz

Por Ana María Saavedra

Meter presos a los líderes de las Farc o quitarles la conexidad del narcotráfico con el delito político fueron algunos de los cambios que prometió el presidente electo. Sin embargo, fue más retórica que realidad porque ya hay beneficios que no se pueden echar atrás. Análisis.

El margen de maniobra que tendrá el presidente electo, Iván Duque, para modificar al acuerdo con las Farc es menor de lo que ha dicho. Su discurso de campaña inició con la promesa de recluir a los exjefes guerrilleros en “colonias agrícolas” e impedir las amnistías por narcotráfico como delito conexo a los políticos, pero en sus últimas intervenciones dio muestras de entender sus limitaciones.

El pasado domingo, en su primer discurso como presidente electo, Iván Duque dijo que no iba a hacer “trizas los acuerdos” de paz con las Farc, pero insistió en que necesitan “correcciones”.

También negó haber cambiado de posiciones “para congraciarse con el aplauso momentáneo”, pero él mismo, recién pasó a la segunda vuelta, empezó a admitir que sus posibilidades de cumplir esa promesa son menos amplias de lo que parecen.

 

Dos semanas antes de las elecciones de segunda vuelta, en una entrevista que le dio a Yamid Amat para el diario El Tiempo, Duque dijo que “la Corte Constitucional abrió una posibilidad el año pasado, en una sentencia en la que dijo que las autoridades competentes pueden hacer modificaciones”. Pero más adelante reconoció que al menos una de sus banderas, la eliminación del narcotráfico como delito conexo a los fines políticos de la guerrilla, ya no se le podría aplicar a los desmovilizados de las Farc.

Es que, desde que el exministro Fernando Londoño pidió “hacer trizas ese maldito papel” en referencia al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el partido Centro Democrático quedó relacionado con esa frase y una de las propuestas centrales de su candidato presidencial fue la de hacerle cambios en temas neurálgicos como la justicia transicional o la participación en política.

 

El exministro Carlos Holmes Trujillo, que pertenece al CD y trabajó en la campaña de Duque, le dijo a Colombiacheck.com que el objetivo del nuevo gobierno será darle “sostenibilidad” a lo pactado con mejoras que llenen “vacíos o inconsistencias” que le generen riesgos a los mismos acuerdos y podrían “hacer aguas” con ellos.

Por ejemplo, el exministro señaló que es necesario ponerle fin a los debates sobre el papel de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en casos como la revisión de la extradición del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Justo el 12 de junio la jurisdicción transicional congeló los términos de ese proceso mientras la Corte Constitucional define el conflicto de competencias que, según la Fiscalía, tiene el nuevo sistema con la Corte Suprema.

Trujillo, que fue constituyente, aclaró los “ajustes” que propone Duque se harían por medios institucionales y partirían de un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores políticos y sociales. Enfatizó en que “las cosas se deshacen como se hacen”, un principio fundamental del derecho. Por tanto, tendrían que pasar sus reformas por el Congreso tal como lo han hecho las iniciativas que ya están en pie, como la creación de la JEP.

El jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, Mario Cajas, advirtió que esa ruta no es tan sencilla, incluso si el nuevo gobierno consigue las mayorías necesarias en el Congreso porque, en ese caso, “gran parte del debate se daría en la Corte Constitucional”. Las leyes y reformas que pase Duque no podrían ir en contra de las ya vigentes, incluido el “blindaje” que obliga a los tres próximos gobiernos a respetarlo “de buena fe”.

Entre tanto, el próximo mandatario ya había pedido congelar el trámite en el Congreso del proyecto de ley que pretende reglamentar los procedimientos en esa justicia, es decir, justamente llenar parte de los vacíos existentes. En efecto el Senado aprobó una proposición del CD para aplazar el trámite hasta la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio, aunque en las próximas horas podría reconsiderar esa decisión.

Entre tanto, la Cámara votará mañana una versión del proyecto con cambios y el presidente Juan Manuel Santos anunció que convocará a sesiones extras para la aprobación de la iniciativa.

Por su parte la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró su “preocupación” por la tardanza que le impide a la jurisdicción trabajar a plena marcha por falta de procedimientos claros.

El argumento del uribismo es que la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el estatuto de la jurisdicción especial aprobado en noviembre pasado, lo que generaría un “vicio” en la nueva norma. Esa norma incluye, por ejemplo, el régimen de inhabilidades para los magistrados de la JEP que, de ser avalado por el tribunal, implicaría reconfigurar su composición.

Durante la campaña, Duque insistió sobre todo en la promesa de endurecer las penas, para que haya reclusión por lo menos en colonias agrícolas para los máximos responsables de crímenes atroces en la guerrilla, como lo había propuesto en 2016 como vocero del ‘No’ a los acuerdos tras su victoria en el plebiscito que buscaba refrendarlos. Este fue uno de los cambios que se quedó por fuera de la versión final firmada en el teatro Colón de Bogotá.

También enfatizó en evitar que el narcotráfico pueda ser considerado conexo a los delitos políticos y, por tanto, amnistiable.

Aun así, en la entrevista con Amat reconoció que su modificación “no sería retroactiva”. Esto quiere decir que el tráfico de drogas sí seguirá cobijado por las amnistías para los exguerrilleros de las Farc y una eventual reforma constitucional de Duque solo aplicaría a futuros procesos, por ejemplo, con el Eln. Esto se debe a que la Constitución garantiza que la justicia aplique siempre la norma más favorable al procesado.

El exmagistrado Augusto Ibáñez recordó también que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a favor de la conexidad del narcotráfico cuando este se usa para financiar delitos políticos, pero en contra cuando constituye una “empresa criminal”, es decir, cuando se comete con el único fin de enriquecerse. Así quedó claro, por ejemplo, cuando excluyó al narco ‘Gordolindo’ de la Ley de Justicia y Paz creada para la desmovilización de las Auc.

En la Constitucional también existe jurisprudencia que impide la conexidad de los delitos comunes, como el narcotráfico, con los políticos cuando los primeros se cometen para beneficio personal (entre otras limitaciones). Pero admite que se podría presentar legislación que cree exclusiones más claras, como las que ya hay para que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra por su gravedad.

Sin embargo, estas ya no les afectarían a las Farc por el mencionado principio de mayor beneficio. Y lo mismo pasaría si Duque cambia las penas alternativas por otras más restrictivas de la libertad.

Aunque Ibáñez reconoce que, con independencia del debate sobre si las primeras generan o no impunidad, el punto es que ya son derechos adquiridos para los desmovilizados que se les deben respetar en el proceso judicial.

Además, como mencionó Cajas, la Corte Constitucional sí avaló que los tres próximos gobiernos deberán cumplir “de buena fe” lo pactado, aunque Duque tenga razón en que les dio un margen de interpretación sobre cómo hacerlo. Así, más que revertir lo que ya está aprobado, el próximo presidente puede acomodar los puntos pendientes por definir, como la reforma rural, las curules de la paz o las reglas de la JEP.

El problema es que son desconocidos los detalles sobre las condiciones del tribunal para esas libertades que tendría Duque frente al Acuerdo, porque la sentencia C-630 de 2017 sobre el acto legislativo que creaba ese supuesto “blindaje” todavía no ha sido publicada; solo se conoce el comunicado de la decisión.

Ibáñez coincide con Carlos Holmes en que es posible deshacer esa misma norma a través de una nueva reforma en el Congreso.

Pero Cajas aclara que el hecho de requerir una nueva iniciativa para ‘tumbar’ lo que ya respaldó la Corte demuestra que la interpretación del presidente electo sobre sus posibilidades para hacer cambios sí tiene límites y que el tribunal estaría vigilante de que se cumplan.

Aunque, la puerta a las modificaciones quedó entreabierta con la sentencia (todavía desconocida en detalle) a la que se refiere Duque, con un espacio que le podría permitir algunas intervenciones, pero insuficiente para cumplir sus más reiteradas promesas.

Domingo, 15 Enero 2017

Toribío: dos años en paz, pero sin luz por las noches

Por Sania Salazar

Gracias a la negociación y firma del Acuerdo Final, hace dos años que la tranquilidad reina en este municipio caucano que fue azotado por el conflicto. La esperanza y el comercio crecen, así como los cultivos de marihuana en invernadero. Instantáneas de su nueva realidad.

Completar cinco meses sin servicio de energía eléctrica por las noches es lo de menos. En Toribío, Cauca, ya se puede disfrutar tranquilamente de un helado en las bancas de la plaza. Pararse cerca de un policía ya no es convertirse automáticamente en blanco de las balas de las Farc. Los niños pueden jugar en las calles.

Aunque el apagón nocturno llevaba dos meses a mediados de noviembre, cuando Colombiacheck visitó el pueblo, otro dato es más mucho más importante y descriptivo de lo que vive este pueblo: Aproximadamente dos años, coinciden sus habitantes, sin guerrilleros del sexto frente de las Farc disparando desde las montañas que lo circundan.

“En Toribío ya hay paz”, dice en voz alta una señora de cabello largo, blanco y recogido, de unos 70 años. “Antes a uno le temblaban las nalguitas así todos los días”, y levanta las manos vibrantes mientras espera sentada en un microbús a que empiece el recorrido, de dos horas, desde Santander de Quilichao hasta la plaza de Toribío.

La casa de doña Julia, cuyo nombre completo es Hostal La Mansión de Julia es el albergue que recomiendan ahora en el pueblo a los visitantes. Seis cuartos en el primer piso. La vivienda de la dueña en el segundo cuyo garaje se convierte por las noches en pizzería. Un tercer piso en construcción.

A sus 52 años Julia Isabel Díaz está construyendo un hotel y reconstruyendo su vida. Payanesa. Auxiliar de enfermería. Se le ocurrió la idea del hotel para quienes llegaban hasta el pueblo por trabajo, pues eran poquitos los que se atrevían a ir a un municipio donde la guerrilla estaba pendiente en las vías de acceso de quién entraba, para qué y por cuánto tiempo. Un pueblo donde en cualquier momento llovían balas y pipetas desde las montañas. El municipio del país más afectado por hostigamientos y tomas guerrilleras.

A quien necesitaba quedarse unos días le alquilaban un cuarto en una casa de familia o debía quedarse en un hostal en el que a duras penas ofrecían una cama, sin ninguna otra comodidad, donde un baño privado era un lujo suntuoso.

Pero desde que abrió el primer cuarto, en marzo pasado, no ha parado de recibir gente, periodistas, sobre todo internacionales, y familias de municipios vecinos que llegan de paseo los fines de semana.

En la sala de su casa, alumbrada solo por un pequeño rayo de luz de una veladora detrás de ella, cuenta que cuando fue a que la incluyeran dentro de las 6.550 víctimas de Toribío reconocidas por el Registro Único de Víctimas, le dijeron que para ella no había nada porque lo de ella era psicológico.

6.550 víctimas en un municipio que según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, tiene este año 29.496 habitantes. Las víctimas son el 22,2% de los pobladores. Una de cada cinco personas. Julia, una de cinco, es oficialmente una víctima.

“Estoy en tratamiento psiquiátrico. Tengo estrés postraumático, depresión mayor, síndrome de ansiedad”, enumera, y esboza una explicación de sus padecimientos, “me tocaba atender en el hospital a los heridos de parte y parte. Eso me tocaba verlo, quiéralo o no”, recuerda.

Julia sabe que aunque vuelva la violencia habrá personas que necesiten pasar temporadas en Toribío por trabajo, pero confía en que los tiempos violentos terminaron, por eso piensa en un hotel con las comodidades de la ciudad y hasta con una pequeña zona de spa.

Pero Julia no es la única que confía en el potencial de Toribío. Jesús Betancur, funcionario de la Alcaldía, mira por la ventana de su oficina, en el primer piso de la edificación.

“Esos toldos que se ven ahí no estaban antes, eso era vacío”, señala con el dedo al hablar de los puestos de ventas informales que hay en el parque principal, 15 en total ese día de noviembre. Ofrecen carne, ropa, comida, entre otras cosas.

Los números que consulta en el computador de la tesorería indican también el incremento en el comercio formal, uno de los primeros aspectos que resaltan los habitantes de Toribío en la nueva etapa de tranquilidad que viven.

En 2013, primer año oficial de negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, 50 establecimientos pagaron el impuesto de industria y comercio. 2014, en la mesa de negociación ya se había empezado a hablar del Fin del Conflicto y las Farc anunciaron un cese al fuego unilateral y definitivo, la tesorería recaudó aportes de 56 negocios. 2015, un año el que el proceso vivió una de sus crisis más delicadas porque las Farc mató a 11 militares en Buenos Aires, Cauca, 73 establecimientos pagaron. 2016, después de que el plebiscito perdió en las urnas y justo antes de la firma definitiva del Acuerdo Final 50 comerciantes habían cumplido con esa obligación.

La huella de la violencia en los estudiantes

“Profe, mis papás me dan $2.000 todos los días para ‘el algo’ (merienda), yo le voy a dar $1.000 para que compre pintura y cambiemos el color de la escuela. Es verde, por eso nos disparan”, recuerda Janeth Hurtado que le rogaba, llorando, un niño. Ella se tapa la cara con las palmas de las dos manos al recordar uno de los tantos momentos de angustia durante uno de los tantos enfrentamientos entre ejército y guerrilla cerca a la Institución Educativa Toribío, donde ella es coordinadora.

Janeth asegura que, por lo menos en la institución donde trabaja, el conflicto no era causa de deserción. Las cifras le dan la razón pues al consultar en el Sistema de Información Socioeconómica del Cauca, Tángara, se ve que la matrícula en la zona urbana de Toribío pasó de 984 en 2005 a 1.373 en 2014 (389 matrículas más). Además, la cobertura total, también aumentó de 93,9% a 102,1% en ese lapso. En ambos casos, con fluctuaciones.

Según el RUV 2011, 2013, 2012, 2014, 2005, fueron, en ese orden, los años que mayor número de víctimas dejaron producto de actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos.

Esos años violentos no coinciden necesariamente con los de menores cifras en cobertura: 2008 con 81,5% y 2010 con 82,2%. Ni con los de cifras más bajas en matrícula: 2010 con 814 y 2013 con 479. Este último caso es el único en que coincide el segundo año más violento con la cifra más baja en matrículas.

Los niños no abandonaban el colegio, pero allí pasaban momentos angustiosos y debían aprender, además a proteger sus vidas. Todavía lo hacen, pues la profesora dice que no pueden dejar de hacer simulacros, sobre todo porque puede haber artefactos explosivos sin detonar.

Temen una paz pasajera

Gabriel Paví es el gobernador del Cabildo indígena de Toribío. Cuenta que la gente está construyendo y mejorando sus casas en el pueblo pues ya no hay tomas que echen a perder el esfuerzo, pero teme que la paz sea pasajera, que no haya la inversión social y económica suficiente para que el pueblo progrese y que otros grupos armados ocupen el espacio dejado por las Farc o que milicianos se dediquen a la delincuencia.

“Sembrar marihuana resulta mejor que otros cultivos. La libra está a unos $150.000, mientras que la arroba de café está alrededor de $70.000. Además, por el jornal recogiendo café pagan $15.000 el día, mientras que por desmoñar una sola libra de marihuana pagan lo mismo”, compara.

He ahí la explicación de la proliferación de los cultivos de marihuana en los alrededores del pueblo. Paví cuenta que, en su mayoría, son cultivos en invernadero, con sistemas de riego y que por la noche los alumbran con bombillos, todo esto para mejorar la calidad del producto.

No hay una voz oficial que lo diga, pero el secreto a gritos en Toribío es que la empresa de energía quita el servicio de noche porque los dueños de los cultivos se conectan ilegalmente al sistema.

La sombra de nuevas violencias generadas por los cultivos ilícitos y por las viejas heridas que aún no cierran del todo, son los motivos que ahora tienen los toribianos para temer que la oscuridad regrese a su municipio.