Desde que se publicó el Informe Final de la CEV, se ha tejido la narrativa de que la  Comisión de la Verdad solo habló de los crímenes cometidos por las fuerzas militares y que le atribuyó al estado la responsabilidad por los crímenes del conflicto armado. 

En Colombiacheck ya hemos verificado varias veces publicaciones de redes sociales que reproducen esta narrativa (1, 2, 3) y en este explicador detallamos que,  En total, los militares y policías escuchados en los espacios de escucha de la CEV, fueron 374 uniformados (entre activos y retirados). “Del total de entrevistados, 81 participaron como comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz y dieron cuenta de responsabilidades individuales y colectivas en hechos del Conflicto armado. Los 293 entrevistados restantes participaron en modalidades de entrevista a víctimas”, enfatizó la Comisión de la Verdad.

En ese contexto, uno de los personajes que ha amplificado dicho discurso, es el mayor retirado Carlos Guillermo Ospina,  quien fue comisionado de la verdad y renunció un mes y medio antes de la publicación del informe final.

Ospina, el 17 de octubre comentó vía twitter una publicación, en la que afirmaba que no hubo informe del ELN, sin embargo, el documento, que cuenta con 10 tomos muestra una historia diferente a la que propone el ex militar. 

Por eso en Colombiacheck hicimos este explicador para detallar qué dijo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad sobre esta guerrilla. 

El primer capítulo que salió a la luz fue el de Hallazgos y Recomendaciones, y en él, durante sus 893 páginas se hacen varias alusiones al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La primera mención que muestra responsabilidades de esta guerrilla es con la autoría de los asesinatos en 1989 del monseñor Jesús Emilio Jaramillo y de Ricardo Lara Parada, en Arauca por negarse a las presiones de la organización. 

Seguido de ello, se describen las cifras de varios hechos victimizantes que sucedieron a lo largo del conflicto. Por ejemplo, los responsables de homicidios fueron los paramilitares con el 45%, seguido de las guerrillas con el 27% de los cuales el 4% corresponden al ELN. 

Los homicidios, como lo explica el Informe Final, en el conflicto armado por parte de las guerrillas, los paramilitares y los agentes de estado significó terminar con la vida de miles de personas como parte de una estrategia de guerra. Estos acciones significaron acabar con los proyectos de vida de personas en estado de indefensión y que fueron asesinadas por sus condiciones de trabajo social o político, su pertenencia étnica, su ocupación, por sus conexiones sus familiares, sus vulneraciones sociales y económicas e incluso, por su lugar de residencia.  

Gráfica. Responsables de homicidios entre 1985 y 2018 

Según la Comisión, en alianza con la Jurisdicción Especial para la Paz,  JEP, determinó que el 19% de las víctimas de desaparición forzada, que primero fueron reclutadas o secuestradas o asesinadas, fueron responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional, ELN. La entidad también pone en evidencia las luchas de los familiares de conocer el paradero de sus desaparecidos, que durante años han demandado que la guerrilla  proporcione información de las víctimas.

Seguido de la desaparición forzada, el Informe menciona que durante entre 1990 y 2017, se registraron 1338 víctimas menores de edad, reclutadas por el ELN, además, que de cada 10 víctimas cuatro eran menores de 15 años, como se registra en el Informe de Hallazgos y recomendaciones, en su página 424. 

El Informe de Hallazgos y recomendaciones, rescata en la página 324 el testimonio que que detalla cómo el  Frente David Suarez del ELN en Paya, Boyacá, en el año 2003 imponía el trabajo forzado a las víctimas como retaliación por negarse a obedecer órdenes o requerimientos. 

Como lo afirma la Comisión, el trabajo forzado es una violación e infracción invisibilizada por el Estado, “sus víctimas no tienen reconocimiento ni reparación ya que no se encuentra ni dentro de las líneas de investigación de la Fiscalía General de la Nación ni como hecho victimizante en la ley de víctimas”. 

«Cualquier vaina no les gustaba, de que de pronto no les vendieran algo, o que de pronto se negaran a... de estar por ahí, prestarles una olla, o cualquier favor que ellos pidieran. Últimamente, a la gente del campo la tenían como esclavitud a ellos; que pa donde ellos los mandaran, tenían que [...]. “Vaya y me trae un mercado”. Allá al pueblo tocaba ir, y si no iba uno, pues... en esa época tocaba, cuando duró toda esa época de presencia de esa gente, tocaba cuando ellos dijeran: “Váyase del pueblo”, “Me trae un mercado”, “Me trae unas botas”, “Me trae tal, bueno, medias”, “Váyase usted”»

En la categoría de ataques indiscriminados también se incluyen las explosiones de minas antipersonal, cuyo uso por las FARC-EP y el ELN fue generalizada a partir de 2001 hasta 2009. Aunque como lo advierte la entidad, no existe una responsabilidad clara de estos hechos, el patrón da como resultado que el ELN tiene la autoría de 7,2%.

Pasando al tomo de impactos, titulado ‘Sufrir la guerra’, narra cómo, por ejemplo, las familias tuvieron que reorganizarse tras la ausencia de los hombres.

“Tras la muerte de los hombres, que en muchos casos eran los proveedores del hogar, las mujeres debieron asumir las funciones del fallecido”. El hecho victimizante no solo cambió las dinámicas de las familias sino también el sufrimiento por la pérdida de sus seres queridos y la frustración por esa vida que habría sido diferente. 

Uno de los testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad dio cuenta del sufrimiento que causó la desaparicion o el asesinato, como lo es el de una mujer campesina de 68 años, cuyo esposo e hijo fueron asesinados en 1992 por el ELN, en Cáchira, Norte de Santander. 

En su relato narró cómo su proyecto de vida se transformó a raíz de esas muestras y cómo tuvo que encargarse de la economía familiar. 

«Ni sabe uno qué hacer porque queda con los chinos todos pequeñitos [...]. Ahí cambió [todo] porque ahí sola bregando ahí con una cosa y para la otra. Por allá una china que tenía ya como [...] dieciséis [...] pues le tocó y se fue a trabajar, ayudar... Sufriendo porque ya sin esposo [...] ¿quién trabajaba?» página 25. 

Por último, el capítulo ‘Hasta la guerra tiene límites’, que muestra las violaciones a los derechos humanos, narra cómo las distintas guerrillas de los ochenta y noventa y la llegada de los paramilitares a mitad de la década de los noventa se disputaron los territorios para controlar las economías ilícitas. Por ejemplo, se cuenta la masacre de La Gabarra, perpetrada entre el 6 y el 10 de septiembre de 2001 por el ELN. En esos días los guerrilleros asesinaron a 30 raspachines, que eran empleados de los paramilitares de las AUC. 

Como lo muestra el Informe, en la página 78, “la crueldad de la guerrilla hizo recordar las escenas del Frente Nacional, como lo ilustra el caso de Tarazá, Antioquia, el 14 de diciembre de 2001, cuando asesinaron a 25 campesinos. Once de los cuerpos aparecieron decapitados y desmembrados con machete y motosierra”, evidenciando que los actos de torturas no eran únicamente de un solo grupo armado . 

En el documento también se muestra como la guerrilla del ELN prefería atacar a la población civil a través de atentados, especialmente en las ciudades, como una forma de atacar lo que consideraban el enemigo. Los investigadores resaltan el atentado del 19 de febrero de 2017 en Bogotá, cuando estalló un explosivo contra una patrulla de policía del Esmad, con el argumento de que el Escuadrón Móvil Antidisturbios solo servía para reprimir las manifestaciones. En estos hechos resultó muerto un policía y dos civiles quedaron heridos. 

El ELN también usó artefactos explosivos como armas trampa contra la fuerza pública y los civiles dedicados a la erradicación manual de cultivos de uso ilícito. Por ejemplo, como lo narró una de las personas entrevistadas por la Comisión, la guerrilla puso varios explosivos en el municipio de Pelaya, Cesar, el 8 de abril de 1996. 

El uso de minas antipersona empezó a crecer en 2003, lo cual coincide con el fortalecimiento y la iniciativa militar de la fuerza pública de atacar a las dos guerrillas que más sembraron minas. Como lo muestra el Informe, las minas se usaron para contrarrestar el avance de las fuerzas del Estado y contener a los paramilitares, estableciendo espacios vedados.

Como se mostró a lo largo del texto, la Comisión de la Verdad si le da responsabilidad al Ejército de Liberación Nacional, ELN, de varios hechos durante el conflicto. Además de rescatar varios testimonios de víctimas de esta guerrilla con el objetivo de mostrar los impactos y cómo sus proyectos de vida fueron cambiados e interrumpidos .

(*) Este texto hace parte del proyecto Memorias del Conflicto, que verifica la desinformación que circula en redes sociales sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad, y es financiado por el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega en Colombia.