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Viernes, 08 Abril 2022

Los candidatos que desinforman sobre las vacunas

Por Cuestión Pública y CLIP

Rastreamos los partidos cuyos avales dieron vida política a candidatos que promueven desinformación sobre la pandemia como Esteban Ramírez. También identificamos a congresistas que han propiciado información imprecisa sobre la vacunación. Estamos hablando del Partido Conservador y Colombia Justa Libres. Investigación de Cuestión Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en la colaboración periodística transfronteriza Mentiras Contagiosas, que reúne a diez medios latinoamericanos, incluyendo a Colombiacheck.

Ambas agrupaciones políticas, comparten una mecánica en común: han avalado a políticos con posturas negativas o imprecisas frente a la vacunación contra el Covid-19. 

 

El Partido Conservador, por ejemplo, dio su aval al pastor y activista Esteban Ramírez para aspirar al Senado en las elecciones del próximo domingo 13 de marzo de 2022. Colombia Justa Libres, partido de origen cristiano, hizo lo mismo con el candidato Carlos Eduardo Acosta y el pastor John Milton Rodríguez, que en 2018 se convirtieron en representante y senador por ese movimiento.

 

Vamos a la minucia. Esteban Ramírez es hijo del exconcejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, pastor y político de ideas radicales en contra del aborto, la adopción y el matrimonio de parejas del mismo sexo, que más recientemente ha rechazado la vacunación. Su hijo Esteban comparte sus ideas. En agosto de 2021 dijo que no tenía aspiraciones políticas, pero cuatro meses después cambió de opinión y lanzó su candidatura al Senado con el aval del Partido Conservador. Aquí comienzan las inconsistencias.

 

“El único partido q (sic) nos dió (sic) su aval respetando nuestras posturas y nuestra Objeción de Conciencia fue el Partido Conservador”, explicó Ramírez a través de Telegram. 

Esteban Ramírez
Crédito: Imagen tomada del Twitter de Esteban Ramírez.

 

Padre e hijo comparten la oratoria que los caracteriza como pastores cristianos y han usado su influencia en la ‘Iglesia Familiar Internacional’, congregación que dirigen, para rechazar las vacunas contra el Covid-19.

 

“Han llegado tan lejos con esta neurosis provacunal, han llegado tan lejos con su obsesión por vender sustancias experimentales y envenenar con ellas a la población, incluso esta embestida criminal ha golpeado también a nuestros niños”, dijo Ramírez en una protesta contra los protocolos para contener el Covid-19, frente al Ministerio del Trabajo el 21 de enero pasado. “Lo que le están inoculando a la gente, no es una vacuna, es un veneno”, dijo sin pruebas en otro evento público en diciembre de 2021. 

 

El candidato, junto a la plataforma Familias por la Verdad, de la que es representante, realizó un plantón en la Personería de Bogotá el 16 de noviembre de 2021. La manifestación era para oponerse al Decreto presidencial 1408 del 3 de noviembre del mismo año, sobre la exigencia del carné de vacunación contra el Covid-19, al que llamaban “Decreto Nazi”. En el evento se realizaron quemas de tapabocas, como quedó registrado en fotografías subidas por la plataforma ciudadana en Telegram.

Quema de tapabocas
Crédito: Imagen tomada del canal de Telegram 'Familias por la Verdad'.

 

Esta investigación también encontró que Ramírez en sus ceremonias religiosas retransmite en Zoom videos con información falsa de la médica salvadoreña María Eugenia Barrientos y de la argentina Chinda Brandolina en las que catalogan a las vacunas como un “fraude científico” o mienten asegurando “que no están investigadas”, pese a que su eficacia está demostrada y que han tenido ciclos de ensayos previos a su aplicación masiva. Ambas médicas han sido desmentidas por Colombiacheck.

 

Con estos discursos, han difundido otros argumentos para restar legitimidad a las vacunas. En la prédica dominical ‘¿Inmunizados? Sí, contra el miedo’, difunden argumentos ya desmentidos por la ciencia. Por ejemplo, la supuesta infertilidad que generarían las vacunas, que fue rechazado por Ranjith Ramasamy, profesor de Urología de la Universidad de Miami, EE. UU.

 

Llaman la atención las contradicciones del Partido Conservador. Dice apoyar la gestión del gobierno en materia de vacunación para frenar la pandemia, según expresó a Cuestión Pública su presidente Omar Yepes, al tiempo que avala candidatos como Ramírez que promueven abierta y decididamente la desinformación sobre la pandemia y las vacunas. 

 

Esteban Ramírez ha usado como eje de su campaña el discurso antivacuna sugiriendo que la crisis sanitaria hace parte de un plan de la élite mundial para lucrarse con la venta de vacunas. En su página web publicó que, de ser elegido, representará a quienes se han resistido “a la dictadura covidiana impuesta por la Organización Mundial de la Salud y el establecimiento sanitario internacional”. No presenta evidencia de que el virus o las medidas para controlarlo sean parte de una dictadura o conspiración mundial.

 

¿Cómo obtuvo Ramírez el aval conservador?

Los avales para la candidatura al Congreso por parte del Partido Conservador se dan por votación de su Directiva Nacional, según dijo a este medio un candidato conservador que pidió mantener su nombre en reserva. A la cabeza de la dirección partidista está su presidente Omar Yepes y 20 integrantes más, de los cuales ocho son congresistas activos como Nora García y Ciro Rodríguez.

Directiva Partido Conservador
Crédito: Página web del Partido Conservador 

 

Yepes le dijo a la alianza Cuestión Pública-CLIP que el Directorio Nacional da avales por consenso, como se lo dio a Ramírez, y solamente llama a votación cuando no hay acuerdo. Una vez se define el consenso, él firma los avales. Lo curioso es que Yepes dijo no recordar si Ramírez formaba parte de la lista al Senado, pero que de estar, el aval fue dado por el partido. 

 

El presidente conservador justificó que el partido no podía coartar las libertades (refiriéndose al caso de Esteban Ramírez) y que el único proceso que realizaban para dar el aval era examinar que el candidato no tuviese problemas de “corte legal y moral”. Lo que abre el debate es si la desinformación de un candidato como Ramírez es moralmente aceptada por el Partido Conservador.

 

En Colombia la financiación de los partidos a sus candidatos en las legislativas funciona como un crédito. Al finalizar las elecciones, por el mecanismo de la reposición de gastos, se define cuánto dinero le reconoce el Estado a cada candidato, según los votos que saque.    El Consejo Nacional Electoral (CNE) establece un valor por voto, lo multiplica por el número de votos válidos y le repone gastos al partido y/o al candidato hasta esa suma.

 

Esta alianza le preguntó a Ramírez cómo se había financiado su campaña al Senado, tanto los aportes de su partido, como los externos, con corte al 22 de febrero de 2022.

 

El candidato afirmó a esta alianza que su campaña es “austera” y hasta el momento no cuenta con financiación del partido. Si bien no quiso dar un monto, dijo que su estrategia está centrada en las redes sociales y el voz a voz. Pese a esto, el candidato publicó en sus redes sociales la imagen de una valla publicitaria en Bogotá en contra del aborto, cuyo alquiler mensual por estar en la capital colombiana puede costar entre 6 y 17 millones, según cálculos de RCN Radio. En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó retirar la valla.

Valla publicitaria

Crédito: Imagen tomada del Instagram de Esteban Ramírez.

 

Los conservadores ya habían sido cuestionados en enero de 2022 por el periodista Juan Carlos Rincón tras su aval a Ramírez, tema del que informó en su columna en El Espectador. El precandidato presidencial David Barguil le contestó por Twitter que: “nuestro adversario no son las vacunas sino el peligro que afronta el país con la llegada de un discurso populista que amenaza, no solo las industrias de las vacunas, sino todas las industrias”.

 

Barguil le dijo a esta alianza que las posiciones antivacunas no deben ser parte de las discusiones electorales: “Lo que le dije al señor Rincón es que el tema de las vacunas no hace parte de los temas que se estén discutiendo en la contienda electoral y que la campaña que estamos llevando a cabo tiene otras preocupaciones. No estoy de acuerdo con los antivacuna y pienso que las personas se deben vacunar”. Y agregó: “Sin embargo, actualmente ese no es un tema de la campaña ni he visto a nadie promocionando el tema en un sentido u otro”, pese a las posiciones claras de Ramírez.

 

Este medio además registró al menos siete marchas y plantones que Esteban Ramírez y el movimiento Familias Por La Verdad (FPLV) protagonizaron en 2021 en contra de la vacunación frente al Covid-19.

 

 

 

Esta alianza periodística le preguntó a Esteban Ramírez específicamente sobre la financiación de esas manifestaciones y afirmó, sin precisar un monto, que se sostienen con recursos personales y que invitaban a los acompañantes a realizar sus propios carteles. “Somos una organización de personas que tiene sus trabajos y actividades comerciales independientes y que todos, a modo de voluntariado, nos movemos en redes sociales y movilizamos grupos importantes”. Además, agregó que FPLV “no es un movimiento antivacunas”. 

 

Cuando lo cuestionamos sobre los mensajes que difunden, Ramírez dijo que FPLV es “provida y provacunas seguras”. Agregó que son una plataforma alternativa “conformada por un grupo interdisciplinario con varios profesionales de la salud”.

 

Las plataformas desinformadoras de Colombia Justa Libres

La desinformación no solo ha encontrado un megáfono potente en redes sociales, también en espacios oficiales. El 8 de febrero de 2022 en representación de Familias Por La Verdad, plataforma ciudadana que se opone a la vacunación obligatoria, Esteban Ramírez asistió a la Mesa Permanente designada por la Defensoría del Pueblo y dirigida por Leonardo Huertas, defensor delegado para el derecho a la salud. 

 

Uno de los argumentos de Ramírez en su intervención fue que “la gente, después de la vacunación, continúa usando un cubrebocas que no sirve para absolutamente nada”. Esto sin tener en cuenta que según un estudio publicado en la revista académica British Medical Journal  de 2021, con el uso del tapabocas se reduce el contagio de Covid-19 hasta en un 53%.

 

Otro espacio en que participó fue en la Audiencia Pública de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes llamada ‘Exigencia Carné de Vacunación’, promovida por el representante a la Cámara y médico Carlos Acosta de Colombia Justa Libres, en diciembre de 2021. Ramírez le confirmó a este medio que fue invitado por Acosta a ser parte de la audiencia. Allí figuró como representante de la plataforma ciudadana de Familias por la Verdad. 

Audiencia Congreso

Crédito: Imagen tomada del Facebook de Esteban Ramírez.

 

Sus argumentos contra la exigencia del carné de vacunación rozaron con el racismo, refiriéndose a la pandemia como una “auténtica guerra no declarada contra la población civil, auspiciada por el bioterrorismo chino”. El video de la audiencia ya no se encuentra en Youtube, donde se señala que “infringe los lineamientos” de la plataforma. El representante Acosta denunció una aparente censura y exigió garantías para la libertad de expresión en Twitter. 

 

La audiencia citada por Acosta propició el espacio de participación de más personajes polémicos como Gonzalo Díaz, médico que difunde videos en Twitter desaprobando las vacunas. También de Eduardo Insignares y Manuel Aparicio, médicos que han promovido el uso del dióxido de cloro para combatir el virus y Gustavo Salle Lorier, político uruguayo que difunde en Twitter que: “la plandemia es guerra, (sic) procura el control absoluto de la humanidad”. (Esperen pronto otra investigación de la alianza periodística Mentiras Contagiosas sobre el dióxido de cloro y la pandemia).

 

Acosta también ha expresado su rechazo a la vacunación obligatoria. “He defendido siempre las libertades individuales, he defendido que los colombianos tengamos derecho a decidir sobre nuestras vidas (...) nosotros no podemos ser cohesionados a recibir ningún tipo de tratamiento médico”, expresó en entrevista a Cuestión Pública y CLIP.

 

El representante y actual candidato al Senado Acosta también publicó una carta dirigida al presidente Iván Duque respecto a su posición contra la exigencia del carné de vacunación. “Es una restricción de la libertad individual y un contrasentido”, agregó en entrevista con este medio.

Carta

Desde su rol como congresista, Acosta ha afirmado sin sonrojarse que “gran parte de la población no desarrolla síntoma alguno después del contagio”. Una revisión de 79 estudios realizada por la OMS en un informe de enero de 2021 arrojó que solo alrededor del 20% de la población permanecía asintomática. Acosta también omitió las secuelas que puede dejar el virus, como el cansancio, la fatiga y la dificultad para dormir y otras más graves. 

 

Otro congresista activo con ideas afines al movimiento antivacuna es el senador y aspirante a la presidencia por el partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez. Aunque el senador no se identifica públicamente como ‘antivacuna’, ha demostrado su rechazo a la vacunación obligatoria y la exigencia del carné de vacunación, que califica como ‘ilegal’

 

Rodríguez le dijo a esta alianza que actualmente cuenta con el esquema completo de vacunación, es un defensor de las libertades individuales y que sus posturas son afines con las del representante y candidato Carlos Acosta. Sobre la postura del partido Colombia Justa Libres sobre las medidas del Gobierno para mitigar la pandemia, Rodríguez nos dijo: “Si bien entiende la difícil situación que ha tenido que enfrentar (...), no comparte muchas de las restricciones impuestas sobre empresas e individuos. Debemos garantizar la posibilidad de tener una recuperación económica, partiendo de la libertad de empresa y la posibilidad de que cada individuo asuma su responsabilidad por lo que hace o no con la vacunación”.

 

Las figuras públicas antivacuna

Esteban Ramírez, Carlos Acosta y John Milton Rodríguez han compartido espacios con el politólogo y escritor argentino Agustín Laje, un abanderado de la ‘derecha antiglobalista’. Este movimiento internacional ha sido calificado como el nuevo nacionalismo, recurriendo a discursos antiderechos, de los que también han hecho uso figuras como Donald Trump. Laje ha expresado además posturas afines a las que promueve el movimiento antivacuna en Colombia y plataformas como Familias por la Verdad.
 

Ramírez ha aparecido públicamente con apoyo de Laje y otros personajes que difunden desinformación. Para enero de 2022, el Instituto de Investigación Social Solidaridad realizó una conferencia que encabezaron su presidente, Samuel Ángel, Agustín Laje y a la cual asistió Ramírez. Ángel es abogado, escritor y se lanzó dos veces al Concejo de Bogotá, en 2011 y 2015, sin éxito. También es difusor de información sin sustento sobre lo que llaman la ideología de género y el Covid-19.

Políticos con Laje
Crédito: Imágenes tomadas de las cuentas de Twitter de Esteban Ramírez, John Milton Rodríguez y Carlos Acosta

 

El movimiento antivacuna también ha recibido el apoyo de diferentes actores de televisión y teatro como Marcelo Dos Santos, Juan Pablo Obregón y Maribel Camacho. Los tres han hecho parte activa de las iniciativas, realizando invitaciones y difundiendo convocatorias a los diferentes plantones.

 

El 18 de septiembre, en Bogotá, el actor argentino Marcelo Dos Santos asistió a una marcha en contra de la vacunación obligatoria junto con Esteban Ramírez. En su discurso, Dos Santos exclamó: “Si no hay libertad, si no hay elección y la cosa es obligada, a lo obligado le decimos ¡No! (...) Sencillamente, no es decirle que no porque nos oponemos a lo obligatorio (refiriéndose a la vacunación contra el COVID-19), es abrazar amorosamente al contrario y decirle: Te vamos a enseñar lo que es el amor, el respeto, el consenso, el abrazo y la unión”.

 

El actor realizó un llamado al gremio de los artistas para que se unan a ese tipo de iniciativas, pues para Dos Santos no es suficiente con la participación de Obregón o Gregorio Pernía.
 

ActorCrédito: Imagen tomada del canal de Telegram de 'Familias por la Verdad'.

 

Pernía también es reconocido por difundir información falsa como decir que la vacuna “le quita 20 años de vida” o que las vacunas reducen el tiempo de vida.  Relaciona además la pandemia con teorías de la conspiración alrededor de Bill Gates o de la supuesta secta de los illuminati, sin ninguna evidencia. Dos Santos además ha sido objeto de verificación y restricciones en Instagram, red social donde comparte sus ideas sobre la vacunación. El movimiento ha transformado palabras relacionadas con sus posturas, como la palabra Vacuna por ‘V4KUN4$’. Esto podría ser útil para evitar que el algoritmo de Twitter e Instagram alerte sobre información falsa, detecte sus afirmaciones sin pruebas y las retire.

 

Una iniciativa liderada por Familias por la Verdad y apoyada por personalidades de la esfera pública, es el "Pasaporte ciudadano de inmunidad constitucional y natural". Un documento simbólico que certifica la objeción de conciencia de quien lo porta respecto a la vacunación. El apoyo de Agustín Laje y Natalia París a este tipo de publicaciones dando ‘Me gusta’ o comentando con emojis favorables, refuerza su negativa a la vacunación. Colombiacheck también verificó que no es verdad que este pasaporte ciudadano era aceptado para viajar a Aruba u otros países sin vacunarse.

Pasaporte COVID

Ramírez famoso por radical 

No es la primera vez que Esteban Ramírez intenta lanzarse al Congreso con sus polémicas iniciativas. En campaña a la Cámara de Representantes por Bogotá por el partido Opción Ciudadana en 2018, promovió el lema “defendamos la familia del comunismo y la ideología de género”.

 

Propuso entonces un “marco reglamentario para la terapia reparativa”, una supuesta ‘curación’ para personas con una orientación sexual diferente a la heterosexualidad. Estas prácticas fueron rechazadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2012 por representar una “grave amenaza para la salud, el bienestar y la vida de las personas afectadas”.

 

Aunque no salió elegido en 2018, Ramírez puede llegar esta vez al Senado, con el aval de un partido tradicional. Preocupa que, en caso de ser elegido como senador, tenga un megáfono mayor y más institucional para continuar desinformando sobre la pandemia.

 

Este reportaje hace parte del trabajo colaborativo transfronterizo Mentiras Contagiosas, coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en el que participan Chequeado de Argentina, Bolivia Verifica de Bolivia, Aos Fatos de Brasil, Colombiacheck y Cuestión Pública de Colombia, Agencia Ocote de Guatemala, Animal Político de México y El Detector de Univisión de Estados Unidos.

Sello alianza

 

Domingo, 29 Mayo 2022

El caso Gustavo Villegas, el condenado exsecretario de Seguridad de Federico Gutiérrez

Por María Mónica Acuña

Desde que Federico Gutiérrez anunció su candidatura presidencial, uno de los temas por los que ha sido cuestionado es el manejo de la seguridad ciudadana durante su mandato como alcalde de Medellín, debido a la captura de su secretario de Seguridad y los presuntos vínculos de ese funcionario con bandas de crimen organizado durante su alcaldía (2016-2017).

El tema se ha vuelto tan recurrente que aún en entrevistas (Blu Radio, Cambio) e incluso en debates ha sido abordado por tal cuestionamiento. Muestra de ello fue lo sucedido durante el debate del pasado 23 de mayo hecho por la alianza de Semana y El Tiempo, en donde Gutiérrez y Petro tuvieron un encontrón por este tema, mientras dialogaban acerca de la influencia de la toma armada del Clan del Golfo semanas atrás en 9 departamentos del país.

En el debate, los dos aspirantes a la Casa de Nariño, iniciaron un cruce de acusaciones en donde el candidato del Pacto Histórico, aseguró que Gutierrez debía contarle al país que durante su alcaldía en la capital de Antioquia tuvo en su gabinete a un secretario de seguridad altamente cuestionado por presuntamente sostener vínculos con un grupo criminal al servicio del narcotráfico.

El candidato Petro afirmó: “El Clan de Golfo está ligado a una oficina y uno de los integrantes hizo parte de su gobierno cuando fue alcalde”. Se refería al caso del que era para ese entonces el secretario de seguridad de Gutiérrez, Gustavo Alberto Villegas, lo que ocasionó que Federico Gutiérrez se defendiera afirmando que “eso no era cierto”. “Gustavo Villegas no fue condenado por su supuesta relación con La Oficina”, añadiendo que la captura de dicho funcionario se dio porque no realizó una denuncia de extorsión en contra de un negocio familiar.

Ante tantas afirmaciones de los precandidatos, medios de comunicación y opinión pública en relación a este tema, en Colombiacheck decidimos profundizar en el caso y contarles los detalles más importantes del mismo.

¿Quién es Gustavo Villegas?

Gustavo Alberto Villegas Restrepo es un administrador de empresas, exdirigente deportivo y ex-político colombiano, que se desempeñó como funcionario público en diferentes mandatos de Medellín y en organizaciones deportivas de Colombia. Villegas fue secretario de Gobierno y alcalde encargado de Medellín durante la administración de Sergio Fajardo y luego fue secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez, ambos son hoy candidatos presidenciales.

Además, Villegas fue Secretario de Hacienda durante la alcaldía de Luis Alfredo Ramos, hizo parte de las alcaldías de Alonso Salazar e incluso hizo parte las negociaciones de paz con el ELN durante el periodo de presidencia de Andrés Pastrana.

Durante la alcaldía de Sergio Fajardo, Villegas fue designado en 2005 como asesor del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía, en el proceso de desmovilización y reincorporación de los exparamilitares del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, proceso que fue cuestionado por Amnistía Internacional. En 2006, fue nombrado como secretario de Gobierno hasta que terminó su mandato el 31 de diciembre de 2007.

Durante este periodo, Fajardo lo nombró como alcalde encargado en 7 oportunidades, así lo detallan los Decretos y Actos Judiciales que reposan en su expediente judicial. En 2006 fue designado en 3 ocasiones: 22 de agosto, del 13 al 17 de octubre y del 6 al 8 de noviembre; en 2007, en 4 oportunidades: el 4 de febrero, del 1 al 8 de abril, del 6 al 7 de junio y del 21 al 22 de junio.

El 24 de noviembre de 2015, a pocos días de posesionarse, Federico Gutiérrez presentó a Villegas como la persona que sería su secretario de Seguridad. En 2016, durante el desarrollo de su labor, Villegas hizo múltiples apariciones en medios comunicación como parte del desarrollo de su rol como secretario.

Un año después, en 2017, Gutiérrez, en rueda de prensa, le comunicó a la ciudadanía la separación del cargo de quien hasta ese momento era su secretario de seguridad, tras la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

¿Cuáles fueron los señalamientos de la Fiscalía contra Villegas?

El martes 4 de julio de 2017, Federico Gutiérrez, en su calidad de alcalde de Medellín, le informaba a la ciudadanía que tenía conocimiento acerca de una orden de captura en contra del secretario de Seguridad, quien horas antes había presentado su carta de renuncia, al ser requerido por las autoridades, ante la investigación de presuntos nexos con las bandas criminales de la ciudad.

Villegas fue notificado por la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado, de la Fiscalía seccional Medellín, que era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado. El funcionario fue capturado luego que Julio Perdomo, alias JP, vocero de la Oficina de Envigado, le contara al ente investigador los nexos del funcionario con esa organización criminal. Perdomo es un desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara de las AUC y era el hombre de confianza del extraditado narcotraficante y comandante de ese Bloque Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.

Los días siguientes al hecho, los medios de comunicación no pararon de hablar del caso. En alterno, la Fiscalía, en su boletín del 11 de julio de 2017, aseguró que el exsecretario de Seguridad le habría informado a miembros de La Oficina sobre posibles operativos.

La investigación reveló que la entrega voluntaria de varios cabecillas de la banda criminal La Terraza se hizo con el objetivo de mostrar la supuesta presión de la justicia sobre los delincuentes en esa zona del país.

Así lo expuso el Boletín 20747:

“Según la información preliminar obtenida por el delegado de la Fiscalía General de la Nación, alias el Ingeniero y Julio César Perdomo González alias JP, cabecilla de la llamada Oficina, se comunicaban por mensajería instantánea o por intermedio de Zea Ospina, y en en varias ocasiones le informaron sobre operativos que se realizarían en las zonas de injerencia de la organización”.

Al verificar el expediente del caso, según lo dicho por la Fiscalía, el funcionario actuó de manera irregular cuando desarrollaba su cargo como secretario de seguridad.

El argumento del ente investigador contra Villegas fue que éste no combatió a La Oficina, como era su deber, sino que la habría favorecido. Esos presuntos vínculos con la banda criminal La Terraza y la llamada Oficina de Envigado fueron la antesala al proceso de investigación preliminar del ente de control contra Villegas.

El reporte judicial de la Fiscalía reveló que existía evidencia de que Villegas había favorecido a dichas bandas delincuenciales a cambio recibir favores de estos para mostrar resultados en su gestión en diferentes oportunidades.

Uno de los eventos que fue expuesto como ejemplo por el ente investigador sucedió el 13 de enero de 2017, justo cuando los resultados en materia de seguridad no le eran favorables al secretario, en redes sociales se hizo viral un video de un atraco ejecutado por tres delincuentes en moto, quienes robaban a unos ciudadanos que transitaban en un carro en una vía de la ciudad.

Gutiérrez y su secretario Villegas organizaron una persecución que fue transmitida en una serie de videos en redes sociales. Al día siguiente se hicieron efectivas las respectivas capturas de los responsables en medio de “varios operativos”.

Sin embargo, según los reportes judiciales del caso revelados en un informe del portal de La Silla Vacía, los asaltantes fueron entregados de manera irregular al secretario Villegas, quien, según la Fiscalía, mantenía comunicación secreta con cabecillas de bandas criminales de la ciudad como alias ‘El Viejo’, Mara Toro y Edwin Tapias, líderes de las bandas criminales de Medellín conocidas como La Terraza y la Oficina de Envigado, quienes habían colaborado en la entrega de los criminales a cambio de que la Policía no hiciera una redada en la Comuna 3 de la ciudad.

“En testimonios a la Fiscalía los líderes de la banda afirmaron que los fleteros fueron entregados por ellos a Villegas”, afirmó la Fiscalía.

Así lo expuso el Fiscal 64, cuando aseguró que tenían evidencia de que Villegas había solicitado acompañamiento al líder de la Oficina Julio Perdomo para lograr dichas capturas.

La defensa de Villegas no desestimó los anteriores testimonios, pero argumentó que “la entrega se dió por la presión de las autoridades que ya los tenían ubicados, por lo que Julio Cesar Perdomo alias JP a través de Tapias facilitó la entrega”. Es decir, que reconoció que la Oficina sí ayudó en la consecución de ese objetivo.

Ese fue uno de los episodios de la colaboración que halló la Fiscalía entre la organización criminal y la Secretaría de Seguridad.

En la audiencia de acusación, el ente acusador enunció más de 70 elementos materiales probatorios, entre los que destacan interceptaciones telefónicas, interrogatorios de indiciados, videos y declaraciones juramentadas.


En interceptaciones telefónicas, la Fiscalía pudo constatar la comunicación entre el secretario y un miembro de la Oficina en la que acordaron el cese de extorsiones a un funcionario de una empresa de su propiedad.

¿Qué pasó con la condena contra Villegas?

El caso no llegó a juicio porque Villegas llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y admitió el cargo de omisión de denuncia. Sumado a lo anterior, la Fiscalía lo señaló de usar información privilegiada de manera indebida para favorecer a miembros de La Oficina. El fiscal del caso dijo que, en una filtración del 8 de agosto de 2016, Villegas presuntamente había compartido información clasificada a 3 personas para que huyeran de una acción de las autoridades.


Además la sentencia judicial de ese momento afirmó que el exsecretario de Seguridad se había reunido con uno de sus contratistas y un intermediario de dos jefes de la banda delincuencial, con el fin de promover un supuesto proyecto de sometimiento a la justicia, que les permitiera tener un estatus de “gestores de paz y convivencia”, a cambio del favorecimiento de los intereses de la cartera de seguridad. Así lo retrató el periodico El Colombiano.

Adicionalmente y de acuerdo con la investigación adelantada por un grupo de tareas especiales de la mencionada Dirección Nacional de Fiscalías, Villegas Restrepo, al parecer, impulsó un supuesto acuerdo de voluntades con el fin de promover el sometimiento a la justicia de algunos integrantes y cabecillas de la reconocida estructura delincuencial, convenios que se habrían realizado fuera del marco de la ley, sin siquiera la consulta al Gobierno nacional.

De esta forma, la Fiscalía adelantó una acusación inicial por concierto para delinquir agravado en contra del exsecretario, tras ser señalado por uno de los jefes de ese grupo como el principal colaborador de La Oficina, la organización delincuencial del Valle de Aburrá que existe desde tiempos de Pablo Escobar y que para ese momento tenía un alto control en la ciudad de Medellín.

Ante lo anterior, el 12 de febrero de 2018, el abogado defensor de Villegas dijo al Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín que su cliente deseaba solicitar un preacuerdo en donde Villegas se declaraba responsable por cometer el delito de concierto para delinquir, a cambio de que se le generará una adecuación típica por el delito de abuso de la función pública que le implicaría una pena menor, de conformidad con el artículo 428 del código de las penas.

Así, Villegas fue procesado por los delitos de abuso de autoridad por omisión de denuncia, consagrados el artículo 417 del Código Penal y el de abuso de la función pública, descrito en el artículo 428 del mismo código, el Juez aceptó y Villegas fue enviado a centro carcelario, dentro del respectivo preacuerdo de favorecimiento de la justicia. Así lo hace constar la sentencia del 9 de marzo de 2018 dictada por un juez de Medellín a Gustavo Villegas y su asesor Mariano Ospina.


Sentencia Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado, 9 de Marzo de 2018

El cambio de delito causó malestar en la Fiscalía, por ello días después, la Fiscalía de Bogotá buscó tumbar el preacuerdo ya que, a su modo de ver, la decisión de procesarlo por los dos delitos menores no había sido una negociación ideal, teniendo en cuenta el carácter del delito mayor. Por tanto, la Fiscalía solicitó nulidad del preacuerdo y apeló la primera sentencia, argumentando la existencia de al menos 13 pruebas de su relaciones con La Oficina, lo que era suficiente material probatorio para judicializarlo por una pena mayor. Pero el juzgado consideró que para ese momento ya la Fiscalía no estaba en condiciones de apelar esa decisión y le mantuvo la condena preacordada a Villegas.

Así lo reportó la Fiscalía General de la Nación en mayo de 2018.


Lo dicho por la fiscalía en twitter en 2018

La condena

Luego del preacuerdo, el exsecretario fue cobijado con una medida de aseguramiento intramural por los delitos de abuso de función pública y de autoridad. La pena le significó 33 meses en centro carcelario. En la práctica, Villegas cumplió una parte de la condena en la cárcel de Yarumito, en Itagüí, Antioquia, y la otra en prisión domiciliaria (3 meses en prisión domiciliaria y 3 en libertad condicional).

A finales del 2019, el exsecretario cumplió la condena y quedó en libertad. En 2020 fue inhabilitado por 16 años para ocupar cargos públicos, decisión expedida por la Personería de Medellín, por haber cometido una falta gravísima (delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo, según el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002).

A pesar de lo anterior, el exfuncionario no fue procesado por pertenecer a la Oficina, sino por los delitos menores que dispuso el ente acusador luego del preacuerdo antes mencionado. Así lo afirma el fallo condenatorio, que detalla cómo Villegas logró aprovechar su rol para adquirir contactos con miembros de esa organización criminal y también evitar que sus negocios particulares fueran blanco de estos grupos.

¿Y el estado del proceso?

El proceso sí continúa activo, así lo detalla el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación para el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). En manos de la Fiscalía 71 Especializada, de la Dirección Especializada Contra Organizaciones Criminales (Decoc).


Página de la Fiscalía general de la nación, registro SPOA, 27 de Mayo 2022.

Aunque Villegas ya fue condenado por dos delitos menores, aún el ente investigador tiene pruebas que presuntamente le vincularían con el delito de concierto para delinquir agravado, mismo delito que no fue tenido en cuenta durante el pasado preacuerdo logrado por su abogado.