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Viernes, 05 Febrero 2021

Darío Acevedo exageró sobre imputación en JEP y viejas condenas contra bancada de ex-FARC

Por José Felipe Sarmiento

El director de Memoria Histórica pidió que renuncien todos los congresistas del partido Comunes con base en generalizaciones sobre su situación ante la justicia, en las que solo encaja una minoría.

En entrevista con W Radio el pasado 2 de febrero, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo, dijo que “estos congresistas, que están ahí por un pacto de paz, están siendo acusados por la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP] de crímenes de guerra y lesa humanidad” y agregó que “ya fueron condenados por la justicia ordinaria a cientos de años de cárcel”.

El historiador le dijo a Colombiacheck que se refería, sin excepciones, a toda la bancada del partido Comunes, surgido a partir del paso a la vida civil de la antigua guerrilla de las FARC y que conservó la misma sigla como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común hasta enero. “Francamente, por lo que plantea el presidente de la JEP [Eduardo Cifuentes], es toda la bancada la que está ahí; son altos dirigentes, son políticas que fueron asumidas, defendidas e impulsadas por el secretariado y los mandos nacionales”, argumentó.

El pronunciamiento surgió a raíz de la primera imputación que hizo el sistema de justicia transicional creado por el Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón contra exintegrantes del desaparecido grupo armado. Pero las dos frases de Acevedo son cuestionables porque ni esta decisión ni las condenas previas de la justicia ordinaria cobijan a todos los actuales senadores y representantes de la actual agrupación política.

Sobre la imputación de la JEP

El 28 de enero, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP emitió un auto con el que señaló formalmente a ocho exmiembros del secretariado de las FARC como los máximos responsables en el macrocaso 01. Este se refiere a la “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

El mismo expediente es comúnmente referido como el de “secuestro” y fue bautizado en principio como “retenciones ilegales” con base en el informe al respecto que entregó la Fiscalía General de la Nación (ver chequeo). La misma providencia le cambió la denominación, precisamente para ponerla en concordancia con los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad determinados por los magistrados.

Estas conductas, además de las mencionadas en el título, incluyen homicidios, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles e inhumanos, atentados contra la dignidad de las personas y violencia sexual. En algunos casos, los señalamientos son como coautores y en otros, por responsabilidad de mando aunque no los hubieran cometido de forma directa.

Los imputados son:

  1. Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, presidente de Comunes.
  2. Jaime Alberto Parra, quien usaba los alias de Mauricio Jaramillo o el Médico.
  3. Milton de Jesús Toncel, también llamado Joaquín Gómez.
  4. Juan Hermilo Cabrera Díaz, Bertulfo Álvarez, quien falleció el 27 de enero.
  5. El senador Pablo Catatumbo Torres Victoria.
  6. Pastor Lisandro Alape Lascarro, delegado de los exguerrilleros ante el Consejo Nacional de Reincorporación.
  7. El senador Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada.
  8. Rodrigo Granda Escobar, quien también se hacía llamar Ricardo Téllez.

Es decir que solo dos de los ocho son congresistas. Los demás integrantes de la bancada, que no fueron afectados por la providencia, son:

  • La senadora Victoria Sandino Simanca Herrera.
  • La segunda vicepresidenta del Senado, Griselda Lobo Silva o Sandra Ramírez.
  • El senador Israel Alberto Zúñiga Iriarte, también conocido como Benkos Biohó.
  • Jairo Reinaldo Cala Suárez, quien se identificaba en la guerrilla como Mechas, representante a la Cámara por Santander.
  • Carlos Alberto Carreño Marín, o Sergio Marín, representante por Bogotá.
  • Omar de Jesús Restrepo Correa, Olmedo Ruiz, por Antioquia.
  • Luis Alberto Albán Urbano, Marcos Calarcá, por el Valle del Cauca.

Si bien todos están sometidos a la JEP por ser excombatientes de las FARC, no tienen todavía una imputación en contra como la que cobija a Gallo y Torres. De hecho, Albán rindió versión en el mismo caso pero no fue incluído en el auto, Zúñiga lo hizo en el 04 (sobre la situación territorial en el Urabá) y Restrepo dio su testimonio en el proceso sobre las medidas cautelares por las desapariciones en el área de la represa de Hidroituango.

De modo que lo dicho por Acevedo con relación a la decisión de la JEP y sus efectos sobre los congresistas de las FARC es cuestionable porque solo acierta en algunos casos. Lo mismo ocurre con su pasado en la justicia ordinaria.

Condenas en la justicia ordinaria

Sobre el dato de los “cientos de años” de condenas contra los parlamentarios de Comunes que dio en la emisora, el director del CNMH le recordó a Colombiacheck que, antes del Acuerdo de Paz de 2016, “generalmente aparecían informes de la Fiscalía General de la Nación sobre cada caso” en los que se presentaba esa información. “Obviamente eso era una figura que era sumatoria”, explicó.

Sin embargo, los pasados judiciales de los congresistas de Comunes no siempre confirman esa operación matemática. Otra vez, son más la excepción que la regla.

Un chequeo anterior ya había comprobado que al senador Gallo nunca lo condenaron por ningún delito antes de la entrada en vigencia del Acuerdo del Colón. Sus antecedentes están limpios pese a que existen en su contra denuncias por delitos sexuales y procesos por homicidio, secuestro, desplazamiento forzado y desaparición. Sandino, Lobo, Zúñiga, Cala, Carreño y Restrepo están en la misma situación.

En cambio, uno de los que sí tienen condenas en el sistema ordinario es Albán. No obstante, las decisiones en su contra por terrorismo, homicidio en persona protegida, toma de rehenes y apoderamiento de aeronaves u otros medios de transporte colectivo suman 85 años de prisión y no “cientos”.

La Procuraduría General de la Nación también tiene registro de sentencias contra Torres Victoria que dan 243 años de prisión en total por homicidios o tentativas, secuestros, desplazamiento forzado, terrorismo, hurtos y rebelión. De modo que Catatumbo es el único de la bancada que cabe en las dos afirmaciones que hizo Acevedo en la entrevista radial.

No obstante, hay que tener en cuenta que la rebelión es un delito político y, por tanto, está cobijado por la Ley de Amnistía junto con otras conductas conexas, como el apoderamiento de aeronaves y otros medios de transporte colectivo cuando no está en concurso con secuestro. Eso sí: la misma norma establece que los crímenes de guerra o lesa humanidad, como los contenidos en la reciente imputación, no caben en esa categoría y, por el contrario, deben ser investigados, juzgados y sancionados. 

Entre tanto, las penas de la justicia ordinaria fueron suspendidas en virtud de la reforma constitucional que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición al que pertenece la JEP, hasta que esta se pronuncie al respecto. La sentencia de la Corte Constitucional que avaló esa medida también aclaró que el tribunal transicional será el que decida sobre la compatibilidad con la participación política de las sanciones que imponga.

Al momento de definirlo, los magistrados deberán tener en cuenta varios factores, incluyendo el cumplimiento de las exigencias del acuerdo por parte del respectivo compareciente. Sobre todo, la providencia estableció que la decisión de la nueva jurisdicción tendrá que “asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición”.

Mientras llegan esas decisiones, Acevedo puede afirmar que los exguerrilleros “le harían un favor al país” al renunciar, como lo hizo en W Radio. Es su opinión y, como tal, no es verificable para la metodología de Colombiacheck. Pero es cuestionable que, a partir de la situación judicial de tres congresistas del partido Comunes, diga que toda la bancada tiene los mismos cargos en contra y que todos fueron condenados por la justicia ordinaria a cientos de años de cárcel.

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Miércoles, 07 Marzo 2018

Candidato a la Cámara por Caldas 'enredadito' con cifras de pobreza

Por Sania Salazar

Darío Arenas utilizó cifras desactualizadas y conceptos de economía que no se pueden manejar a la ligera para hablar de desigualdad e ingresos por persona.

Darío Arenas Villegas, candidato a la Cámara por Caldas del Partido Polo Democrático, aseguró en su cuenta de Twitter el pasado 22 de febrero que “el ingreso promedio en Caldas es de $492 mil pesos, 61% del mínimo, índice gini es del 0.51 puntos. Se debe crear más riqueza y distribuirla mejor”.

 

 

Después de contrastar los datos, Colombiacheck califica la afirmación como ligera, pues, aunque el candidato menciona las cifras en presente, la verdad es que son datos desactualizados y de años diferentes, lo que no permite hacer un balance correcto de la situación actual de ese departamento.

Arenas Villegas le envió a Colombiacheck los archivos extraídos de la página del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de donde sacó las cifras.

El candidato explicó que tomó el índice de Gini de un documento del DANE de 2016 y el ingreso per cápita de otro documento de 2014. “Creo que el de ingreso no está actualizado”, respondió cuando se le preguntó por qué los datos no correspondían al mismo año.

Consultamos al DANE, donde informaron que el ingreso promedio en Caldas y el índice de Gini están actualizados a 2016. El coeficiente de Gini es de 0,51, tal como lo dijo Arenas Villegas, pero el promedio de ingresos por persona es de 567.695 pesos, -casi 76 mil pesos más de lo que asegura el candidato- lo que representa el 82% del salario mínimo de ese año, que era de 689.454 pesos.

El problema, además, fue que Arenas, sociólogo de la Universidad de Caldas, usó el ingreso promedio de 2014 -que realmente era de 493 mil pesos- y lo comparó con el salario mínimo de este año, con lo cual llegó a ese porcentaje de 61, pero eso es un cálculo erróneo por la diferencias de cuatro años.

El coordinador de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Alejandro Barrera, y el DANE coincidieron en llamar la atención sobre la inconveniencia de citar en la frase dos cifras de años diferentes, lo cual puede llevar a imprecisiones e interpretaciones equivocadas, pues los datos de cada año reflejan realidades socio económicas propias de cada periodo.

“Valdría la pena analizar también la tasa de crecimiento del PIB per cápita en el tiempo, no solo la cifra nominal en un año, y ojalá comparado con otros departamentos. Eso reflejaría el crecimiento real en los ingresos de los caldenses”, indicó Barrera, quien además, resaltó que la desigualdad es un concepto no solo monetario, sino económico y social e implica una serie de análisis que van más allá del ingreso promedio anual.

En Colombiacheck decidimos hacerle caso al analista y elaboramos la siguiente gráfica que, efectivamente, muestra un aumento en el ingreso promedio de los caldenses en comparación con el mínimo de cada año:

 

 

¿Qué es el índice de Gini?

Barrera explica que, en términos generales, es una medida de concentración del ingreso entre los individuos de una región en un periodo de tiempo determinado que está comprendido entre 0 y 1, donde 0 es una distribución perfecta del ingreso y 1 indica desigualdad máxima.

Según el economista, el Gini es una medida importante, pero tiene limitaciones: primero, que se creó a principios del siglo XX, bajo un contexto social y económico distinto al actual. Segundo, que para hacer inferencias basados en este indicador se recomienda hacerlo de una forma más desagregada, “es decir, no tomar simplemente el total del departamento, sino que se debe analizar por municipios y actividades económicas para identificar los focos de desigualdad, para evitar emitir juicios de valor generalizados que pueden llegar a estar sesgados”.