En entrevista con W Radio el pasado 2 de febrero, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo, dijo que “estos congresistas, que están ahí por un pacto de paz, están siendo acusados por la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP] de crímenes de guerra y lesa humanidad” y agregó que “ya fueron condenados por la justicia ordinaria a cientos de años de cárcel”.

El historiador le dijo a Colombiacheck que se refería, sin excepciones, a toda la bancada del partido Comunes, surgido a partir del paso a la vida civil de la antigua guerrilla de las FARC y que conservó la misma sigla como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común hasta enero. “Francamente, por lo que plantea el presidente de la JEP [Eduardo Cifuentes], es toda la bancada la que está ahí; son altos dirigentes, son políticas que fueron asumidas, defendidas e impulsadas por el secretariado y los mandos nacionales”, argumentó.

El pronunciamiento surgió a raíz de la primera imputación que hizo el sistema de justicia transicional creado por el Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón contra exintegrantes del desaparecido grupo armado. Pero las dos frases de Acevedo son cuestionables porque ni esta decisión ni las condenas previas de la justicia ordinaria cobijan a todos los actuales senadores y representantes de la actual agrupación política.

Sobre la imputación de la JEP

El 28 de enero, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP emitió un auto con el que señaló formalmente a ocho exmiembros del secretariado de las FARC como los máximos responsables en el macrocaso 01. Este se refiere a la “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

El mismo expediente es comúnmente referido como el de “secuestro” y fue bautizado en principio como “retenciones ilegales” con base en el informe al respecto que entregó la Fiscalía General de la Nación (ver chequeo). La misma providencia le cambió la denominación, precisamente para ponerla en concordancia con los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad determinados por los magistrados.

Estas conductas, además de las mencionadas en el título, incluyen homicidios, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles e inhumanos, atentados contra la dignidad de las personas y violencia sexual. En algunos casos, los señalamientos son como coautores y en otros, por responsabilidad de mando aunque no los hubieran cometido de forma directa.

Los imputados son:

1. Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, presidente de Comunes.
2. Jaime Alberto Parra, quien usaba los alias de Mauricio Jaramillo o el Médico.
3. Milton de Jesús Toncel, también llamado Joaquín Gómez.
4. Juan Hermilo Cabrera Díaz, Bertulfo Álvarez, quien falleció el 27 de enero.
5. El senador Pablo Catatumbo Torres Victoria.
6. Pastor Lisandro Alape Lascarro, delegado de los exguerrilleros ante el Consejo Nacional de Reincorporación.
7. El senador Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada.
8. Rodrigo Granda Escobar, quien también se hacía llamar Ricardo Téllez.

Es decir que solo dos de los ocho son congresistas. Los demás integrantes de la bancada, que no fueron afectados por la providencia, son:

• La senadora Victoria Sandino Simanca Herrera.
• La segunda vicepresidenta del Senado, Griselda Lobo Silva o Sandra Ramírez.
• El senador Israel Alberto Zúñiga Iriarte, también conocido como Benkos Biohó.
• Jairo Reinaldo Cala Suárez, quien se identificaba en la guerrilla como Mechas, representante a la Cámara por Santander.
• Carlos Alberto Carreño Marín, o Sergio Marín, representante por Bogotá.
• Omar de Jesús Restrepo Correa, Olmedo Ruiz, por Antioquia.
• Luis Alberto Albán Urbano, Marcos Calarcá, por el Valle del Cauca.

Si bien todos están sometidos a la JEP por ser excombatientes de las FARC, no tienen todavía una imputación en contra como la que cobija a Gallo y Torres. De hecho, Albán rindió versión en el mismo caso pero no fue incluído en el auto, Zúñiga lo hizo en el 04 (sobre la situación territorial en el Urabá) y Restrepo dio su testimonio en el proceso sobre las medidas cautelares por las desapariciones en el área de la represa de Hidroituango.

Luis Alberto Albán, antiguo jefe de las extintas Farc-EP, compareció el pasado 22 de abril ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, luego que esta les ordenara a los 31 miembros del Estado Mayor de esa guerrilla rendir versión en el marco del caso 001, conocido como secuestro.

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) April 24, 2019

Israel Alberto Zúñiga Iriarte, excomandante de las FARC-EP, quien era conocido como "Benkos Bioho", rindió versión ante la #JEP el pasado 6 de marzo, en el marco de este caso (#Caso04). #VersionesEnLaJEP

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 9, 2020

El testimonio de Restrepo, quien fue uno de los comandantes del Bloque Noroccidental de las Farc–EP, se dio en el marco del estudio de las medidas cautelares que la JEP podría tomar en la zona de influencia de Hidroituango, donde podría haber cuerpos de personas desaparecidas. pic.twitter.com/jW2PihURdU

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) January 29, 2020

De modo que lo dicho por Acevedo con relación a la decisión de la JEP y sus efectos sobre los congresistas de las FARC es cuestionable porque solo acierta en algunos casos. Lo mismo ocurre con su pasado en la justicia ordinaria.

Condenas en la justicia ordinaria

Sobre el dato de los “cientos de años” de condenas contra los parlamentarios de Comunes que dio en la emisora, el director del CNMH le recordó a Colombiacheck que, antes del Acuerdo de Paz de 2016, “generalmente aparecían informes de la Fiscalía General de la Nación sobre cada caso” en los que se presentaba esa información. “Obviamente eso era una figura que era sumatoria”, explicó.

Sin embargo, los pasados judiciales de los congresistas de Comunes no siempre confirman esa operación matemática. Otra vez, son más la excepción que la regla.

Un chequeo anterior ya había comprobado que al senador Gallo nunca lo condenaron por ningún delito antes de la entrada en vigencia del Acuerdo del Colón. Sus antecedentes están limpios pese a que existen en su contra denuncias por delitos sexuales y procesos por homicidio, secuestro, desplazamiento forzado y desaparición. Sandino, Lobo, Zúñiga, Cala, Carreño y Restrepo están en la misma situación.

En cambio, uno de los que sí tienen condenas en el sistema ordinario es Albán. No obstante, las decisiones en su contra por terrorismo, homicidio en persona protegida, toma de rehenes y apoderamiento de aeronaves u otros medios de transporte colectivo suman 85 años de prisión y no “cientos”.

La Procuraduría General de la Nación también tiene registro de sentencias contra Torres Victoria que dan 243 años de prisión en total por homicidios o tentativas, secuestros, desplazamiento forzado, terrorismo, hurtos y rebelión. De modo que Catatumbo es el único de la bancada que cabe en las dos afirmaciones que hizo Acevedo en la entrevista radial.

No obstante, hay que tener en cuenta que la rebelión es un delito político y, por tanto, está cobijado por la Ley de Amnistía junto con otras conductas conexas, como el apoderamiento de aeronaves y otros medios de transporte colectivo cuando no está en concurso con secuestro. Eso sí: la misma norma establece que los crímenes de guerra o lesa humanidad, como los contenidos en la reciente imputación, no caben en esa categoría y, por el contrario, deben ser investigados, juzgados y sancionados. 

Entre tanto, las penas de la justicia ordinaria fueron suspendidas en virtud de la reforma constitucional que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición al que pertenece la JEP, hasta que esta se pronuncie al respecto. La sentencia de la Corte Constitucional que avaló esa medida también aclaró que el tribunal transicional será el que decida sobre la compatibilidad con la participación política de las sanciones que imponga.

Al momento de definirlo, los magistrados deberán tener en cuenta varios factores, incluyendo el cumplimiento de las exigencias del acuerdo por parte del respectivo compareciente. Sobre todo, la providencia estableció que la decisión de la nueva jurisdicción tendrá que “asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición”.

Mientras llegan esas decisiones, Acevedo puede afirmar que los exguerrilleros “le harían un favor al país” al renunciar, como lo hizo en W Radio. Es su opinión y, como tal, no es verificable para la metodología de Colombiacheck. Pero es cuestionable que, a partir de la situación judicial de tres congresistas del partido Comunes, diga que toda la bancada tiene los mismos cargos en contra y que todos fueron condenados por la justicia ordinaria a cientos de años de cárcel.