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Viernes, 05 Febrero 2021

Darío Acevedo exageró sobre imputación en JEP y viejas condenas contra bancada de ex-FARC

Por José Felipe Sarmiento

El director de Memoria Histórica pidió que renuncien todos los congresistas del partido Comunes con base en generalizaciones sobre su situación ante la justicia, en las que solo encaja una minoría.

En entrevista con W Radio el pasado 2 de febrero, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo, dijo que “estos congresistas, que están ahí por un pacto de paz, están siendo acusados por la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP] de crímenes de guerra y lesa humanidad” y agregó que “ya fueron condenados por la justicia ordinaria a cientos de años de cárcel”.

El historiador le dijo a Colombiacheck que se refería, sin excepciones, a toda la bancada del partido Comunes, surgido a partir del paso a la vida civil de la antigua guerrilla de las FARC y que conservó la misma sigla como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común hasta enero. “Francamente, por lo que plantea el presidente de la JEP [Eduardo Cifuentes], es toda la bancada la que está ahí; son altos dirigentes, son políticas que fueron asumidas, defendidas e impulsadas por el secretariado y los mandos nacionales”, argumentó.

El pronunciamiento surgió a raíz de la primera imputación que hizo el sistema de justicia transicional creado por el Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón contra exintegrantes del desaparecido grupo armado. Pero las dos frases de Acevedo son cuestionables porque ni esta decisión ni las condenas previas de la justicia ordinaria cobijan a todos los actuales senadores y representantes de la actual agrupación política.

Sobre la imputación de la JEP

El 28 de enero, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP emitió un auto con el que señaló formalmente a ocho exmiembros del secretariado de las FARC como los máximos responsables en el macrocaso 01. Este se refiere a la “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

El mismo expediente es comúnmente referido como el de “secuestro” y fue bautizado en principio como “retenciones ilegales” con base en el informe al respecto que entregó la Fiscalía General de la Nación (ver chequeo). La misma providencia le cambió la denominación, precisamente para ponerla en concordancia con los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad determinados por los magistrados.

Estas conductas, además de las mencionadas en el título, incluyen homicidios, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles e inhumanos, atentados contra la dignidad de las personas y violencia sexual. En algunos casos, los señalamientos son como coautores y en otros, por responsabilidad de mando aunque no los hubieran cometido de forma directa.

Los imputados son:

  1. Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, presidente de Comunes.
  2. Jaime Alberto Parra, quien usaba los alias de Mauricio Jaramillo o el Médico.
  3. Milton de Jesús Toncel, también llamado Joaquín Gómez.
  4. Juan Hermilo Cabrera Díaz, Bertulfo Álvarez, quien falleció el 27 de enero.
  5. El senador Pablo Catatumbo Torres Victoria.
  6. Pastor Lisandro Alape Lascarro, delegado de los exguerrilleros ante el Consejo Nacional de Reincorporación.
  7. El senador Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada.
  8. Rodrigo Granda Escobar, quien también se hacía llamar Ricardo Téllez.

Es decir que solo dos de los ocho son congresistas. Los demás integrantes de la bancada, que no fueron afectados por la providencia, son:

  • La senadora Victoria Sandino Simanca Herrera.
  • La segunda vicepresidenta del Senado, Griselda Lobo Silva o Sandra Ramírez.
  • El senador Israel Alberto Zúñiga Iriarte, también conocido como Benkos Biohó.
  • Jairo Reinaldo Cala Suárez, quien se identificaba en la guerrilla como Mechas, representante a la Cámara por Santander.
  • Carlos Alberto Carreño Marín, o Sergio Marín, representante por Bogotá.
  • Omar de Jesús Restrepo Correa, Olmedo Ruiz, por Antioquia.
  • Luis Alberto Albán Urbano, Marcos Calarcá, por el Valle del Cauca.

Si bien todos están sometidos a la JEP por ser excombatientes de las FARC, no tienen todavía una imputación en contra como la que cobija a Gallo y Torres. De hecho, Albán rindió versión en el mismo caso pero no fue incluído en el auto, Zúñiga lo hizo en el 04 (sobre la situación territorial en el Urabá) y Restrepo dio su testimonio en el proceso sobre las medidas cautelares por las desapariciones en el área de la represa de Hidroituango.

De modo que lo dicho por Acevedo con relación a la decisión de la JEP y sus efectos sobre los congresistas de las FARC es cuestionable porque solo acierta en algunos casos. Lo mismo ocurre con su pasado en la justicia ordinaria.

Condenas en la justicia ordinaria

Sobre el dato de los “cientos de años” de condenas contra los parlamentarios de Comunes que dio en la emisora, el director del CNMH le recordó a Colombiacheck que, antes del Acuerdo de Paz de 2016, “generalmente aparecían informes de la Fiscalía General de la Nación sobre cada caso” en los que se presentaba esa información. “Obviamente eso era una figura que era sumatoria”, explicó.

Sin embargo, los pasados judiciales de los congresistas de Comunes no siempre confirman esa operación matemática. Otra vez, son más la excepción que la regla.

Un chequeo anterior ya había comprobado que al senador Gallo nunca lo condenaron por ningún delito antes de la entrada en vigencia del Acuerdo del Colón. Sus antecedentes están limpios pese a que existen en su contra denuncias por delitos sexuales y procesos por homicidio, secuestro, desplazamiento forzado y desaparición. Sandino, Lobo, Zúñiga, Cala, Carreño y Restrepo están en la misma situación.

En cambio, uno de los que sí tienen condenas en el sistema ordinario es Albán. No obstante, las decisiones en su contra por terrorismo, homicidio en persona protegida, toma de rehenes y apoderamiento de aeronaves u otros medios de transporte colectivo suman 85 años de prisión y no “cientos”.

La Procuraduría General de la Nación también tiene registro de sentencias contra Torres Victoria que dan 243 años de prisión en total por homicidios o tentativas, secuestros, desplazamiento forzado, terrorismo, hurtos y rebelión. De modo que Catatumbo es el único de la bancada que cabe en las dos afirmaciones que hizo Acevedo en la entrevista radial.

No obstante, hay que tener en cuenta que la rebelión es un delito político y, por tanto, está cobijado por la Ley de Amnistía junto con otras conductas conexas, como el apoderamiento de aeronaves y otros medios de transporte colectivo cuando no está en concurso con secuestro. Eso sí: la misma norma establece que los crímenes de guerra o lesa humanidad, como los contenidos en la reciente imputación, no caben en esa categoría y, por el contrario, deben ser investigados, juzgados y sancionados. 

Entre tanto, las penas de la justicia ordinaria fueron suspendidas en virtud de la reforma constitucional que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición al que pertenece la JEP, hasta que esta se pronuncie al respecto. La sentencia de la Corte Constitucional que avaló esa medida también aclaró que el tribunal transicional será el que decida sobre la compatibilidad con la participación política de las sanciones que imponga.

Al momento de definirlo, los magistrados deberán tener en cuenta varios factores, incluyendo el cumplimiento de las exigencias del acuerdo por parte del respectivo compareciente. Sobre todo, la providencia estableció que la decisión de la nueva jurisdicción tendrá que “asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición”.

Mientras llegan esas decisiones, Acevedo puede afirmar que los exguerrilleros “le harían un favor al país” al renunciar, como lo hizo en W Radio. Es su opinión y, como tal, no es verificable para la metodología de Colombiacheck. Pero es cuestionable que, a partir de la situación judicial de tres congresistas del partido Comunes, diga que toda la bancada tiene los mismos cargos en contra y que todos fueron condenados por la justicia ordinaria a cientos de años de cárcel.

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Viernes, 17 Febrero 2017

¿Los miembros de las Farc que lleguen al Congreso no tendrán legitimidad electoral?

Por Sania Salazar

El Acuerdo Final entre Gobierno y Farc establece curules en el Congreso para las Farc por dos periodos, cupos que, inicialmente, deben ganarse con votos, pero algunos miembros del Centro Democrático aseguran que la elección será a dedo.

La elegibilidad política de las Farc es uno de los grandes reparos que el Centro Democrático (CD), principal partido opositor del Gobierno Santos y de su política de paz, le ha puesto al Acuerdo Final con las Farc. Ese ha sido uno de sus grandes argumentos para criticar el Acuerdo.

Santiago Valencia, Representante a la Cámara del CD, criticó esta parte del acuerdo en el periódico El Colombiano, pero no fue suficientemente claro, así que lo que dijo es engañoso.

“Los miembros que llegarían de las Farc al Congreso serían nombrados entre ellos mismos y no tendrían ninguna legitimidad electoral”, fue una de las frases del representante antioqueño.

Colombiacheck lo llamó para preguntarle en qué basaba su afirmación: “La fuente es el Acuerdo Final, lo que dice es que ellos van a tener tres senadores y tres representantes a la Cámara que ellos mismo van a elegir, nosotros hemos dicho que somos conscientes de la necesidad del tránsito de las Farc de grupo terrorista a partido político y que eso implicará participación en política, pero también hemos dicho que esa participación no se debería dar hasta que no paguen por los crímenes que han cometido y que quienes lleguen allí no sean criminales de guerra ni que hayan cometido delitos de lesa humanidad porque ese sería un precedente antidemocrático supremamente grave, pero que además lleguen allí a dedo y sin votos es todavía más grave.”

Al respecto, el Acuerdo Final dice, textualmente: “En el Senado se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. En la Cámara de Representantes se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. Para este efecto, en la Cámara de Representantes se asignará una curul a cada una de las 5 listas que obtengan las mayores votaciones y que no hubieren obtenido curul”.

En una nota de El Espectador titulada Así será la participación política de las Farc y su reincorporación a la vida civil lo explican claro: “No habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las Farc a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República. El acuerdo garantiza una representación mínima de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. En todo caso, sólo se asignarán las que faltaren para completar cinco curules, de tal manera que cuando la lista obtenga cinco o más, no se asignará ninguna adicional”.

Valencia no solo se equivoca en el número de curules asignadas, sino que insiste en la afirmación falsa de que los integrantes del partido político que conforme las Farc que aspiren al Congreso no tendrán que ganarse esos cupos, inicialmente, en las urnas.

“Una cosa es que participen, como aparentemente lo van a hacer, y otra cosa es que obtengan la votación necesaria para llegar allí, mientras habrá senadores en cualquier partido que necesitan 50, 60 mil votos para llegar, ellos van a llegar con una representación al Senado de 3, 4 o 5 mil votos cada uno, no tienen la legitimidad electoral para estar allí”, respondió el representante cuando le recordamos que en el Acuerdo Final estaba pactado que debían medirse en las urnas como primer paso para acceder a las curules.

Valencia desconoce, además, la esencia del diálogo con las Farc, que el Presidente Santos ha reiterado en varias ocasiones. “Es muy importante que los colombianos entendamos que la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es, precisamente, que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad, este proceso con las Farc no es una excepción ni puede serlo, las Farc tienen un origen político y su intención es poder hacer política sin armas”.

Partiendo de lo anterior, ¿qué hay de malo en que el partido político de las Farc, como lo hacen los demás partidos, elija a quienes se lanzarán al Congreso? Lo que critica el Representante.

Ahora, una cosa es medirse en las urnas y otra es la discusión sobre la legitimidad de los votos obtenidos, asunto que depende de la opinión de cada quien.

Como lo recuerda Miguel García Sánchez, Profesor asociado del departamento de Ciencia Política y codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, en una columna titulada La participación política de las Farc en el posacuerdo:

“Desde la perspectiva de las Farc, el principal reto tiene que ver con la superación de lo que esa organización representa ante la sociedad colombiana. A diferencia de otros grupos insurgentes, como el M-19, que gozaban de aceptación entre algunos sectores de la sociedad colombiana y consecuentemente lograron ser exitosos electoralmente en los 90, las Farc son probablemente la organización con la peor reputación ante la opinión pública colombiana. Aunque eso no es sorprendente a la luz de los crímenes cometidos por esta guerrilla en más de 50 años de actividad insurgente, es el principal escollo que debe resolver si quiere tener alguna relevancia política en el futuro”.

Precisamente por ese pasado violento se pensó en facilitar la presencia de las Farc en los principales órganos decisorios del país, mientras que esa guerrilla se convierte en partido político y se consolida como una opción política sin armas.

Sobre participación política de responsables de delitos graves

El Acuerdo Final establece que “La imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”.

Pero en el mismo artículo de El Colombiano en el que habla el Representante Valencia, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclara que ante la Justicia Especial para la Paz, JEP, tendrán que comparecer aquellos guerrilleros que hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, hechos que no son objeto de amnistía ni de indulto. “Allá reconocerán sus delitos y ese tribunal determinará la pena y las condiciones en que tienen que cumplir esa pena. Dependiendo de eso podrán o no participar en política”.

El ministro Cristo aseguró además que la JEP será la que definirá si los guerrilleros, que en ese entonces estén en la cárcel, podrán a la vez participar en las sesiones del Congreso como posibles legisladores.