3 DATOS CLAVE:

1. Cuentas de derecha estigmatizan al asesinado excomunero nasa Edwin Legarda, esposo de la senadora y candidata vicepresidencial Aida Quilcué, con el falso señalamiento de que fue “dado de baja” por el Ejército por ser guerrillero y estar en compañía de miembros de las FARC.
   
2. Un juez de Popayán condenó a seis militares a 40 años de prisión en 2010 por el delito de homicidio en persona protegida, tras demostrarse que dispararon indiscriminadamente contra el vehículo que conducía el líder indígena. El Estado tuvo que pedir perdón por el crimen en 2018.
3. En 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento de 33 militares investigados por el asesinato, un caso de ejecución extrajudicial en el que fue presentado falsamente como muerto en combate, lo que se conoce como un ‘falso positivo’.
   

Diferentes publicaciones en redes sociale difunden la afirmación falsa de que el asesinado excomunero nasa Edwin Legarda, esposo de la senadora Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato oficialista Iván Cepeda, fue “dado de baja” por el Ejército en 2008 porque era guerrillero y andaba junto a integrantes de la extinta guerrilla de las FARC.

En realidad, miembros del Ejército mataron al líder indígena cuando se dirigía en un vehículo hacia Popayán. Por este crimen, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aceptó el sometimiento de 33 militares investigados por ejecución extrajudicial, al haber presentado al líder indígena como muerto en combate, lo que se conoce como un ‘falso positivo’. Además, ya hay seis condenas en la justicia ordinaria.

Las publicaciones circulan desde el 12 de marzo en cuentas de Facebook, TikTok y X, entre ellas, la del desinformador recurrente Wilmer Pacheco Trujillo (@JoseWilmerPache), excandidato a la Asamblea de Valle del Cauca por el Centro Democrático. En total, alcanzan más de 150.000 visualizaciones y más de 6.000 reacciones.

Los hechos  

José Edwin Legarda Vásquez, comunero del resguardo indígena Pickwe Tha Fxiw en el Cauca, fue asesinado el 16 de diciembre de 2008 por militares adscritos al batallón José Hilario López del Ejército en el sitio conocido como San Pedro, en jurisdicción del municipio de Totoró.

En ese momento, conducía una camioneta del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en compañía de la coordinadora general del Hospital de Inzá, Liliana Valdés Pena. El vehículo recibió varios impactos de bala desde distintos ángulos y él recibió dos. Murió en el Hospital San José de Popayán.

Según el CRIC y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), iban hacia la capital departamental para recoger a los integrantes de su Consejería Mayor, entre ellos, Quilcué. Contrario a lo que afirman en redes, no existe evidencia de que Legarda fuera guerrillero ni de que estuviera acompañado de miembros de las FARC.

El ataque ocurrió días después de la Minga Nacional de Resistencia Indígena, liderada por Quilcué. La entonces consejera acababa de regresar de Ginebra, Suiza, donde participó en el examen periódico universal de Naciones Unidas sobre Colombia en materia de Derechos Humanos.

El asesinato del líder indígena fue condenado por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Soldados condenados e investigados

El reporte del Ejército indicaba que Legarda era integrante de un grupo armado ilegal y que había sido abatido en un combate. Sin embargo, años después se comprobó que el señalamiento era falso, por lo que fueron identificados, procesados y sentenciados varios de los militares que participaron en la acción, así como sus superiores jerárquicos.

En 2010, un juez de Popayán condenó a seis de ellos a 40 años de prisión por el delito de homicidio en persona protegida. Aunque los criminales alegaron que habían disparado porque el vehículo no se detuvo en un puesto de control, un testigo afirmó que habían disparado indiscriminadamente y sin una advertencia previa para que se detuviese.

En abril de 2015, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca condenó al Ministerio de Defensa y le ordenó realizar, junto con el Ejército, un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la muerte del líder indígena. Este se realizó en 2018.

Cuatro años más tarde, en 2022, la JEP aceptó el sometimiento de 33 militares del Ejército investigados por el asesinato y posterior presentación de Legarda como muerto en combate, bajo la modalidad de ejecución extrajudicial. Esas características del crimen corresponden a lo que popularmente se ha conocido como ‘falsos positivos’.

La decisión se produjo tras evaluar el proceso remitido por la Procuraduría en el que, de nuevo, se evidenció que los militares dispararon indiscriminadamente en contra del Legarda y Valdés, quien sobrevivió y ha sido testiga en los procesos.

Esta desinformación no solo revictimiza a Quilcué al repetir el mismo estigma contra su esposo con el que el Ejército intentó encubrir el asesinato; también hace parte de una narrativa estigmatizante contra la candidata vicepresidencial, a quien han acusado falsamente de ser “cabecilla de un grupo paramilitar”, y contra el CRIC y los pueblos indígenas en general, históricamente atacados generalmente desde la derecha con similares acusaciones infundadas (1, 2, 3).

Difusores de la desinformación

En Facebook por los usuarios Alvaro Cardozo, A la Derecha de Dios Padre y el grupo Memes 100% ANTIPETRISTAS. A los dos últimos los hemos verificado antes por difundir desinformación (1, 2, 3).  

En TikTok por la cuenta Delta Returns (@deltareturns).

En X por las cuentas Antonella Curadelli (@KLea79107265) y Wilmer Pacheco Trujillo (@JoseWilmerPache), excandidato a la Asamblea de Valle del Cauca por el Centro Democrático, a quien hemos verificado varias veces por difundir desinformación.