“Yo revoco JEP y cortes”, dicen las hojas de papel que aparecen en YoRevoco.com como parte de una campaña para convertirlas que una “cuarta papeleta” que la gente introduciría en las urnas de las elecciones del 13 de marzo para pronunciarse contra la Jurisdicción Especial para la Paz y los demás altos tribunales de Colombia.

La manifestación está inspirada en la Séptima Papeleta, un movimiento estudiantil que propuso la introducción de un voto adicional a los seis que debían depositarse en las elecciones de marzo de 1990 con la petición de una constituyente. Aunque tal acción no tenía soporte legal, terminó empujando a la convocatoria para elegir la Asamblea Nacional que dio origen a la Constitución de 1991.

Yo Revoco habla de “cuarta papeleta” en 2022 porque, en la mayoría del país, cada persona podrá escoger tres tarjetones como máximo: uno para votar al Senado, otro a la Cámara y uno más para alguna de las tres consultas presidenciales interpartidistas. Solo en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), los territorios más afectados por el conflicto armado, habrá una elección adicional de representantes por esas zonas.

El portal fue registrado el 18 de febrero de este año, según la plataforma Who.is, que permite ver la información sobre la propiedad de sitios de internet. Sin embargo, quienquiera que esté detrás de la convocatoria ocultó su información a través de Withheld for Privacy, un servicio de “protección de datos” con sede en Reikiavik, la capital de Islandia, para los clientes de dominios en la red.

Esa ciudad europea, el nombre y el número de teléfono de la compañía islandesa son los que aparecen donde deberían ir los del propietario de YoRevoco.com. La empresa, según su propia página, explica que es así como funciona: “Withheld for Privacy reemplaza los datos de contacto reales del cliente con nuestra propia información generada”.

Además, la campaña de la “cuarta pepeleta” se ha movido por redes sociales. Uno de sus principales promotores en Twitter es el usuario Silvio Ramírez V (@silvioravel), con varios mensajes que han sido retuiteados cientos de veces, incluso más de 600 en algún caso (por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5).

En Facebook, según la herramienta de monitoreo CrowdTangle, la búsqueda “yo revoco JEP y cortes” arroja 75 publicaciones con 376 interacciones en un mes. Las más populares aparecen en páginas como “Apoyo al presidente Uribe y a las Fuerzas Militares de Colombia” y grupos como “Todos unidos por una Colombia sin socialismo”.

Los argumentos utilizados en estos casos incluyen desinformación. Colombiacheck revisó dos de las afirmaciones que también aparecen en la sección “¿Por qué revocar?” del portal. Ambas son falsas.

"El presupuesto asignado a la JEP es de 41 billones" 

Calificación: Falso

Entre los argumentos del mencionado portal de por qué revocar la JEP está la siguiente frase: “el presupuesto asignado a la JEP es de 41 BILLONES $41.000.000.000.000 (así con 12 ceros) los cuales son derrochados entre 76 magistrados cuya única función es citar a los terroristas Farc para decirles que no hay ninguna imputación ni castigo por sus delitos, cosa que podría hacer uno sólo de ellos (sic)”.

En Colombiacheck decidimos verificar si el presupuesto asignado a la JEP corresponde con lo publicado por el citado portal.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición diseñado en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc-EP. Tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016 y su existencia no podrá ser superior a 20 años.

A esta jurisdicción se le asignaron 250.440.000 pesos para la vigencia fiscal de 2017, año en que empezó su funcionamiento. Para conocer los presupuestos de los años siguientes revisamos los informes de ejecución presupuestal de la JEP a diciembre de cada año y en el caso del presupuesto de 2022 el informe a corte febrero.

En 2018 el presupuesto ejecutado fue de 132.682.334.450 pesos, en 2019 de 284.585.470.760 pesos, luego de un recorte de recursos por $7.880 millones en inversión aprobado con Decreto 2412 del 31 de diciembre de 2019, en 2020 de 310.158.219.596 pesos, en 2021 de 337.548.287.686 pesos y a febrero de 2022 era de 374.898.283.445 pesos.

De acuerdo con el informe de ejecución presupuestal de la vigencia 2020, ese año hubo reducciones en el presupuesto de la JEP por bloqueos de recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por efectos de la pandemia. En este sentido, se expidió el Decreto 1807 del 31 de diciembre de 2020, por medio del cual se efectuó la reducción al presupuesto de la JEP por $11.259 millones quedando un presupuesto del año 2020 de $310.158 millones, discriminados así: $205.892 millones en funcionamiento y $104.266 millones en inversión.

En Colombiacheck hicimos el cálculo de cuánto le han asignado de presupuesto a la JEP en estos seis años que lleva en funcionamiento y nos dio como resultado 1.440.123.035.937 pesos, es decir, 1,4 billones de pesos, una cifra que ni siquiera se acerca a los 41 billones de pesos que señalan en la publicación del portal Yorevoco.com

Igualmente, hicimos el cálculo del presupuesto promedio de la entidad, llevando los presupuestos anuales a pesos de 2021, sumando estos valores, dividiéndolos entre seis y multiplicando el resultado por 20 años, teniendo en cuenta que ese es el plazo máximo de funcionamiento de la JEP, y nos dio 4,9 billones de pesos. Por lo que sigue siendo desproporcionada la cifra entregada por el portal web.

El portal Yorevoco también asegura que los “41 billones” de la JEP “son derrochados entre 76 magistrados”, lo cual es falso porque realmente está conformada por 18 magistrados y 6 amicus curiae. Estos últimos son terceros autorizados para participar en los procesos de la entidad, con el fin de ofrecer información o conceptos que brinden mayores elementos jurídicos para la resolución de un caso. Además, el presupuesto de la entidad no solo incluye el sueldo de los magistrados, sino también gastos de investigación, protección a testigos y víctimas, abogados para víctimas y comparecientes sin recursos, el arriendo de la sede, entre otros.

En Colombiacheck consultamos al economista y magíster en economía aplicada con profundización en políticas públicas, Alejandro Rodríguez, investigador de temas fiscales y económicos de Dejusticia, y nos dijo que: “la JEP es una entidad que requiere más recursos en funcionamiento que en inversión. Un tribunal de justicia lo que necesita es más personal y recursos físicos (…) La JEP en presupuestos anteriores ha pedido más recursos porque es un trabajo titánico el que están haciendo, que requiere mucho personal”.

Rodríguez asegura que las asignaciones presupuestales a la JEP han venido aumentando progresivamente desde 2018, tal como lo menciona en el libro ‘¿La paz al menor costo? Análisis presupuestal de la implementación de la paz territorial y el sistema integral’.

De acuerdo con Rodríguez, del 2018 al 2019 se presentó un aumento exponencial del 88%, seguido de aumentos más reducidos en los años siguientes. En 2020 fue del 7,7%, en 2021 del 4,2% y en el 2022 del 13,3%.

Aunque se calcula que el presupuesto siga aumentando para cumplir con la implementación del Acuerdo de Paz, según Rodríguez, este no alcanza a llegar a los 41 billones que dice la publicación. “Si anualmente se destinan 300.000 millones de pesos no tendría sentido pensar que va a llegar a 41 billones de pesos. Esa cifra es una exageración de lo que se va a asignar a la JEP en 20 años. La JEP cuesta unos 4 billones de pesos, un 0,4% del PIB, aproximadamente, pero para toda su duración”, expresó Rodríguez.

Asignaciones presupuestales de la JEP, Dejusticia.

Rodríguez explicó que el Ministerio de Hacienda define un anteproyecto de presupuesto nacional que concilia cada año con cada entidad, según las necesidades de las mismas, y que luego va a discusión al Congreso de la República para la aprobación del proyecto de Presupuesto General de la Nación.

Por lo anterior, en Colombiacheck calificamos como falsas las afirmaciones hechas por el portal Yorevoco.com sobre el presupuesto de la JEP porque la cifra de 41 billones es desproporcionada teniendo en cuenta que en los seis años que lleva en funcionamiento la entidad los recursos asignados suman 1,4 billones de pesos y con los aumentos que están proyectados en 20 años llegan a 4,9 billones, aproximadamente.

“Los más de 250.000 muertos que pesan sobre los hombros de las Farc”

Calificación: Falso

Esta es otra de las desinformaciones que el portal Yorevoco.com hace pasar como un argumento para que los ciudadanos impriman una “cuarta papeleta” y la incluyan, con los demás tarjetones, en la urna de votaciones de los comicios del 13 de marzo de 2022.

Las cifras sobre la violencia en el conflicto armado han sido recopiladas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es un “establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento para la Prosperidad Social (DPS), que tiene como objeto la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales y los que se obtengan por cualquier otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano, a través de la realización de investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas, entre otras que contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, conocer la verdad y contribuir a evitar su repetición en el futuro”.

El informe ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, elaborado por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) y publicado en 2013, afirmó que el conflicto armado causó la muerte de 218.094 personas entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012, seis años antes de la creación de la guerrilla de las FARC hasta el comienzo de las negociaciones que terminaron con el Acuerdo de Paz.

De esas muertes, dice el informe, el 81% (177.307 personas) corresponde a víctimas civiles y el 19% (40.787 personas) es de combatientes. Este es un dato total que presentó el CNMH en el año 2013 de las víctimas fatales que dejó el conflicto armado, pero no todas se le pueden atribuir a las FARC como responsables, pues, como dice el mismo informe: “Todos los actores armados han incorporado el ataque a la población civil como estrategia de guerra” (p. 34), entre ellos guerrillas, grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.

Cuando habla de guerrillas, el informe no solo se refiere a las FARC, según reza esta nota al pie de página:

“Las guerrillas no han sido un actor homogéneo en el conflicto armado colombiano. Por el contrario, ha emergido una pluralidad de organizaciones armadas que luchan contra el Estado y que reivindican paradigmas ideológicos diferentes” (p. 34).

Así, el informe también distingue una serie de modalidades violentas que utilizaron los diferentes actores armados en contra de la población civil. En cuanto a la responsabilidad de la guerrilla, el micrositio de estadísticas del informe, presenta los siguientes datos:

Las guerrillas cometieron 3.899 asesinatos selectivos (16,8% del total de casos documentados) y también fueron responsables únicos de 717 víctimas civiles como producto de acciones bélicas, así como de 528 muertes más por sus enfrentamientos con grupos paramilitares y la fuerza pública.

El informe también señala la participación de las guerrillas en otro tipo de hechos violentos. En estos no se discrimina el número de muertes por grupo armado pero sí los casos.

Por ejemplo, se documentaron 5.138 casos de ataques a bienes civiles y un total de 715 víctimas fatales; las guerrillas fueron responsables por 4.323 casos (84,1%). Por otro lado, el informe registró 1.982 masacres que dejaron como saldo 11.751 muertes; las guerrillas fueron responsables de 343 casos (17,3%). Por último, se tiene registro de 95 atentados terroristas en los que 223 personas fallecieron, las guerrillas cometieron 77 de estos actos (82%).

Estos casos, en los que sí se pudo comprobar la participación de los responsables, suman un número de muertes mucho menor al del total de víctimas civiles del conflicto y aún menor que el de la desinformación.

También el Observatorio de Memoria y Conflicto de la misma entidad, que cuenta con datos más actualizados, señala en su página principal que han muerto 268.807 personas en el marco del conflicto armado. Por su parte las bases de datos del observatorio permiten ver los datos relacionados para 222.635 víctimas fatales del conflicto armado, las cifras comprenden el periodo de tiempo desde 1958 hasta 2020, y tienen una fecha de corte de revisión del 21 de diciembre de 2021.

El tablero de datos ‘Características de las Personas Afectadas’ muestra que la guerrilla es responsable por 39.509 muertes en el marco del conflicto armado. Es decir, solo el 15,8% de lo que la desinformación indica. En dichas cifras se observa que los paramilitares fueron los autores del mayor número de homicidios.

Tablero Características Personas Afectadas, Observatorio de Memoria y Conflicto.

Por último, el Registro Único de Víctimas (RUV), que recoge las declaraciones de las víctimas del conflicto armado, presenta una serie de cifras que discrimina por hechos victimizantes. Esta base de datos documenta los casos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, con fecha de corte del 31 de enero de 2022 y los clasifica por hechos victimizantes.

Un recuadro presenta el número de víctimas directas e indirectas en los hechos victimizantes de secuestro y homicidio. Las víctimas directas del homicidio son las personas asesinadas y las indirectas son los miembros de la familia o personas próximas a las víctimas directas, según la Ley de Víctimas y la definición de víctima de la sentencia sentencia C-052/12 de la Corte Constitucional.

Teniendo en cuenta esto, tomamos el número de víctimas directas de homicidio, que es 273.306. Pero este número está relacionado con todos los diferentes actores del conflicto armado, no solo con las guerrillas, dado que el RUV no ofrece datos sobre responsables o victimarios de los hechos victimizantes. Colombiacheck ya ha desmentido otras desinformaciones en las que les atribuyen a las FARC las cifras correspondientes a todos los delitos cometidos por los múltiples actores del conflicto armado. El chequeo más reciente fue en diciembre de 2021, pero la misma imagen había circulado en 2020 y otra con datos similares, en 2017.

En conclusión, calificamos como falsa la afirmación del portal Yorevoco.com pues las cifras de muertos que les achacan a las Farc son superiores, y por mucho, en relación con la base de datos de Observatorio de Memoria y Conflicto, que es la única que documenta los casos teniendo en cuenta los presuntos responsables. El observatorio muestra que las guerrillas, las Farc y otras, fueron responsables de 39.509 muertes en el marco del conflicto y no de 250.000, como dice el portal.