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Viernes, 04 Junio 2021

Duque llama ‘reforma policial’ a cambios que se quedan muy cortos frente a recomendaciones expertas

Por José Felipe Sarmiento

Un proyecto de profesionalización, nuevos uniformes con cámaras y controles balísticos mínimos no bastan contra abusos. Tercer y último chequeo a la entrevista de Noticias Caracol en el Paro Nacional 2021.

En la entrevista que Noticias Caracol le hizo al presidente de Colombia, Iván Duque, el 17 de mayo de 2021, la directora del programa Los Informantes, María Elvira Arango, le preguntó al mandatario si pretendía impulsar una reforma a la Policía; a lo que él respondió: “Ya lo hicimos. Ya se ha presentado al Congreso”.

El funcionario incluso detalló algunos puntos: mayor visibilidad de la identidad de los agentes en sus uniformes, utilización de cámaras adheridas al cuerpo para tener registro de los procedimientos en los que participan y un control estricto de armas y balística, con reportes sobre el uso de cualquier munición. Sobre este último, incluso destacó que “Bogotá es pionera en América Latina”.

Colombiacheck verificó la respuesta de Duque y encontró que es cuestionable. El único proyecto de ley gobiernista que apunta a cambios institucionales se queda corto. Los más ambiciosos, propuestos por la oposición, están estancados. Los nuevos uniformes y otras medidas que menciona son decisiones más administrativas e insuficientes según expertas. Mientras que los protocolos sobre la munición no tienen nada de novedosos.

Este es el tercer y último chequeo de la citada entrevista de Noticias Caracol. El primero fue sobre las cifras descontextualizadas con las que el mandatario sacó pecho por la vacunación contra COVID-19 y el segundo, sobre los datos incompletos que presentó con relación a las personas desaparecidas durante el Paro Nacional.

Los proyectos de ley

A 2 de junio de 2021, faltando 18 días para terminar las sesiones ordinarias de la actual legislatura, en la base de datos del Senado había siete proyectos que tienen relación con la Policía. Ninguno era de iniciativa gubernamental, aunque tres venían de los partidos de la bancada favorable al gobierno.

De estos, el más avanzado es el 364 de 2020, que busca crear la categoría de agentes profesionales con un régimen de carrera. Tiene ponencia para segundo debate desde diciembre de 2020, pero ni esta ni el texto original radicado mencionan los puntos que el presidente resaltó en la entrevista.

La iniciativa propone crear la figura de “agentes profesionales”, a la que podrían pasarse los actuales patrulleros e ingresarían los nuevos graduados de las escuelas, con un escalafón y distinciones por antigüedad. Además, plantea requisitos para el ingreso más estrictos que los actuales definidos en el Decreto Ley 1791 de 2000: se exigiría el título, una calificación psicofísica y antecedentes fiscales, además de los disciplinarios y penales.

Los criterios de admisión, la formación y las barreras que hoy existen para el desarrollo de la carrera de los patrulleros sí hacen parte de los problemas actuales de la Policía. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la politóloga Viviana García Pinzón, investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área (GIGA, en inglés), señalan varias correcciones necesarias en esos aspectos.

Según la académica, hay que “quitar esa división tan marcada que hay entre las personas que, como tienen el dinero para pagar los cursos de suboficiales y oficiales, terminan en los cargos de mando, y quienes entran porque no tienen los recursos”. Por eso indica que “es importante hacer eso más democrático”.

Esos uniformados con menos ingresos y oportunidades de ascenso son, precisamente, los patrulleros. En esto coincide García Pinzón con los autores del proyecto, que lo han presentado en medios precisamente como una forma de beneficiar a esos policías de bajo rango que se enfrentan a esa barrera.

La directora ejecutiva de la FIP, María Victoria Llorente, también había propuesto “cerrar la brecha entre el nivel ejecutivo y la oficialidad de la Policía y hacer más equitativas las posibilidades de ascensos, condiciones salariales y beneficios” en una presentación de septiembre de 2020. Además, había recomendado “generar incentivos que mejoren la calidad de los aspirantes a patrulleros”.

Por otro lado, “Colombia tiene un déficit de personal. No hay suficiente. Justamente frente a esa falta se han dado procesos de admisión más flexibles y, al final, hay agentes que no deberían estar ahí si se hubiera hecho un proceso riguroso”, advierte García. Las nuevas exigencias relacionadas con la profesionalización irían en ese sentido, según lo que dice la exposición de motivos de la iniciativa.

Ambas politólogas coinciden en que la discusión también debe ser sobre el contenido de la formación y su modelo educativo. La investigadora doctoral afirma que hoy existe una mentalidad atravesada por el conflicto armado y la guerra contra las drogas, que “genera sesgos y estereotipos sobre quiénes son más dignos de protección dentro de la misma población y cómo otros son vistos con sospecha”.

Para buscar una solución a esto, García Pinzón sugiere que debería haber “una participación más amplia de los civiles” en la definición de los currículos. En contraste, el proyecto dejaría esto en manos de instancias dentro de la misma Policía, subordinadas a su Dirección General.

Además, esta iniciativa no es suficiente para resolver todos los asuntos señalados por las expertas. La misma FIP sacó una infografía en medio del paro actual en la que insiste en otros puntos, como el mejoramiento de la rendición de cuentas institucional y el acceso al escrutinio de la sociedad civil o el fortalecimiento de controles internos y externos, también con mayor participación civil y por fuera de la cadena de mando.

Para García, lo más urgente es “analizar los factores que fomentan la impunidad dentro del accionar de la Policía”. Concuerda con la fundación, por ejemplo, en que la Inspección General debería estar ocupada por civiles en lugar de mandos policiales.

La politóloga califica como una “contradicción con la naturaleza de la Policía como un cuerpo civil” el hecho de que sus integrantes sean procesados por la Justicia Penal Militar. Este fuero también es criticado por la FIP. El proyecto no lo toca.

García considera que la Policía debería pasar al Ministerio del Interior o a uno nuevo de seguridad. La FIP sugiere que se puede quedar donde está pero con algunas condiciones. La iniciativa tampoco dice nada al respecto.

Otro debate clave que se queda por fuera es una “intervención a fondo” del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), protagonista de los abusos. “Que no sea un desmonte cosmético y luego se recicle con un cambio de nombre y con los mismos problemas”, dice la investigadora del GIGA.

Los dos proyectos restantes sobre policía de congresistas progobierno en el Senado tienen poco o nada que ver. Uno pretende incentivar la incorporación de deportistas profesionales a las filas y ni siquiera tiene su primera ponencia. El otro, que tampoco ha tenido debate, se refiere exclusivamente a las intervenciones de la Fuerza Pública ante ocupaciones de inmuebles por vías de hecho.

Las iniciativas de la oposición, en cambio, sí están orientadas a la regulación del uso de la fuerza policial en manifestaciones y el sistema de ascensos de la institución (1, 2). Incluso una de ellas propone una reforma más general al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y la Ley 63 de 1993, que también dicta normas sobre la naturaleza y el funcionamiento de la Policía Nacional.

En Cámara, el único proyecto reciente referente a la prevención del abuso policial también es de la bancada opositora. Sin embargo, ni este ni los del Senado han pasado del primer debate.

Uniformes y cámaras

Otra cosa es que, en marzo de 2021, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, anunció cambios en los uniformes para el personal asignado a seguridad ciudadana. Las modificaciones sí incluirían una mayor visibilidad del número de identificación y sí se está estudiando la implementación de las cámaras adheridas al cuerpo.

Lo que pasa es que estas decisiones, mencionadas por Duque en la entrevista, no están relacionadas con ninguna de las propuestas legislativas. Además, no se ha definido una fecha para la implementación de las modificaciones.

El investigador Alberto Sánchez Galeano, asesor de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, le dijo al informativo CityNoticias que los cambios en los uniformes se ajustan a estándares internacionales. También destacó que el resaltado del número de identificación “ha sido una demanda de las organizaciones de la sociedad civil”.

Pese a esto, ninguna de estas dos novedades aparece en las recomendaciones de la FIP y la politóloga García Pinzón considera que son “medidas cosméticas”. Si bien reconoce que el uso de cámaras adheridas al cuerpo “puede generar un incentivo que disminuya la disposición de un agente de policía a abusar de la violencia en algún momento”, observa que “tiene un alcance muy limitado”.

“En el paro hemos visto que ahora los ciudadanos graban y uno casi puede seguir online el live del abuso policial y no pasa nada. Si lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los policías usualmente tienen cámaras adheridas al cuerpo y aun así los hechos de violencia policial contra ciertos grupos de la población, particularmente minorías raciales, persisten”, argumenta la experta.

De hecho, la evidencia científica sobre sus efectos es contradictoria. En general, Colombiacheck encontró que los estudios apuntan más hacia reducciones mínimas de la fuerza, pero no hay un consenso claro.

Un informe del National Bureau of Economic Research, una ONG estadounidense de investigación, contiene un metaanálisis de marzo de 2021 que afirma que las cámaras sí “podría tener un impacto” de reducción cercana al 9,6 % en el uso de la fuerza. Sin embargo, este trabajo no está revisado por pares.

Por el contrario, otro metaanálisis publicado en el European Journal of Criminology en 2016 concluyó que no hubo reducción en esas acciones. Además, advirtió que las agresiones contra oficiales que utilizan estos dispositivos eran mayores.

Lo curioso es que dos de los autores de este último artículo habían participado en un estudio publicado en 2015 en el que encontraron que las probabilidades de usar la fuerza sin BWC (sigla en inglés de body-worn cameras) eran el doble que con ellas. En ese caso, habían comparado turnos laborales en cada condición, no policías en periodos de tiempo largos.

Al ensayar a largo plazo, una investigación del Departamento de Policía de Washington D.C. con las universidades de Michigan y Yale, concluyó que “las cámaras no afectaron de forma significativa el comportamiento policial”. Esta evaluación contó con más 2.200 participantes y era, al menos hasta el momento de su publicación en 2019, el estudio más grande sobre el impacto de esta tecnología en esos procedimientos.

Ese mismo año, una revisión de literatura liderada por Cynthia Lum, directora del Centro de Política Criminal Basada en Evidencia de la Universidad George Mason, que incluyó 70 estudios sobre BWC y fue publicada en Criminology & Public Policy también llegó al mismo resultado. “No tienen efectos estadísticamente significativos o consistentes”, dice el artículo, que apunta a que hay que prestarle más atención al uso que se les dé “para lograr cambios más fundamentales a largo plazo”.

García Pinzón explica que el uso de las cámaras “por sí solo no basta y no compensa la falta de una estructura institucional que en realidad logre aplicar sanciones efectivas, que garantice que va a haber una investigación adecuada en unos tiempos expeditos”. Con esto, insiste en el enfoque de que los cambios más urgentes deberían estar dirigidos a combatir la impunidad de los abusos.

Controles balísticos

Finalmente, la investigadora del instituto alemán dice que los controles de balística que Duque describió en la entrevista no tienen nada de novedoso y que, de hecho, se aplican hace décadas en todo el país, no solo en la capital como él dijo. “Es una práctica mínima que se debe esperar de cualquier gobierno medianamente democrático y responsable con sus cuerpos de seguridad”, asegura.

Igual que con las cámaras, García insiste en que esos controles “servirían para disuadir [a los policías de abusar de la fuerza] si realmente las fallas en dar cuenta de qué pasó con esa munición redundan en una investigación y en sanciones”. En pocas palabras, dice que es “una buena práctica mínimamente esperable pero no es novedosa ni hace la diferencia en la prevención de los abusos”.

Sánchez Galeano coincide con ella. Considera que “Colombia tiene un muy buen protocolo de verificación de munición”, no solo en Bogotá, pero agrega que “no es que sea pionero, es una cosa mínima en materia de control”. En este sentido, asegura que sí cumple unos estándares que no se logran en otras partes de América Latina, como Venezuela, sin que esto lo ponga necesariamente a la vanguardia de la región.

El investigador afirma que una de las fallas de este control en el país es “lo que pasa después”. Si bien dice que la pérdida de un arma o de munición sin explicación sí desencadena la apertura de procesos disciplinarios, lo que no está claro es que estos lleven a sanciones efectivas. Lo mismo que reclama García Pinzón.

En resumen, Duque presentó como “reforma policial” una serie de medidas aisladas, más bien superficiales y de efectividad dudosa por sí mismas, unos controles que existen hace décadas y un proyecto de ley que se refiere apenas a un problema entre muchos, algunos más urgentes, que requieren transformaciones en la Policía. Por eso sus declaraciones son cuestionables.

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Miércoles, 12 Mayo 2021

Munición de este video genera estruendo, pero no es ‘artillería pesada’ como dicen en redes

Por José Felipe Sarmiento y Laura Rodríguez Salamanca

Un video de ataques de la Policía contra manifestantes en la localidad de Bosa, en Bogotá, fue publicado en Twitter con un mensaje en el que se da a entender que las armas utilizadas son de gran calibre, pero son elementos de disuasión de protestas.

Un trino publicado por el periodista Jorge Gómez Pinilla la noche del 4 de mayo de 2021 contiene un video con el asegura que en las imágenes se ve cómo la Fuerza Pública disparó “artillería pesada” contra quienes participaban en protestas contra el gobierno, enmarcadas en el Paro Nacional que empezó el 28 de abril y que ya completa dos semanas.

Jorge_Gomez_artilleria_pesada

El mensaje en Twitter ha sido reproducido más de 6.000 veces. Después de su publicación, empezaron a difundirse otros con la misma información en Facebook. Entre quienes los compartieron se destaca el congresista Fabián Díaz, representante a la Cámara del partido Alianza Verde en la coalición Alternativa Santandereana.

Fabia_Diaz_artilleria_pesada

Ante la gravedad de tal acusación, Colombiacheck decidió verificar tanto el contenido de los videos como a qué corresponden los disparos. El resultado es que sí es una grabación del 4 de mayo en la localidad de Bosa, en Bogotá, pero las publicaciones exageran en su afirmación sobre los elementos de disuasión de protesta utilizados y, por tanto, es cuestionable.

La artillería pesada es, por definición, de gran calibre. Osler García, coronel retirado del Ejército, le dijo a Colombiacheck que la artillería pesada “se usa exclusivamente en conflictos externos, tiene gran poder destructivo y su uso está regulado por tratados y leyes internacionales y debe seguir los protocolos del Derecho Internacional Humanitario y de los conflictos armados”.

Por ejemplo, en una noticia de 2016 sobre un impacto de mortero proveniente de Siria que cayó junto a una escuela en Turquía se ve el cráter que dejó en el pavimento y los daños en un carro que está al lado.

En el archivo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos también se pueden ver grabaciones de entrenamientos con artillería pesada que ilustran el tamaño de las plataformas necesarias, el alcance de sus cañones y el poder destructivo de la munición.

Las Fuerzas Militares de Colombia también tienen armas de esta categoría. Entre ellas están, por ejemplo, los morteros MKEK HY-12 y AM-50, como lo menciona un informe al respecto publicado en junio de 2020 por el diario digital español Infodefensa, especializado en temas de seguridad.

No obstante, al revisar con cuidado la grabación y su contexto, es posible concluir que esa no es la clase de armamento utilizado contra los manifestantes. Aunque implica ciertos peligros, no son tan grandes como se hizo creer en el trino.
 

Bosa, 4 de mayo de 2021

El mismo video fue compartido en diferentes publicaciones de redes sociales. El periodista y político Hollman Morris especificó en un trino que las imágenes eran de Bosa, específicamente del sector Metrovivienda.

Colombiacheck utilizó Google Street View para ubicar en esa zona un lugar con las características visibles:

  • Conjunto residencial con edificios de seis pisos y fachada azul con amarillo.
  • Parqueadero al aire libre con torres a dos costados opuestos y un extremo que, a través de un cerramiento, da a la calle en la que se ve el disparo.
  • Dos árboles sobre el andén del lado del conjunto.
  • Del otro lado, un lote sin mucha construcción (zona verde, parque o algo parecido) también con cerramiento.

El resultado fue que el video fue grabado desde el conjunto Condados de la Sabana III (Calle 71 Sur No. 97 C-50). Lo que está del otro lado de la carrera 97 C es la cancha que hay detrás de la Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Últimos Días Metrovivienda.

 

Menos de una cuadra al oriente de allí, a 77 metros, está el Comando de Reacción Inmediata (CAI) Metrovivienda en el parque El Recreo. Este fue epicentro de protestas la noche del 4 de mayo. Los ataques de la Policía contra los manifestantes empezaron hacia las 7:45 de la noche, hora y media antes del trino de Gómez Pinilla.

Así lo confirmó una vecina del barrio entrevistada para este chequeo, a quien llamaremos Mercedes ya que pidió no publicar su nombre por seguridad. La ciudadana participó en las manifestaciones y aportó algunos videos en los que da la fecha y la hora (la silenciamos para evitar que la reconozcan), en los que se ve la misma unidad residencial pero desde el lado que da al parque donde los policías estaban empezando a dispersar a la gente.

¿Qué dispararon?

En el video que circuló por redes no está muy claro. No se ve de dónde salió el disparo y, en esas condiciones, era por lo menos apresurado, para alguien sin conocimiento específico del tema, concluir qué clase de armamento se estaba utilizando.

“Uno no ve bien si lo que hay es desde una plataforma, la parte superior de un carro antimotines o un helicóptero. Me parece que es una afirmación ligera”, dijo el periodista Víctor de Currea-Lugo, quien tiene amplia experiencia en el cubrimiento de conflictos armados alrededor del mundo. “Yo no creo que haya elementos ahí suficientes para afirmar o negar alguna cosa”, agregó.

Ni en el video viral ni en los de Mercedes se oyen helicópteros. Tampoco se ven plataformas como las de artillería pesada. Sí se ven, en cambio, los gases que empiezan a dispersarse por el espacio y algunos relámpagos. También se escuchan fuertes estruendos. “Luego de eso llegó la tanqueta y tuve que irme del lugar, ya que por la cantidad de gases no podía respirar”, cuenta la manifestante. 

Una de las grabaciones es de una granada sobre el piso: es una Saf-Smoke de humo blanco marca Defense Technology diseñada para entrenamiento, aunque también puede ser usada en operaciones, según el catálogo. Su ficha técnica indica que tiene seis centímetros de diámetro.

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Mercedes no reporta daños de la magnitud que dejarían armas como las que el trino de Gómez dice que se dispararon. Las afectaciones que ella menciona tienen que ver con los efectos de los gases, que se entraron a los apartamentos de varios conjuntos a la redonda. “Un chico perdió el conocimiento por asfixia”, denuncia.

Lo que disparaba, según la testigo, eran las tanquetas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). En otros episodios del mismo Paro Nacional, incluso esa misma jornada y no muy lejos, han sido captados disparos con las características del video desde esos vehículos. Es el caso de una grabación compartida en Twitter por el periodista Juan Miguel Hernández Bonilla a las 11:49 de la noche del 4 de mayo, correspondiente a lo ocurrido sobre la Calle 42 G Sur, junto a la parroquia San Roque González.

 

Compartimos los videos con varios expertos en armas y municiones, quienes nos dieron sus conceptos sobre los elementos que identificaron en las imágenes. Todos coincidieron en que es un error señalar que se trata de artillería pesada. 

El coronel retirado Osler García nos dijo: “Lo que se ve en el video es un lanzador de gases lacrimógenos y de pirotecnia. Tiene un lanzador múltiple, emplea poca cantidad de pólvora para su lanzamiento y produce más miedo que destrucción”. Y a la pregunta de si se puede considerar artillería pesada, respondió. “Eso es completamente falso”. 

Por su parte, Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries), un tanque de pensamiento lationamericano, y experto en política exterior, defensa y seguridad, coincidió en que es falso referirse a lo que se ve en los videos, incluso, como artillería 

“Una pieza de artillería, aún pequeña como podría ser un mortero de 60mm (el más pequeño en uso) tendría un radio de letalidad de 15 metros del punto de impacto. Es un poder destructivo enorme el de artillería real. El tema es que justamente los proyectiles de estruendo están diseñados para generar una explosión grande en términos visibles y un gran estruendo ya que apuntan a tener un efecto psicológico, pero la letalidad es muy reducida”, dijo Serbin Pont. 

Además nos explicó que el efecto que se ve en los videos es producido por “lanzadores múltiples de 38 mm VENOM V3037”, fabricados por la empresa estadounidense CSI Combined System, que “pueden lanzar gas lacrimógeno, humo, y munición de estruendo o aturdidora”. No lanza elementos que generen gran destrucción. “No son morteros ni artillería. Pero si se parecen mucho a los usados en los VN-4 de Guardia Nacional en Venezuela”, anotó.

Venom

Según la descripción de este producto en la página web del fabricante, el VENOM modelo V3037 es un lanzagranadas de 38 milímetros, ligero y con alta capacidad: para 30 tubos. Se puede instalar en varias superficies, incluidos “vehículos, protectores, soportes de trípode, estaciones de armas e instalaciones estáticas”. Se usa para advertencia y dispersión de multitudes. 

Como se puede ver en algunas de las imágenes, el lanzador VENOM está instalado sobre las tanquetas del ESMAD. Por ejemplo, en este video del 2 de mayo en Bogotá.

En el sitio web de CSI Combined Systems también se especifica que el modelo es un lanzagranadas “no letal”, que “ofrece destellos y sonidos [de nuevo] no letales, oscurecimiento con humo, efectos irritantes y de trauma contundente”. Es decir, según la misma página, genera diversos grados de dolor y lesiones, pero son temporales. 

En palabras de Serbin: “Balísticamente no son diferentes a las granadas de gas lacrimógeno disparadas desde lanzadores manuales como los que solemos ver en manos de la Policía. Están diseñados para ser menos letales, aunque el impacto directo sobre una persona puede ser muy peligroso”. 

El fabricante especifica que “en raras circunstancias, si se usa incorrectamente”, este tipo de “productos pueden causar daños a la propiedad, lesiones corporales graves o la muerte”. Por lo tanto, sugiere que quienes lo empleen debe “recibir la capacitación adecuada para garantizar su uso más seguro y efectivo”

Así mismo, según nos explicó Rafael Rondón, exmilitar y experto en armas venezolano radicado en Perú, estos artefactos “son meramente disuasivos y, usados con los protocolos de distancia adecuados, no ejercen mayor daño. Lo único que hacen es aturdir el sistema auditivo y generar un efecto de luz que a los que están más cerca los deja aturdidos y ligeramente cegados durante breves segundos. Pero esos daños los ejercen en el momento y posteriormente los individuos se recuperan”.

Hay que aclarar, como lo hizo Serbin Pont, que “es importante que no se usen para generar un impacto directo sobre la persona. Una granada de gas de 37/38mm, si impacta directamente a una persona, puede ser letal, sobre todo si impacta en la cabeza. En general se apunta a no tener un impacto directo sino que el proyectil impacte en un área cercana a la multitud para motivar su dispersión”. 

Rondón además identificó que la munición empleada en los video son “granadas de aturdimiento conocidas como flash bang, que en general están limitadas para las fuerzas armadas en Sudamérica, pero están disponibles para el público en las casas armeras en Estados Unidos”. 

Finalmente señaló que “el destello blanco o amarillo que se ve [en los videos], es resultado de una mezcla de pólvora especializada con algunas otras sustancias químicas que generan el flash, pero no tiene riesgo inflamable porque genera la explosión para disuadir y se disuelve inmediatamente”. 

Con esta información, calificamos como cuestionables las publicaciones en las que se señala que la Fuerza Pública usó “artillería pesada” para atacar a los manifestantes en la localidad bogotana de Bosa el pasado 4 de mayo.

El video sí corresponde a la localidad y al día que se menciona en los mensajes. También muestra un ataque de la Policía a los manifestantes. Pero lo que se ve en las imágenes no es artillería, sino el efecto de lanzadores para dispersión de multitudes, que es según los expertos, de baja letalidad usado en las distancias apropiadas. Por el contrario, la artillería pesada tiene fuertes efectos letales.