Aunque la implementación del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón, firmado entre el Estado y las FARC en 2016, fue un tema central en la campaña presidencial de 2018 que ganó Iván Duque con su promesa de modificar lo pactado, la discusión no ha tenido el mismo protagonismo de cara a las elecciones de 2022. No obstante, el candidato de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, ha criticado en varias ocasiones los supuestos incumplimientos de la antigua guerrilla.

En el debate presidencial realizado por el periódico El Tiempo y la revista Semana, ‘Fico’ cuestionó la relación de Gustavo Petro, su contendor por el Pacto Histórico, con los exintegrantes de esa organización en es estos términos:

“Las Farc no han cumplido, entregaron solo el 50% de las armas, tus amigos, tus aliados. Las rutas no las entregaron, ahí están las disidencias Farc felices, no han reparado a una sola víctima y no han entregado un solo peso de los bienes adquiridos por el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro. Tus amigos, a los que tanto has defendido, como defendiste a Santrich, a Márquez y a todos ellos”.

Igualmente, Gutiérrez volvió a acusar de incumplimiento a las FARC frente al acuerdo en el Gran Debate del canal RCN. A la pregunta sobre qué harían con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada en virtud de lo pactado para juzgar los más graves crímenes cometidos en el marco del conflicto, el aspirante presidencial respondió con algunas frases repetidas:

“Yo voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz, pero voy a hacer que las FARC cumplan, que no han cumplido. Entregaron el 50% de las armas, no han reparado a las víctimas, no han dicho la verdad y siguen engañando al país. [...] Las FARC tienen que cumplir esos compromisos, que no lo han hecho; no entregaron las armas, solo el 50%; las rutas del narcotráfico quedaron listas y ahí están las disidencias de las FARC felices y se quedaron con el negocio y ese es el problema que hoy tiene el país nadando en droga”.

En Colombiacheck, decidimos chequear cuatro afirmaciones dentro de estas respuestas. Encontramos que tres son falsas y una, cuestionable. Intentamos contactar a Guitérrez por medio de su equipo de comunicaciones para que nos diera el sustento de sus datos, pero no obtuvimos respuesta hasta el momento de publicar esta verificación.

“Las FARC entregaron solo el 50% de las armas”

Gutiérrez afirmó que “las FARC entregaron solo el 50% de las armas”, tras la firma de la paz entre el Gobierno Nacional y esa guerrilla. El dato es falso porque, si bien no se puede saber con certeza si lo registrado en la dejación es equivalente a la totalidad, la ONU verificó este proceso y determinó que los excombatientes sí cumplieron con él y, además, lo hicieron con una relación de armas por persona mucho mayor que en otros procesos.

Lo primero que hay que aclarar es que el proceso con las FARC no incluyó la entrega de armas sino la dejación. El acuerdo la define como “un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la Organización de Naciones Unidas (ONU) recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de monumentos”.

Esto se desarrolló en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las Armas, que integran registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.

En el punto 3, ‘Fin del Conflicto’, del Acuerdo Final de Paz, las partes se comprometieron con el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así como con la dejación de armas. Para esto elaboraron una hoja de ruta con los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días luego de la firma hubiera terminado este proceso.

La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual en poder de los exintegrantes de las FARC-EP se haría de manera secuencial y en tres fases:

1. Primera fase: Día D (1 de diciembre de 2016, cuando el acuerdo fue ratificado por el Congreso) + 90 días, entrega del 30% del armamento.
2. Segunda fase: Día D + 120 días, del 30% del armamento.
3. Tercera fase: Día D + 150 días, el 40% restante. 

La dejación de armas comenzó el 1 de marzo de 2017, pero no con la recolección y almacenamiento, sino con la identificación y registro de todas las armas en los campamentos temporales de las FARC-EP en las 26 en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN).

La segunda fase inició el 14 de junio de 2017 en La Elvira, Cauca. Al finalizar, el 16 de junio de ese año, la Misión de la ONU en Colombia dijo que tenía bajo su custodia “el 60% de las cerca de 7.000 armas individuales registradas, monitoreadas y verificadas desde el pasado 1 de marzo del presente año”. 

La tercera fase inició el 20 de junio siguiente. El 26 del mismo mes, la Misión informó,  a través de un comunicado, que tenía almacenados el conjunto de las armas individuales registradas: “7.132 armas, salvo aquellas que, de conformidad con la Hoja de Ruta, servirán para dar seguridad a los 26 campamentos de las FARC-EP hasta el 1 de agosto de 2017”.

Posteriormente, en un comunicado del 22 de septiembre de 2017, la ONU informó la finalización de la totalidad de las actividades relacionadas con el proceso de dejación de armas de las FARC-EP, incluyendo la inhabilitación del armamento recolectado en las ZVTN y los PTN, el extraído durante las operaciones de caletas y el material inestable destruido. El consolidado final, según este informe, fue el siguiente:

• 8.994 armas, entre cortas, largas y colectivas de apoyo al combate.
• 1.765.862 municiones de diferentes calibres de armas ligeras.
• 38.255 kilogramos de explosivos diversos.
• 51.911 metros de cordón detonante y mecha lenta.
• 11.015 granadas, de mano y de 40 mm.
• 3.528 minas antipersonal.
• 46.288 iniciadores-estopines.
• 4.370 municiones de mortero, entre los que se identifican de 81 mm, 60 mm y cohetes.

Con relación a la situación de caletas, la Misión recibió la información sobre la ubicación de 1.027, de las cuales se neutralizaron 750 en 182 operaciones en toda Colombia. Sobre las que no se alcanzaron a inhabilitar, entregaron la información obtenida al Gobierno.

La ONU también recibió información del Ministerio de Defensa de que, durante el periodo del 24 de noviembre de 2016 al 31 de agosto del 2017, la Fuerza Pública incautó 351 caletas que pertenecían a las FARC-EP. En estas encontró 599 armas, 141.809 municiones, 7.310 kilogramos de explosivo, 41.000 metros de cordón detonante y mecha de seguridad, 9.690 detonadores y 5.579 artefactos explosivos.

Así, las incautadas por la Fuerza Pública sumadas a las desarmadas por los equipos de Naciones Unidas y las FARC-EP consolidan 1.101 caletas desmanteladas, según el ente internacional.

La ubicación de las caletas fue una de las partes más complejas del desarme porque estaban enterradas varios metros bajo tierra, en lugares inhóspitos y con frecuencia cercados con minas antipersona. Una nota de Semana, publicada en abril de 2017, dice también:

“La otra razón es que las FARC tampoco tenían esa información sistematizada. Al igual que los campos minados, la ubicación de las caletas está en la cabeza de algunos combatientes encargados de ellas, y sus referencias no son las coordenadas de un GPS sino señas geográficas como una roca, un árbol o un río”.

Por otra parte, en una infografía realizada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre los procesos de dejación de armas en el mundo entre 1989 y 2017 destacan que las FARC entregaron 7.132 armas individuales, 7.476 unidades de explosivos diversos y 987.807 municiones (sin contar el material de las 949 caletas). En total se desmovilizaron 6.804 excombatientes, por lo que la relación de armas por combatientes fue de uno.

Para entender el alcance y la importancia de la dejación de las armas de las FARC, la FIP señaló que “es la primera vez en Colombia que en un proceso de desarme se registra una tasa de un arma por un combatiente que se desmoviliza. En los procesos anteriores la relación siempre fue más baja”. Por ejemplo, en el proceso de dejación de armas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el que se desmovilizaron 31.689 hombres, la tasa fue de 0,59 armas por persona.

La FIP también indicó que “no hay claridad sobre el número de armas que tenían las FARC antes de la dejación, por lo que no se puede hacer una comparación precisa que permita saber exactamente si fueron entregadas o no todas las armas que estaban en su poder”.

El Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, que es el encargado oficial de monitorear la implementación de la paz, en su informe por los cinco años de la firma, afirmó que se logró completar y avanzar en gran parte de los compromisos asumidos por las partes en el punto 3 ‘Fin del Conflicto’. Con relación al cumplimiento de la dejación de armas, concluyó:

“Durante los ocho meses y medio que duró este proceso, la Misión (de la ONU) recogió ‘8.994 armas, 1.765.862 cartuchos de munición, 38.255 kg de explosivos, 11.015 granadas, 3.528 minas antipersonal, 46.288 fulminantes eléctricos, 4.370 granadas de mortero y 51.911 m de cordón detonante’. Asimismo, estableció que el cese al fuego bilateral y definitivo fue cumplido de forma rigurosa por las partes”.

Por lo anterior, en Colombiacheck concluimos que es falso que “las FARC solo entregaron el 50% de las armas”. Según los informes de la Misión de la ONU, la exguerrilla entregó las armas individuales que tenían registradas, monitoreadas y verificadas desde el primero de marzo de 2017, cuando inició el proceso de dejación. No obstante, no se puede precisar si entregaron o no todas las armas que tenían en su poder porque como señaló la FIP no hay claridad sobre la cantidad que tenían antes de la dejación. 

“Las rutas (del narcotráfico) no las entregaron”

El candidato de la coalición Equipo por Colombia dijo en ambos debates que las FARC no han dado información sobre las rutas del narcotráfico. “Las rutas no las entregaron, ahí están las disidencias FARC felices”, afirmó textualmente.

Esto es cuestionable, pues no es un compromiso explícito que hayan adquirido, pues nunca se han reconocido como narcos. Su vinculación al negocio de las drogas estaba más ligada a los cultivos ilícitos que a la exportación de sus productos.

El punto 4, ‘Solución al Problema de las Drogas Ilícitas’, del Acuerdo Final de Paz, establece el compromiso de los antiguos miembros de la guerrilla “de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.

De igual manera, señala:

“Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades. Todo ello debe contribuir a garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”.

Sin embargo, en este punto no dice explícitamente que la otrora guerrilla debe dar información sobre rutas del narcotráfico ni delatar a los implicados en el negocio ilícito. Lo que sí quedó contemplado en el punto 4.1 es que las FARC, luego de la firma de la paz y en los términos acordados, participarían en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y contribuirían a la solución de este problema.

Aunque tampoco habla de la entrega de rutas, el punto 5, ‘Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto’, dice que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición tiene entre sus mandatos esclarecer y promover el reconocimiento de “la relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico”.

En 2018, el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, afirmó en declaraciones a La FM que “las FARC tenían que proporcionar información de rutas, teléfonos, insumos, para tumbar todas esas organizaciones y eso fue lo que no hicieron”. Igualmente, el presidente Iván Duque, durante su campaña para el cargo, también cuestionó que no hubieran cumplido con esa entrega.

#ElDebate| Ha pasado año y medio desde la firma del acuerdo, y las Farc no han entregado las rutas, ni los socios, ni como lavaban el dinero, ni las cadenas de suministro. Esa información tenían que haberla entregado antes de convertirse en partido político. #ElFuturoEsDeTodos pic.twitter.com/933TOZBPvI

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 25, 2018

Ante estos cuestionamientos, el entonces presidente, Juan Manuel Santos, en una entrevista en W Radio, en junio de 2018, respondió:

“¿Dónde está ese compromiso firmado en los acuerdos? Ellos se resistieron a reconocerse como narcotraficantes, nunca lo reconocieron. Sí reconocieron que se lucraban del narcotráfico, pero nunca se comprometieron a decir ‘voy a entregarle las rutas, voy a entregarle a las personas’. Se comprometieron a colaborar para ir desmontando el negocio del narcotráfico. Y la forma en la que ellos están colaborando es en convencer a las comunidades, como lo están haciendo, en las comunidades donde ellos tenían alguna injerencia, para que se incorporen al programa de sustitución voluntaria”.  

Igualmente, el hoy senador Julián Gallo, exintegrante de las FARC, se refirió en la emisora La FM a lo dicho por el embajador Whitaker. “En los acuerdos no hay absolutamente nada de eso. Si ustedes han leído los acuerdos pueden determinar que allí dice que vamos a contribuir a que desaparezca ese fenómeno de los cultivos. El señor embajador, o no conoce los acuerdos, o quiere ver una perspectiva”, dijo el congresista de Comunes.    

Agregó que “en ningún texto del acuerdo se habla de información y rutas por una razón muy sencilla: porque nosotros no estuvimos en el negocio del narcotráfico durante el conflicto”.

El politólogo e investigador sobre temas de seguridad Juan Carlos Garzón, en el artículo ‘Las FARC y el narcotráfico: el motivo y el pretexto’, publicado en Razón Pública en 2013, explica que la participación de la extinta guerrilla de las FARC en el narcotráfico se concentraba en los eslabones de la cadena menos rentables, es decir, en la producción. En cambio, el grueso de la exportación y la comercialización de las drogas ilegales seguían estando en poder de los grupos de crimen organizado.

“La mayoría de sus recursos [de la entonces guerrilla] derivan del cobro por seguridad a los cultivos ilícitos, el impuesto a laboratorios, el denominado ‘impuesto de gramaje’, el uso de pistas clandestinas, así como el gravamen que imponen a los precursores químicos”, dice el artículo. Añade que “las FARC protegen las áreas de producción, sirven como intermediarios y, en menor medida, participan de la exportación manteniendo el control sobre algunas rutas”.

Por otra parte, Daniel Rico, director de la consultora en criminología C-Análisis, le dijo a Colombiacheck que en el Acuerdo Final de Paz no quedó explícito que las FARC tuvieran que entregar rutas del narcotráfico y que la dinámica del narcotráfico en la exguerrilla no era controlar el envío de cocaína al exterior:

“Ellos eran proveedores, en mayor medida, de base de coca que compraban a los campesinos y entregaban sin procesar mucho. En menor medida, algunos frentes tenían la capacidad de cristalizar y asociarse con otros narcos, pero en muy pocos casos las FARC en toda su historia vendieron cocaína fuera de las fronteras. Lo que hacían era que llegaban los intermediarios, como los mexicanos, compraban y hacían negocios con las FARC, pero ellos vendían in situ. No tenían grandes rutas, en cambio los paramilitares y los narcos si tenían esa dinámica”.

En un chequeo anterior, también explicamos que el eslabón perdido del tema del narcotráfico en las FARC está en los antiguos frentes que no se acogieron al proceso de paz. Según un informe publicado por la FIP en abril de 2018, un argumento para explicar las disidencias es, entre muchas razones, la presión que ejercieron los narcotraficantes de la zona para continuar con esta dinámica:

“Algunos de estos grupos muestran líneas de continuidad con las antiguas unidades tácticas de las FARC: los recursos bélicos que emplean, sus repertorios de violencia, las redes de dominio social y político, los corredores de movilidad, las rutas terrestres y fluviales, las salidas al mar y los pasos transfronterizos que utilizan. También su operación en zonas con presencia de economías ilegales (cocaína, minería y maderas finas), el uso de corredores de narcotráfico y minería ilegal que cumplen funciones logísticas para el aprovisionamiento de recursos económicos o armas, tal y como ocurría durante el conflicto armado”.

InSight Crime, portal informativo dedicado al análisis e investigación del crimen organizado, señaló que el narcotráfico y la extorsión son los principales objetivos de estos grupos. Un ejemplo de esto es el Frente 1, la disidencia que controla los cultivos de coca en tres municipios de Guaviare: San José́ del Guaviare, Calamar y Miraflores; además, maneja dos rutas internacionales para el envío de cocaína.

Por todo lo anterior, en Colombiacheck calificamos como cuestionable que las FARC no hayan cumplido con la entrega de las rutas del narcotráfico porque eso no está  establecido como un compromiso explícito en el Acuerdo Final de Paz.

“No han reparado a una sola víctima” 

En el debate de El Tiempo y Semana, Gutiérrez afirmó que las FARC “no han reparado a una sola víctima”. Esto es falso.

El propio director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, reconoció en un comunicado del 18 de febrero de 2022 que sí se han hecho indemnizaciones con los dineros resultantes de esas entregas. Entre esto y lo que se ha obtenido vía extinción de dominio, han sido “casi 1.000 millones de pesos que ya fueron invertidos, que ya recibieron las víctimas”, declaró el funcionario.

Según la misma entidad, estos recursos han ido a la reparación de sujetos colectivos, no a víctimas individuales. Específicamente, el 22 de diciembre de 2021, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que es la empresa estatal que administra los bienes, anunció que se habían transferido 358 millones de pesos al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca del Río Cacarica, en Chocó, producto de lo que entregaron las FARC.

Esta población de Riosucio, ubicada entre la parte baja del río Atrato y la frontera con Panamá, ha sido víctima del accionar de diversos grupos armados desde la década de 1960. Las FARC fueron una de las guerrillas que operaban en esa zona, por medio de su frente 57.

Así ha quedado registrado en la prensa y ante la justicia. Lo comprueba, por ejemplo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la operación militar Génesis, con la que el Estado pretendía combatir a esa organización ilegal pero cometió crímenes contra civiles en alianza con paramilitares.

De acuerdo con la caracterización elaborada por el Ministerio del Interior en cumplimiento de las órdenes del tribunal internacional, este consejo abarca 23 comunidades que a su vez están compuestas por diferentes números de familias. En Balsagira, por ejemplo, son 24 grupos familiares.

De manera que, contrario a lo dicho por el candidato presidencial, sí se ha reparado a más de una persona con los dineros provenientes de los bienes de las antiguas FARC. Por tanto, su frase es falsa.

“No han entregado un solo peso de los bienes adquiridos por el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro” 

Otra afirmación de Gutiérrez para señalar que los exintegrantes de las FARC, según él, han incumplido lo pactado en 2016 es que “no han entregado un solo peso de los bienes adquiridos por el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro”. También es falso.

Como lo verificó Colombiacheck en marzo de 2022, lo que le exigía el acuerdo a la guerrilla era entregar un listado de bienes. Esto se cumplió.

Sobre el proceso posterior, es cierto que hay discusiones. El gobierno de Iván Duque le ha impuesto a los excombatientes la responsabilidad de mantener la custodia de esos bienes hasta hacer efectiva la entrega, mientras que ellos han demandado que esa tarea debería cumplirla el Estado porque ellos no tienen cómo hacerlo por razones, entre otras, de seguridad. La decisión al respecto está en manos del Consejo de Estado.

Con corte a octubre de 2021, la SAE había recibido y monetizado 42.765 millones de pesos correspondientes a bienes de las antiguas FARC, como efectivo y oro. Este dato se lo dio a Colombiacheck el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, que es el encargado oficial de monitorear la implementación desde la literalidad de lo acordado a través de su Barómetro.

Pese a las quejas del gobierno sobre el porcentaje que esto representa frente al contenido del listado, que era de 1 billón de pesos pero poco más de la mitad realmente se podía monetizar, la cifra coincide con los datos que la empresa estatal le ha entregado al centro académico para sus informes. También concuerda con lo publicado por la Consejería Presidencial para la Estabilización, como en un comunicado de febrero de 2022.

Entonces no es verdad, como dice el candidato, que las antiguas FARC no hayan entregado “ni un peso”. Es otra afirmación falsa.