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Miércoles, 28 Agosto 2019

Hollman Morris se equivoca al afirmar que inseguridad ha aumentado en el gobierno de Peñalosa

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

En términos generales el indicador de victimización directa en la ciudad se ha mantenido estable en los últimos quince años, de acuerdo con encuestas de percepción de seguridad.

Durante el Primer Gran Debate con candidatos a la Alcaldía de Bogotá, realizado el pasado 8 de agosto por la W Radio, el primer tema a discutir fue la seguridad en la capital.

Hollman Morris, candidato por los movimientos Mais y Colombia Humana, dijo sobre el tema: “bajo su administración, querido Miguel, y bajo su Secretaría de Gobierno, ha aumentado la inseguridad en la ciudad de Bogotá”, dirigiéndose hacia Miguel Uribe Turbay, el candidato que se perfila como el continuismo de la actual administración de Enrique Peñalosa.

Consultamos al equipo de prensa de Morris para saber en qué fuentes basaba su afirmación, y nos compartieron una captura de pantalla de la página 139 del último Informe de calidad de vida de la organización Bogotá Cómo Vamos.

Además, el equipo de prensa nos dijo que esos cuatro indicadores de seguridad que aparecen en la tabla (victimización directa, percepción de seguridad en el barrio y en la ciudad y el indicador de denuncia) “crecen bajo la secretaría de gobierno de Miguel Uribe, responsable de la seguridad del distrito en el primer año del gobierno de Peñalosa”.

Precisa que luego de ese año (2016) “se crea la Secretaría de Seguridad que entra a funcionar en 2017”. De igual manera, según el equipo de prensa, durante los cuatro años del Gobierno de Peñalosa estos cuatro indicadores siguieron creciendo.

La Secretaría de Gobierno de Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue Secretario de Gobierno de Enrique Peñalosa desde el 1 de enero de 2016 (día en que comenzó la administración del actual Alcalde) y hasta cuando renunció en octubre de 2018 (la renuncia se hizo oficial en la página web de la Alcaldía el día 22).

El 31 de marzo de 2016, de acuerdo con el acuerdo 637 de 2016 se crea el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. El 30 de septiembre de 2016 en la página de la Alcaldía se presenta el nacimiento de esta entidad, anunciada por el alcalde Peñalosa como “una nueva e importante herramienta para seguir mejorando los indicadores de seguridad en Bogotá”. 

Ese mismo día es expedido el Decreto 411 que modifica las funciones de la Secretaría de Gobierno, encargada hasta ese día de los asuntos de seguridad de la capital.

Las cifras de inseguridad

Contactamos a la Secretaría de Seguridad para averiguar por las cifras de inseguridad en la capital y nos dijeron que por el cambio en la metodología de medición, implementada en 2017, las cifras son incomparables entre el gobierno de Gustavo Petro (2012-2015) y anteriores, y el de Enrique Peñalosa (2016-2019).

Como contamos en un chequeo anterior, en abril de 2018 la Alcaldía de Bogotá publicó una presentación de ‘Aclaración sobre las implicaciones de los cambios metodológicos introducidos por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en las cifra de criminalidad en Bogotá’. 

De acuerdo con esta presentación, el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional (principal fuente de información para el análisis criminológico en el país) se fusionó con el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía General de la Nación, en marzo de 2017, “en un esfuerzo por unificar las cifras de criminalidad del país”, según dice la presentación.

Y en agosto de 2017 se implementó el canal de denuncia virtual “A denunciar” que permitió facilitar la recepción de las denuncias. De modo que la fusión de estas fuentes, más el canal virtual, pudieron haber generado un incremento en las denuncias dando la impresión de un aumento en la criminalidad. Asimismo, imposibilita la comparabilidad de las cifras desde el año 2015 hasta enero de 2018.

Para este chequeo recibimos la misma respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad, pero en esta ocasión nos enviaron cifras de hurtos en fechas que son comparables, es decir, desde enero de 2018 hasta julio de 2019.

De acuerdo con cálculos propios del Siedco, el hurto a personas aumentó en un 19,9%, al pasar de 58.009 entre enero y julio de 2018, a 69.578 en el mismo periodo de 2019. El hurto a celulares pasó de 38.905 a 34.249 (12,2% menos); el hurto a bicicletas de 4.551 a 4.485 (1,5% menos), el hurto a comercio de 10.978 a 9.478 (13,7% menos) y el hurto a residencias de 6.087 a 5.370 (11,8% menos).

Ahora bien, claramente estas cifras muestran un periodo de tiempo muy específico, y habría que ver qué ocurre el resto del año para poder hacer afirmaciones más exactas sobre si la inseguridad en la capital ha aumentado o disminuido.

Sin embargo, de acuerdo con Hugo Acero, analista de seguridad ciudadana, las cifras de victimización obtenidas por la Encuestas de Calidad de Vida de Bogotá Cómo Vamos y la Encuesta de Percepción y de Victimización de Bogotá de la Cámara de Comercio de Bogotá, son las más confiable para hacer comparables los años.  

Esto porque, de acuerdo con el experto, las encuestas consultan a los ciudadanos si han sido víctimas de algún delito, y no tienen en cuenta la información que recoge la Policía y la Fiscalía. Es decir, están libres de las imposibilidades del cambio de metodología. 

La captura de pantalla que le entregó la campaña de Hollman Morris corresponde a la tabla que, efectivamente, permite ver cómo ha variado la victimización en los últimos 15 años.

Bogotá Cómo Vamos
 

De acuerdo con la línea de color azul oscuro, la victimización ha aumentado en el gobierno de Enrique Peñalosa al pasar del 14% al 17%, y tuvo su pico más alto, al pasar de 14 al 20% en el primer año de gobierno; fecha que se corresponde con la Secretaría de Gobierno de Uribe Turbay.

Sin embargo, lo que también permite ver la gráfica, y no dijo Morris durante el debate, es que la victimización aumentó más durante el gobierno de Gustavo Petro, que se duplicó al pasar del 7 al 14% (aumento de siete puntos porcentuales); que en el gobierno de Peñalosa (aumento de tres puntos porcentuales; seis durante el primer año).

Sobre este tema, la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá dice que para el segundo semestre de 2018 “la victimización directa (17%), indirecta (29%) y total (46%) se mantienen estables respecto a los resultados de 2017- II y a las mediciones correspondientes al gobierno del alcalde Enrique Peñalosa (2016, 2017 y 2018)”. 

Por su parte, la Encuesta de Percepción Ciudadana 2018 de Bogotá Cómo Vamos “proyecta que 3 de cada 10 ciudadanos han sido víctimas de algún delito en la ciudad. Con un porcentaje de victimización equivalente al 32%, este indicador se mantuvo estable frente a los últimos 2 años, no muy distante al ofrecido por la Cámara de Comercio de Bogotá, considerando que las metodologías de análisis son diferentes”.

En todo caso, en términos generales lo que dice Bogotá Cómo Vamos es que “el indicador de victimización directa en la ciudad se ha mantenido estable en los últimos quince años, resaltando unos picos bajos en el 2009 y 2011”. 

Por otro lado, la tasa de homicidios (cifra que no varía porque la fuente de información es Medicina Legal y nada tiene que ver con el cambio en la metodología de Policía y Fiscalía), de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, está en 14 muertes por cada 100.000 habitantes. La tasa promedio durante el gobierno de Gustavo Petro fue de 17 muertes por cada 100.000 habitantes. Lo cual quiere decir que ha habido una disminución durante la actual administración.

Finalmente, de acuerdo con Acero, la inseguridad va en aumento en todo el país, pues “la criminalidad se ha hecho más profesional. Mientras las autoridades se pelean entre sí, los grupos criminales se organizan y perfeccionan”. 

De modo que concluimos que la afirmación hecha por Hollman Morris es cuestionable, pues tanto las cifras de la Secretaría de Seguridad, como la información recolectada por las encuestas de Bogotá Cómo Vamos y la Cámara de Comercio, dicen que la inseguridad en la ciudad se ha mantenido constante y no ha aumentado, como dijo el candidato. Pero además, porque no es posible comparar los gobiernos de Petro y Peñalosa con las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad por el cambio metodológico mencionado.

RedCheq

Miércoles, 18 Septiembre 2019

Cdmb no le negó a Minesa la posibilidad de explotar minería en Soto Norte como dijo Fredy Anaya

Por Vanguardia

Si bien la Cdmb determinó que el proyecto minero Soto Norte no tiene un correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, este concepto técnico no es vinculante, la decisión final de la explotación minera en cercanías del Páramo de Santurbán está en manos de la Anla.

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga Fredy Anaya aseguró en el debate del canal TRO realizado el 10 de septiembre que la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb (la autoridad ambiental regional), le “negó a Minesa la posibilidad de explotar la minería en Soto Norte”, al hacer referencia al concepto técnico que ese mismo día se hizo público.

Vanguardia volvió a consultarle a Anaya sobre el tema y el candidato se ratificó y dijo que la afirmación es cierta. 

Posteriormente, indicó: “Que la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) se la dé (otorgue la licencia para explotar minería) es otro problema. Lo que hizo la Cdmb fue dar un concepto y en el concepto se le negó la posibilidad a Minesa de explotar cerca al páramo de Santurbán”.

El concepto al que se refiere el candidato es el ‘Concepto técnico sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales del Proyecto Soto Norte de explotación subterránea de minerales Auroagentíferos en el marco del Estudio de Impacto Ambiental presentado por Minesa S.A.S.’, emitido por la Cdmb.

En dicho documento, la entidad ambiental asegura que el proyecto minero Soto Norte de Minesa no tiene un correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

“Nosotros revisamos cada uno de los permisos y con la información que en este momento tiene el proyecto no hay viabilidad”, explicó Martín Camilo Carvajal, director de la Cdmb a RedCheq.

Esto, aseveró Carvajal, se refiere específicamente a concesiones aguas, permisos de vertimiento, ocupaciones de caudal, permiso de emisiones atmosféricas y aprovechamiento forestal.

“En el tema de recursos hídricos, los estudios que ellos (Minesa) presentan tienen muchas inconsistencias para una fuente hídrica, se presentan valores diferentes de caudales, entonces eso es una inconsistencia fuerte y especialmente hay un elemento crítico y es que los caudales de las fuentes hídricas no se mantienen constantes durante una época anual, hay una épocas de estiaje donde se presenta la condición crítica y es donde se vuelve el referente para poder determinar si la fuente hídrica cuenta con el recurso que le permita autorizar la captación y el uso del recurso para las necesidades del proyecto”, aseguró Carvajal.

Sin embargo, la Cdmb no es la entidad competente para negar el proyecto minero de Minesa.

Según Lilia Roa Fuentes, bióloga de la UIS y doctora en ciencias biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, por decreto único del sector ambiental y por el tamaño de la obra, la jurisdicción es de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

“La Anla solicita a la corporación (Cdmb) un concepto técnico. La autoridad tiene que tomar el concepto de la Cdmb y decidir sobre el futuro del proyecto. Y ese concepto no es vinculante, la decisión por decreto único del sector ambiental es de la Anla”, explicó la experta. 

En otras palabras, el concepto de la Cdmb sobre el proyecto de Minesa no es de obligatoria aplicación. La corporación ambiental regional cumplió con su papel al realizar los estudios que generaron el concepto técnico, pero la Anla puede tomar una decisión independiente a dichos resultados. 

Sobre el tema, la Anla aseguró que el concepto de la corporación hace parte del procedimiento normal de evaluación y se le dará un tratamiento similar al de todos los pronunciamientos que se reciben en cada trámite que evalúa la entidad.

El tire y afloje con la explotación minera en Soto Norte

El interés por las riquezas que esconde el páramo de Santurbán es un asunto de décadas atrás. De hecho, los habitantes de la provincia Soto Norte se definen como pueblos de tradición minera, pues por años esta ha sido la actividad principal de la región.

Durante los gobiernos de Juan Manuel Santos se impulsó la llamada 'locomotora minera energética' para favorecer el crecimiento económico del país. Esto facilitó que en Santander aumentara la asignación de títulos para la explotación de metales como el oro, para los mineros artesanales y las multinacionales.

En el departamento surgió la primera preocupación con la llegada de la canadiense Greystar, que pretendía ejecutar un proyecto de minero a gran escala y a cielo abierto que los ambientalistas advirtieron que afectaba el páramo de Santurbán y se pondría en riesgo el suministro de agua en zonas aledañas como en las áreas metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta. Por tal motivo, una multitud marchó en febrero de 2011 contra esta compañía, que luego se llamó Eco Oro.

Al tiempo de los procesos mineros, está la limitación del Páramo. Por lo que el 8 de enero de 2013, el Gobierno Nacional declaró que las 11.700 hectáreas del Parque Natural Regional del Páramo de Santurbán no eran suficientes para proteger el ecosistema estratégico.

En qué va la delimitación

Tras la presión social, en diciembre de 2014 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció una nueva delimitación del páramo. Se protegió el 76 por ciento de la zona, es decir, 98.954 hectáreas de las 129.743 existentes. Dentro de estas operaba gran parte del proyecto Angostura de Eco Oro.

Sumado a esto, en febrero de 2016, un fallo de la Corte Constitucional prohibió la actividad minera en los páramos, por lo que se imposibilitó la explotación por parte de la empresa canadiense, a la que la Agencia Nacional de Minera, ANM, le suspendió la licencia en 2016.

Entre tanto, la delimitación del Páramo de Santurbán sigue sin definirse. En 2017 la sentencia T-361 de la Corte Constitucional dejó sin efectos la Resolución 2090 de 2014, con la que el Gobierno había delimitado el páramo. 

Según el fallo, no se garantizó la participación ciudadana, por lo que ordenó que se adelantará una nueva delimitación, teniendo en cuenta la opinión de los habitantes de la región.

Aunque la nueva delimitación debió entregarse el 16 de noviembre de 2018, el Ministerio de Ambiente solicitó prórroga hasta diciembre próximo para realizar encuentros de socialización en diferentes poblaciones de Santander y Norte de Santander.

En junio pasado el Tribunal Administrativo de Santander le concedió un nuevo plazo para que el Gobierno entregue la nueva delimitación a más tardar el próximo 18 de diciembre.  

Compañías interesadas en explotar

Ante la negativa de realizar explotación de minerales en el área en donde Eco Oro adelantaba la fase exploratoria durante 20 años, la compañía presentó en marzo pasado su renuncia al contrato de concesión minera en el Páramo de Santurbán. 

La solicitud fue aceptada por la ANM y posteriormente el Estado fue demandado por 764 millones de dólares el año pasado, en medio de un proceso de arbitramiento internacional.

Otro de los títulos mineros en el área de influencia del páramo de Santurbán pertenecía a la compañía AUX, que pertenecía a Eike Batista, el exmultimillonario que fue condenado a 30 años de prisión por corrupción en Brasil.

Luego de que Batista quebrara en 2014, la minera pasó a manos al fondo Mubadala de Abu Dabi y se constituyó Minesa. En 2017 la compañía presentó un primer Estudio de Impacto Ambiental, que retiró en marzo de 2018. 

Tras realizar ajustes, en enero pasado presentó un nuevo estudio ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, que decidirá si avala o no el proyecto.

¿Cuáles empresas mineras están en la zona del páramo?

En el área de la resolución 2090 de 2014, es decir, dentro del Páramo de Santurbán y que tienen algún instrumento ambiental, hay siete empresas mineras: Sociedad Minera Reina de Oro, Sociedad Minera La Providencia, Sociedad Minera Trompetero, Sociedad Minera La Elsy, Sociedad Minera La Nueva Elsy, Minera Vetas y Eco Oro, según dio a conocer la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la meseta de Bucaramanga, Cdmb, en junio pasado.

En esta zona existen otras compañías como Aux Gold, Continental Gold de Colombia, Oro Barracuda, Galway, Empresa minera San Antonio de Yolombó, Sociedad minera La Esmeralda y Anglogold Ashanti Colombia, que aunque tienen títulos mineros, no tienen permisos ambientales.

En el caso de Minesa, ésta no se encuentra dentro de esta área, aclaró la corporación.

En cualquier caso, ya que la Cdmb no tiene la última palabra sobre Soto Norte, calificamos la afirmación de Anaya como cuestionable.

RedCheq