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Falso
Desde finales de junio, cuando la Comisión de la Verdad empezó a publicar sus informes de manera periódica, algunas figuras públicas y usuarios de redes sociales empezaron a denunciar supuestas omisiones que hemos chequeado (ver: 1, 2, 3). Los señalamientos siguen, esta vez acusan a la entidad de no haber incluido tres crímenes que conmocionaron al país y fueron perpetrados por guerrillas: las masacres de Bojayá y Machuca, y la toma del Palacio de Justicia.
Un trino de la cuenta @Guiller10269 sigue alimentando la narrativa de las supuestas omisiones de la Comisión de la Verdad, dice: “En el informe de la CV liderada por el delincuente Francisco de Roux, no metieron los incinerados del palacio de justicia,de Machuca, ni de la iglesia de Bojaya, eso que hay mensos que dicen que ese informe es el relato de la historia de Colombia, patéticos comunistas injuriosos” (sic).
Lo primero que hay que aclarar es que el expresidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, no tiene ninguna condena, por lo cual llamarlo “delincuente” constituye una falsedad.
La afirmación de que la Comisión no incluyó “los incinerados del palacio de justicia,de Machuca, ni de la iglesia de Bojaya” (sic) también resulta falsa, debido a que esos hechos sí fueron incluidos en diferentes informes de la entidad.
La toma del Palacio de Justicia tiene un apartado propio de cinco páginas en el informe No matarás. En este fragmento queda clara la responsabilidad del M-19 en la toma: “A las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia en la plaza de Bolívar de Bogotá”, se lee en la página 164.
En el informe se hace referencia al estado en el que se encontraron algunos cuerpos tras la retoma que estuvo a cargo de las Fuerzas Militares: “Hasta la publicación de este informe, no existe claridad sobre la cantidad de personas que murieron en los hechos. Al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses llegaron 94 cadáveres provenientes del Palacio de Justicia. No obstante, en las investigaciones sobre los hechos del Palacio se indicó lo siguiente: «los inconvenientes surgidos con las identificaciones dejan serias dudas acerca de la identidad de algunos de ellos, y las irregularidades, particularmente con los restos calcinados, podrían dar pábulo a pensar en la existencia de un mayor número de occisos»”. Es decir, sí se mencionó que algunos cuerpos quedaron calcinados tras la retoma.
En el informe Hallazgos y recomendaciones también hay varias referencias a la toma y la retoma del Palacio de Justicia y un apartado para el tema. En la página 556 se explicó: “El símbolo de esa época es el Palacio de Justicia –el lugar de las altas cortes del país– consumido por las llamas de la conflagración armada en pleno centro de Bogotá. «Por lo menos tres de los magistrados Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla», concluyó la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia”.
En el informe Hasta la guerra tiene límites también hay varias referencias a los sucesos del Palacio de Justicia. En la página 205 establecieron “el grupo armado M-19 mantuvo secuestradas a más de 300 personas durante día y medio, con el objetivo declarado de forzar una negociación política. Como es sabido, en la retoma violenta a sangre y fuego del Palacio por parte del Ejército murieron más de 100 personas y otras resultaron desaparecidas; varios sobrevivientes fueron objeto de torturas”.
Además, la Comisión publicó un anexo de 111 páginas titulado “Las responsabilidades del holocausto”. En las conclusiones del documento se lee: “A escasa distancia de la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional, la cúpula de una de las ramas del poder público fue descabezada y su templo arrasado por las llamas. Una justicia agredida que no pudo después ganarle el pulso a la política, pues todo terminó en absoluciones, sin debates de fondo sobre los temas decisivos en la búsqueda de la verdad: la gravedad de la toma a mano armada, el manejo del presidente y el uso desmedido de la fuerza”.
También hay referencias a la masacre de Machuca, hecho sucedido el 18 de octubre de 1998. “Guerrilleros del ELN dinamitaron un tramo de los oleoductos centrales Colombia-Ocensa a la altura de Machuca, una humilde población a orillas del río Pocuné, en Segovia, Antioquia. Una llamarada se extendió rápidamente por el agua incendiando todo a su paso. Las casas de tabla y zinc a orillas del río fueron consumidas por el fuego y en cuestión de minutos habían muerto 69 personas, la mitad de ellos niños y niñas. Hubo 29 personas heridas con graves secuelas en sus cuerpos y dos desaparecidos. La cifra final de muertos fue de 84 personas”, precisó el informe No Matarás en la página 287.
En el mismo documento quedó plasmado el contexto en medio del cual se dio la masacre. “Este era el trágico epílogo de una campaña sostenida de sabotaje a la industria petrolera que había comenzado en los años ochenta bajo el lema «¡Despierta Colombia, te están robando el petróleo!». Dicha campaña contemplaba acciones de sabotaje, extorsión, secuestros a ingenieros y trabajadores, apropiación de las regalías, así como incidencia en el movimiento social, tanto cívico como sindical, para buscar la nacionalización de este recurso natural que para los años noventa era la principal fuente de financiación de la economía nacional”.
Esas no son las únicas referencias que hizo la Comisión de la Verdad a la masacre de Machuca. En el informe Hallazgos y Recomendaciones hay dos referencias que dejan clara la responsabilidad del ELN en los hechos. Por su parte, en el volumen, Hasta la Guerra tiene límites se precisa la unidad de esa guerrilla que tiene responsabilidad directa en lo que pasó: “el Comando Cimarrón del Frente José Antonio Galán del ELN”.
Por lo tanto, es falso afirmar que esa masacre no fue tenida en cuenta por la Comisión de la Verdad.
La masacre de Bojayá fue otro de los hechos que abordó la Comisión de la Verdad en sus informes. En el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones quedó de manera explícita el señalamiento a la organización responsable de esa tragedia: “La masacre de Bojayá fue perpetrada por el Frente José María Córdoba, de las FARC-EP, al lanzar un cilindro bomba que cayó en una iglesia en la que los pobladores se refugiaban del enfrentamiento de este grupo con el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC. Las víctimas fueron 81 personas, 47 de ellas eran niñas, niños y adolescentes”.
En el informe No Matarás también fue referenciado ese hecho, aunque sin muchos detalles, en él la Comisión de la Verdad dio elementos de contexto que rodearon los hechos. Para el momento de la matanza se libraba una guerra por el control de la zona por parte de los paramilitares y las FARC: “La disputa por el Atrato alcanzaría su mayor expresión en la masacre de Bojayá ocurrida en mayo de 2002”, precisó la entidad.
Otra mención a lo sucedido en Bojayá se encuentra en el capítulo, Hasta la guerra tiene límites, en el cual la Comisión de la Verdad mostró las consecuencias negativas que tuvo para la población civil la utilización de cilindros bomba por parte de las Farc. “La imprecisión y el poder destructivo indiscriminado de los cilindros bomba fue reconocido por las propias FARC-EP”, explicó la entidad.
En el mismo documento Fabián Ramírez, excomandante del Bloque Sur de esa guerrilla, reconoció la utilización de los cilindros sobre todo por parte de los bloques Oriental y Noroccidental.
El hecho también fue recordado en la Convocatoria a la Paz Grande, una declaración que hizo el padre Francisco de Roux en nombre de la Comisión de la Verdad: “(hay que) haber acompañado en Bojayá la procesión de los restos de los niños y niñas que explotaron en la iglesia del pueblo por un cilindro de gas arrojado por las FARC-EP en medio de un combate contra paramilitares (...) Entonces se comprendería plenamente la tragedia del conflicto en el duelo desesperanzado y en la ansiedad y el terror de los sobrevivientes
Por todo lo anterior, es una falsedad y un intento de desinformación asegurar que la Comisión de la Verdad no mencionó, en el informe final, las masacres de Bojayá y Machuca y la toma del Palacio de Justicia.
(*) Este texto hace parte del proyecto Memorias del Conflicto que verifica la desinformación que circula en redes sociales sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad y es financiado por el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega en Colombia.