La ministra dijo esta frase después de reconocer que uno de los logros del sistema de salud actual es el aseguramiento: “Construir sobre lo construido significa que en ningún momento está en cuestión ni se va a acabar el aseguramiento social en salud”. Luego explicó que el aseguramiento es la forma en la que se financia el sistema de salud y, por último, pronunció la frase que verificamos aquí.

Lo primero que hay que decir es que las que menciona la ministra no son las únicas fuentes de financiamiento del sistema de salud. Como explicamos en el chequeo ‘Ministra de Salud da un dato falso, otro cuestionable y uno ‘verdadero pero…’ ante el Congreso’, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) se financia así: los recaudos, que provienen de varias fuentes, van a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que recibe la plata y luego gira a las EPS.

Los artículos 66 y 67 de Ley 1753 de 2015, el Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Juan Manuel Santos en su segundo mandato, establecen la creación de esa institución e identifican todas las fuentes de los recursos que administra. En los documentos públicos del ente estatal, están numerados así:

“La Entidad tendrá como objeto administrar los recursos que hacen parte del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), los del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), los que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del Régimen Contributivo, los recursos que se recauden como consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); los cuales confluirán en la Entidad. En ningún caso la Entidad asumirá las funciones asignadas a las Entidades Promotoras de Salud”.

Por otro lado, el artículo 4 del Decreto 1429 de 2016, una norma que modifica la estructura de la Adres, señala que los ingresos de la entidad están conformados por los aportes del Presupuesto General de la Nación (PGN), activos transferidos por la Nación y por otras entidades del orden nacional y territorial, “un porcentaje de hasta el cero coma cinco por ciento (0,5%) de los recursos administrados con situación de fondos” y otros ingresos “que a cualquier título perciba”.

El último informe mensual de recaudo de la Adres, de octubre de 2022, aclara que el proceso de recaudo se ha definido en los últimos años a través de diferentes decretos (1, 2, 3, 4, 5, 6). El informe presenta un balance con las fuentes que financian el sistema de salud:

Ahora bien la ministra afirma que la reforma tributaria del año 2012, Ley 1607 de 2012, disminuyó el aporte de los empresarios al sistema de salud.

Hasta ese entonces, los aportes a la salud en Colombia o las cotizaciones al régimen contributivo, están distribuidas como lo estipula el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 que modificó el artículo 204 de la Ley 100 de 1993. Desde la Ley 100, la cotización al sistema era del 12% sobre el salario base, que no puede ser inferior al salario mínimo.

A partir de la Ley 1122, la cotización subió 0,5 puntos porcentuales y quedó en 12,5%. “La cotización a cargo del empleador será del 8,5% y a cargo del empleado del 4%”, estableció la norma del 2007.

Lo que plantea la reforma tributaria del 2012 con respecto a los aportes a la salud es la creación de un nuevo impuesto llamado “Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)” (Art. 20), el cuál está dirigido a sociedades y personas jurídicas que declaran renta y también a sociedad y entidades extranjeras que declaran renta por ingresos de fuente nacional.

Y agrega que las entidades sin ánimo de lucro, las zonas francas y otras personas no contempladas en el texto continúan pagando aportes parafiscales como establece la Ley 100 y la modificación que hizo posteriormente la Ley 1122.

El destino del impuesto era financiar al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al sistema de salud. Este texto es un inciso del artículo 24 que se refiere a este último:

“Se destinará en la forma aquí señalada a la financiación del Sistema de Seguridad Social en Salud en inversión social, garantizando el monto equivalente al que aportaban los empleadores a título de contribución parafiscal para los mismos fines por cada empleado a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”.

Asimismo, los artículos 21 y 22 indican que este impuesto se aplicará a las utilidades de las empresas bajo un conjunto de condiciones tributarias específicas.

Por último, según el artículo 25, las personas naturales que contraten empleados estarán exoneradas de pagar las contribuciones parafiscales (SENA, ICBF y SGSSS) por aquellos trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos legales. La anterior exoneración no aplica para personas naturales que emplean menos de dos trabajadores, se lee en la norma.

En la práctica, este impuesto sustituye las contribuciones parafiscales de las empresas que contratan trabajadores y que deberían contribuir a parafiscales por cada empleado contratado, por un impuesto que grava las utilidades de la empresa. Así se observa en una presentación de la DIAN sobre la propuesta del impuesto.

En 2016, el Congreso pasó otra reforma tributaria (Ley 1819) que eliminó el CREE pero conservó, en su artículo 65, la exoneración de contribuciones parafiscales para personas naturales e introdujo otra exoneración casi igual para las personas jurídicas:

“Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Esta norma se adicionó al Estatuto Tributario o Ley 624 de 1989 como el artículo 114-1.

Henry Amorocho, profesor de Hacienda pública y derecho tributario de la Universidad del Rosario, afirma que otro factor a tener en cuenta cuando se discute sobre de los aportes de las empresas a la seguridad social es la formalización laboral: “Lo que hay que mirar es cómo se formaliza la economía para que se produzcan mejores resultados en esto. El efecto fue positivo con el CREE hasta su eliminación. Si se produjera una disminución no es por falta de esfuerzo de las empresas sino por la falta de una política más consistente en la formalización del empleo en Colombia”.

La reforma no condujo a que algunas empresas aporten menos, como dice Corcho, sino que estableció un impuesto de renta a las utilidades que reemplazó una contribución de parafiscales que tenían que hacer por cada empleado.

El documento ‘Cifras financieras del sector salud: Fuentes y usos de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)’ de abril de 2017 muestra la evolución del recaudo desde 2012, cuando se estableció el CREE, hasta 2016. Desde 2014, la fuente de cotizaciones disminuye, pero también en ese año se empiezan a registrar aportes por concepto de nuevo impuesto, como se ve en la siguiente tabla:

La reforma fue ley en diciembre de 2012 y entró en vigencia en 2013, así que solo hasta el 2014 se ven los ingresos del año gravable anterior por concepto del CREE. Para ese año, las cotizaciones al régimen contributivo más el impuesto de renta que creó la tributaria suman más que las cotizaciones del 2013.

En el Boletín de Seguridad Social N° 3 que publicó el Ministerio de Hacienda en octubre de 2015, en el que se revisan los estados presupuestales de los años anteriores, también se explica este cambio en los ingresos del antiguo Fondo de Salud y Garantías (Fosyga), un fondo creado por la Ley 100 que tenía funciones similares a la Adres. Allí llegaban las contribuciones mensuales necesarias para el funcionamiento del sistema de salud.

El documento explica que las cotizaciones para el régimen contributivo en salud representaban casi el 40% de los ingresos del Fosyga y que, para el periodo de 2010-2013, se ve un incremento en las cotizaciones. Luego advierten que aunque en el 2014 descienden las cotizaciones, el impuesto CREE compensa esa disminución:

“Este descenso de $3,4 billones (23% de las cotizaciones) está explicado por los efectos de la Ley 1607 de 2012, la cual creó el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) que sustituye y compensa el recaudo exonerado del pago del 8,5% a los empleadores correspondiente al aporte patronal de salud sobre los empleados que devenguen hasta 10 SMLV. Por esta razón, se debe señalar que aunque las cotizaciones en 2014 disminuyeron $3,4 billones, por concepto del CREE se presupuestaron $5,5 billones en los ingresos del Sistema”.

En el Boletín de Seguridad Social (9) del II Semestre del 2017, el Ministerio de Hacienda muestra la evolución de las cotizaciones al régimen contributivo y del CREE hasta 2017, el año en el que el Adres entró en operación y reemplazó al Fosyga. La gráfica enseña, nuevamente, los aportes considerables por concepto del CREE y además anota que las cotizaciones tuvieron un incremento progresivo desde 2014:

“Pese a que el Artículo 376 de la Ley 1819 derogó el artículo 20 de la Ley 1607, eliminando el CREE, en 2017, se recibió el recaudo de los recursos del año gravable 2016, así como se evidenció un crecimiento progresivo de las cotizaciones”, aclara el documento sobre los rubros del año 2017.

A pesar de que a partir del 2017 ya no se recauda el CREE, el artículo 102 de la reforma tributaria del 2016 (Ley 1819) realizó una adición a un artículo al Estatuto Tributario (Art. 243), el cual establece que, de 9 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de las personas jurídicas, 4,4 serían destinados al sistema de salud.

Adicionalmente, el 30 de enero de 2016 se publicó el Decreto 2201 que establece una autorretención en el impuesto de renta que reemplaza el CREE. La autorretención es una forma de recaudo en donde la retención del impuesto no la hace una entidad del Estado sino que la registra el mismo contribuyente cuando declara impuestos. A través de un comunicado del 1 de enero de 2017, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), señaló que la autorretención de renta reemplaza al CREE y publicó tarifas específicas para las empresas según los sectores de servicio.

En conclusión calificamos como falso que, a partir de la reforma tributaria del año 2012, las empresas aporten menos al sistema de salud, como afirma la ministra Carolina Corcho. La reforma del 2012 no exonera a todas las empresas sino a un grupo de ellas de las contribuciones parafiscales. A las que dejaron de aportar, se les demandó pagar el impuesto CREE, un impuesto a las utilidades que compensó la disminución de las cotizaciones al régimen contributivo de salud. Este se eliminó en 2016, pero se reglamentó que una parte del de renta para las empresas estuviera dirigido a este fin.

La ministra expresó esto cuando Coronell le preguntó por el anuncio de una marcha en Cali que convocaba el senador Wilson Arias, del Polo Democrático y la coalición gobiernista Pacto Histórico, para defender la reforma a la salud. También mencionó los lugares en donde han ocurrido algunas de estas audiencias: “He estado en Pasto, estuvimos en La Guajira, estuvimos en Caldas”.

Colombiacheck revisó las intervenciones de la ministra en las audiencias públicas (1, 2, 3, 4, 5) que citaron los congresistas de las comisiones séptimas y encontró que en los eventos no hay una presentación de un proyecto de ley. En cambio, Corcho ofrece discursos en los que presenta las líneas generales de su propuesta de salud. Las convocatorias tampoco fueron hechas por diversos congresistas, como dice la funcionaria, sino por aquellos cercanos al gobierno.

El 23 de septiembre de 2022, se convocó la primera audiencia pública en el Hospital Universitario del Valle, en Cali. En la audiencia también participaron los congresistas Arias, Norman Bañol, del MAIS; Norma Hurtado, del Partido de La U, y Alfredo Mondragón, del Polo Democrático. Todos son de partidos que se han declarado de gobierno. Al último lo verificamos en octubre del año pasado cuando publicó una gráfica engañosa con la que hizo alarde de que el presupuesto para la salud era el más alto en la historia del país.

El encuentro fue sobre la “situación del sistema de salud en Colombia”, como señala un comunicado de la Alcaldía de Cali sobre la jornada. La audiencia se llamó “Diálogo social: la crisis de salud en el suroccidente y los retos de transformación estructural del sistema en Colombia”.

Durante su intervención de 20 minutos, Corcho se refirió a los que ella considera son los problemas estructurales de la salud y sacó pecho, de nuevo, de obtener el presupuesto más alto para la cartera. Luego de esto, dijo que hablaría de los “elementos centrales que debería tener la reforma de salud”.

Entre estos elementos, la ministra criticó la “intermediación” y dijo que al Estado la función de las EPS le costaba entre 6 y 7 billones de pesos. Lo anterior también lo verificamos en diciembre de 2022, pues en noviembre la funcionaria repitió la frase en un debate de control político citado por la oposición. Encontramos que la cifra es falsa: esas entidades gastan 4,1 billones por la administración del sistema de salud.

Durante los minutos siguientes, la ministra no presentó un texto de la reforma y afirmó que esta es un proyecto de la sociedad civil que ella le presentó al presidente, Gustavo Petro, cuando era candidato a ese cargo.

La segunda audiencia pública fue organizada el 14 de octubre de 2022 en Fonseca, La Guajira, por Martha Peralta, senadora wayúu del MAIS y también del Pacto Histórico, que integra la Comisión Séptima del Senado, donde se discuten estos asuntos. De acuerdo con una nota del sistema de medios públicos RTVC, el encuentro se llamó “La salud como derecho en La Guajira” y “tuvo como fin conocer cómo se encuentra el sector en este departamento”.

Allí, Corcho habló sobre el modelo preventivo de salud que plantea el gobierno para La Guajira, recursos para la atención en salud para la población migrante y la apertura de una oficina de la Superintendencia de Salud en el departamento. Sobre la reforma, el artículo señaló que la ministra estaba a la espera de que diferentes organizaciones entregaran el proyecto articulado para socializar: “Tras recibir ese documento, el Gobierno Nacional adelantará espacios de socialización y discusión, pues queremos que esto lo mejoren entre todos los actores y pueda ser presentado al Congreso el próximo año”, dijo.

La tercera se dio en Manizales, Caldas, el 9 de diciembre de 2022. Allí también estuvo el representante indígena Bañol, que es caldense. A través de un comunicado, la alcaldía de la ciudad indicó que en la audiencia “se escucharon las dudas y necesidades de los manizaleños en torno a la crisis de la salud y las perspectivas de la reforma del sector”.

La ministra reiteró en esa reunión su intención de fortalecer el nivel primario de salud, habló nuevamente de la necesidad de una reforma para eliminar la intermediación de las EPS y expresó que la deuda de las liquidadas y en liquidación era de 50 billones de pesos. Esta cifra tuvo que ser corregida por la Superintendencia de Salud en enero de 2023: según la entidad, el dato real es de 23,3 billones de pesos, menos de la mitad.

La última audiencia ocurrió el 16 de diciembre de 2022 en Pasto, Nariño. Allí estuvieron presentes la senadora guajira Peralta y el representante nariñense Erick Velasco, del Polo. Durante la cita, discutieron el estado del sistema de salud del departamento y luego la ministra repitió que en el país ya existía un fondo público con los recursos de la salud, insistió en la crisis por las deudas de las EPS liquidadas, esta vez con los datos corregidos, y llamó nuevamente a suprimir su intermediación.

Corcho expresó su intención de fortalecer los hospitales públicos, pasar de las EPS a redes de prestación de servicios y establecer redes público-privadas de atención primaria en salud. Sin embargo, en esta intervención tampoco hubo una presentación específica del proyecto de ley de la reforma a la salud, como se puede ver en un video del evento en vivo.

Además, recientemente varios gremios le han reclamado a la ministra por la falta de espacios para conocer y deliberar el proyecto de ley de reforma a la salud, como se lee en un comunicado conjunto que hicieron público el 19 de enero de 2023. Entre ellos están la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

También varios grupos médicos advirtieron, en un documento de enero de 2023: “Estamos a la espera de conocer el texto final de la Reforma a la Salud, a fin de aportar constructivamente en su análisis, concertación y discusión”.

El desconocimiento del texto de la reforma a la salud ha sido manifiesto, incluso, entre los ministros de gobierno. Los funcionarios no conocieron el borrador del articulado sino una presentación con diapositivas, informó Caracol Noticias en un reporte del 30 de enero.

Después de la entrevista, el Ministerio de Salud también ha recibido críticas por presentar ante las comisiones séptimas de la Cámara y el Senado una serie de diapositivas desactualizadas y con gráficos copiados de otras fuentes.

La presentación toma gráficas de una ponencia de Jose Ruales, actual ministro de salud de Ecuador y quién trabajó desde 1998 hasta 2015 como representante para El Salvador de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). También se ven imágenes plagiadas de un documento de la OPS titulado La Renovación de la Atención Primaria de la Salud en las Américas, publicado en mayo de 2010. Y, por último, incluye gráficas sin crédito de un documento de 2015 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) titulado ‘WHO global strategy on people-centred and integrated health services’.

Miren, las de la izquierda son las de la OPS y las de la derecha son las de Minsalud. Absolutamente iguales
Esto no puede ser 😔 pic.twitter.com/VqgET0FCjZ

— Paola Herrera (@PaoHerreraC) February 1, 2023

En conclusión, calificamos como cuestionable que el proyecto de ley ya haya tenido varias audiencias en el Congreso, convocadas por diversos congresistas, como dice la ministra. Las audiencias públicas han sido citadas por unos pocos, que están en partidos de gobierno, y en estas no se ha presentado el proyecto de ley; en cambio, han sido espacios para que Corcho hable de los rasgos generales de su propuesta de reforma.

Al ser cuestionada por Coronell sobre su relación con los gremios como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) en especial con las EPS, la ministra Corcho habló de una "pugnacidad" con la que la han tratado los gremios y recordó que la acusaron de generar una desfinanciación en el sector.

"Decir que nosotros vamos a generar una crisis, que vamos a desfinanciar el sistema de salud eso no es cierto. En este momento se aprueba el presupuesto más alto de salud de la historia", sostuvo.

Esta misma afirmación la analizamos en un chequeo anterior, pero en ese momento difundida por el congresista Alfredo Mondragón, representante del Polo por el Valle e integrante la coalición Pacto Histórico y la Comisión Séptima de la Cámara, y resultó cuestionable.

Pudimos corroborar que el gobierno de Iván Duque, al radicar el proyecto del Presupuesto General de la Nación 2023 en julio del año pasado, tal como estipula el cronograma, estimó un monto de 48,94 billones para salud y seguridad social (pág. 297).

Luego, las comisiones conjuntas del Senado y la Cámara aprobaron en septiembre una adición para ese sector de 1,3 billones, solicitados por el gobierno Petro para fortalecer infraestructuras hospitalarias, los servicios sanitarios, programas de inmunización y de información, tal como consta en la ponencia del primer debate (páginas 23 y 62):

Por lo tanto, la asignación presupuestal para el sector salud quedó en 50,2 billones de pesos para este año y así figura en la aprobada Ley 2276 de 2022, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023”.

Si bien la asignación es la más alta para el sector, no ha sido el aumento más elevado ya que entre 2017 y 2018 se pasó de un presupuesto de 14,8 billones de pesos a $24,6 billones, es decir, casi se duplicó, de acuerdo con cifras del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, donde aparecen las apropiaciones autorizadas para el sector salud y protección social entre 2001 y 2022. 

*La caída en el presupuesto entre 2003-2010 obedece al periodo en que se fusionó la cartera de salud con la de trabajo por orden del expresidente Álvaro Uribe, situación que se mantuvo hasta 2011 cuando el sistema de salud comenzó a recuperar el manejo independiente de sus recursos.

**En esta tabla se consideró únicamente lo que aparecía en la plataforma del MinHacienda dentro de la categoría de Salud y Protección Social, por lo tanto, no se incluyó ningún monto relacionado con el sector de trabajo en el periodo de la fusión.

Para nuestra verificación anterior, el profesor Daniel Figueredo de Pérez, doctorando de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, señaló que la verdadera discusión era si efectivamente con este presupuesto se podían cubrir las necesidades del sector.

“Se trata de un año en el que están operando una cantidad de factores como la inflación, la crisis de los contenedores, la subida de precios, además, se está hablando de que no hay medicinas. Entonces, surgen preguntas como, ¿hay o no escasez de medicamentos?, ¿hay que pagarle al sistema? No se trata solo de subir el valor, sino de subir el valor para las necesidades que se necesitan solventar”, refutó.

Apuntó, además, que al comparar distintos años se debe considerar diferentes contextos, ya que no es lo mismo “el sistema de salud cuando se manejaba el Plan Obligatorio de Salud, al sistema de salud que maneja el Plan de Beneficios en Salud”, aparte, que en 2020 y 2021 se atravesó por una pandemia que elevó la inyección de recursos y este año se debe considerar la inflación.

Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), recordó también que cada año el sector salud recibe más presupuesto, pero que para 2023, pese a que el gobierno de Duque había proyectado que necesitaba 8,1 billones para cubrir el pago de pruebas de COVID-19, vacunas contra el coronavirus, activos de emergencia, programas de promoción y prevención, y sobre todo, aseguramiento, la ministra “pidió menos” y redujo ese adicional en 3,8 billones de pesos.

Al final, fue el presupuesto que se aprobó.

En resumen, resulta ‘verdadero, pero’ la afirmación de la ministra Corcho sobre el presupuesto más alto en salud porque si bien su monto supera todos los anteriores, no significa el incremento más elevado y existen dudas sobre su cobertura.

La Unidad de Pago por Capitación (UPC), según el Ministerio de Salud, es “el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado”.

El portal Así Vamos en Salud explica que la UPC se calcula considerando el total de afiliados que tendrán las EPS (Entidades Prestadoras de Salud) en el futuro y el total de riesgos individuales (gastos de los afiliados que demanden servicios), todo esto por grupos de riesgo.

“La UPC muestra el valor de la prima de riesgo que se le pagará a cada EPS por persona en cada grupo de riesgo, para que dicha EPS garantice el acceso a los servicios y tecnologías en salud financiadas con dicha fuente de ingresos”, agrega.

También su valor aumenta cada año tomando en cuenta la inflación, tal como establece la Ley 1122 de 2007, un hecho que entre septiembre y octubre del 2022 generó controversia cuando la ministra Corcho anunció que la UPC aumentaría 12% para el régimen subsidiado este año. Sin embargo, gremios, como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), analistas y políticos advirtieron que esto podría causar una “desfinanciación” del sector en caso de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) superara esa cifra, lo cual terminó sucediendo ya que en diciembre este indicador cerró en 13,12%, la más alta en dos décadas.

“Reducir el flujo de recursos en el sistema agravaría los problemas de cartera y afectaría a los prestadores, al personal médico y al usuario, este último la mayor preocupación que tenemos”, advirtió la presidenta de Acemi, Paula Acosta.

Finalmente, MinSalud autorizó un alza del 16,2% para ambos regímenes en el valor de la UPC, pasando en el contributivo de 1’109.221 a 1’289.246 pesos y en el subsidiado de 964.807 a 1’121.396 pesos. Confirmamos que, efectivamente, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, reconoció en diciembre el aumento de esta unidad como “uno de los mayores incrementos reales registrados”.

Importante esfuerzo de @MinSaludCol al aumentar en 16,2% la UPC (monto anual que las EPS reciben por usuario) y buscar equidad entre los regímenes contributivo y subsidiado
Si bien persisten retos en financiamiento, es sin duda uno de los mayores incrementos reales registrados https://t.co/FGlYhFAPdB

— Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) December 23, 2022

Al revisar la evolución de los ajustes de la UPC desde 1994, luego de la promulgación de la Ley 100 un año antes, corroboramos, no obstante, que el aumento no fue el más alto como afirmó la titular de la cartera de salud.

Cabe aclarar que la fijación de su precio ha sido potestad de diferentes instituciones a lo largo de la historia, tales como el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), entre 1994 y 2008; la Comisión de Regulación en Salud (CRES), entre 2009 y 2012, y actualmente la responsabilidad la tiene el Ministerio de Salud y Protección Social.

Así han sido los aumentos en este valor en casi tres décadas: 

Se puede notar que la UPC para el régimen subsidiado presentó su más alto porcentaje de incremento en 2012, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, con un 43,58%, y pasó de 302.040 pesos a 433.667 (1, 2). Mientras que para el régimen contributivo ocurrió en 1996, cuando se ajustó un 19,5% y subió de 121.000 pesos a 144.595 (1, 2).

“En el caso del régimen contributivo, el comportamiento de la UPC enseña que la dinámica de los ingresos ha permitido decretar aumentos superiores a la inflación, así que éstos se concentran en períodos de buen crecimiento del empleo o de los ingresos salariales, como sucedió al inicio de la implementación del régimen y en los años recientes; en cambio, la crisis de 1999 y el lento crecimiento en los años siguientes no concedieron margen para aumentar la UPC hasta 2008”, detalla la organización Así Vamos en Salud.

En conclusión, calificamos de falso que el reciente incremento de 16,3% de la UPC sea el más alto como aseguró la ministra Corcho ya que existen antecedentes de alzas mucho más elevadas.

Hacia el final de la entrevista, cuando Coronell le preguntó a Corcho si teme que su propuesta de reforma termine impulsando la adquisición de más seguros privados de salud, la ministra respondió que ese pronóstico parte de que la población tiene “mucha plata y muchos ingresos”. Como contraste a esa premisa, dijo lo siguiente:

“A mí me sorprendió mucho el último estudio de Luis Jorge Garay, que por cierto es el economista que nos está acompañando en todos los estudios económicos y financieros en este tema de salud: el 80% de la población colombiana es población en situación de pobreza y en vulnerabilidad económica, es decir, que en cualquier momento puede caer en situación de pobreza. Entonces, en ese sentido, también tenemos que tener en consideración que los colombianos no tienen un millón de pesos para pagar el seguro. Por eso, insisto, la protección financiera no se va a perder. Nosotros vamos a mantener ese avance de la Ley 100”.

El mencionado Garay es un ingeniero y economista experto sobre todo en la investigación académica sobre corrupción. Entre otros trabajos dentro y fuera del país, ha sido asesor de diferentes entidades públicas en varios gobiernos. Además, estuvo vinculado a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y hasta sonó para ocupar el Ministerio de Hacienda en su gobierno, opcionado públicamente por el hoy mandatario cuando aún era candidato.

Dado que Corcho le atribuyó en la entrevista el haber sido la supuesta fuente de la cifra, Colombiacheck trató de contactar al consultor para preguntarle cuál era el estudio suyo al que la ministra había hecho referencia y los detalles de su contenido. No había dado respuesta hasta el momento de publicar este chequeo.

Al buscar en Google por el nombre del consultor junto con los términos “pobreza”, “vulnerabilidad” y “80%”, uno de los primeros resultados es un artículo titulado “Alta inflación, desaceleración económica, desempleo y pauperización. Necesidad de un plan de choque de emergencia en el inmediato plazo”. La publicación, de octubre de 2022, está en el sitio de la Corporación Latinoamericana Sur, una ONG que Corcho presidía antes de llegar al Ministerio de Salud. También aparece en el del Polo Democrático.

Allí Garay, junto con su colega y frecuente coautor Jorge Espitia Zamora (funcionario de la Superintendencia de Servicios Públicos del actual gobierno desde noviembre pasado hasta su reciente fallecimiento), estima lo siguiente:

“En efecto, con la tendencia creciente de la inflación y la brecha promedio de cerca de 15 puntos porcentuales entre la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas y la inflación promedio general, es muy probable que la línea de pobreza monetaria en Colombia aumente para el año 2022, al punto de que entre el 75% y el 80% de la población se encontraría en pobreza o vulnerabilidad monetaria a finales del año (es decir, viviendo con menos de 24.000 pesos diarios)”.

No se trata, por tanto, de un hecho comprobado sino de una previsión aproximada de cifras que aún no se tienen de parte de la fuente oficial, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En su caracterización de clases sociales, el dato más reciente es el de 2021. Según este, la población pobre (39,3%) y la vulnerable (31%) componen 70,3% del total nacional.

Además, si bien el trabajo de Garay y Espitia es un análisis elaborado por expertos, este se da un marco de propuesta personal de política pública. No es propiamente, como lo presenta la ministra, un estudio académico que, por ejemplo, haya sido revisado por pares y publicado en una revista especializada o por una institución independiente que lo respalde.

Con un par de búsquedas avanzadas en Google Académico (1, 2), es posible encontrar al menos una docena de artículos de autoría de Garay Salamanca publicados desde 2019 que mencionan la pobreza o la vulnerabilidad en alguna parte. Sin embargo, la estadística concreta de que el 80% de la población colombiana que está en esas condiciones no aparece en esos otros artículos, que tampoco son tan recientes como el ya citado.

Esto quiere decir que, si bien hay unas tasas altas, Corcho exageró en la entrevista al dar como un hecho comprobado el límite más alto del rango estimado de Garay y Espitia sobre la proporción de la población colombiana que está en pobreza y vulnerabilidad con corte a 2022. El dato oficial más reciente del DANE, hasta 2021, está casi 10 puntos por debajo, lo que hace cuestionable la afirmación de la ministra.