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Sábado, 29 Junio 2019

Paloma Valencia acierta en arriendo que paga JEP pero calcula mal precio de apartamentos de estrato bajo

Por Isabel Caballero Samper

La senadora aseguró que con lo que paga de arriendo la JEP se podría pagar el arriendo de 8.708 familias por un año. Aunque acierta en la cifra de la JEP, su cálculo de cuánto cuesta un arriendo de estrato bajo se queda corto.

Hace unos días la cuenta oficial de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia trinó: “La JEP paga 1.550 millones de pesos mensuales de arriendo. Una familia de una víctima de estrato bajo paga 178 mil pesos mensuales de alquiler por un apartamento.  Si utilizamos ese dinero de la JEP, les daríamos a 8.708 familias víctimas el arriendo de todo un año.”

Trino de la senadora Paloma Valencia comparando el arriendo de la JEP con un arriendo de clase media-baja

Uno de nuestros lectores nos pidió que revisáramos la exactitud de las cifras que presenta la senadora pues estaba extrañado por el valor extraordinariamente bajo que según la senadora valen los arrendamientos de estrato bajo.
 
Consultamos con la JEP, y nos confirmaron que sí es verdad que por el edificio de la Carrera 7 con Calle 63 donde queda su sede se pagan mensualmente 1.550 millones de pesos, precio en el que se incluye la administración, los servicios de operación y el mantenimiento de los equipos especiales del edificio (es decir ascensores, planta eléctrica, motobombas, sistema de ventilación mecánica, aire acondicionado, sistema de red contra incendios, cableado estructurado, mobiliario, divisiones de las oficinas, etc). 
 

Esto lo confirmamos escudriñando el Plan Anual de Adquisiciones de la JEP publicado en su página web que en el punto 287 dice que se hizo una contratación directa por el “Arrendamiento del edificio torre squadra ubicado en la avenida carrera 7 No. 63-44 de la ciudad de Bogotá para el uso exclusivo y funcionamiento de la JEP” por un valor total estimado de 18.650’755.200 pesos. Dividiendo esta cifra en los doce meses del año el resultado es 1.554’229.600 pesos, apenas un poco más de los 1.550 millones mensuales mencionados por Valencia.

Para saber de dónde había sacado la senadora la cifra sobre el valor del arriendo de una familia víctima le preguntamos a su equipo de trabajo y nos contestaron que venía de un estudio elaborado por Fedelonjas y el Centro Nacional de Estudios para la Construcción y el desarrollo Urbano y Regional, Cenac, un centro de estudios que estaba conformado por varias universidades y entidades del Estado dedicadas al tema. Además, un economista del equipo de Valencia nos envió una nota de el periódico El Tiempo que muestra que efectivamente el estudio concluyó que, mirando las ocho principales ciudades del país, sin incluir Bogotá, en el estrato medio-bajo, es decir estrato 3, se pagan 177.881 pesos por un apartamento independiente pero que hace parte de la casa principal (en estratos más bajos el estudio miraba el precio que se paga por una habitación en un inquilinato). El único problema es que este es un estudio del año 2003 y que en los últimos 15 años los precios de los arrendamientos han subido.
 

El Cenac dejó de existir en el 2011, pero consultamos al Ministerio de Vivienda para hacer una comparación con la actualidad. Utilizando cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018 del DANE nos informaron que, mirando el promedio de las cinco principales ciudades del país (de nuevo, sin incluir Bogotá), en el estrato 3 o medio-bajo se pagan 589.548 pesos por un canon de arrendamiento. Es decir, el precio es 3,3 veces mayor de lo que dijo Valencia. Ni siquiera para el estrato más bajo los arriendos son tan baratos como dice la senadora. Para el estrato bajo-bajo, o estrato 1, el arrendamiento promedio es de 322.535, es decir 1,8 veces lo que dijo Valencia en su trino.
 
Así que el cálculo de la senadora de que los 1.550 millones de pesos del arrendamiento de la JEP alcanzarían para pagar el arriendo de 8.708 familias por un año es falso. En todo caso con el valor calculado por la senadora de que el arriendo promedio es de 178.000 pesos, los 1.550 millones mensuales de la JEP alcanzan para pagarle el arriendo a 8.708 familias por un mes, no por todo el año. Y a precios de hoy en día, alcanzarían para pagar el arriendo de 2.629 apartamentos en estrato 3. 
 

Martes, 16 Julio 2019

La JEP se concentrará en máximos responsables, pero eso no ha sido un secreto

Por Sania Salazar

La JEP aplicará un criterio de selección de los máximos responsables, pero también procesará a otros exguerrilleros que tengan información sobre el modus operandi de la organización y a quienes hayan cometido crímenes sistemáticos.

En el programa Semana en Vivo, el abogado y analista político Rafael González aseguró que “la JEP, que ese es otro engaño que han montado aquí, solamente está hecha para los grandes responsables, no para los guerrilleros rasos”.  

Colombiacheck califica la frase como “verdadera, pero”, pues aunque es cierto que la JEP aplicará un criterio de selección por el cual se concentrará en los máximos responsables, también procesará a quienes puedan dar cuenta del modus operandi y de las prácticas o patrones criminales, a quienes hayan participado en hechos sistemáticos y quienes hayan sido protagonistas de los delitos que son competencia de la JEP, entre otros. Además, el criterio de selección de los máximos responsables se conoce desde la mesa de negociación.

El abogado le dijo a Colombiacheck que la JEP está diseñada para sancionar solamente a los máximos responsables en los crímenes que sean de extrema gravedad, pero que los voceros o defensores de esa justicia han manejado un doble discurso al respecto, pues también han dicho que la JEP va a juzgar a todos los integrantes de las Farc, por lo que han creado confusión sobre el asunto.

“Esas imprecisiones hacen parte de una política de manipulación de la información para generar confusión con respecto al alcance de la JEP, al ámbito de sus competencias y a la verdadera cobertura de la misma”, explicó González, quien indicó que los exguerrilleros rasos no tienen problema, porque no van a recibir sanción, mientras no se demuestre que hayan cometido delitos atroces se les va a mantener la amnistía.

González dice que no pide que los condenen a todos, porque lo considera una utopía, pero cree que además de máximos responsables se debería sancionar a aquellos que sin ser grandes responsables cometieron grandes infracciones y delitos atroces. 

Primero es importante recordar que en el Acuerdo Final quedó claro que luego de la finalización de los hostilidades y de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano podía otorgar la amnistía “más amplia posible” a los exguerrilleros de las Farc. Pero el documento también advierte que conceder esas amnistías o indultos no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad ni extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.

“Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado’”, indica el Acuerdo.

Según el artículo 19 de la Ley estatutaria de la JEP, “se aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”.

En dicho artículo están los criterios de selección: 

Gravedad de los hechos: Grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos; modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad. 

Representatividad: Efectos de la investigación y judicialización de los hechos: capacidad de ilustración del modus operandi y/o prácticas o patrones o criminales de los hechos. 

Características diferenciales de las víctimas: Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación que se han identificado a partir de aspectos como: el origen étnico, el género, la edad, la condición de discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género y/o rol social de la víctima. 

Características de los responsables: Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos.

Disponibilidad probatoria: Calidad y cantidad de las pruebas disponibles, las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas. 

El artículo aclara que la justicia podrá renunciar a perseguir a las personas que no hayan sido seleccionadas por los criterios anteriores solo sí contribuyen a la verdad, si cumplen con los compromisos adquiridos ante la JEP y si firmaron el compromiso de no repetición y de no incurrir en nuevos delitos.

Una explicación clara sobre por qué la justicia transicional se concentrará en los máximos responsables está en la intervención de Dejusticia en el proceso de control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP:

“Es claro que ante masivas violaciones de derechos es fácticamente imposible perseguir penalmente a todos y cada uno de los responsables y por todas y cada una de las atrocidades cometidas por la guerra. De ahí que el derecho internacional admita un margen de maniobra de los Estados para escoger estrategias de persecución penal ajustadas al contexto de la transición”, indica el documento, que señala que una de esas estrategias de persecución es la selección.

En la intervención ante la Corte Constitucional Dejusticia explica que por lo anterior es que “se ha venido reconociendo y validando la posibilidad de establecer un orden de prioridad para que el Estado centre su atención primero en aquellas conductas que requieran una investigación, juzgamiento y sanción más oportuna o inmediata. Pero también se ha permitido que el Estado pueda seleccionar algunos casos para que concentre el ejercicio de su acción punitiva sobre los máximos responsables de las violaciones más graves y representativas de aquellas cometidas durante el conflicto armado que se quiere superar y, a su vez, pueda renunciar a ejercer la acción penal respecto de los otros casos no seleccionados”.

El libro Los debates de la Habana: una mirada desde adentro, recuerda que esa fue la posición del gobierno colombiano durante la negociación: “es que no es posible investigar, juzgar y sancionar individualmente todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Pero que, concentrándose en los máximos responsables y en los crímenes internacionales más graves y representativos —en el marco de un sistema integral de justicia transicional—, es posible terminar el conflicto, cumplir con la obligación jurídica del Estado, satisfacer los derechos de las víctimas y evitar que el sistema judicial colapse”.