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Cuestionable

Sábado, 29 Junio 2019

Paloma Valencia acierta en arriendo que paga JEP pero calcula mal precio de apartamentos de estrato bajo

Por Isabel Caballero Samper

La senadora aseguró que con lo que paga de arriendo la JEP se podría pagar el arriendo de 8.708 familias por un año. Aunque acierta en la cifra de la JEP, su cálculo de cuánto cuesta un arriendo de estrato bajo se queda corto.

Hace unos días la cuenta oficial de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia trinó: “La JEP paga 1.550 millones de pesos mensuales de arriendo. Una familia de una víctima de estrato bajo paga 178 mil pesos mensuales de alquiler por un apartamento.  Si utilizamos ese dinero de la JEP, les daríamos a 8.708 familias víctimas el arriendo de todo un año.”

Trino de la senadora Paloma Valencia comparando el arriendo de la JEP con un arriendo de clase media-baja

Uno de nuestros lectores nos pidió que revisáramos la exactitud de las cifras que presenta la senadora pues estaba extrañado por el valor extraordinariamente bajo que según la senadora valen los arrendamientos de estrato bajo.
 
Consultamos con la JEP, y nos confirmaron que sí es verdad que por el edificio de la Carrera 7 con Calle 63 donde queda su sede se pagan mensualmente 1.550 millones de pesos, precio en el que se incluye la administración, los servicios de operación y el mantenimiento de los equipos especiales del edificio (es decir ascensores, planta eléctrica, motobombas, sistema de ventilación mecánica, aire acondicionado, sistema de red contra incendios, cableado estructurado, mobiliario, divisiones de las oficinas, etc). 
 

Esto lo confirmamos escudriñando el Plan Anual de Adquisiciones de la JEP publicado en su página web que en el punto 287 dice que se hizo una contratación directa por el “Arrendamiento del edificio torre squadra ubicado en la avenida carrera 7 No. 63-44 de la ciudad de Bogotá para el uso exclusivo y funcionamiento de la JEP” por un valor total estimado de 18.650’755.200 pesos. Dividiendo esta cifra en los doce meses del año el resultado es 1.554’229.600 pesos, apenas un poco más de los 1.550 millones mensuales mencionados por Valencia.

Para saber de dónde había sacado la senadora la cifra sobre el valor del arriendo de una familia víctima le preguntamos a su equipo de trabajo y nos contestaron que venía de un estudio elaborado por Fedelonjas y el Centro Nacional de Estudios para la Construcción y el desarrollo Urbano y Regional, Cenac, un centro de estudios que estaba conformado por varias universidades y entidades del Estado dedicadas al tema. Además, un economista del equipo de Valencia nos envió una nota de el periódico El Tiempo que muestra que efectivamente el estudio concluyó que, mirando las ocho principales ciudades del país, sin incluir Bogotá, en el estrato medio-bajo, es decir estrato 3, se pagan 177.881 pesos por un apartamento independiente pero que hace parte de la casa principal (en estratos más bajos el estudio miraba el precio que se paga por una habitación en un inquilinato). El único problema es que este es un estudio del año 2003 y que en los últimos 15 años los precios de los arrendamientos han subido.
 

El Cenac dejó de existir en el 2011, pero consultamos al Ministerio de Vivienda para hacer una comparación con la actualidad. Utilizando cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018 del DANE nos informaron que, mirando el promedio de las cinco principales ciudades del país (de nuevo, sin incluir Bogotá), en el estrato 3 o medio-bajo se pagan 589.548 pesos por un canon de arrendamiento. Es decir, el precio es 3,3 veces mayor de lo que dijo Valencia. Ni siquiera para el estrato más bajo los arriendos son tan baratos como dice la senadora. Para el estrato bajo-bajo, o estrato 1, el arrendamiento promedio es de 322.535, es decir 1,8 veces lo que dijo Valencia en su trino.
 
Así que el cálculo de la senadora de que los 1.550 millones de pesos del arrendamiento de la JEP alcanzarían para pagar el arriendo de 8.708 familias por un año es falso. En todo caso con el valor calculado por la senadora de que el arriendo promedio es de 178.000 pesos, los 1.550 millones mensuales de la JEP alcanzan para pagarle el arriendo a 8.708 familias por un mes, no por todo el año. Y a precios de hoy en día, alcanzarían para pagar el arriendo de 2.629 apartamentos en estrato 3. 
 

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Falso

Jueves, 11 Abril 2019

No se necesita objeción a la JEP para extraditar a exguerrilleros reincidentes

Por José Felipe Sarmiento

Los exintegrantes de las Farc acusados en otros países de cometer delitos después de la firma de la paz sí pueden ser enviados a responder allá con las normas vigentes. El presidente Iván Duque pedía que se determinara la fecha sin pedir pruebas.

En una serie de tuits publicados la mañana del pasado martes, la senadora Paloma Valencia emitió varios argumentos a favor de las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que habían sido negadas la noche anterior en la Cámara de Representantes y ahora deben ser estudiadas en Senado, donde ya tienen ponencia en contra.

“¿Usted está de acuerdo con que quienes vuelvan a delinquir en las Farc puedan ser extraditados? Si es así, usted está de acuerdo con las objeciones”, planteó la congresista del Centro Democrático en uno de los mensajes.

Captura de pantalla del tuit de la senadora Paloma Valencia

Entre las seis objeciones solo hay una que se refiere al proceso de extradición de exguerrilleros de las Farc. Según el mandatario, la iniciativa “no precisa (...) que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas” cuando estudia la fecha en la que ocurrieron los hechos por los que un país solicita en extradición a un exintegrante de ese grupo armado.

Duque se basaba en la Ley de Procedimiento de la JEP aprobada por el Congreso, que sí había puesto esa restricción. Pero el argumento se deshizo dos días después de que anunciara su decisión de objetar la estatutaria, porque la Corte Constitucional falló en una demanda contra esa norma y determinó que sí debe tener la posibilidad de “practicar pruebas conducentes, pertinentes y útiles, para emitir su concepto”.

El alto tribunal también aclaró que esto “no interfiere” con la cooperación internacional, contrario a lo que había dicho el presidente. Además, determinó que las pruebas son necesarias para respetar el debido proceso, el Acuerdo del Teatro Colón y el acto legislativo que creó el sistema de justicia transicional, pues los dos últimos establecen la “garantía de no extradición” para los desmovilizados de las Farc.

Entonces, la JEP tiene la potestad de impedir la extradición de cualquier exmiembro de esa organización ilegal pedido desde el exterior, siempre y cuando establezca que el país remitente lo acusa con base en una conducta previa a la firma de la paz entre el Gobierno y las Farc en 2016. Pero si, por el contrario, se prueba que el presunto delito se presentó después de esa fecha y sin relación con la dejación de armas, el procesado pierde su beneficio y la solicitud pasa a hacer el trámite ordinario en la Corte Suprema de Justicia.

Esto quiere decir que los reincidentes que pertenecieron a ese grupo sí pueden ser extraditados con las normas actuales. La sentencia de constitucionalidad sobre el proyecto objetado también describe en detalle todo el procedimiento correspondiente y las competencias de cada entidad implicada, en cada escenario posible.

Por ejemplo, el exjefe guerrillero Seuxis Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’, fue capturado en 2018 porque Estados Unidos lo señala de participar en una conspiración para enviar droga a ese país con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. En consecuencia, la Jurisdicción Especial está estudiando si le retira la garantía de no extradición.

Así, el argumento de Valencia es falso. Estar de acuerdo con que los reincidentes de las Farc puedan ser extraditados no implica estarlo con las objeciones al proyecto estatutario.

Además, otro mensaje de la senadora, con la misma fórmula de pregunta y respuesta a favor de las objeciones, se relaciona con una verificación que Colombiacheck ya había hecho. Esta tiene que ver con las investigaciones contra los reincidentes por parte de la Fiscalía y coincide con una tesis falsa que planteó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una carta al presidente Duque sobre la ley estatutaria.