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Sábado, 29 Junio 2019

Paloma Valencia acierta en arriendo que paga JEP pero calcula mal precio de apartamentos de estrato bajo

Por Isabel Caballero Samper

La senadora aseguró que con lo que paga de arriendo la JEP se podría pagar el arriendo de 8.708 familias por un año. Aunque acierta en la cifra de la JEP, su cálculo de cuánto cuesta un arriendo de estrato bajo se queda corto.

Hace unos días la cuenta oficial de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia trinó: “La JEP paga 1.550 millones de pesos mensuales de arriendo. Una familia de una víctima de estrato bajo paga 178 mil pesos mensuales de alquiler por un apartamento.  Si utilizamos ese dinero de la JEP, les daríamos a 8.708 familias víctimas el arriendo de todo un año.”

Trino de la senadora Paloma Valencia comparando el arriendo de la JEP con un arriendo de clase media-baja

Uno de nuestros lectores nos pidió que revisáramos la exactitud de las cifras que presenta la senadora pues estaba extrañado por el valor extraordinariamente bajo que según la senadora valen los arrendamientos de estrato bajo.
 
Consultamos con la JEP, y nos confirmaron que sí es verdad que por el edificio de la Carrera 7 con Calle 63 donde queda su sede se pagan mensualmente 1.550 millones de pesos, precio en el que se incluye la administración, los servicios de operación y el mantenimiento de los equipos especiales del edificio (es decir ascensores, planta eléctrica, motobombas, sistema de ventilación mecánica, aire acondicionado, sistema de red contra incendios, cableado estructurado, mobiliario, divisiones de las oficinas, etc). 
 

Esto lo confirmamos escudriñando el Plan Anual de Adquisiciones de la JEP publicado en su página web que en el punto 287 dice que se hizo una contratación directa por el “Arrendamiento del edificio torre squadra ubicado en la avenida carrera 7 No. 63-44 de la ciudad de Bogotá para el uso exclusivo y funcionamiento de la JEP” por un valor total estimado de 18.650’755.200 pesos. Dividiendo esta cifra en los doce meses del año el resultado es 1.554’229.600 pesos, apenas un poco más de los 1.550 millones mensuales mencionados por Valencia.

Para saber de dónde había sacado la senadora la cifra sobre el valor del arriendo de una familia víctima le preguntamos a su equipo de trabajo y nos contestaron que venía de un estudio elaborado por Fedelonjas y el Centro Nacional de Estudios para la Construcción y el desarrollo Urbano y Regional, Cenac, un centro de estudios que estaba conformado por varias universidades y entidades del Estado dedicadas al tema. Además, un economista del equipo de Valencia nos envió una nota de el periódico El Tiempo que muestra que efectivamente el estudio concluyó que, mirando las ocho principales ciudades del país, sin incluir Bogotá, en el estrato medio-bajo, es decir estrato 3, se pagan 177.881 pesos por un apartamento independiente pero que hace parte de la casa principal (en estratos más bajos el estudio miraba el precio que se paga por una habitación en un inquilinato). El único problema es que este es un estudio del año 2003 y que en los últimos 15 años los precios de los arrendamientos han subido.
 

El Cenac dejó de existir en el 2011, pero consultamos al Ministerio de Vivienda para hacer una comparación con la actualidad. Utilizando cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018 del DANE nos informaron que, mirando el promedio de las cinco principales ciudades del país (de nuevo, sin incluir Bogotá), en el estrato 3 o medio-bajo se pagan 589.548 pesos por un canon de arrendamiento. Es decir, el precio es 3,3 veces mayor de lo que dijo Valencia. Ni siquiera para el estrato más bajo los arriendos son tan baratos como dice la senadora. Para el estrato bajo-bajo, o estrato 1, el arrendamiento promedio es de 322.535, es decir 1,8 veces lo que dijo Valencia en su trino.
 
Así que el cálculo de la senadora de que los 1.550 millones de pesos del arrendamiento de la JEP alcanzarían para pagar el arriendo de 8.708 familias por un año es falso. En todo caso con el valor calculado por la senadora de que el arriendo promedio es de 178.000 pesos, los 1.550 millones mensuales de la JEP alcanzan para pagarle el arriendo a 8.708 familias por un mes, no por todo el año. Y a precios de hoy en día, alcanzarían para pagar el arriendo de 2.629 apartamentos en estrato 3. 
 

Lunes, 13 Febrero 2017

Fiscal se da la ‘pela’ para que colados no ingresen a la JEP

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Gracias a las advertencias que hizo Néstor Humberto Martínez, hoy los disidentes y reincidentes de las Farc en actividades ilícitas quedaron por fuera de la Justicia Especial para la Paz.

Cuando el 19 de diciembre de 2016 el Gobierno Nacional inició con la radicación de proyectos de ley que se aprobarían o no vía fast track por parte del Congreso, hubo un tema que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló como un mayúsculo problema: La ley radicada por el gobierno permitiría colados en la Justicia Especial para la Paz, JEP, beneficios penales a disidentes y reincidentes de las Farc.

La anterior tesis la sustentó el Fiscal argumentado que disidentes de esa organización o reincidentes, aún sin entregar las armas o dejar sus actividades ilícitas, se beneficiarán de la JEP, de acuerdo a como estaba radicado el acto legislativo del Gobierno.

Por esta crítica a Martínez le llovieron críticas y fue señalado de ser un opositor del proceso de paz al ponerle trabas a los proyectos del gobierno, sin embargo, el tiempo y los congresistas terminaron dándole la razón. Varias de las precisiones que el jefe del ente acusador señaló como necesarios para la aprobación de la JEP fueron tenidas en cuenta en los dos debates que se dieron en la Cámara de Representantes, tanto en la comisión primera como en plenaria.

Los señalamientos del Fiscal empezaron el 17 de enero cuando por medio de una misiva dirigida al propio presidente de esa comisión, el representante conservador Telésforo Pedraza, explicó sus preocupaciones.

Colombiacheck seleccionó dos de los señalamientos que hizo el Fiscal, verificó si tenía razón en advertirlos y determinó si la Cámara de Representantes tomó en cuenta sus consideraciones.

¿Los disidentes se beneficiarán de la JEP?

Martínez en una misiva enviada a la Comisión Primera de la Cámara advirtió que el artículo 5º transitorio sobre la JEP tenía una redacción que permitía darle beneficios penales a disidentes de las Farc, es decir, a los que no entregarán las armas y continuarán en actividades ilícitas.

El Fiscal en su misiva argumentó: “El artículo 5º extiende el régimen de beneficios de la JEP a todos “los integrantes de organizaciones que suscriban acuerdos de paz con el Gobierno” sin excluir a los disidentes de dichas organizaciones, los que deben quedar sometidos a jurisdicción de la justicia ordinaria”.

En principio el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, negó categóricamente “de ninguna manera”, sostuvo. Explicaba Jaramillo que lo que el Fiscal pretendía era que esto quedará más explícito en el texto que se aprobaría en el Congreso, pero que lo importante era mirar todo en conjunto. Jaramillo recordó el numeral 38 del capítulo que aborda la JEP: “En el caso de las Farc la participación en el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición estará sujeta a la dejación de las armas”.

En síntesis, el acuerdo final dejó claro que la justicia transicional solo sería para quienes dejarán las armas (no disidentes), sin embargo, esto no estaba así de explícito en el proyecto que tramitó el gobierno en la comisión primera de la Cámara. El Fiscal señaló que era importante que esto quedará de manera categórica y finalmente la Comisión acató la recomendación de Martínez para garantizar que ningún disidente se cuele en los beneficios penales que ofrece la JEP (ver ley aprobada por Cámara).

El texto quedó así: “Respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, el componente de justicia del Sistema solo se aplicará a quienes suscriban un acuerdo final de paz con el gobierno nacional”.

Los reincidentes de las Farc

Otra de las consideraciones que señaló el Fiscal, tanto en su primera como segunda misiva, fue que los reincidentes de las Farc podrían mantener los beneficios penales de la JEP por nuevos delitos cometidos con posterioridad al 1 de diciembre “en el texto propuesto el reincidente mantiene la competencia de la JEP respecto a los delitos cometidos (por él) con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto”.

El Fiscal manifestó que por un lado el acto legislativo dejó claro que los nuevos delitos de los reincidentes pasarán a la justicia ordinaria, pero por otro lado, el proyecto de ley sostiene que en los casos de reincidencia será la JEP quien evaluará esas conductas y decidirá si el nuevo delito cumple o no con las condiciones para ser incluido en el sistema especial de paz. Es decir, que no se expulsa de manera categórica a los reincidentes sino que estos entran en un proceso de evaluación de la JEP.

Tras el debate, el proyecto que finalmente aprobó la plenaria de la Cámara quedó así: “Si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas alguna de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la justicia ordinaria.

En dichos casos, la JEP evaluará si esta nueva conducta, cuando corresponda con las que serían de su competencia, implica un incumplimiento de las condiciones del Acuerdo Final, que amerite no aplicar las sanciones propias o alternativas a las que tendría derecho por los delitos de competencia de la JEP.

Para el Fiscal no solo es importante que el Acuerdo Final mencione ciertos aspectos sino también que queden explícitos en los textos que se están debatiendo en el Congreso. Por ahora, el fast track sobre la jurisdicción especial de paz ya quedó aprobado en las dos instancias de la Cámara de Representantes, ahora la pelota la tiene el Senado, entidad que tendrá que dar otros dos debates sobre el tema (en Comisión Primera y en Plenaria) donde seguro el Fiscal volverá a pedir claridades.