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Jueves, 09 Mayo 2019

Portal miente para asegurar que la JEP es “un Estado dentro del Estado”

Por José Felipe Sarmiento

La página señala supuestos parecidos entre la justicia transicional y las antiguas Farc, con base en falsedades sobre la relación de Colombia con la CIDH y el caso de ‘Jesús Santrich’.

El portal Los Irreverentes publicó un análisis sobre la petición que le hizo la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que celebre una audiencia de balance sobre el primer año de funcionamiento de la justicia transicional. Según la nota, esto demuestra que la entidad es “un Estado dentro del Estado”.

Captura de pantalla de la nota en Los Irreverentes

El título hace referencia a una famosa declaración que el exguerrillero Jairo Alfonso Lesmes Bulla, alias ‘Javier Calderón’, le dio al diario argentino La Nación en mayo del 2000, época del frustrado proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán, Caquetá: “las Farc son un partido en armas en lucha por el poder y en Colombia somos un Estado dentro del Estado”, dijo el entonces integrante de la columna móvil Teófilo Forero que sería capturado en 2008 y condenado a siete años de cárcel en 2009.

Así, el artículo advierte que “los parecidos entre la JEP y las Farc son cada vez más escalofriantes”. Para justificar esa afirmación se basa en dos argumentos falsos. Uno va sobre la citada audiencia en la CIDH; el otro, sobre el proceso que evalúa la solicitud de extradición contra el exjefe guerrillero Seuxis Hernández, conocido como ‘Jesús Santrich’, por su presunta participación, supuestamente posterior a la firma del Acuerdo del Teatro Colón, en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos.

Ante la CIDH

Según la nota, “la JEP no tiene facultades para presentarse ante instancias internacionales sin respetar el conducto regular” y, por tanto, al solicitar la mencionada cita ante la CIDH, está “desconociendo que las relaciones internacionales son del resorte del presidente de la República y de su ministro de Relaciones Exteriores”. El canciller, Carlos Holmes Trujillo, partió de la misma premisa para pedirle a la Comisión que cancelara la audiencia.

Es cierto que no hay nada explícito en el acto legislativo que creó la jurisdicción transicional, en la interpretación que hizo de él la Corte Constitucional ni en el Acuerdo del Teatro Colón que faculte a la JEP para asumir la representación del Estado en el exterior. En cambio, como lo argumentan el ministro y el portal, la Carta Política le consagra la dirección de esas relaciones al Presidente. Además, “coordinar o asumir la defensa jurídica del Estado en los procesos que se adelanten ante los órganos de supervisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de conformidad con los tratados y acuerdos que regulen la materia” hace parte de las funciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

No obstante, para la decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero Marino, interpretar que eso le impide a la JEP acudir al organismo internacional es un “error jurídico”. Esto, porque no se trata de resolver un caso en el que Colombia deba defenderse y “en ningún instrumento internacional (...) se prohíbe que distintas entidades directamente le soliciten a la CIDH una audiencia temática”, que fue lo que hizo la JEP y que es otra función diferente que también tiene el sistema de la OEA.

Así lo manifestó la académica el lunes pasado, en el programa Hora 20 de Caracol Radio. También señaló varios casos de entidades estatales que, siendo ajenas a los gobiernos de diferentes países de esa organización, han hecho solicitudes similares e incluso han litigado en contra de sus mismos estados.

Por Colombia, Botero mencionó las audiencias temáticas que la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tuvo ante la CIDH en 2007 y 2009. Sin embargo, cabe aclarar que esa entidad, creada por la Ley de Justicia y Paz, estaba integrada por tres representantes del Gobierno, cinco “personalidades” designadas por el Presidente, dos líderes de víctimas, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Es decir que, en ese caso, el Ejecutivo sí participó de la petición aunque no fuera por medio de la Cancillería.

La magistrada Linares también le respondió a Trujillo con una carta que menciona varios antecedentes. Además, advirtió que la JEP amparó su solicitud en la Convención Americana y el reglamento de la Comisión, “en el marco de la función de monitoreo que efectúa la CIDH al proceso de paz en Colombia”. Aunque el artículo correspondiente del segundo documento está mal citado en la misiva, los requisitos del Sistema para atender peticiones y citar audiencias generales le dan la razón a Botero: no prohíben que las presente un tribunal.

También es cierto que el organismo está atento a la implementación del Acuerdo Final y, en particular, a su Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que forma parte la JEP. En el capítulo sobre Colombia de su informe anual más reciente, por ejemplo, retomó información de audiencias anteriores al respecto, manifestó “preocupación” por la falta de una ley estatutaria en firme para esta jurisdicción y anunció que le haría seguimiento a lo que sucediera con el proyecto.

La discusión entre estas interpretaciones quedó zanjada con la carta que el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, le envió a Linares para ratificar la programación de la audiencia para este jueves, 9 de mayo, a las 5:00 de la tarde en Kingston, Jamaica. Según la comunicación, el organismo de la OEA “confirmó su competencia para acceder a la solicitud”.

Esta noticia se conoció el día anterior a la publicación de Los Irreverentes. Por tanto, es falsa su afirmación sobre el desconocimiento de las funciones presidenciales ante la comunidad internacional por parte de la JEP.

La extradición

La otra situación que argumenta la publicación para sustentar su tesis es que, en el mencionado proceso contra ‘Santrich’, la jurisdicción “se pasó por la faja el tratado [con Estados Unidos] y una sentencia de la Corte Constitucional que fue contundente al decir que aquel tribunal, cuando medie una solicitud de extradición, solo puede pedir información relacionada con la fecha en que ocurrieron los hechos”.

Colombiacheck ya ha explicado, más de una vez, que el tratado de extradición con Estados Unidos está vigente en ese país pero no en Colombia. En resumen, acá no se puede aplicar porque la Corte Suprema de Justicia lo ‘tumbó’ dos veces, en 1986 y 1987. Por eso es falso que la JEP le haya pasado por encima.

El texto también miente respecto a su acatamiento de las decisiones de la Corte Constitucional en lo referente al trámite de extradición de Hernández. El auto en el que la Sección de Revisión de la jurisdicción decidió hacer la solicitud internacional de pruebas dice claramente que sus objetivos eran “precisar con exactitud la fecha de realización del comportamiento por el que el ciudadano es requerido” y, con base en esta, decidir el procedimiento a seguir en su caso.

Esto quiere decir que la JEP sí respetó los límites que le puso la Corte Constitucional. Incluso citó la decisión en la que ese tribunal resolvió el conflicto de competencias que había planteado al respecto el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Esta señaló que “es claro que la autoridad judicial competente para determinar la fecha de ocurrencia de la conducta atribuida en la solicitud de extradición es la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz” y que puede “decretar todas las pruebas necesarias” para ello.

Sobre este último punto, la Corte fue incluso más lejos en marzo pasado, al fallar sobre una demanda contra la Ley de Procedimiento de la JEP. No solo declaró inconstitucional que la norma prohibiera la práctica de pruebas, sino también dijo que esta, por el contrario, es una “obligación”. Al menos así quedó en el comunicado, pues todavía no ha publicado la sentencia completa. La Sección de Revisión había argumentado en el mismo sentido cuando hizo la petición en el caso ‘Santrich’.

Esto prueba la falsedad del argumento. El artículo incluso dice que “poco le importó a la señora Linares (...) el ordenamiento de la Corte Constitucional”, cuando ella no está entre los magistrados firmantes esa decisión porque ni siquiera pertenece a la sección correspondiente del Tribunal de Paz.

Para terminar

En consecuencia, la conclusión a la que llega el análisis del portal es tan falsa como las proposiciones en que se basa. Dice, antes de retomar la comparación con la frase de ‘Calderón’, que “las Farc alcanzaron su sueño dorado: el tribunal que las ‘juzga’ no tiene límite ni control alguno”.

Contrario a esto, además de lo recién explicado, la Corte Constitucional ha tomado otras decisiones que limitan el accionar de la JEP. Así fue cuando revocó la suspensión de los términos de la extradición de ‘Santrich’ y declaró inaplicables las partes de su reglamento interno en las que se basó para hacerlo, como lo contamos en otro chequeo. Hay más ejemplos en la citada sentencia sobre el acto legislativo que le dio origen, pues también le quitó poderes sobre las tutelas contra sus decisiones y competencias sobre terceras partes, que ahora solo pueden comparecer ante la jurisdicción de forma voluntaria.

Las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria y los debates a su alrededor también demuestran que la JEP está sometida al ordenamiento jurídico colombiano y la separación de poderes. De modo que no es “una rueda suelta” ni “un Estado dentro del Estado”, como falsamente lo asegura el portal.

Martes, 18 Abril 2017

Las Farc y el narcotráfico: una verdad pendiente de ser contada

Por Sania Salazar

Aunque en el Acuerdo Final no está escrita la palabra delación, las Farc sí se comprometieron a contar la verdad sobre su participación en el narcotráfico, negocio ilícito con el que financiaron su actividad insurgente.

“Nosotros no hemos hecho un acuerdo de delación, sino de sustitución”, aseguró a Noticias Uno Seusis Pausivas Hernández, mucho más conocido como Jesús Santrich, miembro del Estado Mayor Central de las Farc y uno de los negociadores de esa guerrilla.

Colombiacheck solicitó por Twitter y por correo electrónico una entrevista con Enrique Santiago, abogado de las Farc, para pedirle precisión sobre el asunto, pero hasta la publicación de este chequeo no hemos obtenido respuesta.

En el cuarto punto del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc, titulado Solución al problema de las drogas ilícitas, se pactó la puesta en marcha de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en el cual la guerrilla debe contribuir.

Las Farc se comprometieron a ayudar en el proceso de sustitución de cultivos y aunque la palabra delación no aparece en este punto del Acuerdo, si se pactó que los guerrilleros aportarían información para ayudar a establecer la verdad y construir memoria sobre su participación en este negocio ilegal.

“Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades. Todo ello debe contribuir a garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”, dice textualmente el Acuerdo.

De este párrafo llama la atención la parte final, donde se refieren a que los excombatientes aporten información suficiente para “atribuir responsabilidades”, en donde podría caber la delación de otros grupos, modo de operar y rutas de trasiego de estupefacientes. Pero depende de cómo se interprete.

En un video de Acuerdos de La Habana, una iniciativa de la sociedad civil para recoger preguntas surgidas de la lectura del Acuerdo, Lucas Peña, sociólogo y magíster en conflicto, seguridad y desarrollo, asegura que “en el punto dedicado a la solución del problema del narcotráfico Las Farc se comprometen explícitamente a cooperar con el Gobierno a establecer y localizar las rutas del narcotráfico y hallazgo del mecanismo de lavado de activos fruto del narcotráfico, pero adicionalmente van a colaborar con el combate contra crimen organizado mediante la provisión de información, mediante el establecimiento de cooperación con las autoridades y otros mecanismos que deben ponerse en marcha”.

Para Jairo Estrada Álvarez, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso), la delación no está planteada explícitamente en el Acuerdo Final.

“En el Acuerdo las Farc no se asumen como una organización insurgente dedicada a la producción y al tráfico de drogas, las Farc en ese sentido manifiestan el compromiso de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con ese fenómeno. Si se presentó esa relación es un asunto que será tratado en su momento en la jurisdicción Especial para la paz, que evaluará cada caso”, indicó.

Estrada hizo énfasis en que no se está hablando de la justicia penal en la que se obtienen ventajas por delaciones, que la JEP no es una justicia de castigo sino una justicia transicional que se fundamenta en el ofrecimiento de verdad.

“Se tendrá que ofrecer verdad y los jueces serán quienes evalúen si la verdad ofrecida, primero, es suficiente y exhaustiva, porque la JEP obliga a un ofrecimiento de verdad exhaustivo y detallado. Hay que recordar que si no se ofrece verdad suficiente, no se verán beneficiados por la JEP, uno supone que en este caso las Farc ofrecerán la verdad que tengan sobre sus presuntos vínculos, reales o no, con el narcotráfico. Es más ofrecimiento de verdad que delación”, precisó Estrada, quien además comentó que según la investigación social en las zonas donde ha habido cultivos de uso ilícito la función de la guerrilla ha sido básicamente de cobro de impuestos y de regulación del mercado de hoja de coca.

Para Carlos Montoya, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, la frase de Santrich tiene que ver con no señalar a los campesinos cocaleros, que son el eslabón más frágil de la cadena y que en muchos casos se metieron en el negocio por el abandono estatal, pues la coca resulta más rentable y más fácil de vender que los cultivos lícitos.

El Gobierno ha resaltado esa descriminalización de los campesinos, pues es una de las estrategias para que participen voluntariamente en el programa de sustitución de cultivos.

Para Montoya, habrá que ver bajo qué condiciones están obligados a suministrar información en tanto el narcotráfico quedó como un delito conexo a la actividad política porque era la forma de sostenibilidad del grupo, “pero lo más lógico es que cuando sean llamados ante la justicia tendrán que contar esas situaciones, cuáles eran sus rutas, con quien negociaban e idealmente uno quisiera saber qué empresarios los protegían para el lavado de activos, ese sería el escenario ideal”.

La importancia de combatir el narcotráfico

“El acuerdo sobre drogas ilícitas parte de reconocer que si bien el conflicto armado antecede al narcotráfico, el narcotráfico ha alimentado, ha atravesado y financiado el conflicto armado y que por tanto es necesario una solución contundente”, explica María del Pilar Barbosa, del equipo del Acuerdo sobre drogas ilícitas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (punto 5 del Acuerdo Final) tiene entre sus mandatos esclarecer y promover el reconocimiento de “la relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la producción y la comercialización de drogas ilícitas, y el lavado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico”.

Aunque en el Acuerdo Final no se utiliza la palabra delación, es claro que uno de sus objetivos principales es ofrecer a las víctimas justicia, verdad y reparación. Para establecer la verdad y para determinar las medidas que se deben tomar para garantizar la no repetición es fundamental, en este caso, que las Farc cuente cómo funciona el negocio del tráfico de drogas, una de las formas con que financiaron su lucha armada.