Tras su sorpresiva clasificación a segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022, el candidato presidencial del grupo significativo de ciudadanos Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, ha dado varias entrevistas en las que ha repetido algunos datos sobre la economía colombiana.

Dado que la mayor parte de su vida se ha dedicado a trabajar como empresario de la construcción, el manejo de las finanzas del país ha sido uno de los temas centrales de su campaña. Con esto ha reforzado su discurso contra la corrupción que se ejemplifica incluso con el nombre de la agrupación política que conformó por recolección de firmas para lanzar su aspiración a la Casa de Nariño.

De hecho, también saca pecho por su administración de los recursos de Bucaramanga cuando fue alcalde, con resultados que ya verificamos en el especial “Chequeamos los éxitos de los ‘ex’”.

Colombiacheck encontró tres frases verificables al respecto en las declaraciones que le dio a W Radio el 1 de junio de 2022 y una afirmación más sobre pobreza, que es otro dato que usa con frecuencia para contrastar la situación de la población colombiana frente al manejo de los recursos por parte de quienes han ocupado el Gobierno. Algunas aseveraciones ya las había hecho de manera similar, por ejemplo, el 31 de mayo en Caracol Radio.

Al ser consultada para esta verificación, la campaña no contestó sobre cuáles fueron las fuentes en las que se basó. Al aplicar nuestra metodología, encontramos que uno de los datos que dio es falso y los otros tres son cuestionables. Estos son los cuatro chequeos:

4.350 millones diarios en Casa de Nariño

“¿Usted sabe cuánto se tiran en la Casa de Nariño al día? 4.350 millones diarios. Este fin de semana se tiraron casi 13.500 millones”, afirmó Hernández en W Radio para ejemplificar su compromiso de ahorrar gastos. Esto es cuestionable, pues la cifra más parecida es la suma del presupuesto de seis entidades diferentes, no solo gastos de la Casa de Nariño sino también inversión incluso en atención de emergencias y programas de paz.

El candidato podría estarse refiriendo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), como entidad que es parte del Presupuesto General de la Nación (PGN). Esta centraliza, coordina y apoya las funciones del Jefe de Gobierno y de Estado e incluye dependencias como la Vicepresidencia, las Consejerías (Estabilización, Equidad de Género, Derechos Humanos, Regiones, Comunicaciones, etcétera) y hasta la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre otras.

Sin embargo, también podría hacer referencia a todo el sector Presidencia de la rama ejecutiva. Allí entran estas entidades descentralizadas: la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Agencia Presidencial de Cooperación (APC Colombia), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas.

En el PGN para 2022 se aprobaron 337.601 millones de pesos para el Dapre. Eso equivale a 948 millones diarios, poco más que la quinta parte de la cifra que dio Hernández.

Las entidades de todo el sector Presidencia sumaron 1,7 billones de pesos presupuestados para este año. Al dividir ese total en 365 días, da 4.703 millones. Esta cifra es mucho más cercana a la que ha dado el candidato, aunque esta se queda corta en 353 millones (7,5%).

Dado que los recursos previstos pueden variar frente a los que realmente se disponen a lo largo del año, Colombiacheck buscó también el informe de ejecución más reciente, con corte hasta abril de 2022, en la página del Ministerio de Hacienda. La apropiación vigente para el Dapre es de 913.095 millones de pesos y para todo el sector, 3 billones; es decir, 2.502 y 8.339 millones de pesos al día, respectivamente.

Por tanto, el dato más cercano a lo dicho por Hernández sigue siendo la suma de todas las entidades de Presidencia en el PGN de 2022. De hecho, el candidato ha repetido la misma cifra al menos desde inicios de noviembre de 2021, cuando recién había sido aprobado por el Congreso y días antes de que tuviera sanción presidencial.

“¿Cómo es posible que el presidente de la República gaste 4.350 millones de pesos al día? Sábado y domingo también”, dijo en ese entonces. Colombiacheck y Vanguardia lo verificaron y encontraron que era cuestionable.

Como ya se explicó, contrario a lo que da a entender el exalcalde de Bucaramanga, los 4.703 millones de pesos diarios del PGN incluyen el presupuesto de las entidades descentralizadas del sector Presidencia. De hecho, el que más pesa no es el Dapre. El 43% de esa plata le corresponde a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,  UNGRD (en el informe de ejecución es cerca del 50%).

O sea que casi la mitad de lo que el aspirante muestra como gastos de la Casa de Nariño en realidad son dineros destinados a la atención y prevención de desastres. Por ejemplo, la Unidad de Gestión del Riesgo fue la que manejó una subcuenta del Fondo de Mitigación de Emergencias que el Gobierno destinó al manejo de la pandemia de COVID-19 y se encargó, entre otras cosas, de pagar por las vacunas, respiradores y equipos de rastreo de casos.

Así lo señala el economista Juan David Oviedo Medina, asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. “Lo que él [Hernández] está haciendo es desconocer la naturaleza del sector”, afirma.

Incluso dentro del presupuesto que específicamente le corresponde al Dapre, si bien la mayoría corresponde a gastos, gran parte está destinada a inversión en diferentes programas: 22% en la ley aprobada por el Congreso y 35% en el informe de ejecución más reciente. Según este, el rubro más grande allí es la “contribución para promover la sostenibilidad ambiental y socio-económica en municipios PDET [programas de desarrollo con enfoque territorial] y territorios afectados por el conflicto nacional”, con 59.548 millones de pesos asignados.

Así que es cuestionable presentar los recursos presupuestados para todo el sector Presidencia de la manera en la que lo hace Hernández, como si fueran gastos de la Casa de Nariño o del Presidente, cuando en realidad la cifra incluye tanto el funcionamiento como la inversión en programas relacionados con la paz y el manejo de emergencias de múltiples entidades. Además, el dato que da tampoco es del todo preciso.

180 billones de presupuesto “fiado”

“No saben administrar. Imagínese que en presupuesto nacional gastan 350,4 billones y recaudamos entre todos los que pagamos 170, son unos locos, ¿cómo van a pagar 180,4 billones fiados?”, dijo Hernández al insistir en su bandera anticorrupción como estrategia de gobierno ante la falta de una bancada propia en el Congreso.

El dato es falso. Hay muchos más recursos provenientes de diversas fuentes que esa afirmación presenta como si fueran deudas. El Presupuesto General para 2022 es de 350,4 billones de pesos tanto en lo que entra como en los gastos.

Los ingresos corrientes de la Nación sí son 170,9 billones, poco menos de la mitad (48,8%). Esto se refiere a los recursos “con los que el país cuenta de forma recurrente”, explica Juan David Oviedo. Fundamentalmente, son los impuestos, sobre todo el de renta y el de valor agregado (IVA), que componen cerca del 80% del total, como estimó el Ministerio de Hacienda en el proyecto presentado al Congreso. Aunque también hay otras contribuciones.

Oviedo aclara que estos valores varían a lo largo del trámite legislativo (por eso el total no es idéntico al aprobado finalmente, sino 167,3 billones de pesos) y los detalles públicos se van perdiendo en el proceso. No obstante, afirma que las proporciones generales cambian muy poco.

Esto no quiere decir que el resto de ingresos sean “fiados”, como dice Hernández. “60% del presupuesto del año entrante ‘fiado’”, había asegurado en noviembre de 2021, cuando Colombiacheck y Vanguardia también encontraron que era un dato falso en el mismo chequeo ya citado en el punto anterior.

En ese entonces se explicó que fiar, entendido como la adquisición de algo por medio de compra pero dejando al pago para después, no es el término adecuado para referirse a la financiación con deuda. Además, no todos los ingresos que están por fuera de los corrientes de la Nación corresponden a endeudamiento.

El 41,9% del total, o sea 146,7 billones de los 180,4 billones de pesos faltantes que señala el candidato presidencial, son recursos de capital de la Nación. Ahí entran varias categorías y “no significa que todo sea prestado”, explica el asesor del Observatorio Fiscal.

Los recursos por créditos internos y externos son el 70% de esta partida y apenas se acercan al 30% del Presupuesto General en total. Muy lejos de la proporción señalada por Hernández en la entrevista de W Radio, que era más de la mitad (51,5%), y mucho más lejos de sus declaraciones de 2021.

Otros rubros incluidos en ingresos de capital que el exalcalde ignora en su afirmación, pero que aportan casi la décima parte de estos, son los dividendos por inversiones, como la parte de las utilidades de Ecopetrol que le corresponden a la Nación como principal accionista; la disposición de activos, como los dineros generados por la venta de propiedades, y los excedentes financieros, que es la plata que sobró del presupuesto del año anterior.

Dentro de los 180,4 billones de pesos supuestamente “fiados” también se cuentan 12 billones de ingresos de los fondos especiales. Las entradas más grandes previstas son las del Fondo de Recursos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y los fondos de salud de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

Además, hay 2,4 billones de pesos de parafiscales de la Nación. Casi todo corresponde a los aportes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y el resto, aproximadamente 0,4%, es el recaudo por la contribución de espectáculos públicos.

Finalmente, 18,4 billones de pesos de lo que Hernández presenta como “fiado”, el 5,2% de todo el Presupuesto General, son los ingresos propios de establecimientos públicos. Estos también pueden ser corrientes o de otros tipos.

Por ejemplo, según lo aprobado para 2022, la entidad de esa lista con mayores entradas es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con 3,15 billones de pesos, de los cuales hay 2,7 billones en contribuciones parafiscales por nómina. Le sigue el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 2,1 billones de pesos, de los que 1,66 billones son ingresos corrientes.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tiene presupuestado recibir 1,76 billones de pesos propios, incluyendo 1,17 billones por parafiscales. El Instituto Nacional de Vías (Invías) también recibe 1,76 billones de pesos y la Aeronáutica Civil, 1,3 billones; pero en ambos casos todos son corrientes. Solo por mencionar las entidades que más pesan.

Por tanto, es falso que de los 350 billones de pesos del Presupuesto General haya 180 billones “fiados” y que todo el recaudo de la Nación esté contenido en los 170 billones de ingresos corrientes, como afirma Hernández. Sí existe financiación con deuda, pero su peso es mucho menor y en los recursos que el candidato presenta como faltantes hay diferentes ingresos, incluidas varias formas de recaudo.

22 millones de personas “aguantando hambre”

“Tener a 22 millones de colombianos aguantando hambre, ¿eso no es conmoción?”, respondió Hernández al ser interrogado sobre su propuesta de declarar el estado de conmoción interior.

Colombiacheck ya había publicado una verificación con base en la realizada por nuestros aliados de Redcheq en la que determinó que una frase parecida era cuestionable. Se trata de información desactualizada sobre la pobreza monetaria en el país, pues la cifra corresponde a la medición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2020, pero el dato más reciente es el de 2021 y es menor: 20 millones de personas son pobres.

“La línea de pobreza monetaria indica el mínimo de ingreso que debe tener una persona para comida y otros gastos básicos como arriendo, transporte y vestuario. Esto no incluye algunos rubros como entretenimiento”, explicó el economista Guillermo Alberto Sinisterra, investigador de la Universidad Javeriana, en el chequeo anterior.

Esto es diferente a la pobreza extrema, que efectivamente está debajo del mínimo que permite garantizar la seguridad alimentaria básica, y en la que están 7 millones de personas. Por tanto, Hernández no solo usa un dato desactualizado sino que, además, confunde lo que significa la medición de pobreza monetaria en general con la pobreza extrema.

Además, el DANE lleva otra estadística de hambre por medio de su Encuesta Pulso Social, en la que pregunta por el número de comidas diarias en los hogares (hoja bna5). El dato más reciente, hasta abril de 2022, indica que 2,1 millones de hogares en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas (25%) tuvieron dos o menos. Son unos 6,4 millones de personas, pero no tiene en cuenta a quienes están fuera de esos centros urbanos.

Así que la cifra nuevamente es cuestionable. Corresponde a un dato de pobreza monetaria desactualizado y ligeramente superior al más reciente, que presenta de manera poco rigurosa pues el hambre se mide con la pobreza extrema y la Encuesta Pulso Social, que tienen un diagnóstico muy diferente.

19 reformas tributarias en 30 años

“¿Le parece poquito meternos en 30 años 19 reformas tributarias que nos decían que era para generar caja y bienestar, que eran puras mentiras, eran pa’ llenar los huecos de los robos que hicieron?”, insistió Hernández cuando la mesa cuestionó su propuesta de declarar estado de conmoción interior.

En marzo de 2022, Colombiacheck publicó una verificación en la que desmentimos una frase similar: la de un excandidato al Senado que aseguró que en el país había una reforma tributaria cada año. El aspirante era Luis Eduardo de la Hoz, quien encabezaba la lista al Senado por firmas Gente Nueva, que manifestó su apoyo a Hernández aunque la Liga de Gobernantes Anticorrupción negó que hubiera relación entre los dos grupos ciudadanos.

En el chequeo se enumeraron las reformas tributarias tramitadas y aprobadas en el gobierno del actual presidente, Iván Duque, y en los de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: 10 reformas en 20 años. Duque logró que el Congreso aprobara tres de ellas, pero una la tumbó la Corte Constitucional, así que contamos dos: la ‘Ley de Crecimiento Económico’ y la ‘Ley de Inversión Social’.

Por su lado, Santos sancionó cuatro reformas tributarias en sus ocho años de gobierno. En el chequeo las listamos así:

“Para comenzar, la Ley 1430 de 2010 que excluyó de IVA el acceso a internet para los estratos 1, 2 y 3. Luego, la Ley 1607 de 2012 qué cambió aspectos de la tributación en los pagos de seguridad social de trabajadores formales e informales. También pasó la Ley 1739 de 2014, que pretendía “recaudar 12,5 billones de pesos con el impuesto a la riqueza” y otras medidas, según la sinopsis del proyecto en la página Congreso Visible. La última reforma de su gobierno fue la Ley 1819 de 2016 cuya medida de mayor impacto fue el aumento del IVA del 16% al 19%”.

Durante el gobierno de Uribe encontramos que se aprobaron otras cuatro reformas:

1. La Ley 788 de 2002, que introdujo aranceles para la telefonía móvil y el fomento de la cultura y el deporte.
2. La Ley 863 de 2003, que creó el impuesto al patrimonio.
3. La Ley 1111 de 2006, que agregó gravámenes a servicios como los planes de medicina prepagada y el servicio de alojamiento que prestan establecimientos hoteleros.
4. La Ley 1370 de 2009, que creó un impuesto a la riqueza que tenían que empezar a pagar personas naturales y jurídicas con un patrimonio superior a 3.000 millones de pesos. 

Para este chequeo revisamos, además, aquellas que se aprobaron desde 1992 hasta el 2002 para determinar cuántas reformas tributarias se han hecho en los últimos 30 años. En relación a ese período, el artículo académico ‘Impuestos y reformas tributarias en Colombia, 1980 - 2003’ de la Universidad de los Andes menciona cuatro reformas tributarias realizadas en 1992, 1995, 1998 y 2000.

Por su parte, el boletín Las reformas tributarias en Colombia durante el siglo XX (II), del Departamento Nacional de Planeación, destaca cinco reformas tributarias en el mismo periodo de tiempo: Ley 6 de 1992, Ley 223 de 1995, Ley 383 de 1997, Ley 488 de 1998 y Ley 633 del 2000.

Este texto considera otras leyes que, si bien no son reformas estructurales del sistema tributario, sí hicieron modificaciones en esta materia con fines específicos, como la Ley Páez o Ley 218 de 1995, que pretendía atender la emergencia económica que causó la avalancha en la cuenca del río Páez en 1994.

Mayda Calderón-Díaz, experta en economía fiscal y profesora de la Universidad de América, considera que el alto número de reformas tributarias en Colombia se debe a la conformación política del país. “Hay presencia de muchos partidos políticos y esto hace que exista mucha polarización”, lo que lleva, según la docente, a que el Congreso apruebe incluso artículos sueltos sobre impuestos en iniciativas que no los tienen como objeto central y “eso inmediatamente es una reforma tributaria”.

Los artículos consultados detallan cinco grandes reformas desde 1992 hasta 2002. Esto, sumado a otras 10 reformas de los últimos gobiernos, resultan en 15 modificaciones en los últimos 30 años. Pero también listan unas modificaciones importantes al sistema tributario como la Ley Páez, la Ley 487 de 1998, y los decretos 2330 y 2331 de 1998, aunque no se consideran estructurales.

En conclusión, calificamos como cuestionable la frase de Rodolfo Hernández, quien afirma que ha habido 19 reformas tributarias en los últimos 30 años. Sí ha habido un número cercano de cambios al sistema fiscal, pero no todos son por reformas estructurales. Los documentos académicos reconocen cinco principales de 1992 a 2002, además de otras 10 en los últimos 20 años.