Pasar al contenido principal

Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable

Cuestionable

Viernes, 09 Febrero 2024

Trino que compara “quién merece el Nobel de Paz” entre Petro y Bukele es cuestionable

Por Jhoandry Suárez

La publicación destaca la reducción de homicidios en El Salvador sin mencionar las muertes violentas no registradas y la opacidad oficial del país, al tiempo que exagera sobre el secuestro en Colombia.

Ante el anuncio de que un parlamentario noruego postuló al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al Premio Nobel de Paz, en X el usuario @ElMinarca hizo una comparación entre el mandatario y su par de El Salvador, Nayib Bukele, a la vez que preguntó cuál de los dos merece el galardón (sic):

¿Quién merece el Nobel de paz?

A) Bukele quien logró una reducción del 60% en la tasa de homicidios de su país. 

B) Petro quien ‘logró’ un aumento del 72% en secuestros, 166 niños reclutados en 2023 y expansión de todos los grupos ilegales.

Creo que es un tema de sentido común”. 

trino el minarca

La publicación ocurrió el 1 de febrero, a pocos días de que Bukele obtuviera su cuestionada reelección, y alcanzó casi 60.000 visualizaciones, 2.000 ‘me gusta’ y 841 retuits. 

El autor del mensaje posee más de 21.800 seguidores y se autodefine como “líder de la Resistencia AntiProgresista, Jefe de la Oposición Libertaria, Comandante de la Recocha Neoliberal, Custodio de las Pataletas Petristas” (sic). En su foto de perfil no aparece una fotografía suya sino el rostro caricaturizado de Jesucristo. 

En Colombiacheck verificamos su trino debido al alcance que obtuvo y concluimos que es cuestionable, pues la reducción de la tasa de homicidios de El Salvador de la cual habla es superada incluso por los datos oficiales, además omite la falta de transparencia del gobierno de Bukele al respecto. En relación con Colombia, omite las cifras de homicidios (que muestran una leve disminución) y exagera el aumento de secuestros.

Anteriormente desde este medio hemos chequeado los datos engañosos que Petro y Bukele dieron durante una pelea en X sobre los homicidios en sus países; así como otras comparaciones en redes sociales relacionadas con sus gestiones (1, 2). 

La reducción de homicidios en El Salvador 

Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia salvadoreña, el 1 de junio de 2019, recibió un país con una tasa de homicidios de 50,3 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos de 2018 suministrados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública al Instituto Igarapé para su Monitor de Homicidios. 

Para 2023, esta tasa bajó a 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, según informó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. El funcionario especificó que durante el año se cometieron 154 asesinatos, frente a 495 del año anterior (7,83 homicidios por cada cien mil habitantes).

Aclaró, no obstante, que este reporte no contemplaba las bajas por enfrentamientos con policías y soldados y los decesos bajo custodia del Estado. Los datos oficiales muestran, además, una acentuada caída de la tasa de homicidios si se compara con 2015, el año más violento del país en la última década, que terminó con 106,3 homicidios por cada 100.000 habitantes.

En el trino analizado se menciona una disminución del “60% en la tasa de homicidios” en El Salvador, pero no precisa a qué periodo se refiere. Cuando comparamos la reducción entre 2022 y 2023, obtenemos que cayó un 69%, mientras que con respecto al inicio del gobierno Bukele, se registra una reducción del 95%. Es decir, que la reducción de la tasa de homicidios incluso sería mayor a lo que dijo el usuario en redes.

 

Sin embargo, hay que aclarar que la información sobre homicidios en territorio salvadoreño está bajo reserva desde marzo de 2022, debido al estado de excepción decretado, por lo que desde entonces solo se conoce información relacionada a través de los anuncios oficiales. Así, por ejemplo, las páginas de transparencia de la Policía Nacional Civil, del Instituto de Medicina Legal y de la Dirección de Información y Análisis del Ministerio de Seguridad solo tienen datos de 2021 o 2022. 

La investigadora Katherine Aguirre, del Instituto Igarapé de Brasil, aseguró que las autoridades salvadoreñas han dicho que la información sobre homicidios se encuentra bajo reserva por un asunto de seguridad nacional. “Cualquier número que publiquen a través de fuentes oficiales va a ser difícil de comprobar porque no han entregado los datos a nadie”, nos indicó. 

El año pasado el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA) advirtió que los datos gubernamentales no son veraces y presentan un subregistro elevado. “Si bien es cierto que existe una reducción de la violencia homicida, en comparación con los años anteriores, esta no tiene las dimensiones de la versión oficial”, concluyó.

A este contexto se le debe sumar que el mismo gobierno no incluye en la estadística de homicidios a las personas muertas en enfrentamientos con las autoridades ni a las que fallecen en custodia, las cuales ascenderían a 218 durante el régimen de excepción, según la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

La violencia en El Salvador 

Sobre las políticas del actual presidente salvadoreño para reducir las muertes violentas, explicamos en un artículo anterior que El Salvador ha pasado por dos períodos de reducción de la violencia en la última década, como fue entre 2012 y 2013 y luego de 2016, previa a la llegada de Bukele.

En la primera etapa, se trató de una fuerte cooperación internacional en materia de seguridad para los países del conocido “Triángulo Norte” (Guatemala, Honduras y El Salvador) y una tregua pública entre las pandillas salvadoreñas. Luego, en 2015 resurgió la violencia y entonces el gobierno optó por el aislamiento de los líderes de las pandillas en cárceles de máxima seguridad y un nuevo pacto con las bandas. 

Ya con Bukele en la presidencia, al principio hubo una tregua con las pandillas para disminuir los asesinatos, lo cual revelaron las investigaciones del medio salvadoreño El Faro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo se rompió en 2022 y esto condujo al mandatario a aplicar un estado de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa, lo cual le ha permitido llevar a cabo detenciones arbitrarias, principalmente en barrios pobres y dominados por la violencia. 

Esto ha llamado la atención de la organización Human Rights Watch que denunció en su informe anual de 2023 que las fuerzas de seguridad salvadoreñas han cometido abusos como cientos de detenciones arbitrarias con base en la apariencia física o lugar de residencia, además de desapariciones forzadas, malos tratos en prisión y violaciones del debido proceso.

Con la reelección de Bukele, el pasado 5 de febrero, aumentan los temores de que se recrudezcan las violaciones de derechos humanos para controlar la delincuencia y la violencia. “Nos preocupa profundamente el deterioro en el respeto y la protección de los derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele y la probabilidad de que esta tendencia se consolide durante su segundo mandato”, dijo Amnistía Internacional.

Los secuestros en Colombia con Petro

En el tuit, @ElMinarca asegura que Petro “logró” un aumento del 72% de los secuestros, pero tampoco especificó a qué año o periodo se refiere. 

En su último balance de indicadores y resultados operacionales de 2023, el ministerio de Defensa expuso que en efecto hubo un alza de 56% de los casos de secuestro y un incremento de 48% de las víctimas. Es decir, que el trino chequeado exagera la cifras.

Los datos de la institución revelan, además, que esta tendencia de aumento viene desde mayo de 2022, cuando todavía el presidente Iván Duque estaba en el cargo, antes de ser sustituido por Petro en agosto.   

ministerio de defensa secuestros

Fuente: Seguimiento a indicadores de seguridad y resultados operacionales de MinDefensa.

La politóloga Johana Rodríguez, de la Red de Mujeres Especializadas en Seguridad y Defensa en Latinoamérica y el Caribe, afirma que el aumento de los secuestros se comienza a producir en 2022 por el crecimiento de grupos ilegales en territorios tanto urbanos como rurales. “Por lo general estos secuestros son de modalidad extorsiva, lo que refleja de fondo una necesidad de financiación no solo del ELN o de las disidencias de las FARC, sino de grupos armados organizados o de delincuencia organizada”, explica. 

Apunta que su incremento en 2023 pudo deberse también a que las antiguas formas de financiamiento, como el narcotráfico, ya no son tan rentables por un alza en el costo de los insumos para producir drogas y una caída en el precio principalmente de la cocaína. Por lo tanto, estos grupos eligen una vía como el secuestro para obtener ingresos.  

El investigador de la Fundación Pares, Mauricio Valencia, subrayó que en el informe “Secuestro: desafío de la Paz Total” revelaron que el 40% de los secuestros hasta octubre del año pasado fueron cometidos por grupos como el ELN, disidencias de la FARC, entre otros, pero el resto, el 60%, se desconoce al autor. Por ello, considera pertinente también hablar de la posibilidad de que estos raptos tengan como responsables al crimen organizado cuyas bandas no se han identificado. 

Aclaró que una gran proporción de secuestros ocurrieron en entornos urbanos. “Uno pensaría normalmente que está muy ligado a la presencia de grupos armados y eso es parcialmente cierto. Pero resulta que cuando uno mira las cifras, se da cuenta que el secuestro ocurre principalmente en contextos urbanos. Es decir, esto no solo es un fenómeno por la presencia de grupos armados grandes, sino un fenómeno de crimen organizado urbano”, sostuvo. 

fundación pares

Fuente: Fundación Pares.

¿Y los homicidios en Colombia cómo van?

Es de destacar que en la publicación chequeada no se menciona el indicador de homicidios en Colombia, a pesar de hacer referencia a ella en el caso de El Salvador. 

Consultamos los reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero al momento de la revisión, la entidad no había publicado sus datos consolidados de homicidios en 2023 y con ello la tasa, tal como hace año a año en su informe Forensis. La tasa de homicidios más actualizada era la de 2022 cuando el país tuvo 26,97 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. 

homicidios medicina legal

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La institución señaló en un informe mensual que, en lo corrido del año pasado hasta noviembre, se registraban 12.682 homicidios, lo que equivale a un aumento del 5% con respecto al mismo periodo en 2022. 

El Ministerio de Defensa, por su parte, informó que en 2023 fueron contabilizados por la Policía Nacional 13.432 delitos de homicidio, para una tasa de 25,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, 1% menos que el año anterior. 

homicidios ministerio de defensa

Fuente: Ministerio de Defensa.

Con esto evidenciamos que según el gobierno Petro el índice de homicidios bajó en 2023, un dato que no tiene el cuenta el trino de @ElMinarca. Igualmente faltaría lo que informe el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al respecto. 

El monitor de homicidios del Instituto Igarapé muestra datos solo hasta 2022, también basados en información de la Policía, y que sitúan la tasa de homicidios en 25,9 para ese entonces:

monitor de homicidios de Igarapé

Valencia, de Pares, explicó que este comportamiento de los homicidios en el país se puede deber a múltiples factores, como la ausencia de un acuerdo de cese multilateral, y no bilateral, de los grupos armados en el marco de la Paz Total que detenga las confrontaciones, y a una presencia cada vez más fuerte del crimen organizado en las ciudades.

Reclutamiento de niños y expansión de grupos ilegales 

En el tuit verificado se afirma, además, que 166 niños fueron reclutados en 2023 y existe una expansión de “todos los grupos ilegales” en el país. A propósito, encontramos una alerta de la Defensoría del Pueblo de noviembre pasado que señala que, en efecto, el año pasado atendió a esa cantidad de niños y adolescentes luego de su reclutamiento forzado. 

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, explicó que de 344 casos reportados desde 2021 a través de un botón habilitado por la institución en su web, casi la mitad ocurrió el año pasado. También señaló como responsables a las disidencias de las FARC, el ELN, Clan del Golfo y Los Caparros.

 

En su informe anual, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizó entre el 1 de enero y 30 de noviembre del 2023, 86 eventos de vinculación de menores de edad, más de un tercio de población indígena, por parte de grupos armados concentrados en Cauca, Arauca y Antioquia. La organización subrayó que el Cauca es el departamento donde los niños y adolescentes más tienen riesgo de violación de sus derechos humanos y de reclutamiento.

reclutamiento menores indepaz

Fuente: Indepaz.

La Defensoría también advirtió, el 23 de enero, acerca de la expansión de los grupos armados ilegales en el territorio colombiano, tales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, además de las estructuras del crimen organizado.

“De 205 informes de seguimiento emitidos (por el Sistema de Alertas Tempranas), solo en el 1% se ha podido concluir que el escenario de riesgo fue mitigado. En el 65% de los casos, el escenario ha tendido a agravarse, y en el 32%, el escenario de riesgo aún se mantiene”, apunta la entidad en un comunicado. 

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) también mostró preocupación tras un análisis entre enero y junio del año pasado por el alcance territorial que estaban tomando los grupos ilegales en el país. “En el periodo informado los grupos armados afianzaron su presencia y expandieron su control en diversos territorios del país”, indicó Roberto Menéndez, jefe de la misión en Colombia, durante la presentación de un informe periódico. 

En conclusión, calificamos de cuestionable el trino de @ElMinarca, pues la cifra que menciona de reducción de la tasa de homicidios en El Salvador es superada por la cifras oficiales y además, no hace referencia a la falta de transparencia oficial al respecto. Igualmente, al comparar la situación con Colombia, exagera sobre el incremento de los secuestros, omite unos datos y otros son correctos.