No es la primera vez que Petro habla sobre la relación entre horas trabajadas en el país y la productividad, cuando en su discurso de primera instalación de sesiones como presidente ante el Congreso, el 20 de julio de 2023, defendió su agenda y afirmó: “Somos el país que más trabaja en la OCDE y el menos productivo”. Colombiacheck verificó esta afirmación como cuestionable, porque en ese entonces el mandatario hizo una extensa mezcla de estadísticas interpretadas de manera imprecisa.

En este Día Internacional del Trabajador, también mencionó a Colombia como el país que más trabaja en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y América Latina, por encima de México, y el país con la productividad más baja del mismo organismo multilateral. A pesar de que fue más concreto, la calificación es la misma por una razón distinta: la comparación regional no es precisa al revisar otras fuentes.

Al verificar en la OCDE sobre el primer indicador que mencionó el mandatario nacional, esta organización lo define como el promedio de horas trabajadas anuales, es decir, como el número total de horas realmente trabajadas por año dividido por el número promedio de personas empleadas por año.

Efectivamente, Colombia, para la OCDE, es el país con más horas trabajadas entre sus miembros, con un total de 2.405 horas por trabajador en promedio, por encima de México que sumó un total de 2.226 horas por trabajador. Hay que aclarar que estos datos de la organización son de 2022 o el más reciente para cada país.

Incluso al revisar los demás países de América Latina, Colombia les saca ventaja en horas. Por ejemplo, Costa Rica registró 2.149 horas y Chile obtuvo 1.963. Todos están por encima del promedio de la OCDE, que es de 1.752.

La OCDE también tiene más variables para medir las horas trabajadas. Por ejemplo, saca el dato promedio de horas semanales habituales trabajadas, es decir, cuántas horas labora un empleado colombiano en la semana en promedio.

En este caso, Colombia vuelve a ocupar el primer puesto como el país con mayor número de horas laboradas en la semana, con 45 horas, por encima de Turquía (44,9) y México (43,4). Y frente a los demás latinoamericanos, la diferencia se amplía. En Costa Rica son 43 horas a la semana y en Chile son 41,1.

Como son pocos los miembros de la OCDE pertenecientes a Latinoamérica y el presidente Petro comparó también a Colombia con los demás países de la región, revisamos las bases de datos de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) sobre el tiempo total de trabajo a la semana para personas mayores de 15 años, del promedio de 2019 a 2022, que incluye trabajo remunerado y no remunerado. México encabeza el listado con 63,2 horas a la semana.

Le sigue Costa Rica con 54,4 horas en promedio a la semana. Argentina sumó 53,3 horas. Uruguay se ubicó con 52,3 horas. Luego sí está Colombia, igual que Guatemala, con 51,4 horas. En contraste está Brasil, el país con menos horas trabajadas por persona a la semana con 39,2.

Esta tendencia ya la había confirmado también el Banco Mundial en un estudio que reveló que, si se habla de cantidad de tiempo que se destina al trabajo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 67% de los países desarrollados y de la Unión Europea (UE) ha estipulado un límite obligatorio de 40 horas de trabajo semanales, mientras que tan solo 9% de los países en América Latina tiene la misma limitación.

Es decir que el presidente cierta con relación a la OCDE, pero no frente a otros países de América Latina, si se miran fuentes de la región y no solo la de ese ente multilateral, conformado en su mayoría por países ricos y europeos.

Productividad

Al pasar al otro indicador que habló Petro en su discurso, hay que tener en cuenta que la productividad no solo depende de la duración de la jornada laboral, sino también de otros factores como la eficiencia, la inversión en tecnología y la calidad del empleo. El mandatario insistió en que Colombia tiene la más baja productividad en el trabajo de todos los países de la OCDE.

La productividad no se trata solo de trabajar más duro, sino de trabajar de manera más inteligente. En lugar de simplemente aumentar las horas de trabajo, se trata de encontrar formas más eficientes de producir bienes y servicios. Así lo entiende la OCDE en una nota del Departamento Económico y de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE, titulada ‘El futuro de la productividad’.

Por lo tanto, la OCDE mide la productividad utilizando el producto interno bruto (PIB) por hora trabajada. Esto significa evaluar cuánto valor se crea en una hora de trabajo. Si producimos más valor en menos tiempo, nuestra productividad aumenta. “Mide qué tan eficientemente se combina el trabajo aportado con otros factores de producción y se utiliza en el proceso de producción. El trabajo aportado se define como el total de horas trabajadas de todas las personas que participan en la producción”, aclara la organización.

En ese orden de ideas, los resultados del nivel de productividad con base en el nivel de PIB per cápita y productividad a precios constantes en dólares, Colombia ocupa el último lugar con 14,2 dólares aportados a la economía por cada hora trabajada por persona en 2022 (último dato actualizado), muy por debajo del promedio de la OCDE, que se ubicó en 53,8 dólares. Incluso la brecha se amplía con países como Irlanda (131,5) y Luxemburgo (100,2).

A su vez, Colombia está por debajo de sus pares latinoamericanos. Por ejemplo, México logró 19,3 dólares aportados a la economía por cada hora trabajada por persona, Costa Rica está en 22,9 y Chile con 27,1. Todos están en el fondo de la tabla.

¿Por qué se relaciona la jornada de trabajo con la productividad?

Para darle contexto a las afirmaciones del mandatario nacional, consultamos a personas expertas. Por ejemplo, la economista Yudy Adriana Gamboa, docente universitaria y magíster en Economía Internacional y del Desarrollo en la Escuela Superior de Técnica y Economía de Berlín, argumentó que lo dicho por Petro es cierto.

Con base en el último informe sobre productividad laboral publicado por la OCDE del 2022 (citado anteriormente), efectivamente Colombia sí ocupa el último puesto en el indicador de productividad. “En Colombia y México, el penúltimo en el ranking, solo se produce un tercio del promedio de los países de la OCDE, que es de 67,5 dólares por hora”, recalcó Gamboa.

En esa misma línea, el economista Juan Camilo Chaparro, doctor en Economía Aplicada de la Universidad de Minnesota, enfatizó en que las cifras son claras y, dentro de los países de la OCDE, Colombia es el país con más contabilidad de número de horas de trabajo en promedio. A renglón seguido, Isabel Cristina Rincón, doctora en Administración y decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Udes, sostuvo lo mismo: Colombia sí tiene la menor productividad frente a su jornada laboral, según el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB).

Pero la razón no tiene que ver propiamente con la jornada laboral de los empleados formales. Chaparro cuenta que, cuando la OCDE hace este cálculo, incluye información de todos los trabajadores, tanto formales, más bien asalariados, como por cuenta propia, que son la mitad de los trabajadores en Colombia. Es decir, este trabajador, él mismo, tiene que decidir cuál es su jornada que debe cumplir para alcanzar ese ingreso de su actividad.

En este debate que plantea Petro sobre las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, como lo insistió en su discurso del 1 de mayo, hay que tener en cuenta que en diciembre del año pasado la Comisión Séptima de la Cámara aprobó los primeros artículos de la reforma laboral, en especial la jornada nocturna desde las 7:00 p.m. y pago del 100% de dominicales y festivos.

Asimismo, desde el año pasado la jornada laboral del empleo formal en Colombia ha experimentado cambios debido a la implementación de la Ley 2101 de 2021, con la cual se reducirá de manera gradual sin disminuir el salario. Actualmente, la jornada ordinaria es de 47 horas a la semana, antes eran 48. Esto se distribuye en un máximo de 8 horas diarias. Aún con estas reducciones, Colombia sigue lejos de los países del ránking de la OCDE como Holanda, Dinamarca y Noruega, en donde los empleados solo laboran entre 34 y 30 horas semanales.

“La causa del porqué esta estadística es tan alta en Colombia tiene que ver, no tanto con la extensión de la jornada laboral formal de los trabajadores que tienen un contrato de trabajo, sino por la cantidad de trabajadores por cuenta propia, que no tienen un contrato, que trabajan por sus propios medios y deben trabajar muy duro en una buena cantidad de horas a la semana”, aclaró Chaparro.

A su vez, para Rincón, ese escenario negativo es difícil de superar mientras los empresarios y Gobierno nacional no trabajen en la competitividad y tecnología de las compañías, y más fuentes de empleo formal. “Si bien tenemos una jornada laboral de 8 horas, y ahora se disminuyó una hora de trabajo, siguiéramos ocupando esos renglones de improductividad, si no se trabaja en esos temas”.

A su vez, Gamboa puntualizó que el crecimiento de la productividad en Colombia para 2022, último dato disponible, fue negativo, situándose en -0,7%. “Es decir, en lugar de mejorar, la productividad laboral disminuyó”, explicó.

Esa tendencia negativa es similar al dato de productividad que mide el Dane en Colombia. En este caso es una medida de cuánto se produce en relación con los recursos utilizados, como el trabajo y el capital, es decir, la eficiencia en la que se utilizan. El indicador se llama Productividad Total de los Factores (PTF). Para el 2023, su contribución a la producción fue positiva en 2,31%. Sin embargo, su aporte al crecimiento económico fue negativo en -1,71%.

Finalmente, Chaparro pone el ejemplo de Alemania, en donde el número de horas trabajadas al año por trabajador es de 1.341, por lo menos 1.000 más que en Colombia, pero su economía es muy desarrollada, tiene un tejido empresarial grande, con empresas consolidadas y productivas, además estos trabajadores tienen condiciones laborales favorables, producto de las negociaciones con sindicatos.

“Entonces, la combinación de tener una economía muy productiva, especializada en sectores terciarios, es decir, en servicios, en tecnología, que van más allá simplemente de la minería y de la agricultura, combinado con regulación laboral y con condiciones laborales muy favorables, da como resultado una alta productividad laboral”, recalcó Chaparro.

En el minuto 38:00 de su discurso, Petro se refirió al expresidente Julio César Turbay –quien gobernó de 1978 a 1982– y afirmó que fue “uno de los grandes capos del narcotráfico en Colombia” tras compararlo con el actual primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señalado de estar liderando un genocidio contra la población palestina.

“Que se sepa un Netanyahu de apellido Turbay, que quiso crear la dictadura en Colombia y ahora descubrimos, fíjense en ustedes, que era uno de los grandes capos del narcotráfico en Colombia” (sic).

La afirmación del presidente tuvo eco en medios de comunicación (1, 2) y la opinión pública, en donde algunos usuarios de redes sociales compartieron mensajes en contra del exmandatario y su nieto y actual senador y opositor del gobierno, Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático (1, 2, 3, 4).

En contraparte, otras personalidades del ámbito político, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder de ese partido, rechazaron las afirmaciones. En un video, publicado el 1 de mayo, el exmandatario dijo: “No puedo callar ante el injusto y cobarde maltrato a los expresidentes López y Turbay. El silencio de los muertos necesita el valor civil de los vivos. Recuerdo la generosa cooperación del expresidente Turbay, entonces director del Liberalismo, para que el proceso de paz con el M-19 tuviera éxito” (sic).

En Colombiacheck consultamos con la oficina de prensa de Presidencia por la fuente de información usada por Petro para esta declaración, pero al momento de la publicación de este artículo, no hemos recibido respuesta alguna.

Ahora bien, sobre la relación entre del expresidente Turbay y el narcotráfico, debemos aclarar que el calificativo que usó Petro para tratarlo de ‘capo del narcotráfico’ surgió luego de conocerse una serie de documentos clasificados como ultrasecretos por la inteligencia de los Estados Unidos en los que se registran supuestos vínculos de políticos colombianos con el narcotráfico durante las décadas de 1970 y 1980.

Estos archivos, escritos por oficiales norteamericanos durante el gobierno de Jimmy Carter, fueron publicados el 15 de abril de 2024 por el Archivo de Seguridad Nacional, una organización fundada por periodistas y académicos para publicar documentos desclasificados por el gobierno norteamericano, a los cuales llamó ‘La lista negra de Jimmy Carter en Colombia’. Allí se revelan las tácticas de presión ejercidas por el expresidente estadounidense en 1977, sobre su entonces homólogo colombiano, Alfonso López Michelsen, en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

Los documentos enumeran unos 30 funcionarios colombianos que se creía que tenían vínculos con el negocio ilegal de narcóticos, incluidas figuras prominentes de los círculos políticos, judiciales, policiales y militares, entre los que se menciona al expresidente Julio César Turbay.

Sin embargo, la única referencia que hacen los documentos desclasificados a Turbay y su vínculo con el narcotráfico, es por su sobrino, Aníbal Turbay Bernal, quien según los informes, “pertenece a la red narcotraficante de José Manuel Parra Urrea”. El informe dice que la carrera del político liberal “es anticipada por la organización de Parra” y que, como resultado de su “inversión multimillonaria en Aníbal Turbay”, se creía que “podría elegir a los jefes de las fuerzas del orden colombianas si Julio César Turbay es presidente”, lo que ocurriría después.

“También tenemos información de que Aníbal Turbay Bernal, sobrino del líder del Partido Liberal Julio César Turbay Ayala, pertenece a la red de narcotráfico de José Manuel Parra Urrea que, sólo en un período de tres meses de este año, vendió por lo menos 1,5 millones de dólares en narcóticos a compradores de Estados Unidos. La candidatura presidencial de Julio César Turbay es anticipada por la organización de Parra. En junio de 1977, James Acosta, un estrecho colaborador de Parra, dijo que la red había hecho una inversión de varios millones de pesos en Aníbal Turbay y, como resultado, se espera que pueda elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia si Julio César Turbay llega a la Presidencia”, dice textualmente el el informe en inglés.

Junto a las acusaciones sobre Turbay, también aparecen mencionados el entonces ministro de Defensa, Abraham Varón Valencia, quien según el informe había “recibido sobornos por narcóticos y contrabando”, y el ministro de Trabajo, Óscar Montoya, de quien se dice que “habló sobre tráfico ilícito de cocaína y café” con un conocido narcotraficante.

El informe también aclara que “la información de la DEA [siglas en inglés de la Administración de Control de Drogas estadounidense] sobre corrupción de alto nivel en los círculos de Gobierno de Colombia se limita (en su mayor parte) a acusaciones hechas por informantes”.

Estos casos fueron revelados en una transmisión de abril de 1978 del programa de televisión CBS 60 Minutes, que había obtenido una copia de un informe de la Casa Blanca de junio de 1977.

En el reportaje aparecen escenas de la visita de la primera dama de los Estados Unidos al presidente López Michelsen, con motivo de dar a conocer la información que tenía el gobierno Carter sobre posible corrupción de altos funcionarios del Estado y de la política.

Las acusaciones sobre Turbay y su posterior alianza contra las drogas

Cabe mencionar que, durante los últimos años de la década de 1970, Colombia atravesaba la llamada ‘bonanza marimbera’. En este periodo, al país ingresaron grandes sumas de dinero producto de la actividad de bandas de narcotraficantes que se dedicaban al cultivo y exportación ilícita de marihuana en la costa Caribe colombiana.

Esto coincidió con que, en esa misma década, Estados Unidos comenzó la ‘guerra contra las drogas’, impulsada desde el gobierno de Richard Nixon (1969-1974) y que continuó no solo en la administración de Carter sino hasta nuestros días.

De acuerdo con Petrit Baquero, historiador y politólogo autor de libros sobre el narcotráfico, la presión norteamericana se extendió a otros países, incluido Colombia, para que participaran activamente en esas mismas políticas de persecución a los traficantes de droga. “Sobre esta imposición del gobierno estadounidense, López Michelsen había sido renuente por razones nacionalistas y empezaron a salir informes en donde se acusaba a ministros de su gobierno de estar relacionados con el narcotráfico”, dijo a Colombiacheck.

De acuerdo con el investigador, cuando Turbay ganó la presidencia en 1978, continuaron las mismas presiones del gobierno norteamericano y se le acusó de tener en su campaña a personas ligadas con el narcotráfico:

“En algún momento, tuve acceso a varios cables (documentos desclasificados) de la embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado, en donde se expresaban sospechas sobre Turbay y sus relaciones. Lamentablemente, estos documentos ya no están disponibles, pero en ellos también se hablaba de la sospecha sobre Carlos Lleras Restrepo (contrincante electoral de Turbay para ese periodo presidencial y también exmandatario). Ahí lo que se vió fue una evidente presión para que los presidenciables se adscribieran a las políticas que Washington quería”.

Según Baquero, cuando Turbay llegó a la Presidencia sí manifestó estar listo para combatir el narcotráfico y alinearse con la política estadounidense. Incluso, hizo alusión a este tema en su discurso inaugural de posesión: “Mi gobierno hará todo cuanto esté al alcance de las posibilidades para impedir, entre otros delitos, el contrabando y el tráfico de drogas. Este último sería más controlable si el gobierno de Estados Unidos pudiera interferir la asistencia financiera, que tales delincuentes reciben de parte de los habidos traficantes y consumidores norteamericanos”.

De acuerdo con la investigación ‘La narcotización de las relaciones Colombia-Estados Unidos’, de Merly Guanumen Pacheco, magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales, Colombia efectivamente se adhirió a la ‘guerra contra las drogas’ durante el periodo de Turbay Ayala. Esto fue a tal punto que se firmó el tratado de extradición con la potencia norteamericana.

“También se tomó el control de algunas ganancias en una operación antidrogas gigante que se hizo en La Guajira, con apoyo del Ejército, con el que intentaron controlar el tráfico de marihuana en el Caribe”, expuso Petrit Baquero, en referencia a la ‘Operación Fulminante’. Según la prensa nacional de ese momento, esta fue iniciada en noviembre de 1978 y, en ella, 10.000 soldados emprendieron una guerra contra los productores de marihuana. En 1979 se reportó el decomiso de 3.500 toneladas de esta planta y la destrucción de más de 10.000 hectáreas de cultivos.

“Con todo esto, Estados Unidos empezó a considerar a Turbay un aliado en los esfuerzos del control de drogas. Se empezaron a usar las fuerzas armadas en general, para asistir a la Policía Nacional en los operativos de interdicción, algo que empezó a cambiar en el gobierno de Belisario Betancourt [1982-1986]”, señaló el historiador.

Con esta información, calificamos como cuestionable la afirmación de Gustavo Petro, sobre que el expresidente Julio César Turbay “era uno de los grandes capos del narcotráfico”. Los informes desclasificados oficiales del gobierno de los Estados Unidos no afirman esto ni señalan puntualmente a Turbay como narcotraficante, aunque sí lo vinculan con este negocio ilícito por su sobrino, Aníbal Turbay Bernal, acusado de pertenecer a una red de narcotráfico.

En el minuto 33:00 de su discurso, Petro también se refirió al nacimiento del Movimiento 19 de abril (M-19) –del que hizo parte–, al decir que este, luego de su desmovilización y transición al partido político Alianza Democrática M-19, tuvo la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, tras las elecciones del 9 de diciembre de 1990:

“Volvimos a ganar las elecciones el 9 de diciembre de 1990. Fuimos (M-19) la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente elegida popularmente. Esa bandera (la del M-19) que ahora dicen que está prohibida, que no podemos sacar, que es un pecado (...) esa misma bandera volvió a ganar, a triunfar el 9 de diciembre de 1990 y ganó la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente”.

La votación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990

Sobre la afirmación de Petro, debemos recordar que en Colombia se realizó el 9 de diciembre de 1990 la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, con la cual nacería posteriormente la Constitución Política de 1991.

En el proceso electoral, se eligieron 70 constituyentes con voz y voto en la Asamblea, pertenecientes a diferentes partidos políticos, entre los cuales se encontraban el Liberal, el Conservador, la Unión Patriótica, el Movimiento de Salvación Nacional (MSN), el Movimiento Unión Cristiano, la Alianza Democrática M-19 (AD-M19), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

También se pactó la participación de cuatro constituyentes más que participaron con voz pero sin voto en la Asamblea, quienes pertenecían a movimientos como el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL). Estos grupos eran antiguas guerrillas que recién habían llegado a acuerdos de paz con el Estado en ese momento.

No obstante, en estas votaciones, la AD-M19 no “fue la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente elegida popularmente”, como afirmó Petro en su discurso del 1 de mayo.

En ese momento, ese partido no obtuvo la mayoría de votos para el número de constituyentes. Sobre esto, el propio líder de la lista y posterior copresidente de la Asamblea, Antonio Navarro Wolff, le confirmó a Colombiacheck que la Alianza sí hizo parte de los más votados, pero quedó en segundo lugar.

En este sentido, los que obtuvieron mayor número de escaños fueron el Partido Liberal (con 25 votos), seguido de la AD-M19 (19), Salvación Nacional (11) y el Partido Conservador (9). Es decir, que las votaciones por el AD-M19 representaron el 27% de los constituyentes elegidos, mientras que los liberales fueron el 36%, más de un tercio de la Constituyente.

De igual forma, se acordó la formulación de una presidencia tripartita, conformada por Álvaro Gómez Hurtado, del MSN; Navarro, por la AD-M-19, y Horacio Serpa Uribe, del Partido Liberal.

La alusión de Petro a la bandera del ‘eme’ en su discurso

En su discurso, Petro se refirió al M-19 y a su bandera como un elemento que “está prohibido, que no se puede sacar” o que hacerlo “es un pecado”.

La alusión del mandatario se debe a las recientes críticas que ha enfrentado por haber sacado la bandera de la extinta guerrilla en un acto público, el pasado 26 de abril de 2024, en el colegio San Juan Bautista de la Salle, en Zipaquirá.

En el evento, el mandatario conmemoró los 34 años del asesinato del político Carlos Pizarro Leóngomez, ex lídel del M-19 y candidato presidencial por el después partido político, AD-M19 para las elecciones de 1990.

“A ver compañero, traiga esa bandera porque hoy estamos de fiesta. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones. Hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro, que estuvo aquí en Zipaquirá. Y entonces, es el jovencito que salió a cambiar el mundo, guerrero andante conmigo. Esa generación derogó la Constitución de 1986, no pudieron otros. Proclamó la Constitución de 1991 y hoy es parte del gobierno de Colombia”, expresó Petro.

Sin embargo, es preciso aclarar que el presidente expuso en este acto público la bandera de la extinta guerrilla y no la del partido político AD-M19 que fue el que participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1990.

Bandera del M-19                                                                   Logo del AD-M19

También, en su discurso del 1 de mayo, Petro –mientras sostenía en sus manos la bandera de la exguerrilla del M-19– afirmó “esa misma bandera volvió a ganar, a triunfar el 9 de diciembre de 1990 y ganó la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente”.

Sin embargo, en el partido político AD-M19 no solo había exguerrilleros del M-19. De hecho, la mayoría de los constituyentes adscritos a este Partido, eran personas que nunca habían empuñado armas contra el Estado y que se unieron al AD-M-19 por vía democrática. Estos fueron:

• María Mercedes Carranza, quien fue una poeta y periodista.
• Carlos Ossa Escobar, político y economista colombiano, que luego de su paso por la constituyente también fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, concejal y contralor general de Colombia de 1998 a 2002.
• Álvaro Leyva Durán, abogado y político, que hasta hace poco fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno Petro.
• José María Velasco Guerrero, jurista y político, exgobernador del departamento de Nariño entre 1956 y 1957 y exmiembro del Partido Conservador.
• María Teresa Garcés, abogada, política y docente.
• Fabio Villa Rodríguez, quien ahora es sociólogo y político, había participado en el movimiento estudiantil Séptima Papeleta, que llevó luego a la votación de la Asamblea Constituyente.
• Óscar Hoyos, abogado y político.
• Germán Toro Zuluaga, abogado y catedrático universitario.
• Orlando Fals Borda, sociólogo, investigador y escritor.
• Abel Rodríguez Céspedes, docente, sindicalista y político.
• Álvaro Echeverri Uruburu, abogado y académico, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura.
• Francisco Maturana, director técnico y exjugador de fútbol (que no se posesionó).

En consecuencia, Colombiacheck califica como falsa la afirmación de Petro sobre que el M-19 “fue la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente elegida popularmente”. Como hemos explicado, el partido Alianza Democrática M-19 representó el 27% del total de las curules, mientras que el mayor número de votos por constituyentes los tuvo el Partido Liberal, representando así el 36% de la Asamblea.

Esta no es la primera vez que el presidente se refiere a las comisiones que cobran los fondos privados de pensión. Cuando era candidato en la campaña de 2022, durante un debate presidencial, aseguró que los fondos privados cobraban una comisión del 30% a los ahorradores que se quedaba el “banquero”.

En ese momento chequeamos esta idea y encontramos que era cuestionable. Tal como le respondió a Petro la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos, en un comunicado de 2022, “las comisiones (que incluyen seguros por invalidez y muerte) son las mismas en el sistema público y en el privado. En ambos casos se cobra 3%”.

Estos 3 puntos porcentuales salen de la cotización mensual que hacen los trabajadores y los empleadores, que es del 16% de su ingreso base, tal como lo estableció la reforma del 2003 a la Ley 100, que es la que actualmente norma los sistemas pensionales y de salud.

El Artículo 20 de la Ley 100 explica el destino de este 3% en los dos grandes regímenes pensionales que hoy tiene el país:

En el de prima media (RPM), administrado por la estatal Colpensiones y en el que los aportes actuales se usan para pagar las pensiones también actuales, se destina a financiar los gastos de administración del ente público y las pensiones de invalidez y sobrevivientes.

Mientras que en el de ahorro individual con solidaridad (RAIS), donde cada cuenta es personal y el dinero es manejado por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), esa porción se usa para fines similares por esas empresas privadas y para una prima de Fogafín, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, que reasegura los recursos desde el Estado.

En entrevista con W Radio, el vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos, Daniel Wills, también desglosó cómo se utiliza el 16% que hacen los cotizantes: 3% destina a la comisión de administración y a los seguros previsionales; 1,5% se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima; esto suma 4,5%. “Lo que queda, 11,5% va a la cuenta de ahorro individual del afiliado”, explicó.

De ese 3%, el porcentaje destinado exclusivamente a la comisión de administración depende de cada AFP, como se puede ver en el más reciente informe trimestral de rentabilidad de los fondos, publicado en enero de 2024. La porción varía entre el 0,47% de Protección y el 2,05% de Skandia, con 0,62% en promedio.

De acuerdo con Ángela Beltrán, abogada especialista en derecho laboral y seguridad social, estas comisiones de administración se cobran en ambos sistemas pensionales mes a mes, no cuando las personas van a pensionarse.

Beltrán también destaca que la intervención de Petro ignora que los afiliados al régimen de ahorro individual que no alcanzaron a ahorrar lo suficiente para tener una pensión de al menos un salario mínimo, tienen la posibilidad de pedir la devolución de sus ahorros o acogerse a la garantía de pensión mínima. Si el afiliado se decide por la primera opción, la AFP le devuelve todo lo ahorrado y no le sigue administrando este dinero mes a mes, como dijo el presidente.

Por otro lado, no está obligado a eso y, si se acoge a la garantía de pensión mínima, la AFP sí administra su pensión. En este caso, la AFP acude al Fondo de Garantía de Pensión Mínima para “completar” el dinero que a la persona le falta para tener su pensión. Como ya dijimos, este fondo se alimenta con el 1,5% de los aportes a pensión que hacen los afiliados al RAIS.

Aún así, en ninguno de los dos casos ocurre que las AFP devuelvan el dinero “con el descuento de las comisiones que el dueño del fondo privado descuenta”, como aseguró Petro.

Por todo esto, la afirmación de Petro es cuestionable. Pues aunque las AFP sí cobran una comisión del 3% cada mes cotizado, este porcentaje también lo cobra Colpensiones en el régimen público de pensión, por lo que no es algo único de los fondos privados, y tampoco es del todo ganancia para ellos, pues la mayor parte está destinada a cubrir el aseguramiento de los recursos con Fogafín y las pensiones de invalidez o sobrevivientes. Además, la comisión se cobra mensualmente y no cuando la persona pide sus ahorros o se acoge a la garantía de pensión mínima.