“El verano más caliente se está viviendo, de los últimos 120.000 años. La sequía está al sur, la ciudad de Montevideo se quedó sin agua; en China, la temperatura es de 52 grados centígrados, invivible si no hubiera tecnología, y el golfo Pérsico alcanzó a 62 grados centígrados. Y ahora se anuncia no [el fenómeno de] El Niño de siempre, sino El Niño combinado con la temperatura del planeta Tierra más alta de los últimos 100.000 años y, dicen los científicos, afectaría fundamentalmente a La Guajira”.

Nuevamente, en busca de fortalecer su discurso de lucha contra la crisis climática, el presidente Gustavo Petro recopiló una serie de datos sobre las alarmantes temperaturas que se experimentan a mediados de 2023.

Varios de los eventos que el mandatario refiere tuvieron cubrimiento mediático durante los últimos meses, como en el caso de las temperaturas récord en China y el golfo Pérsico, que se vivieron también en territorios no mencionados por él, como Italia y Francia. La sequía y racionamiento de agua en Montevideo, aunque queda en el hemisferio sur y allá es invierno, también es cierta y sostenida desde hace tres años, aunque expertos locales aseguran que, además de asuntos climáticos, hay ineficiencia en la gestión y desperfectos en infraestructura tras la problemática.

La veracidad de estos hechos sustenta la postura de Yesid Carvajal, profesor experto en hidroclimatología de la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Medio Ambiente de la Universidad del Valle, quien nos orientó en esta verificación y nos invitó a no catalogar de alarmistas los datos que evidencian la crisis climática: “Hay un alto riesgo de que lleguemos a un punto en el que no podamos retornar. Incluso ya se está hablando de la posibilidad del colapso de las corrientes marinas. Eso cambiaría el clima completamente”.

La perspectiva de impactos irreversibles provocados por el calentamiento global ya plantea la posibilidad de un océano Ártico sin hielo para 2030 y la necesidad de adecuarse a un “mundo invernadero”. A nivel local, el fenómeno de El Niño efectivamente afecta con mayor intensidad a La Guajira, dado que es la región con menor volumen de lluvias en el país y, según el Ideam, estas se han reducido entre un 40% y un 80% en el departamento durante lo corrido del año. 

Encontramos, entonces, que los eventos climáticos descritos por el presidente Petro tienen sustento en la actualidad. Sin embargo, encontramos también una discusión abierta sobre las afirmaciones que incluyen referencias históricas con datos de 100.000 o 120.000 años.

El verano más cálido

El monitoreo estacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, en inglés) muestra que a principios de 2023 finalizó el fenómeno de La Niña que se sostenía desde mediados de 2020. A partir de entonces, la tendencia enseña un aumento veloz y consistente de la temperatura hasta el período de abril, mayo y junio.

Según el observatorio Copernicus de la Unión Europea, julio de 2023 rompió récords dentro de los datos más antiguos de los que dispone su sistema de Imágenes de Observación de la Tierra, ERA5; esto es, a partir de 1940. Esta lectura histórica sitúa los datos presentes por encima de todas las anteriores mediciones tanto en la temperatura del aire en la superficie, como en la superficie del mar.

Dicho esto, el responsable de la conclusión asegurada por Petro probablemente sea  el profesor de la Universidad de Leipzig Karsten Haustein, quien desde principios del mes de julio advertía que podría tratarse del mes más caluroso de la historia; una historia que comprendería 120.000 años, cuando finalizó el período Eemiano.

Sin embargo, en su texto titulado “Record warm July 2023”, él mismo especifica que, aunque este dato sea muy probable, no es posible asegurarlo categóricamente debido a la inexactitud de los datos que se pueden obtener de los climate proxies, elementos a partir de los que se interpreta el clima del pasado en la paleoclimatología. De hecho, los datos de su análisis comprenden desde 1880 hasta la actualidad, haciendo uso del Análisis de Temperatura Superficial del Instituto Goddard para los Estudios Espaciales, GISTEMP, elaborado por la NASA.

De hecho, el geólogo Darrell Kauffman publicó una crítica a los medios de comunicación que recientemente publicaron titulares inexactos (1, 2, 3) con citas sobre “100.000” o “120.000” años, sin atender rigurosamente a las posibilidades científicas de medición de la temperatura del pasado. Su conclusión, semejante a la alerta de Haustein, es que “si bien esta afirmación puede ser correcta, no hay registros de temperatura detallados que se extiendan a 100.000 años, por lo que no lo sabemos con certeza”.

Así pues, si bien es correcta la alerta del presidente Petro sobre las implicaciones actuales de la crisis climática, no se puede asegurar categóricamente que el “verano” o la “temperatura del planeta Tierra” son los más altos de los últimos 100.000 o 120.000 años, dado que los registros fidedignos con los que se monitorea la temperatura a día de hoy datan de entre 1880 y 1940. Por estas razones, calificamos su intervención como “verdadera pero…”.

“Logramos reducir la deforestación de la siguiente manera: se redujo toda la deforestación en Colombia comparando el año 2022 con el 2021 en 29,1%. Sólo en la Amazonía se redujo en 36,4% y examinamos, para quienes quieran hacer conclusiones políticas, el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado en la selva amazónica: la deforestación disminuyó 76%”.

En “Gobierno Petro exagera en video sobre lo que ha hecho ‘para cambiar el país en menos de un año’”, explicamos que una pieza institucional sobre logros del actual gobierno incluyó una afirmación cuestionable sobre la deforestación, dado que se proponía un período erróneo de seis años desde la última caída del fenómeno. Esto, sin embargo, no desconoció la sensible reducción sobre este flagelo conseguida en los primeros meses de la presidencia de Gustavo Petro.

El informe anual 2022 de monitoreo de la deforestación en Colombia, emitido por el Instituto De Hidrología, Meteorología Y Estudios Ambientales (Ideam), sustenta directa y exactamente las frases del presidente sobre disminución del 29,1% de deforestación en Colombia (pág. 5) y sobre la disminución del 36,4% de deforestación en la Amazonía (pág. 12).

La afirmación del presidente Petro sobre una disminución del 76% en la selva amazónica durante el primer trimestre de 2023 respecto al primer trimestre de 2022 halla sustento a su vez en el Boletín 34 de alertas tempranas alojado en la web del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. El documento explica que, según datos preliminares, se pasó de 50.000 a 12.000 hectáreas deforestadas aproximadamente en el período analizado, lo que representa efectivamente una disminución de 76%: 

“Durante el primer trimestre de 2023 en la región amazónica continuó presentándose una alta deforestación que se estima en alrededor de 12.000 hectáreas. Sin embargo, este valor estimado es menor a lo identificado durante el cuarto trimestre del año 2022 (+/- 13.000 hectáreas) y es mucho menor a lo identificado durante el primer trimestre del año 2022 (+/- 50.000 hectáreas)”.

Así pues, los datos afirmados por el mandatario tienen asidero en las cifras oficiales del Ideam, organismo encargado de monitorear la deforestación en el país.

Ahora bien, sobre la adjudicación del logro, mencionamos en nuestro chequeo sobre el video de Presidencia que el gobierno de Iván Duque impulsó acciones encaminadas a reducir la deforestación que, si bien fueron un punto de partida para el control territorial y el diálogo interinstitucional, resultaron insuficientes. 

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), nos explicó que si bien “los resultados del año 2022 corresponden a dos gobiernos”, sí hay una diferencia notable con el cambio de administración en tanto “los datos de los dos primeros trimestres que corresponden al gobierno anterior no son datos que estén sumando a la reducción de la deforestación. Son datos muy negativos. Muy cercanos, inclusive, a los del 2017, que fue el pico de deforestación”. 

Sin embargo, Botero apunta que tampoco se trata por completo de un resultado de la acción gubernamental sino que “el factor principal está dado por la decisión del Estado Mayor Central (EMC) en las áreas del arco de deforestación, donde ellos, antes inclusive de empezar el gobierno de Petro, ya habían decidido avanzar en ese tema del control de deforestación”.

El arco amazónico, integrado por Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, se mostró en el Informe Anual 2021, como el foco más importante de deforestación del país, pues en la región amazónica se presentó el 64,8% del fenómeno para ese año y dicho corredor fue la zona de mayor afectación.

Como evidencia un mapa publicado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) a finales del mes de abril, las disidencias EMC y la Segunda Marquetalia son quienes regentan la mayor y más amplia presencia armada dentro de esos territorios. Según relata la periodista y politóloga Juanita Vélez, se evidencia una relación directa entre la victoria de Petro en las elecciones presidenciales, su propuesta de paz total y los mecanismos de control de la deforestación aplicados por el EMC.

Para Botero, considerar los factores asociados a la deforestación, como la presencia de estos actores armados, para evaluar el éxito de la política pública de conservación “es absolutamente relevante”. Por esta razón, la acción de control del EMC “también tiene una relación indirecta con una decisión política del gobierno Petro, y es abrir la discusión de la paz total y el escenario de una potencial negociación”. 

Si bien las tensiones propias de la negociación con este grupo armado son un asunto central para el éxito sostenido de la lucha contra la deforestación, cabe anotar que otros aspectos de la acción gubernamental atraviesan los pilares del programa Visión Amazonía, como son la asistencia técnica para la reconversión productiva, el control de la frontera agrícola y la persecución de los llamados ‘grandes determinadores’, entre otros.

Así pues, los datos afirmados por el presidente Petro sobre la reducción de la deforestación en lo corrido de su administración tienen sustento en documentos oficiales, así como hay evidencia de la sensible caída del fenómeno a partir del cambio de Gobierno. Sin embargo, buena parte del logro responde a la acción de los grupos armados en el territorio más que a las medidas institucionales. Por estos motivos, calificamos la intervención como “verdadera pero…”.

“Y por Colombia pasan hoy 250.000 personas, en el peor lugar para la existencia humana: el Tapón del Darién. 40.000 niños y niñas pasando por allí, muriendo. Y nos dice la Fuerza Pública que una proyección nos podría llevar a medio millón este año y que el año entrante podría ser de un millón”.

Sobre la afirmación del mandatario en relación con los migrantes que pasan por Colombia rumbo a la selva del Darién, recientemente el gobierno de Panamá informó que había registrado, hasta julio de este año, 227.000 migrantes que han atravesado por el tapón, una cifra que supera cuatro veces la cantidad de personas que cruzaron ese lugar en el mismo periodo en 2022.

“Llevamos más de una semana que llegan más de mil personas diarias. El año pasado terminamos con 248.000 migrantes que llegaron a Panamá, un récord histórico. Este año ese récord histórico lo vamos a pasar este mes de julio porque ya llevamos unas 230.000 personas”, declaró el ministro de Seguridad del istmo, Juan Manuel Pino, desde la provincia de Darién.

De ese número, se contabilizan 40.000 niños, lo cual coincide con lo que indicó Petro. Entre los menores hay algunos que se pierden o son hallados junto al cadáver de su madre, según cifras y testimonios recabados por las autoridades panameñas.

Según proyecciones del país centroamericano, al finalizar este año habrán cruzado el Darién más de 400.000 personas, una cantidad récord después de que en 2021 los migrantes superaran los 133.000 y en 2022, los 250.000 (1, 2).

Recordemos que el tapón del Darién se ubica en la frontera entre Colombia y Panamá y figura como una ruta para muchos migrantes y refugiados de Suramérica, el Caribe, África y Asia para llegar a Centroamérica y desde allí dirigirse a Estados Unidos. También se caracteriza por ser una de las selvas más peligrosas del mundo por sus difíciles condiciones geográficas y la presencia de grupos ilegales en la zona.

Migración Colombia, en una comunicación de mayo dirigida a la Comisión Segunda de la Cámara de Representante para tratar la “problemática generada por el tránsito de migrantes en el tapón del Darién”, precisa que entre 2021 y 2023 han detectado 448.209 migrantes distribuidos de la siguiente forma:

• 2021: 106.840
• 2022: 203.385
• 2023: 137.984 (con corte al 15 de mayo).

Detección de migrantes rumbo al Darién por parte de Migración Colombia. Fuente: Migración Colombia.

Del total, 74.801 son menores de edad, aunque no especifica cuántos han sido por año para comprobar que coincida con lo que dijo Petro. Sin embargo, en la sección de detenciones, Migración apunta que ha detenido en Turbo y Necoclí, en el departamento de Antioquia, a casi 30.000 menores en tránsito el año pasado y 22.000 hasta mayo de este año.

Fuente: Migración Colombia.

El organismo, en su misiva al Congreso en mayo, prevé que a final de 2023 habrán pasado hacia el tapón del Darién 468.000 migrantes, una cantidad cercana a la de medio millón que aseveró Petro en el Congreso para cierre del año.

En cambio, para el próximo año, Migración espera un escenario de casi 700.000 migrantes rumbo a esa selva en caso de que entren en funcionamiento los Centros Regionales para el Procesamiento de Migrantes (CRPM) anunciados por Estados Unidos en ciudades estratégicas en Colombia o Guatemala. Estas oficinas comenzarían a operar el primer trimestre de 2024. En ellas, los extranjeros validarán si califican para los programas de ingreso regular a Estados Unidos, Canadá y/o España.

Migración recalca que al principio los migrantes tendrán miedo e incertidumbre de presentarse ante las autoridades en estos centros, por lo que habrá escasa asistencia y se mantendrá el mismo comportamiento de tránsito hacia el Darién. Una vez que las personas migrantes conozcan más al respecto, empezarían a hacer uso de los CRPM y podría comenzar a bajar el flujo hacia Panamá.

Muertes en la selva del Darién

Los fallecidos en el tapón del Darién no llegan a miles, como hace parecer el mandatario colombiano, de acuerdo con los datos disponibles. El registro de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) precisa que desde 2014 han muerto o desaparecido 227 migrantes en la selva del Darién y que el mayor número fue el año pasado con 137.

No obstante, la organización aclara que sus datos se basan en informes oficiales y artículos periodísticos, pero “falta información acerca de los incidentes que tienen lugar en el Tapón del Darién”. “Debido a la falta de datos oficiales, la inaccesibilidad del sector, la presencia limitada de actores no gubernamentales, y la falta de atención por parte de los medios periodísticos, la mayor parte de las muertes y desapariciones de migrantes en la zona siguen sin identificación y sin verificación”, explica.

Una discrepancia que encontramos entre las cifras de la OIM y el gobierno de Panamá es que, en junio, las autoridades panameñas recuperaron los restos de 27 migrantes muertos en el Darién, pero el organismo internacional solo reporta 20 muertos o desaparecidos en todo el año. “El año pasado fallecieron creo que más de 80 personas, entonces son números altos de individuos que están exponiendo sus vidas”, dijo la directora del Servicio Nacional de Migración panameño, Samira Gozaine, a CNN. Aseguró, además, que no sabe la cifra exacta de personas que han muerto al cruzar la selva.

Esta situación ha llevado a que representantes de Colombia, Panamá y Estados Unidos se reunieran en reiteradas oportunidades este año para tomar medidas para disminuir el flujo migratorio hacia Norteamérica. En el caso colombiano, el gobierno Petro se comprometió en estos encuentros a crear puestos de control migratorio en Acandí y Capurganá, así como dos puestos de verificación en Unguía y Necoclí, y a reacondicionar los que hay en Turbo, Apartadó y Juradó.

Estados Unidos, por su parte, endureció su política para ingresar de forma regular a su territorio y otorgar asilo, informó sobre la instalación de centros para procesar casos de migrantes en Colombia y amplió su programa de parole humanitario para la entrada de personas provenientes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba a través de un patrocinador en territorio estadounidense (1, 2).

En conclusión, calificamos la afirmación de Petro como verdadera ya que los datos que ofreció se acercan o ajustan a los que se conocen sobre el tránsito de migrantes por la selva del Darién, específicamente de niños, además, es claro que hay subregistro que ni siquiera las mismas autoridades colombianas o panameñas han podido evitar debido a la complejidad del flujo migratorio por esa zona.

“El Ministerio de Minas y Energía asignó 8,3 gigavatios. Colombia tiene una capacidad de aproximadamente 18 gigas de generación eléctrica, 18 es nuestro total. De ellos, tres o cuatro son sucios, es decir, fósiles.

La transición energética para nosotros, en este primer pilar, consiste en reemplazar estos cuatro gigas, que básicamente están en las termoeléctricas -varias de ellas públicas, otras privadas-. Pues, lo que hizo el Ministerio de Minas y Energía hasta el momento es que asignó 8,3 gigas de capacidad instalada en 190 proyectos; el 77% de energía solar, el 15% eólica y el 4% hidráulica. Allí están 134 empresas.

¿Qué significa eso? Que podríamos, con lo ya hecho, si lo hacemos bien de aquí en adelante, garantizar que la matriz energética de Colombia sea limpia 100%, porque a estos 8,3 gigas asignados hay que sumarles los que asignó Duque.

Algunos de cuyos proyectos hoy hemos logrado aprobar ya a través de la ANLA -yo tengo aquí la cifra exacta-, hay aprobados, es decir, en proceso de construcción, 1,3 gigas de lo que aprobó o asignó Duque. Hay otros que están en proceso, con dificultades por las licencias ambientales, por las consultas previas, sobre todo los que se ubican en La Guajira; hemos logrado destrabar algunos y queremos sacarlos todos adelante. Lo cual significa que estos 8,3 que hemos asignado también pueden tener dificultades hacia adelante, sólo es el punto inicial de un proyecto la aprobación de la UPME, le quedan las consultas, le quedan las licencias ambientales, le quedan las dificultades propias de la economía. Ojalá pudieran convertirse en una realidad y de ahí depende la administración”.

El fragmento del discurso dedicado a la transición energética, una de las banderas de Petro incluso desde su fallida aspiración presidencial de 2018, incluyó múltiples datos que la sustentan como un avance de su administración construido sobre los logros de su antecesor en esa materia: habló de sumar la capacidad de generación de los proyectos asignados en su primer año a los que ya habían surtido esa etapa bajo el mandato de Iván Duque, así como de haber aprobado la construcción e incluso destrabado varios de estos.

Aunque las cifras le dan parcialmente la razón (al menos las que se pueden contrastar con información pública), su gestión en esta materia ha sido criticada por la persistencia de problemas que han llevado incluso a la suspensión de un proyecto en La Guajira. Esto hace que el citado balance que hizo ante el Congreso sea cuestionable.

De acuerdo con los datos de XM, la filial de la electrificadora ISA que se encarga de la administración del mercado mayorista de energía en Colombia y la operación del Sistema Interconectado Nacional, la capacidad instalada de generación eléctrica del país está en 19 gigavatios y, de estos, 5,8 GW corresponden a plantas térmicas, que usan gas y carbón como combustibles. Casi todo lo demás es de fuentes consideradas “limpias” por sus bajas emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con las fósiles: 12,6 GW hidráulicos y 0,4 GW entre solares y eólicos.

En principio, este panorama es similar al planteado por el presidente sobre el total de gigas y la participación de energías “sucias” en él. No obstante, el consultor especializado en el mercado energético Alejandro Lucio Chaustre señala que “en Colombia tenemos una matriz limpia” porque la mayoría de las termoeléctricas es a gas, no de carbón, por lo que contamina menos que las de otros países, y no produce energía de manera permanente, de modo que sus emisiones tampoco son constantes, a diferencia de otras partes del mundo.

“Mientras haya agua, generamos con hídricas porque es más barato. Las térmicas son un respaldo, son las plantas de emergencia”, detalla el ingeniero industrial y expresidente de la Asociación de Energías Renovables SER Colombia. Por ejemplo, en 2016, las termos fueron el soporte del sistema durante las sequías extremas generadas por el fenómeno de El Niño y ya se ha puesto sobre la mesa su apoyo en 2023 por la misma razón.

Frente a las cifras de nuevos proyectos y avances en los heredados del gobierno anterior, Colombiacheck le pidió la información detallada a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), que hasta la publicación de este chequeo no ha respondido. Sin embargo, la entidad sí divulgó un comunicado el 6 de marzo en el que informó sobre la asignación de 7,5 GW por solicitudes de conexión.

Esta cifra es inferior por 0,8 GW a la que dio Petro en su discurso cuatro meses y medio después, en los que no ha habido otros anuncios similares. En ese momento eran también 164 proyectos, 26 menos de los mencionados por el mandatario ante el Congreso.

Sobre los porcentajes de participación por tipos de fuente en los gigas totales, por otro lado, el comunicado de la UPME mencionado antes coincide con lo que dijo el jefe de Estado en cuanto al 77% por energía solar. Al mismo tiempo, el 16,5% que calcula por eólica está 1,5 puntos porcentuales arriba del balance que dio el mandatario y el 2,26% por hidráulica, casi dos puntos por debajo. En ambos casos, hay un faltante de 4% sin datos al respecto.

Para el ingeniero Lucio, este avance es “una cosa que se sabía que iba a pasar en su gobierno y va a seguir pasando porque este es un proceso de asignación de capacidad que se hace una vez al año”. Además, pone sobre la mesa que hay otras condiciones que han favorecido la transición; unas de mercado mundial, como el abaratamiento de los costos de producción solar, y otras de política pública nacional, en particular los incentivos de la Ley 1715 de 2014 sobre energías renovables no convencionales.

De hecho, una de las críticas que el gobierno Petro ha recibido por ponerle supuestas “trabas” a este sector es que su reforma tributaria golpeó los beneficios que se le habían otorgado en el pasado en términos de impuestos. Esto habría afectado la rentabilidad de las iniciativas que se habían presupuestado en las condiciones anteriores.

A la vez, el presidente tiene razón en que las asignaciones son apenas el primer paso de un proceso con varias etapas. “Para usted saber si puede desarrollar un proyecto de generación en alguna parte de Colombia, lo primero que tiene que tener es una asignación de una capacidad de conexión, que significa que usted tiene dónde entregar la energía”, explica Lucio.

Los detalles de este procedimiento, recuerda el consultor, fueron establecidos por la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) en su resolución 75 de 2021, aún bajo el mandato de Duque. Esta norma, según él, buscaba “ordenar un poquito ese proceso porque estaba muy desordenado”.

Aún así, una vez superada esa parte, completar el resto de fases hasta la construcción y puesta en operación puede tomar al menos tres o cuatro años “si todo sale bien”, según explica el ingeniero mecatrónico Leonardo Rodríguez Urrego, investigador postdoctoral sobre energías limpias en la Universidad de La Laguna, España. También señala que, en la práctica, varias iniciativas de generación renovable en el país están tardando más.

“El único adelanto del gobierno actual ha sido que ha intentado hablar con las poblaciones, intentando desatascar todo el tema social, que es uno de los más complejos que tienen ahorita los proyectos de La Guajira”, indica el académico. Un estudio publicado en 2019, del que él es coautor, concluyó que el potencial de este departamento, tanto por vientos como por radiación solar, es particularmente prometedor para las necesidades energéticas del país e incluso para la exportación.

No obstante, el artículo científico también advertía sobre la conflictividad social en la región, debido a que el aprovechamiento se ha planteado para suplir la demanda del resto del país mientras gran parte de la población guajira no tiene acceso a electricidad. Cabe recordar que, justamente allí, la construcción del parque eólico Windpeshi de la compañía Enel fue suspendida de forma indefinida desde mayo y una de las razones que esgrimió la empresa fueron los retrasos por las protestas de indígenas wayúu que habitan cerca, quienes reclaman compensaciones por los efectos de la obra en sus territorios y alegan que las consultas previas no incluyeron a toda la población interesada.

Este es el ejemplo más notable de un problema más grande. En la misma línea que Rodríguez, Lucio pone de presente que “los proyectos que se adjudicaron en la subasta de 2019, que se supone deberían haber entrado en operación en 2022 y no lo han hecho, se están demorando cinco o seis años porque todo este tema asociado a la ‘permisología’, las licencias ambientales, la consulta previa, ha tomado mucho más tiempo del que se había previsto”. El propio Petro hizo alusión a esto, con énfasis en La Guajira, en su discurso.

SER Colombia también ha sido crítica de ese estancamiento. Un informe publicado por el gremio en marzo advertía que cinco proyectos que representan más de un tercio (35%) de la nueva capacidad prevista para 2023 y 2024 en fuentes no convencionales de energía renovable aún tenían trámites pendientes ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). A estos se les suman decenas de otros más pequeños, que deben obtener estos permisos ante las corporaciones autónomas regionales en condiciones similares de lentitud.

La actual presidenta de la asociación, Alexandra Hernández, en entrevista con Blu Radio el 26 de junio, señaló que estas dificultades ya existían antes de la actual presidencia. A pesar de esto, también reclamó que bajo esta administración se habían archivado licencias ambientales para algunos de estos proyectos y se habían mantenido más o menos los mismos inconvenientes del pasado a pesar del discurso favorable hacia el cambio de tecnologías:

“Con relación a este gobierno, ha habido una continuidad en el mensaje sobre la importancia que tiene para el país, para los diferentes gobiernos, tener una matriz energética donde las energías renovables, energías más limpias y competitivas, puedan entrar; ahí no ha habido cambio. Tampoco en el sentido de que se han podido desarrollar los proyectos porque, a la hora de la verdad, seguimos con las operaciones retrasadas”.

La ANLA publicó la cifra de 34 aprobaciones entre 44 solicitudes en estudio para proyectos de generación eólica y solar o líneas de transmisión para conectarlos al sistema nacional, por un total de 4,5 GW desde 2018 hasta junio de 2023. No dio el dato discriminado entre lo que corresponde a Duque y lo que es del primer año de Petro, por lo que no es posible contrastar el número de 1,3 gigas citado por el actual mandatario en el Capitolio.

Así, Petro acierta o se aproxima en algunas cifras a la información que se ha hecho pública sobre la transición energética de su gobierno, pero las mezcla con otros datos que no hay cómo contrastar y, a la vez que le reconoce avances a la administración anterior, muestra su gobierno como el que destrabó varios procesos que, en realidad, han seguido con problemas y retrasos (que reconoce parcialmente) o se han visto afectado por decisiones bajo su mandato. Por tanto, el balance energético en su discurso es cuestionable.

“Al Congreso le digo: la demanda del petróleo y del carbón va a caer permanentemente en los próximos años y ya cayó este año.

Y no es por capricho de Petro, como en algunos medios de comunicación opositores se señala, es por la realidad del mundo. No es Petro, es el mundo. Si ustedes comparan el cuadro de 2013 de inversiones petroleras en el mundo e inversiones en energías limpias, encontrarán que las energías limpias eran un margen del total de inversiones petroleras, año 2013.

Diez años después, el año pasado, esa misma medición por la Organización Internacional Energética, determinó que por primera vez la inversión en energías limpias es superior a las energías fósiles y que la inversión en el petróleo cayó a la mitad de lo que fue en 2013 en todo el mundo”.

Uno de los argumentos a los que acudió Petro para sustentar su apuesta por una transición energética acelerada fue el panorama mundial en la demanda de energías y las inversiones en el sector, en las que comparó el estado y la evolución de las fuentes fósiles frente a las consideradas “limpias” por su menor emisión de gases de efecto invernadero. Entre los datos que usó hubo unos acertados y otros no, por lo que su intervención en este punto es cuestionable.

Su afirmación inicial, de hecho, contradice lo que él mismo dijo ante la 27a Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) en noviembre de 2022: “Cada vez más, consumimos petróleo, carbón y gas”. Esta resultó verdadera cuando Colombiacheck verificó tres frases de esa intervención, porque “estadísticas de diferentes fuentes confirman que el consumo mundial de los tres productos mencionados se ha mantenido al alza por décadas hasta el momento”.

Desde entonces, el Energy Institute, una asociación profesional de ingenieros del sector a nivel mundial, ya publicó una actualización de la Revisión Estadística de Energía Mundial con corte a 2022. El informe dice que la demanda de crudo y sus derivados para la generación de energía es menor a los niveles previos a la pandemia de COVID-19, pero está en aumento.

El documento muestra una desaceleración en el uso energético tanto del petróleo como del carbón frente al rápido rebote que tuvieron en 2021, tras las grandes cuarentenas por la crisis sanitaria. Sin embargo, las únicas fuentes que realmente tuvieron una caída en el último año fueron el gas y la nuclear.

Por otro lado, los datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés) aún no incluyen la información de 2022 y siguen registrando lo mismo que en el momento en el que los consultamos para el chequeo de la COP27. Tras la caída en la demanda mundial por la crisis de 2020, se retomó la curva ascendente en 2021.

Incluso la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) prevé que el aumento seguirá al menos hasta 2040, aunque cada vez con menos impulso. Esto es directamente opuesto a la predicción de caída permanente “en los próximos años” que hizo Petro.

El carbón, por su parte, alcanzó un pico de 182,9 exajulios en 2013 que no ha vuelto a tocar, según las cifras de la EIA. Sin embargo, con 2021 como el último año disponible, su consumo también está otra vez al alza y muy cerca de ese techo, con 177 EJ.

De hecho, al mirar las cifras por peso, el consumo mundial de carbón ya alcanzó una nueva marca histórica de 8.300 millones de toneladas en 2022 y este año podría ser incluso más alto. Así lo advirtió la misma entidad estadounidense en un comunicado del 27 de julio y le atribuyó la causa a un fuerte crecimiento en Asia, tanto en la generación energética como en las aplicaciones industriales del mineral.

En lo que sí tiene razón Petro es en que la inversión en energías limpias pasó en los últimos años de estar detrás a superar a los recursos destinados a los combustibles fósiles. La Agencia Internacional de Energía (IEA, en inglés) es la organización que lleva esta medición, con datos desde 2015. Así, el mandatario se equivocó en el nombre de la entidad y en el año de comparación, pero también exageró la variación.

El informe ‘World Energy Investments 2023’ señala que el cambio en las prioridades se dio a partir de 2016. Desde entonces, la diferencia a favor de las tecnologías menos contaminantes se ha ido ampliando. El estimado para este año es que estas recibirán cerca de 1,7 billones de dólares, frente a 1 billón de los hidrocarburos y el carbón.

Sin embargo, como se puede ver en la misma gráfica de la IEA, si bien es cierto que los fósiles recibían más dinero cuando se hizo el primer cálculo, cerca de 1,3 billones, las limpias ya registraban alrededor de 1 billón en inversiones. Esta cifra, por tanto, no era “marginal” al lado de la otra. Incluso la diferencia entre las dos era menor a la que hoy existe en sentido contrario.

Por otro lado, el diagrama muestra una reducción en los recursos para fósiles en general, no solo para petróleo y no marca una caída a la mitad. La descripción que dio el presidente se parece más a otra gráfica de barras en el mismo informe: la que compara lo destinado a la producción de crudo frente a la energía solar, ahí sí en 2013 y 2023.

Los recursos para el petróleo pasaron de 636.000 a 371.000 millones de dólares, una reducción de 42% que Petro presenta como “la mitad”, lo que es exagerado. Mientras tanto, los destinados al aprovechamiento de la radiación solar aumentaron de 127.000 a 382.000 millones y, en consecuencia, dejaron de ser equivalentes a una quinta parte de la inversión petrolera a superarla, pero el mandatario lo mencionó como si hubiera sido la “primera vez” que la suma de las energías limpias había superado a los fósiles, lo que el primer diagrama muestra desde hace siete años, como ya se explicó.

Las imprecisiones en la manera de presentar estos datos, sumadas a la contradicción con respecto a la demanda mundial de petróleo y carbón, que en realidad está en aumento, hacen que el escenario global presentado por Petro al respecto del cambio de fósiles por energías renovables sea cuestionable.

“Este gobierno ha titulado un millón de hectáreas. 756.000 hectáreas han sido para indígenas y 175.000 hectáreas para campesinos. El volumen de las hectáreas indígenas, para aquellas personas que decían que los indígenas entonces son terratenientes, es que es selva. No es para producir, es para cuidar la selva amazónica. Se han entregado 7.945 hectáreas para comunidades negras. Lo que podríamos decir que ayuda a la producción agraria es la entrega fundamentalmente de las 175.000 hectáreas”.

En “Gobierno Petro exagera en video sobre lo que ha hecho ‘para cambiar el país en menos de un año’”, explicamos que un video publicado por la Presidencia de la República aseguraba el cumplimiento del siguiente logro: “Desde el 7 de agosto de 2022, hemos formalizado más de 1 millón de hectáreas para comunidades étnicas y campesinas”. En el artículo explicamos que se trata de una afirmación inchequeable.

La intervención del presidente Petro retoma el sentido de la frase que verificamos anteriormente, pero realiza un cambio sustancial: en lugar de asegurar que el Gobierno ha “formalizado” hectáreas, el mandatario afirma que se han “titulado”. Una diferencia sensible frente al mandato del Acuerdo de Final de Paz entre el Estado y las FARC, que tiene disposiciones en este sentido.

El primer punto de lo pactado, donde se estipula la Reforma Rural Integral, ordena como uno de sus objetivos la formalización de 7 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras, administrado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Sin embargo, entes de control como la Contraloría General de la República (CGR) y organismos independientes como el Observatorio de Tierras señalaron irregularidades en el conteo de las hectáreas, a partir del concepto de “formalización” que se usó durante el gobierno de Iván Duque.

Con la llegada de la actual administración, se realizaron correcciones en los cálculos y se estableció un nuevo parámetro para considerar si un predio se encuentra formalizado. Así nos lo explicó la ANT: “La entidad considera que un predio está formalizado cuando hay un título de propiedad registrado a nombre de la persona que hizo la solicitud de formalización. Dicho título se entrega cuando el predio fue debidamente saneado”.

Este criterio acoge un principio también expresado por la CGR, el Observatorio de Tierras y la misma ANT: la titulación, que se resume a la emisión y entrega de un acto administrativo, es sólo uno de los pasos de la formalización, que también incluye el saneamiento del predio y su registro en la oficina de registros públicos, entre otros.

Por esta razón, como explicamos en el anterior chequeo, para verificar si el Gobierno formalizó un millón de hectáreas, las cifras deberían revelar cuántos predios se encontraban previamente saneados y fueron titulados por la actual administración; o, en el mismo sentido, cuántos títulos se encontraban emitidos y fueron registrados durante estos meses. 

En cambio, con la declaración del presidente Petro, el análisis estaría dirigido a si en realidad se tituló un millón de hectáreas y si, en consecuencia, se cumplieron los demás parámetros para que los beneficiarios accedieran al goce efectivo de los predios.

Para ambos casos, no existen aún informes de organismos independientes o entes de control que ofrezcan perspectivas distintas a la de los datos oficiales, que aún podrían incluir irregularidades como las evidenciadas en el gobierno anterior. La senadora de oposición Paloma Valencia, por ejemplo, denunció el pasado 27 de julio que la mayor parte de las cifras presentadas por el director de la ANT, Gerardo Vega, así como las aseguradas por el presidente Petro, corresponden a títulos expedidos en gobiernos anteriores.

#DENUNCIA | Advertimos que había irregularidades en las cifras que presentó el gobierno sobre adjudicación de tierras.

Nuevas titulaciones corresponden a títulos registrados y entregados en anteriores gobiernos.

Abro hilo 🧵 pic.twitter.com/t2smCQaycS

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) July 27, 2023

Frente a esta posibilidad, María Mónica Parada Hernández, investigadora del Observatorio de Tierras, nos dijo que “eso no es que esté mal. Sí creo que la transparencia parte de que ellos reconozcan, o que más bien digan, cuánto fue el rezago de esos títulos que estaban engavetados”.

La cifra actualizada

El pasado 6 de julio, la ANT nos remitió una tabla que especificaba la ubicación de 998.049 hectáreas formalizadas; una cifra que se puede redondear al millón que dijo Petro, aunque la desagregación que hizo después solo suma 938.945 (756.000 para indígenas + 175.000 para campesinos + 7.945 para comunidades negras). También la distribución en la tabla es distinta, pues allí se cuentan 854.321 hectáreas para resguardos indígenas, 106.353 para campesinos y 37.136 para comunidades negras.

Solicitamos a la ANT aclarar el origen de los datos afirmados por el presidente Petro y el motivo de las diferencias y nos respondieron con este enlace y el mensaje “Esta es la cifra actualizada”. En la página a la que redirige el vínculo se puede ver la siguiente información:

Los botones de abajo redirigen a documentos con la información disgregada de los actos administrativos expedidos, los títulos registrados ante oficinas de instrumentos públicos y los entregados. 

Tras revisar estos datos, que responden algunas de las preguntas de nuestro anterior chequeo, saltan varias lecturas:

• La denominación general de los datos es “Titulación rural entregada”, no “hectáreas tituladas” como afirmó el presidente Petro, ni “hectáreas formalizadas” como se aseguraba en el video de Presidencia publicado en mayo.
• Esa denominación resulta coherente, en tanto la titulación propiamente realizada en los meses del actual gobierno corresponde a los datos alojados en “Actos Administrativos Expedidos”, donde se cuentan 225.729 hectáreas, no “un millón”. 
• La casilla “Fecha Acto Administrativo” en el documento de “Títulos Registrados ante ORIP” deja ver que la mayor parte se emitió durante el gobierno de Iván Duque, e incluso se registraron títulos generados antes del Acuerdo de Paz, desde 2009.
• En el mismo sentido, la casilla “Fecha Acto Administrativo” en el documento de “Títulos de propiedad entregados”, evidencia que la mayor parte (641.727 Ha) del millón que se adjudica el Gobierno Nacional desde hace meses corresponde a títulos expedidos hace muchos años. Se pueden encontrar datos hasta de 1996.

A partir de estas lecturas, no podría sustentarse con los datos de la ANT que “este Gobierno ha titulado un millón de hectáreas”, pues si bien podría concluirse que ha contribuido de distintas maneras al proceso de formalización de una cantidad cercana, la mayor parte del logro corresponde a rezagos de anteriores administraciones. El número de títulos emitidos durante la gestión del Gobierno Petro, según estos datos, sería menos de la cuarta parte de lo que asegura el mandatario.

Finalmente, insistimos en que estas cifras requieren la revisión de entes de control y organismos independientes para confirmar si realmente se trata de cerca de un millón de hectáreas. La Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, por ejemplo, cuestionó en 2021 que se incluyeran en las cifras de formalización procesos iniciados antes del Acuerdo de Paz, dado que estos datos “no pueden ser contabilizados como gestión de implementación del acuerdo”.

Así pues, a falta de evaluaciones de entes encargados, calificamos la intervención del presidente Petro como cuestionable, en tanto los datos publicados por la ANT no demuestran que se “ha titulado un millón de hectáreas”, sino que se han adelantado distintos pasos de la formalización que podrían sumar ese total, con un aporte de titulación en el nuevo Gobierno de 225.729 hectáreas.

“En todo el gobierno anterior se transfirieron 13.000 hectáreas durante los cuatro años, Santos pues ni alcanzó. O sea, que de tres millones van 13.000 hasta que llegamos al gobierno, y en nuestro gobierno, en el primer año van 30.000 hectáreas, en un año”.

El pasado 12 de julio, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, aseguró en entrevista con el diario La República: “hemos comprado 25.000 hectáreas”. El 20 de julio, el presidente mencionó “30.000”, cifra cercana a la que la ANT comunicó a Revista Cambio (29.027) con corte al 21 de julio para el artículo “La incongruencia alrededor de las cifras de la reforma agraria”. Y el 31 de julio, durante la rendición de cuentas de la ANT, Vega aseguró “el reto es comprar la tierra para entregársela a las familias que no tienen. Vamos en 34.000”.

Este dato, que evolucionó dentro del discurso oficial durante el mes de julio, corresponde a uno de los objetivos de la Reforma Rural Integral pactada en el primer punto del Acuerdo de Paz: entregar 3 millones de hectáreas a quienes no poseen tierras. 

Como explicamos en “Gobierno Petro exagera en video sobre lo que ha hecho “para cambiar el país en menos de un año””, el informe del Instituto Kroc, encargado oficial de monitorear el cumplimiento del Acuerdo, sobre los seis años de la firma dio cuenta de cómo se ajustaron los datos de este indicador, tras corregir un doble reporte generado durante el gobierno de Iván Duque entre los logros de formalizar 7 millones de hectáreas y entregar 3 millones de hectáreas a quienes no poseen tierras.

El resultado del ajuste, según la publicación, fue pasar de 722.280 hectáreas reportadas por el anterior Gobierno a apenas “17.506,04 hectáreas adjudicadas con corte a octubre de 2022”. Esta cifra hizo parte de alocuciones del presidente Petro en abril y mayo, mientras que el senador del Pacto Histórico Wilson Arias afirmó en un trino: “¿Saben cuántas tierras compró el Gobierno de @IvanDuque para llevar al Fondo de Tierras y entregar al pueblo campesino, afro e indígena sin tierras? En 4 años compró 13.706 hectáreas [...]”.

En su momento, cuando abordamos el trino de Arias en “¿Cuál es el enredo con las cifras de las tierras para la reforma rural integral?”, no encontramos asidero para esa cifra. Tras el dato corregido de 17.000 hectáreas al que alude el Instituto Kroc, y repetido en público por el presidente Petro, tampoco tenemos pistas de por qué se refiere ahora a “13.000 hectáreas”.

Consultamos a la ANT por el origen de las cifras que usó el mandatario durante esta intervención del 20 de julio, pero no obtuvimos respuesta.

Los datos de tierras compradas no son públicos, ni se encuentran en los informes de rendición de cuentas de la Agencia. En el mejor de los casos, los datos se encuentran desactualizados, como el informe de la dirección de Acceso de Tierras que fija el corte al 31 de mayo y asegura que “en el gobierno actual, se han comprado 64 predios, que equivalen a 6.230 hectáreas”. Así mismo, consigna un recuento de los predios ofertados y afirma que “estaban en proceso de avalúo y levantamientos 291 predios, que equivalen a 32.404 hectáreas”.

Los datos del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (Siipo), por otra parte, aún no reflejan ni siquiera el ajuste que se realizó al indicador. Consultada el 1 de agosto, la plataforma continúa el registro del Gobierno anterior que suma más de 700.000 hectáreas supuestamente entregadas a través del Fondo de Tierras durante el gobierno de Iván Duque. Según el informe del Instituto Kroc (pág. 88), la ANT aseguró a principios de este año que “los reportes estarán suspendidos hasta que se realice la actualización de datos debido a la revisión de fuentes antes mencionadas”.

Sobre este indicador, sin embargo, la investigadora del Observatorio de Tierras María Mónica Parada Hernández nos alertó: “Este gobierno está planteando una estrategia que requiere de alguna forma ponerle pausa a eso, porque lo que están haciendo es primero hacer toda la compra de tierras; por eso es que están ofertando, están haciendo negocios con los ganaderos. Están tratando de llenar ese Fondo de Tierras para después entregarlas”.

En ese sentido, la información aparentemente más completa y reciente sobre las compras de tierras fue la entregada por la ANT a la Revista Cambio, donde se detalla que de las 29.027 hectáreas adquiridas, 18.120 provienen de poseedores privados y las restantes de entidades públicas como la Sociedad de Activos Especiales. Del total, 12.375 hectáreas estarían ya en poder de beneficiarios.

Fuente: Agencia Nacional de Tierras. Vía Revista Cambio

Sin embargo, incluso estas cifras se encuentran en tela de juicio, pues entrevistada por Cambio, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, a cuya cartera pertenece la ANT, aseguró que su equipo verificó los datos entregados por Vega y, en conclusión, “encontramos serias inconsistencias. Realmente las cifras no son congruentes con lo que se reporta. Más que publicidad, tenemos que dar resultados”.

Estos motivos llevan a concluir que no hay a día de hoy un informe confiable, o bien una plataforma pública en la que se puedan consultar las cifras reales alcanzadas por este y otros gobiernos. El Siipo se encuentra desactualizado al igual que los informes de rendición de cuentas de la ANT. Además, con los señalamientos realizados desde el propio Ministerio al manejo de datos que se realiza en la Agencia, se hace aún más necesario el análisis de los mismos por parte de entes de control y organismos independientes. Por estas razones calificamos la intervención del presidente Petro como cuestionable.

“Son pequeños triunfos, pero en realidad aún no existe una política generalizada de industrialización en Colombia. Y este es un tema de la Justicia Social, porque la prosperidad depende del trabajo. Si un país produce más, es más rico. No es si un país trabaja más, y permítame adelantarme en una discusión: el trabajador colombiano, en promedio, trabaja más que cualquier trabajador o trabajadora de la OCDE, a excepción de Turquía. 

Sus jornadas de trabajo son las más extendidas: 60 horas a la semana. Es un trabajador sobreexplotado y sobreexplotada, pero bajo la vieja usanza del Capitalismo en el Siglo XIX, el de Charles Dickens, el que no existe ya: ‘extender la jornada de trabajo para ganar más’. Ese es un Capitalismo viejo, tardío y premoderno. Así no se hace el Capitalismo, así se lleva a los trabajadores hacia una nueva esclavitud. 

El Capitalismo de hoy implica lograr más producción por hora trabajada, diez veces más que en Colombia. Somos el último país en productividad de la OCDE, donde mientras el trabajador, es el que más trabaja por horas, es el país menos productivo de toda la comunidad de la OCDE. Paradoja ¿no? Viejo Capitalismo sobre-explotador. El Capitalismo de hoy disminuye las jornadas de trabajo. En Europa van para 35 horas laboradas a la semana, nosotros tenemos 60, en la realidad, no en la ley. 

¿Y cómo hace, entonces, el empresario para ganar? ¿y cómo la sociedad puede volverse más próspera, pues por vía productividad trabaja por hora y produce más en una hora un trabajador de Corea o de Japón o de Alemania que un trabajador de Colombia?  Al trabajador de Colombia lo llevan a 60 horas a la semana, al trabajador de Alemania a 35 horas a la semana. Y entonces ¿qué camino escoge Colombia?”.

No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro habla sobre la relación entre las horas que labora un trabajador colombiano con la productividad en el país. Esta referencia ha sido ‘un caballito de batalla’ para defender su reforma laboral ante gremios y el Congreso. En Twitter ha publicado al menos tres veces sobre este tema y volvió a ponerlo sobre el debate público el pasado 20 de julio.

El pasado 25 de febrero, con una gráfica de la mentada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), escribió algo parecido: “Estas son las horas que se trabajan al año por trabajador para los países de la OCDE. En Colombia hay sobrexplotación. Se extiende la jornada pero con bajísima productividad. Es lo contrario de lo que hace el capitalismo moderno. Por eso la reforma laboral que proponemos”. Allí citó un trino de la cuenta Informal Economy (@EconomyInformal) sobre horas trabajadas con esta imagen:

Luego el 5 de marzo, usó otro diagrama de la misma entidad al tuitear la misma idea: “La jornada de trabajo más larga entre los países de la OCDE, después de la turca es la colombiana. ¿A esto lo llaman desarrollo? Es simple sobrexplotación. La jornada larga da ganancias cortas porque mata la productividad. Por eso proponemos recortar la jornada laboral”. 

En abril insistió con este segundo gráfico, que el organismo internacional había publicado en mayo de 2022, aunque cambió la descripción, con el mensaje: “Este es el porcentaje de trabajadores que trabaja más de 60 horas a la semana para todos los países de la OCDE. Colombia en el segundo lugar en sobreexplotación del trabajo humano”.

Sin embargo, no es lo mismo que un alto porcentaje de la población tenga una jornada laboral tan extensa a decir, como lo hizo Petro en su discurso, que esa es una situación generalizada para toda la clase trabajadora del país. Los datos al respecto son muy inferiores, aunque Colombia sigue estando en los puestos más altos del escalafón del citado organismo internacional, al tiempo que destaca su baja productividad; una mezcla de datos e imprecisiones que hace cuestionable la disertación presidencial al respecto.

La OCDE, entre las variables que estudia, tiene la de horas trabajadas para sus países miembros. Y la define como el número total de horas efectivamente trabajadas por año dividido por el promedio de personas empleadas por año:

“Las horas reales trabajadas incluyen las horas normales de trabajo de los trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial y a tiempo parcial, las horas extraordinarias remuneradas y no remuneradas, las horas trabajadas en trabajos adicionales y excluyen el tiempo no trabajado debido a días festivos, vacaciones anuales pagadas, enfermedad propia, lesiones e incapacidad temporal, licencia de maternidad, licencia parental, escolarización o formación, trabajo inactivo por razones técnicas o económicas, huelga o conflicto laboral, mal tiempo, licencia compensatoria y otras razones. Los datos abarcan a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Este indicador se mide en términos de horas por trabajador por año”.

Efectivamente, Colombia es el país con mayor número de horas trabajadas al año entre los países del ente multilateral, con un total de 2.405 para 2021. Como lo muestra la siguiente gráfica, Turquía, de hecho, se ubica mucho más abajo, en la posición 12 con 1.732 horas trabajadas al año.

Asimismo, en cuanto al dato semanal, Colombia también es el país que está a la cabeza con 45 horas, por encima de México (43,4) y Costa Rica (43). Estas cifras corresponden a 2022. Los últimos datos disponibles de Turquía son de 2020, que ese año ocupó el segundo lugar con 44,6 horas, apenas detrás de Colombia por una décima.

A pesar de esto, al ver el porcentaje de población que trabaja más de 40 horas a la semana con el dato más reciente, el de 2022, la OCDE registró que Hungría es el país con mayor proporción de personas en esa condición, 93,4%. Colombia se ubica en la décima posición con 79,5% y más arriba está Turquía con 81,6%.

Esto demuestra, de nuevo, que una cosa es la incidencia de jornadas largas, como en esta variable o la usada por Petro, y otra muy distinta, el promedio trabajado por la población empleada en general, que fue para lo que él utilizó erróneamente el dato. Lo que sí es correcto es que Colombia tiende a ocupar posiciones altas en ambos casos al compararse con los demás miembros de la OCDE.

Sobre esta realidad, el Observatorio Laboral de la Javeriana comenta que hay dos situaciones: una es lo que se trabaja al día, a la semana o al mes, y otra es la jornada laboral legal que establece el Código Sustantivo del Trabajo (que hoy es de máximo 47 horas semanales ordinarias, pero está en proceso de reducción paulatina hasta llegar a 42 en 2025) y que se estipula en un contrato de trabajo en el país.

Según los cálculos de esta instancia académica, en Colombia sí se ha visto un alza en el promedio de las horas trabajadas. “Eso se explica o se relaciona por dos indicadores porque en el país la gente le está dedicando más tiempo al trabajo, independientemente de su relación laboral con una empresa. Y segundo, está creciendo la población independiente o que trabaja por cuenta propia, para estos últimos no aplica ninguna jornada laboral”.

Sobre la comparación que hace Petro con Europa, es cierto que la Unión Europea (UE) solo llega a 1.571 horas trabajadas al año, 834 menos que Colombia. A la semana, la tendencia se mantiene: los trabajadores europeos, al menos en la UE, únicamente llegan a 37 horas semanales promedio, para una diferencia de 8 horas a su favor, pero muy inferior a la señalada por el presidente, que sería de 25 (60 supuestamente en Colombia - 35 supuestamente en Europa).

Específicamente Alemania es el país de la OCDE que menos horas trabaja al año, con un total de 1.341. Por debajo del promedio, que se ubica en 1.752 y mucho más abajo de Colombia. Entre estos dos países hay una brecha de 1.064 horas laboradas al año por trabajador.

En cuanto al indicador semanal para el 2022, Alemania registró un promedio de 34,9 horas laboradas por persona, el segundo tiempo más bajo de la organización, solo por encima de Noruega con 33,8 horas a la semana. En comparación con Colombia, Alemania saca una diferencia de 10,1 horas menos laboradas semanales.

El país germánico sí registró 35 horas promedio a la semana, pero en 2020 y 2021. No es una medida general hacia la que esté encaminado todo ese continente, como lo dijo Petro en su discurso.

En todo caso, según Andrés Giraldo, director del Departamento de Economía de la Javeriana, la brecha se debe a que en Colombia, por más que un empleado trabaje, no se produce más que en otros países donde sus trabajadores laboran menos horas. “En países productivos, prima la tecnología y el capital para producir. Además, hay mayor entrenamiento para el trabajo frente a las economías emergentes”.

El Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado también precisa que en los países menos desarrollados, como Colombia, se trabaja más horas a la semana, y eso no depende de lo que determina la normativa laboral, porque hay más trabajadores independientes, es decir, aquellos que trabajan por cuenta propia o tienen su propio negocio. 

“En la medida que un país es más productivo, los salarios son más altos y es posible permitirse trabajar menos horas y producir lo mismo. Por ejemplo, alguien que trabaje en un puesto ambulante debe dedicar una gran cantidad de horas al día para conseguir un ingreso”, explica este observatorio.

La relación con la productividad

En una nota del Departamento Económico y de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE, titulada ‘El futuro de la productividad’, se precisa que la productividad consiste en “trabajar de forma más inteligente”, no en “trabajar más intensamente”: refleja la capacidad de producir más, mejorando la organización de los factores de producción gracias a nuevas ideas, innovaciones tecnológicas y nuevos modelos de negocio.

Para entregar resultados, esta organización mide el producto interno bruto (PIB) por hora trabajada. “Mide qué tan eficientemente se combina el trabajo aportado con otros factores de producción y se utiliza en el proceso de producción. El trabajo aportado se define como el total de horas trabajadas de todas las personas que participan en la producción”, explica.

En los resultados de nivel de productividad con base en el nivel de PIB per cápita y productividad a precios constantes en dólares, Colombia ocupa el último lugar con 14,3 dólares aportados a la economía por cada hora trabajada por persona en 2022. El promedio de la OCDE se ubicó en 53 dólares y Alemania, mencionada en la comparación de Petro, fue décima con 68,6 dólares.

Sebastián Trujillo, analista de indicadores globales de la OCDE, le dijo al diario económico Portafolio en marzo que estos datos demuestran tres cosas: que Colombia es un país con bajo rendimiento laboral entre los países de la OCDE, que la productividad laboral es baja, y que hay brechas entre el mercado laboral y la formación para el trabajo.

Para cerrar esta brecha, José Ignacio López, director de estudios económicos de Corficolombiana, concluye que Colombia debe trabajar en la formalización de su mano de obra para bajar la informalidad, porque en el país y otros de América Latina “las jornadas laborales son largas frente a países ricos”. Además, asegura que buena parte de la fuerza laboral trabaja en sectores informales, por lo tanto, la finalidad es reducir la informalidad.

De esta manera, en Colombiacheck calificamos estas afirmaciones de Petro como cuestionables, porque el mandatario presenta cifras con interpretaciones engañosas e inexactas que exageran la diferencia real entre Colombia y el promedio de la OCDE tanto en horas laborales a la semana como en su productividad.

“En todas las ramas de la producción, ustedes pueden examinar y tenemos apenas dos o tres o cuatro grandes productores y, entonces, no podemos tener competencia. ¿Puede un país en el que la mitad de su juventud no llega a la educación superior, tener conocimiento? ¿Puede un país donde el 70 % de quien entra a la escuela primaria no sale de la universidad, tener conocimiento? Si no hay competencia y no hay conocimiento, ¿entonces no se nos produce esta baja productividad, que es la de la OCDE? ¿No sería ahí donde tenemos que actuar y no sobreexplotar al trabajador?”.

En su discurso, el presidente Gustavo Petro tocó el tema laboral y de productividad de los colombianos, asegurando que las bases de la productividad son la educación y la competencia en el mercado, lo que, según él, se ve limitado por la falta de acceso a la educación superior y se refleja en una baja productividad ante la OCDE (que verificamos en otro chequeo de este mismo especial).

Según cifras consolidadas del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación para 2022, la cobertura bruta de educación superior en población joven entre los 17 y 21 años fue del 54,9%. Es decir que las cifras oficiales se acercan bastante a la afirmación del presidente de que “la mitad de la juventud no llega a la educación superior”.

Por otro lado, según el capítulo sobre educación del proyecto ‘¿Qué hacer en…?’ lanzado el 1 de junio de 2022 por el Centro de Investigación Económico y Social (Fedesarrollo), en donde se abordan las problemáticas de deserción en la educación y las limitaciones de acceso, se estima que por cada 100 niños que entran a primero de primaria, solo 44 logran graduarse de bachillerato a tiempo y 38,7% accede a la educación superior.

Si bien esta cifra indica que 61,3% no entran a la universidad ni a una institución técnica o tecnológica, está casi 10 puntos porcentuales por debajo del 70% que señaló el mandatario. Es decir que, en este aspecto, sí exageró.

Cabe mencionar que Fenalco también afirmó que, aunque en educación superior el país ha triplicado la cobertura en dos décadas –al pasar de 15,3 % en 1996 a 52,9 % en 2017–, “los avances en cobertura no se han reflejado en aumentos en la calidad”. Advierte, además, que la deserción y la escasa cobertura educativa están relacionadas con el contexto en el que una proporción importante de los estudiantes no puede pagar carreras con salarios que no alcanzan a cubrir el costo.

Una investigación del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE) sobre la cantidad de los graduados de bachillerato en Colombia que ingresan directamente a la universidad en 2018, publicada en El Espectador el 19 de agosto de 2021, indicó que solo el 39% de bachilleres en Colombia continúa con estudios superiores.

“En números absolutos, del total de graduados de educación media en 2018, 188.666 se vincularon a una institución de educación superior (IES) inmediatamente, mientras que 286.399 no lo hicieron. Esto equivale a un 39.7% de estudiantes que no entran directo a la universidad después de salir del colegio”.

A cifras de 2022, el SNIES reportó que la tasa de tránsito inmediato (que representa a los estudiantes nuevos en las IES comparados frente a la cantidad de bachilleres recién graduados el año anterior) fue de 41%. Es decir, que 59 de cada 100 jóvenes que salen de la educación media no acceden inmediatamente a la educación superior.

Según Víctor Manuel Gómez Campo, profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, el problema de la cobertura en educación superior en Colombia reside en la estructura de la oferta. 

“Una breve revisión señala un patrón histórico de alta concentración de instituciones, programas y matrículas en las principales cuatro áreas urbanas del país, y escasez y precariedad de oportunidades en la mayoría de los 1.104 municipios, lo que deja a más de 2 millones de jóvenes sin oportunidades de formación”, señaló el docente en un artículo sobre el aumento de la cobertura en educación superior.

El académico insiste en que en muchos de los municipios intermedios del país, las únicas oportunidades de formación son ofrecidas por instituciones de educación superior privadas, mientras que las públicas universitarias, tecnólogas y técnicas son pocas.

En conclusión, Colombiacheck califica como cuestionable, la base que usó el presidente para lanzar sus preguntas sobre la posibilidad de generar productividad a través del conocimiento en Colombia, con base en los datos de que la mitad de la juventud en Colombia no llega a la educación superior y el 70% de quienes ingresan a primaria no salen de la universidad, porque el primero se aproxima a la cifra real, pero el segundo se pasa por 10 puntos.

“Nuestras estadísticas de empleo son buenas. Todos los meses de este año han tenido más empleo que los meses del año pasado hace un año”.

Para verificar las estadísticas sobre empleo, revisamos los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, que publica mes a mes el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), y los datos históricos del Banco de la República.

En los cinco primeros meses de 2023, la tasa de ocupación en Colombia, que es el porcentaje de la población que se encuentra trabajando con respecto al total de la población en edad de trabajar, efectivamente tuvo un aumento en comparación con el mismo periodo de 2022. Los datos de junio, que salieron días después del discurso, mantuvieron esta tendencia.

En enero de 2023, la ocupación fue 54,7%, lo que representó un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (53,4%). Para febrero, fue 56,5%, o sea 0,6 puntos más que en el año anterior (55,9%).

Marzo de 2023 registró una tasa de 57,9%, un alza de 2,1 puntos respecto a 2022 (55,8%). La de abril pasado quedó en 57,7%, una variación positiva de 1,2 puntos porcentuales (56,5%). Hasta mayo, fue 57,2%, es decir 0,2 puntos por encima de 2022 (57%).

Un análisis del Centro de Estudios Económicos Anif destaca que la mayoría de los nuevos empleos son formales: “Al analizar la variación anual según la posición ocupacional de los nuevos puestos de trabajo, se nota un crecimiento en 585 mil empleados particulares y en 126 mil empleados por cuenta propia. Lo que significa una buena noticia en términos de formalidad, por la mayor cercanía del empleo particular a las dinámicas formales, en comparación con el trabajo por cuenta propia”.

En junio también hubo un aumento en la tasa de ocupación. Este mes fue de 58,3%, lo que representó un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (56,5%).

El economista José Mauricio Salazar, experto en mercado laboral y docente de la Universidad Javeriana, le dijo a Colombiacheck que “las cifras nos dicen que estamos bien porque no se ha perdido empleo, pero la tendencia en los primeros cinco meses de 2023 hay que tomarla con cautela porque la brecha de empleabilidad no es tan grande en comparación con los mismos meses del año pasado”.

“De enero a abril de 2022, el empleo estuvo muy débil; y, si uno mira esos meses de 2023, subió la tasa de ocupación. Pero al comparar mayo de 2022, que fue un mes ya con cierta recuperación del empleo, frente al mismo mes de 2023, la diferencia de la tasa de ocupación no es tan grande, es solo de 0,2 por ciento. Estadísticamente, como la base del empleo en 2022 era baja, se ve alto en 2023”, explicó Salazar. 

Por su parte, Daniel Botero Guzmán, magíster en Economía y Desarrollo y profesor investigador del programa de Economía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), coincidió en que hay una tendencia al alza en la tasa de ocupación en el primer semestre de este año y aseguró que esto es consecuencia del proceso de recuperación económica que viene desde la pospandemia:

“Para explicar este aumento hay que tener en cuenta varios elementos. Recordemos que venimos de una crisis económica causada por la pandemia de COVID-19 y que posteriormente se registraron unos problemas internacionales que aceleraron la inflación, como la guerra de Rusia con Ucrania. Esos factores, si bien no podemos decir que se han acabado en su totalidad, pareciera que sus efectos negativos empiezan a estabilizarse. El desempleo y la creación de empleo son variables económicas que suelen manifestarse tiempo después de los acontecimientos económicos, lo que quiere decir que el empleo que se ha generado en estos seis meses no es necesariamente fruto de que algo haya pasado, sino que es la consecuencia de la estabilización de los efectos negativos a nivel mundial. En ese sentido, ahora es que se está viendo el impacto en el empleo del proceso de recuperación económica que empezó al finalizar la pandemia”.

En conclusión, en Colombiacheck calificamos como verdadera la afirmación del presidente Petro sobre que “todos los meses de este año han tenido más empleo que los meses del año pasado hace un año” porque, según los datos del DANE, la tasa de ocupación entre los meses de enero y mayo de este año tuvo un aumento con relación a los mismos meses de 2022.

"La inflación que ha tenido Colombia empezó desde principios del 2021, la tasa mensual que es la que acelera cada vez era mayor desde el 2021 y alcanzó su máximo en diciembre del año pasado, diciembre, enero… Tuvimos una inflación, por tanto, creciente: llegó hasta 13 puntos y pico. Cogiendo el indicador mensual del mes de diciembre, la inflación podría haber llegado a 25 % este año, si hubiera continuado así. Bueno, hoy la inflación mensual es 0,3. No daría sino para un 5 % de inflación anual. Es decir, ¡hemos vencido la inflación!".

Petro tiene razón al afirmar que la inflación se aceleró a partir de principios de 2021 y esto lo confirman los datos del DANE en sus reportes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que muestran una fuerte subida de los precios a partir de mayo de ese año, cuando la inflación interanual pasó de 1,95% a 3,30%.

Fuente: DANE.

El punto más elevado de la inflación anual efectivamente fue en diciembre de 2022, tal como señaló Petro, cuando el DANE informó de una variación de 13,12%, igualando a tasas de finales de los 90, cuando estuvo disparada en medio de una crisis económica.

Fuente: DANE.

Pero, ¿por qué la inflación empezó a subir en 2021? El mandatario en su alocución en el Congreso dio una respuesta que en parte es cierta: “Esa inflación no era culpa de Duque, no podemos ser injustos con él, era el producto del post-COVID, de las circunstancias mundiales (…) Todo se agudizó: crecieron los precios de los alimentos y por esa vía al interior de los países se fue irrigando el crecimiento de los precios”.

En chequeos anteriores (1, 2, 3) hemos explicado que, además de los factores externos como la reducción de suministros, incrementos en la materia prima, entre otros, también hubo factores internos que conllevaron a un alza de los precios, tales como el aumento del consumo de los colombianos luego de que se levantaran las restricciones por la pandemia, una situación que reseñó la directora del DANE, Piedad Urdinola, en diciembre del 2022, durante la presentación de resultados de inflación, cuando dijo que los “movimientos drásticos” en el indicador iniciaron en 2021 con la flexibilización de las cuarentenas.

El profesor Pablo Adrián Garlati, economista y docente asistente de la Pontificia Universidad Javeriana, apuntó que se debe agregar que la población también aumentó su consumo gracias a los subsidios que dio el gobierno Duque durante la pandemia y a que las tasas de interés se mantuvieron bajas, lo cual promovió el uso del crédito, mientras que, por otro lado, se redujo la oferta en el mercado de productos como los agrícolas debido las afectaciones por inundaciones en el país.

Hoy la inflación se ha desacelerado y la tasa mensual se ubicó en junio en 0,30%, tal como indicó Petro, mientras que la variación anual retrocedió hasta 12,13%. El único renglón que registró una reducción de precios y ha jalonado este comportamiento, de acuerdo con el DANE, fue el de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que cerraron en -0,53% el mes pasado.

Fuente: DANE.

En cambio, otras divisiones mostraron un aumento de precios:

Fuente: DANE.

Javier Mejía, académico de la universidad de Stanford, le resaltó a El País de España que se debe considerar que los precios que han bajado son los de alimentos y de la cadena productiva, “pero la inflación en servicios, aunque ha sido menor al promedio, ha aumentado su ritmo de crecimiento. Esto preocupa porque no está asociado con las cadenas de valor en el mundo, ni con temas climáticos, sino con factores inherentes como las expectativas de los agentes con nuevas subidas al salario mínimo, o que se complejice la contratación con la reforma laboral”.

Esta tendencia a la baja se explica principalmente por la medida del Banco de la República de subir las tasas de interés para así encarecer el crédito y reducir el consumo. En un artículo anterior, Álvaro Javier Vargas, profesor de economía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, nos indicó que la entidad bancaria ha tenido una política monetaria agresiva y subió los tipos de intereses apenas aumentó la inflación. “El BanRep es muy vertical con sus intervenciones y eso genera confianza en los inversionistas, ya que toma decisiones técnicas y no políticas”, señaló.

Garlati sostuvo que precisamente el Banco de la República funge como la principal autoridad encargada de controlar la inflación. “Su rol fue fundamental durante la pandemia porque mantuvo tasas muy bajas de interés y las volvió a subir bastante alto en cuanto la inflación estuvo alta. Ahora la discusión es si la van a empezar a bajar en función de si la inflación baja”, dijo.

Se debe recordar, sin embargo, que el presidente Petro no estuvo de acuerdo con esa medida, pues a su juicio, el ajuste de las tasas de interés ponía “en riesgo toda la economía productiva del país” y “el Gobierno debe mitigar ese riesgo”.

No obstante, para el economista Manuel Martínez, Ph.D. en Desarrollo Económico en la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, la decisión del Banco sí impacta en la “débil recuperación económica y aumenta el desempleo, beneficia a los acreedores y perjudica a los deudores, empeorando la distribución del ingreso”.

La profesora de Economía Yudy Gamboa, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), descartó por su parte que la administración de Petro haya incidido en la desaceleración del IPC, ya que medidas como incentivar a supermercados a bajar sus precios no fueron muy significativas porque pocos de esos establecimientos lo hicieron y solo para algunos grupos de productos. Expuso que, por el contrario, los ajustes de la gasolina del Gobierno han presionado la inflación, principalmente en el renglón del transporte.

“La desaceleración de la inflación se debe principalmente a la política monetaria del Banco de la República, con una tasa de interés de intervención alta”, concluyó.

¿Se frenó la inflación?

Garlati, de la universidad Javeriana, opinó que no hemos “vencido la inflación”, como proclamó Petro. Para el docente es un diagnóstico muy “apresurado” puesto que la inflación interanual aún se mantiene en dos dígitos, lo cual todavía es “inaudito” para Colombia. “Para haberla realmente derrotado, la disminución [de la inflación] tiene que mantenerse en el tiempo y lograr reducirla, no solamente a un dígito, sino que se logre la meta de inflación del Banco de la República. Cuando se logra que la inflación llegue al objetivo del Banco de la República, entonces uno dice que ya estamos bien”, apuntó.

En este sentido, la entidad monetaria proyectó una meta inflacionaria de 7% para este año. En mayo los cálculos más optimistas de empresas como Citi, JP Morgan, Axa Colpatria y Banco Santander esperaban que terminara entre 7% y 8%, mientras que el Fondo de Pensiones Skandia y el Grupo Bolívar estimaban una variación anual superior al 10% a final de 2023.

La profesora Gamboa, de la Unab, también indicó que “no hemos vencido la inflación, esta sigue siendo alta, solo que empezó a desacelerarse”. Para la economista cuando se revisan los últimos datos se nota que aumentaron los precios pero la inflación ha bajado a un menor ritmo.

¿Qué esperar para final de año?

En su último “Informe de política monetaria”, de abril de este año, el BanRep pronosticó que la inflación durante el segundo semestre del 2023 comenzaría a caer y la tendencia “se daría durante los siguientes dos años” por incrementos cada vez menores de los precios de alimentos, la moderación de la tasa de cambio y por unos costos logísticos de importación y de insumos, bienes y alimentos importados que se seguirían moderando.

Garlati coincidió, pero agregó que la inflación en lo que resta de año se podría ver impactada por los aumentos de la gasolina que ha venido fijando todos los meses el Gobierno y si, en algún punto, la administración actual decide también incrementar el precio de los ACPM que principalmente se utilizan en el transporte de alimentos y otros productos.

Calificamos de cuestionable, por lo tanto, lo que dijo el presidente Petro en el Congreso con respecto a la inflación porque, a pesar de que dio las cifras exactas, se apresura al anunciar una “victoria” sobre el fenómeno, pues solo se ha desacelerado y esto ha sido principalmente por la intervención del Banco de la República, que él ha criticado, y no a sus medidas.

“Se ha hecho un esfuerzo en salud. Hemos pasado a tener, en el presupuesto nacional, sumando la adición, 57 billones de pesos al año. Eso, en términos reales, es la cifra más alta que se ha obtenido en la historia de Colombia. Salud y educación fue mi énfasis en los presupuestos aprobados por ustedes, porque me acompañaron en ese concepto, no lo negaron, y fundamentalmente en la adición presupuestal que se acaba de aprobar”.

Aunque sí es cierto que los rubros asignados para los sectores de salud y educación son los más altos de este año, esto no es algo nuevo, pues históricamente a ambos sectores han estado entre los de asignaciones más altas. Adicionalmente, los 57 billones de pesos a los que se refiere el mandatario corresponden al sector educación para este 2023, incluyendo la adición presupuestal recientemente aprobada, no a salud.

La Ley 2276 de 2022 aprobó un presupuesto de 405,6 billones de pesos. Los sectores con mayores recursos fueron: Educación (con 54,8 billones de pesos), Salud y Protección Social (50,2 billones), Hacienda (48,7 billones), Defensa y Policía (48,3 billones) y Trabajo (37,9 billones).

Adicionalmente, el Congreso de la República aprobó una adición presupuestal por medio de la Ley 2299 de 2023, que suma 16,9 billones de pesos a lo anterior. Es decir, el Presupuesto General de la Nación quedará con 422,5 billones de pesos.

De esa adición, 2,2 billones de pesos van para el sector de Educación, con 57 billones de presupuesto total. Por su parte, al sector Salud y Protección Social se le adicionaron otros 2,2 billones, para que quede con 52,4 billones de pesos.

El presidente de la República también aseguró que “en términos reales, es la cifra más alta (presupuestal) que se ha obtenido en la historia de Colombia”. Sin embargo, históricamente los sectores de Salud y Educación han estado entre los de mayor presupuesto, no es algo nuevo.

De acuerdo con datos de los registros históricos del Ministerio de Hacienda sobre la apropiación presupuestal por sectores y los datos de la apropiación presupuestal del sector salud y protección social* del Portal de Transparencia Económica, desde 2018 hasta 2022, el sector Salud figura entre los tres con mayor presupuesto. 

Por su parte, el sector Educación se ha mantenido entre los tres sectores con mayor inversión del presupuesto general de la nación desde el año 2000, siendo el presupuesto del año 2023 el más alto en pesos corrientes y constantes.

Fuente: Archivos históricos del Ministerio de Hacienda - Presupuesto General de la Nación  2000-2022

Además, desde el año 2015, en el gobierno de Juan Manuel Santos, el gasto en este rubro superó por primera vez al sector de Defensa desde los años 90 y quitándole el primer puesto desde entonces, tal como lo explicamos en un chequeo a una afirmación similar del expresidente Iván Duque en 2021.

Un informe del Centro de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) publicado en septiembre de 2022 señala que, en los últimos 30 años, el presupuesto destinado a la salud ha aumentado año a año, con lo cual se han logrado grandes avances en términos de cobertura, equidad en el acceso, calidad en el servicio y cierre de brechas sociales, especialmente en los últimos dos años, durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

En verificaciones anteriores sobre afirmaciones similares del representante petrista a la Cámara por el Valle del Cauca Alfredo Mondragón y la exministra de Salud Carolina Corcho, expertos consultados insistieron en que el presupuesto del sector salud debe tener en cuenta si alcanza o no a cubrir las necesidades, más allá de si el valor es superior o no a años anteriores. Allí, el profesor Daniel Figueredo De Pérez, doctorando de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, dijo que se deben tomar en cuenta factores como la inflación.

Por su parte, Paula Acosta, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), advirtió en una carta a los ministros de Salud y Hacienda que los 2 billones de pesos pensados para el sector salud en la adición presupuestal recientemente aprobada no alcanzan, sino que se necesitan 10,45 billones de recursos para “evitar que la salud quede desfinanciada”.

“Este nivel de desfinanciamiento del sector no es sostenible, más aún cuando en 2022 los recursos fueron insuficientes lo que afecta la capacidad de reacción financiera de todo el sector, pero de manera especial del sector asegurador”, señaló Acosta en su carta. Agregó que “al ritmo de ejecución actual, los recursos para cubrir los Presupuestos Máximos solo alcanzarán hasta el mes de julio de 2023, lo que implica que la población se quedará descubierta y no se pagarán las deudas que tienen con EPS y estas, a su vez, con prestadores y proveedores”.

En conclusión, Colombiacheck califica como cuestionable la afirmación del presidente de que (en salud) “hemos pasado a tener en el presupuesto nacional, sumando la adición, 57 billones de pesos al año” y que “es la cifra más alta que se ha obtenido en la historia de Colombia”, destacando el “énfasis” en salud y educación como algo propio de su administración.

Como hemos explicado a lo largo de esta verificación, aunque el presidente Petro afirmó que los 57 billones de pesos (con la adición) corresponden al sector salud, en realidad son de educación. Por otro lado,  ambos han estado entre los de mayor rubro asignado en años anteriores y, pese a esto, el de la salud tiene cuestionamientos por considerarse insuficiente para los requerimientos del sector.

* Los cálculos fueron de elaboración propia, tomando datos de la apropiación presupuestal de todos los sectores, menos salud y protección social, que en los históricos del MinHacienda continúa compartiendo cartera con el sector Trabajo. Para los datos históricos del sector salud, se excluyeron los montos relacionados con el sector trabajo, que entre el 2003 y el 2013 compartieron cartera, por orden del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

“Hoy hay un cese al fuego en todo el país con el Ejército de Liberación Nacional. Eso ha traído como resultado una disminución sustancial, comparado el número de bajas del Ejército y la Policía de este año respecto al año pasado, del 60% y del 55%”.

Al consultar al Ministerio de Defensa sobre las cifras de militares y policías asesinados en combate y los grupos armados ilegales a los que se les atribuyen estas muertes, la oficina de Comunicaciones nos respondió que, con base en los datos suministrados por el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional de la entidad, entre enero y junio de 2022 asesinaron a 20 militares, la mayoría por el Clan del Golfo, seguido por Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), que son las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, y el ELN.

Asimismo, entre enero y junio de 2023 fueron asesinados 4 militares, dos por GAOR, uno por el ELN y otro por delincuencia común.

Para verificar las cifras dadas por Petro, también revisamos los indicadores de seguridad y resultados operacionales publicados por el Ministerio de Defensa y encontramos que, entre enero y junio de 2022, hubo 51 militares asesinados, mientras que en el mismo periodo de 2023 fueron 23. Es decir que hubo una disminución de 55%, no del 60% aunque sí se acerca.

En cuanto a los policías asesinados, en los primeros seis meses de 2022 se registraron 27 muertes y en el mismo periodo de 2023 hubo 12 casos. La reducción también fue del 55%, que en este caso sí coincide con lo dicho por Petro.

En total, entre enero y junio de 2022, hubo 78 militares y policías asesinados. En los primeros seis meses de este año, se registraron 35 asesinatos. 

Cese al fuego con grupos armados ilegales

En el marco de la Ley 2272 de 2022, que define la política de “Paz Total”, el presidente firmó, el 31 de diciembre, cinco decretos (2660, 2659, 2658, 2657 y 2656) en los que se estableció el cese al fuego bilateral, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, con los grupos armados ilegales Ejército de Liberación Nacional (ELN); Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, las mayores disidencias de las FARC; Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) y Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Los Pachenca). No obstante, el ELN negó el 3 de enero de 2023, a través de un comunicado, haber acordado esto con el Gobierno. 

De acuerdo con el análisis “Lecciones para futuros ceses al fuego: la distancia entre decretar y cumplir”, realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), con excepción del ELN, los ceses al fuego con los otros cuatro grupos armados ilegales se decretaron en una etapa inicial de acercamiento y no lograron evolucionar del anuncio a la práctica, entre otras razones por la falta de protocolos y mecanismos de verificación. 

“Cada cese tuvo distintos avances y retrocesos. Mientras que con el Estado Mayor Central se logró tener un protocolo en febrero y se intentó desplegar un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación, otros ceses no avanzaron más allá del decreto inicial del Gobierno. Así ocurrió con la Segunda Marquetalia y Los Pachenca. Con el Clan del Golfo, el cese se suspendió a los tres meses por incumplimientos durante el paro minero en el Bajo Cauca”, dice el informe. 

La Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno y el ELN se instaló el 21 de noviembre de 2022. Mediante el Acuerdo de Cuba, el 9 de junio de 2023, pactaron en La Habana un cese al fuego bilateral, nacional y temporal.

El mencionado acuerdo estableció un cese de operaciones ofensivas entre las partes a partir del 6 de julio de 2023 y el inicio de la implementación plena del cese al fuego bilateral, nacional y temporal a partir del 3 de agosto de 2023, por un periodo de seis meses, el cual incluirá el cese de operaciones ofensivas, la aplicación de la totalidad de protocolos acordados entre las partes y el funcionamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

El presidente Petro firmó el Decreto 1117 del 5 de julio del 2023 que ordena el cese al fuego, el cual podrá ser prorrogado con base en la valoración que se realice en la Mesa de Diálogos de Paz de los informes que presente el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y conforme a lo acordado por las partes. El discurso fue posterior a esto, pero antes de la fecha de implementación, que apenas sucedió esta semana, por lo que la frase de Petro es imprecisa al respecto.

Según el análisis de la FIP, al comparar lo que ocurrió entre enero y mayo de 2023 frente a los mismos meses de 2022, se ve un descenso en las acciones contra la Fuerza Pública y los ataques contra la infraestructura y bienes, al igual que una reducción en el homicidio de líderes, el desplazamiento y las masacres; pero estos descensos tienen múltiples causas y no se pueden ser atribuidos exclusivamente a los ceses al fuego.

“Por un lado, si se compara con los primeros cinco meses del gobierno Petro (agosto-diciembre), los meses del cese al fuego analizados (enero-mayo) tienen un aumento en todas las variables, con excepción de los homicidios de líderes y lideresas que mantiene cifras similares. Este aumento sugiere que los anuncios de la Paz Total, las expectativas de los grupos frente a esta estrategia y los acercamientos iniciales con el Gobierno, tuvieron mayor impacto en las dinámicas de la confrontación y la violencia que los propios ceses al fuego”, dice el informe.

Con relación a las acciones contra la Fuerza Pública, según la FIP, no hubo un patrón de comportamiento en las zonas con o sin ceses: en algunas se redujeron, en otras aumentaron y en otras más no hubo variaciones. “En esta medida no es posible establecer el impacto que tuvieron a nivel nacional los acuerdos con el Estado o las decisiones de otros actores sin ceses activos”, señala el informe.

Francisco Daza, coordinador de la línea de paz, posconflicto y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), le dijo a Colombiacheck que efectivamente hay una disminución en los ataques contra la Fuerza Pública por parte de los grupos armados ilegales organizados. 

“Cuando salieron los decretos de cese al fuego el 31 de diciembre de 2022, fueron funcionales para la disminución de este tipo de acciones armadas, pero esta disminución no es solo por los ceses, sino también porque, en el marco de los acercamientos con grupos armados, sobre todo con los que se está negociando como el ELN y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, hay unas directrices del Ministerio de Defensa de no entrar en confrontaciones armadas con estos grupos por parte de las Fuerzas Militares”, explicó Daza.

Según el investigador,  la Fuerza Pública ha mantenido los operativos en contra de las economías ilegales, como el desmantelamiento de laboratorios de procesamiento de hoja de coca y la afectación de dragas utilizadas en la minería ilegal, pero las acciones de confrontación armada directa han disminuido. “Eso ha contribuido a que haya una disminución en las afectaciones contra miembros del Ejército y la Policía”, añadió.

En conclusión, en Colombiacheck calificamos como cuestionable la afirmación de Petro sobre que el cese al fuego con el ELN ha traído la disminución sustancial en el número de bajas del Ejército y la Policía del 60% y 55% al comparar este año con el año pasado, porque si bien las cifras son ciertas (o por lo menos cercanas), al analizar el contexto no se puede asegurar que la reducción de las bajas de la Fuerza Pública se deban exclusivamente a lo acordado con esa guerrilla, cuya implementación plena el 3 de agosto, dos semanas después del discurso presidencial.