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Miércoles, 16 Diciembre 2020

Chequeo a columna de Vargas Lleras sobre el Acuerdo de Escazú

Por Laura Rodríguez Salamanca

El jefe de Cambio Radical publicó en octubre un texto en El Tiempo en contra de la ratificación de este acuerdo ambiental. Le pusimos la lupa a tres de sus argumentos.

El pasado 3 de octubre de 2020, el jefe del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, publicó una columna en el periódico El Tiempo en la que expuso las razones por las que se opone a la ratificación del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, también conocido como Acuerdo de Escazú. 

Esta herramienta [como contamos con más detalle en este explicador] se originó en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Río+20, que se llevó a cabo en Río de Janeiro en 2012, y tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.  

El tratado fue adoptado en 2018 en Escazú, Costa Rica, fue firmado por Colombia el 11 de diciembre de 2019 y se falta el proceso de ratificación en el Congreso [luego tendría que pasar la revisión de la Corte Costitucional], que va lento pese a que el Gobierno presentó el proyecto con mensaje de urgencia a finales de julio de 2020. 

Por la importancia de este tema para el país y la protección del medio ambiente, chequeamos tres de las afirmaciones de Vargas Lleras, que de acuerdo con nuestra metodología son susceptibles de verificación. [Aquí puede consultar otros dos chequeos que hicimos sobre este acuerdo: 1 y 2]. 

“En la elaboración de este tratado (...) en nada intervino el Gobierno”.

Cuestionable

Aunque el gobierno de Duque no participó ni en las rondas de preparación del tratado (2012-2014), ni en las reuniones del Comité de Negociación, porque estas se llevaron a cabo entre el 5 de mayo de 2015 y el 4 de marzo de 2018, cinco meses antes de su posesión, la afirmación del jefe de Cambio Radical es engañosa. El Estado colombiano sí jugó un papel en la negociación. 

En palabras de Laura Serna, joven champion en Colombia para el Acuerdo de Escazú, “en el caso de Colombia, quien tuvo la bandera era una delegado de la Cancillería que iba a las negociaciones y volvía a Colombia. Aquí había un comité asesor y entre todos tomaban la decisión de cómo iba a ser la postura de Colombia. Aparte de eso, hubo un acompañamiento por parte del Ministerio de Ambiente, pero ese acompañamiento no incluía voz y voto”. 

En la página de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, que hizo las veces de secretaría técnica del tratado, Colombia es mencionada en la lista de los 24 miembros del Comité de Negociación del tratado, el cual “sostuvo nueve reuniones presenciales y seis reuniones entre periodos virtuales”. De hecho, en la misma página se hace referencia a que durante la fase preparatoria del tratado, Colombia y Jamaica lideraron el Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación, que se reunió siete veces de manera virtual. 

En las reuniones del grupo de trabajo aparecen como asistentes María Angélica García, segunda secretaria de Relaciones Exteriores de la Cancillería; Andrea Marcela Alarcón Mayorga, coordinadora de Asuntos Sociales, Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Hans de Francesco Maldonado, tercer secretario de Relaciones Exteriores del mismo ministerio. De acuerdo con el portal Función Pública, todos siguen siendo funcionarios del ministerio.  [Aquí se puede acceder a los reportes y a la asistencia de cada una de las reuniones]. 

Así mismo, en las listas de asistencia de las 15 reuniones del Comité de Negociación del tratado, además de los anteriores funcionarios, aparecen en algunas oportunidades Marta Galindo, ministra consejera de la Embajada de Colombia en Chile; Diana Guevara, asesora de asuntos internacionales del Ministerio de Ambiente, y Germán Andrés Calderón, coordinador de asuntos sociales de la Cancillería. Estos funcionarios aún trabajan en las mismas entidades. 

“Este tratado introduce reformas de las consultas previas” y “cambios en nuestro derecho de petición vigente”. 

Cuestionable

Estos argumentos son engañosos. Según explica Daniela Varón, consultora de Relaciones, Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia,  “el Acuerdo de Escazú en ningún momento se mete directamente con disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano. Lo que hace es fijar estándares más altos para la implementación de lo que ya existe en Colombia y dice explícitamente que en todo caso primará la legislación ambiental nacional de cada país que sea más favorable”. 

En el artículo 4 del texto del tratado, se dice: 

“Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo limitará o derogará otros derechos y garantías más favorables establecidos o que puedan establecerse en la legislación de un Estado Parte o en cualquier otro acuerdo internacional del que un Estado sea parte, ni impedirá a un Estado Parte otorgar un acceso más  amplio  a  la  información  ambiental,  a  la  participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales”.

En todo caso, según explica Andrés Briceño, doctor en derecho, profesor de la Universidad de La Sabana y experto en derecho ambiental, “así no se asumiera Escazú, por vía de la aplicación de la Convención Americana del Protocolo de San Salvador [que entró en vigencia en Colombia en 1999] y de la Opinión Consultiva [sobre derechos humanos y medio ambiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos], Colombia tendría que acomodarse a los estándares convencionales tanto en el derecho de petición como en el de consulta previa. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya se dieron luces sobre esa obligación y aquí no se ha obedecido adecuadamente”. 

El doctor Briceño, se refiere con lo anterior al caso Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, que surgió porque una compañía petrolera entró en 2002 a hacer explotación en el territorio de este pueblo indígena amazónico con autorización del Estado ecuatoriano, pero sin consultar debidamente a la comunidad. 

El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, según Briceño, “dejó unos estándares y reglas que ya están siendo operativos y que desde 2012 y que debían exigir para Colombia la adecuación de instrumentos como el derecho de petición y la consulta previa a estándares como los que está tomando Escazú. Entonces esos estándares ya son exigibles con o sin este acuerdo”.

El tratado introduce el principio “de la precaución, con el cual se puede detener cualquier intervención con la mera sospecha de un potencial daño, también el muy controvertido principio precautorio”. 

Falso

El constitucionalista e investigador de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, verificó este argumento de Vargas Lleras en una columna que publicó a mediados de octubre en El Espectador. Señaló que tiene tres errores: 

“(i) el principio precautorio es el mismo principio de precaución; (ii) ese principio ya está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico desde hace rato, como lo ha señalado la Corte Constitucional en innumerables sentencias, como la C-988/04 o la C-595/10, (iii) y no es cierto que ese principio bloquee toda actividad por una simple sospecha de cualquier daño. Lo que dice es que si hay bases científicas razonables para temer un daño que sea grave e inaceptable, entonces la falta de certeza sobre su ocurrencia o sus mecanismos causales no debe impedir tomar medidas de precaución”.
 

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Cuestionable

Domingo, 09 Septiembre 2018

Es engañoso decir que por cada árbol talado, la alcaldía planta ocho

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Al día de hoy se han talado 10.714 árboles en el espacio público de Bogotá. Y en el mismo espacio, sólo se han sembrado 23.287; es decir que existe una relación de dos árboles sembrados por cada uno talado.

Cuarenta y seis árboles fueron talados en la noche del pasado 30 de agosto. Y solo eso bastó para que la comunidad hablara de ‘arboricidio’, se movilizara activamente por la protección de estos seres vivos y consiguiera que el Jardín Botánico suspenda temporalmente estas actividades.

Pero cuando la discusión estaba aún al rojo vivo, la alcaldía de Enrique Peñalosa salió al paso al tema y publicó una nota de prensa que se titula: ¿Sabía que la Alcaldía planta ocho árboles por cada uno que tala?

Esta nota fue difundida también a través de las redes sociales de la entidad.

Sin embargo, lo que encontró Colombiacheck al hablar con expertos y revisar la información es que la cifra es Engañosa.

Colombiacheck le consultó al Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá de dónde provino la cifra usada por la Alcaldía sobre la relación de ocho árboles plantados por cada uno talado.

Yamid Saldaña, vocero de la entidad, confirmó que correspondía a los datos del PlanT, en en el que se registran un total de 86.361 árboles plantados.

Datos Plan T de la Alcaldía de Bogotá

*Captura de pantalla hecha el jueves 6 de septiembre de 2018.

Frente al dato de árboles talados, la nota de prensa de la Alcaldía hace la precisión de que “la tala es la última medida a la que se llega, y se ejecuta cuando el árbol presenta enfermedades y afectaciones irreversibles. De hecho, de las últimas tres administraciones, esta es la que menos árboles talados registra” (esta última afirmación ya fue desmentida por Vice en otro artículo).

El número de árboles talados en esta administración que da la nota, y que replica el mismo alcalde a través de un trino, es de 10.714.

Y según informó la Secretaría de Ambiente, estos árboles han sido talados en el espacio público de la ciudad.

Ahora bien, como ya lo contó Colombiacheck en una nota anterior (vea Peñalosa dice verdades a medias sobre la arborización de Bogotá), frente a las cifras de los árboles plantados en el PlanT, el ítem de ‘Espacio público’ cuenta los árboles plantados en espacio público no administrado, como separadores de vías y andenes.

Los ‘replantes’ son árboles que planta el Jardín Botánico pero que, por distintas razones, no se logran desarrollar y mueren. De manera que, en esos casos, la entidad tiene que volver a plantarlos.

Esto quiere decir que los 10.938 árboles que aparecen en el ítem de “replantes”, son árboles que se sembraron dentro del ‘espacio público’ y que, ante su muerte, el Jardín Botánico tiene que reemplazar, de acuerdo con las funciones que tiene la entidad establecidas en el decreto 984 de 1998.

Y lo que esto indica, además, es que al Jardín Botánico se le está muriendo el 47% de los árboles que siembra en el espacio público. Un número alarmante, de acuerdo con Herman Martínez Gómez, exdirector del Jardín Botánico (2008-2010), pues, según él, el dato histórico de replantes siempre había estado alrededor del 10%.

Los otros dos ítems señalados dentro de la información del PlanT (espacio privado y restauración ecológica), no corresponden al área urbana de la ciudad que administra el Jardín Botánico desde su oficina de arborización, como también fue mencionado en la nota anterior.

De modo que, como nuevos árboles plantados, mezclando todo lo que siembra el Jardín Botánico, solo se cuentan 76.023, restando los 10.938 que han sido replantados. Pero en relación a los 10.714 talados, los que entran a hacer la compensación son única y exclusivamente los 23.287 señalados en el ítem de ‘espacio público’. Lo que quiere decir que frente a los árboles talados no hay una relación de ocho a uno (ocho árboles plantados por cada uno talado), sino de apenas dos a uno.

“Si no decimos el qué ni el dónde, los indicadores pueden engañar”, sostiene Germán Andrade, experto en temas de gestión de ecosistemas y conservación de biodiversidad, quien confirma que los valores dados deben corresponderse para hablar de una verdadera compensación.

Por otro lado, aunque no es muy clara la normativa sobre la compensación que se debe hacer por tala de árboles (cuántos árboles sembrar por cada individuo talado), esta cifra también muestra que el Jardín Botánico ha talado casi el mismo número de árboles que se le están muriendo en el espacio público. Y está contando como nuevas siembras en la ciudad los árboles que ha donado e instalado en espacio privado y zonas de reserva forestal.

Recomendaciones internacionales

Como se ha registrado en algunos medios nacionales, la Organización Mundial de la Salud recomienda a las grandes ciudades tener un árbol por cada tres habitantes para tener un aire de mejor calidad.

Según el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá (Sigau), la capital tiene aproximadamente 1’272.000 árboles. Y de acuerdo con el informe Bogotá Cómo Vamos, en el Distrito habitan 7’890.001 personas. Lo cual quiere decir que en Bogotá hay un árbol cada 6,20 habitantes.