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Miércoles, 16 Diciembre 2020

Chequeo a columna de Vargas Lleras sobre el Acuerdo de Escazú

Por Laura Rodríguez Salamanca

El jefe de Cambio Radical publicó en octubre un texto en El Tiempo en contra de la ratificación de este acuerdo ambiental. Le pusimos la lupa a tres de sus argumentos.

El pasado 3 de octubre de 2020, el jefe del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, publicó una columna en el periódico El Tiempo en la que expuso las razones por las que se opone a la ratificación del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, también conocido como Acuerdo de Escazú. 

Esta herramienta [como contamos con más detalle en este explicador] se originó en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Río+20, que se llevó a cabo en Río de Janeiro en 2012, y tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.  

El tratado fue adoptado en 2018 en Escazú, Costa Rica, fue firmado por Colombia el 11 de diciembre de 2019 y se falta el proceso de ratificación en el Congreso [luego tendría que pasar la revisión de la Corte Costitucional], que va lento pese a que el Gobierno presentó el proyecto con mensaje de urgencia a finales de julio de 2020. 

Por la importancia de este tema para el país y la protección del medio ambiente, chequeamos tres de las afirmaciones de Vargas Lleras, que de acuerdo con nuestra metodología son susceptibles de verificación. [Aquí puede consultar otros dos chequeos que hicimos sobre este acuerdo: 1 y 2]. 

“En la elaboración de este tratado (...) en nada intervino el Gobierno”.

Cuestionable

Aunque el gobierno de Duque no participó ni en las rondas de preparación del tratado (2012-2014), ni en las reuniones del Comité de Negociación, porque estas se llevaron a cabo entre el 5 de mayo de 2015 y el 4 de marzo de 2018, cinco meses antes de su posesión, la afirmación del jefe de Cambio Radical es engañosa. El Estado colombiano sí jugó un papel en la negociación. 

En palabras de Laura Serna, joven champion en Colombia para el Acuerdo de Escazú, “en el caso de Colombia, quien tuvo la bandera era una delegado de la Cancillería que iba a las negociaciones y volvía a Colombia. Aquí había un comité asesor y entre todos tomaban la decisión de cómo iba a ser la postura de Colombia. Aparte de eso, hubo un acompañamiento por parte del Ministerio de Ambiente, pero ese acompañamiento no incluía voz y voto”. 

En la página de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, que hizo las veces de secretaría técnica del tratado, Colombia es mencionada en la lista de los 24 miembros del Comité de Negociación del tratado, el cual “sostuvo nueve reuniones presenciales y seis reuniones entre periodos virtuales”. De hecho, en la misma página se hace referencia a que durante la fase preparatoria del tratado, Colombia y Jamaica lideraron el Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación, que se reunió siete veces de manera virtual. 

En las reuniones del grupo de trabajo aparecen como asistentes María Angélica García, segunda secretaria de Relaciones Exteriores de la Cancillería; Andrea Marcela Alarcón Mayorga, coordinadora de Asuntos Sociales, Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Hans de Francesco Maldonado, tercer secretario de Relaciones Exteriores del mismo ministerio. De acuerdo con el portal Función Pública, todos siguen siendo funcionarios del ministerio.  [Aquí se puede acceder a los reportes y a la asistencia de cada una de las reuniones]. 

Así mismo, en las listas de asistencia de las 15 reuniones del Comité de Negociación del tratado, además de los anteriores funcionarios, aparecen en algunas oportunidades Marta Galindo, ministra consejera de la Embajada de Colombia en Chile; Diana Guevara, asesora de asuntos internacionales del Ministerio de Ambiente, y Germán Andrés Calderón, coordinador de asuntos sociales de la Cancillería. Estos funcionarios aún trabajan en las mismas entidades. 

“Este tratado introduce reformas de las consultas previas” y “cambios en nuestro derecho de petición vigente”. 

Cuestionable

Estos argumentos son engañosos. Según explica Daniela Varón, consultora de Relaciones, Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia,  “el Acuerdo de Escazú en ningún momento se mete directamente con disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano. Lo que hace es fijar estándares más altos para la implementación de lo que ya existe en Colombia y dice explícitamente que en todo caso primará la legislación ambiental nacional de cada país que sea más favorable”. 

En el artículo 4 del texto del tratado, se dice: 

“Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo limitará o derogará otros derechos y garantías más favorables establecidos o que puedan establecerse en la legislación de un Estado Parte o en cualquier otro acuerdo internacional del que un Estado sea parte, ni impedirá a un Estado Parte otorgar un acceso más  amplio  a  la  información  ambiental,  a  la  participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales”.

En todo caso, según explica Andrés Briceño, doctor en derecho, profesor de la Universidad de La Sabana y experto en derecho ambiental, “así no se asumiera Escazú, por vía de la aplicación de la Convención Americana del Protocolo de San Salvador [que entró en vigencia en Colombia en 1999] y de la Opinión Consultiva [sobre derechos humanos y medio ambiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos], Colombia tendría que acomodarse a los estándares convencionales tanto en el derecho de petición como en el de consulta previa. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya se dieron luces sobre esa obligación y aquí no se ha obedecido adecuadamente”. 

El doctor Briceño, se refiere con lo anterior al caso Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, que surgió porque una compañía petrolera entró en 2002 a hacer explotación en el territorio de este pueblo indígena amazónico con autorización del Estado ecuatoriano, pero sin consultar debidamente a la comunidad. 

El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, según Briceño, “dejó unos estándares y reglas que ya están siendo operativos y que desde 2012 y que debían exigir para Colombia la adecuación de instrumentos como el derecho de petición y la consulta previa a estándares como los que está tomando Escazú. Entonces esos estándares ya son exigibles con o sin este acuerdo”.

El tratado introduce el principio “de la precaución, con el cual se puede detener cualquier intervención con la mera sospecha de un potencial daño, también el muy controvertido principio precautorio”. 

Falso

El constitucionalista e investigador de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, verificó este argumento de Vargas Lleras en una columna que publicó a mediados de octubre en El Espectador. Señaló que tiene tres errores: 

“(i) el principio precautorio es el mismo principio de precaución; (ii) ese principio ya está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico desde hace rato, como lo ha señalado la Corte Constitucional en innumerables sentencias, como la C-988/04 o la C-595/10, (iii) y no es cierto que ese principio bloquee toda actividad por una simple sospecha de cualquier daño. Lo que dice es que si hay bases científicas razonables para temer un daño que sea grave e inaceptable, entonces la falta de certeza sobre su ocurrencia o sus mecanismos causales no debe impedir tomar medidas de precaución”.
 

Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable

Cuestionable

Domingo, 10 Diciembre 2017

Emparamados: ¿está o no la mina Soto Norte en Santurbán?

Por David Tarazona

El pasado miércoles 15 de noviembre de 2017 el ministro de Minas Germán Arce negó en Caracol Radio que la mina Soto Norte de Minesa invada el páramo de Santurbán. “La licencia es por fuera del páramo, es por fuera del área protegida”, dijo Arce en los micrófonos de la emisora. Colombiacheck verificó esta afirmación.

El pronunciamiento del ministro Arce se dio tres días después de que él mismo había confirmado en Abu Dhabi la inyección de 1.000 millones de dólares en el proyecto minero Soto Norte por parte del fondo de inversión Mubadala, del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos. La mina espera extraer 9 millones de onzas de oro en 25 años. El anuncio de Arce generó una ola de indignación en el país incluyendo voces como la del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández y la de ambientalistas de la zona, que dicen que la actividad minera en la zona podría afectar sus fuentes de agua, ubicadas en cercanías de Santurbán.

 

Cortesía: Caracol Radio

Tras consultar al Ministerio de Minas, MinAmbiente, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la comunidad en contra de la explotación minera en Santurbán y a un especialista en temas legales y ambientales, Colombiacheck calificó la declaración del ministro Arce según la cual “la licencia [de Minesa] es por fuera del páramo, es por fuera del área protegida” como Ligera.

La vigencia de la zona protegida de Santurbán y la disputada extensión del páramo

El anuncio de la inyección de capital del fondo Mubadala en Soto Norte no se pudo dar en un peor momento para el Gobierno. Una semana antes la Corte Constitucional publicó en su página web el fallo que tumbó la delimitación que el Ministerio de Ambiente había establecido para la zona protegida del páramo de Santurbán por no haber consultado a las comunidades afectadas por la demarcación. En este caso, la Corte ordenó realizar consulta previa con los afectados.

La Corte, en su sentencia T-361/17, dejó sin efecto la Resolución 2090 de 2014 del Ministerio de Ambiente que delimitaba la zona protegida de Santurbán, pues consideró que no se respetó el derecho a la consulta previa de las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó al Ministerio de Ambiente que “en el término de un 1 año[...] emita una nueva resolución para delimitar el Páramo en las Jurisdicciones Santurbán – Berlín” en un proceso deliberativo e incluyente con las comunidades tras fallar una tutela interpuesta por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. El año comenzó a correr desde el pasado 17 de noviembre.

El abogado ambientalista Rodrigo Negrete habló con Colombiacheck de su preocupación sobre mina Soto Norte en cercanías de Santurbán. Crédito: Rodrigo Negrete
El abogado ambientalista Rodrigo Negrete habló con Colombiacheck de su preocupación sobre mina Soto Norte en cercanías de Santurbán. Crédito: Rodrigo Negrete

Según el abogado ambientalista Rodrigo Negrete y asesor legal en temas de consulta previa de comunidades preocupadas por los potenciales impactos de la minería en Santurbán, no solo se desconoce si con los nuevos límites que se decidan antes de que se acabe el año dado por la Corte Constitucional, la mina Soto Norte estaría dentro del páramo, sino que también la duración de la licencia solicitada por Minesa ante la ANLA, por 25 años, genera incertidumbre. “Mantener por un año la delimitación [por parte de la Corte] es en virtud del principio de precaución de que no se generen nuevas afectaciones en la zona delimitada, pero, además, hay una posibilidad que el título de Minesa pueda quedar [después] incluido dentro del páramo [con la nueva delimitación]”, dijo Negrete a Colombiacheck.

Como respuesta a la indignación que generó el proyecto de Minesa en cercanías de Santurbán, la ANLA, por su parte, anunció que no se tomarán decisiones frente a la licencia a la que postuló la compañía hasta que se termine el proceso consultivo ordenado por la Corte Constitucional para definir los nuevos límites del páramo, lo que no significa que el trámite de la licencia se detenga.

El ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo enfrenta el delicado tema de la minería en Santurbán. Cŕedito: Ministerio de Ambiente
El ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo enfrenta el delicado tema de la minería en Santurbán. Cŕedito: Ministerio de Ambiente

Si bien es cierto que el proyecto minero Soto Norte está fuera de la zona protegida, según los límites cuya durabilidad solo tienen un año, precisamente por el fallo de la Corte y la consulta previa que aún falta, es ligero afirmar que a largo plazo seguirá fuera del área de páramo cuando nadie conoce cuál será la nueva demarcación. Además, el Ministerio de Ambiente delimitó en 2014 la zona protegida de Santurbán con 98.954 hectáreas, a pesar de que tenía como insumo el estudio del Instituto Alexander von Humboldt de 2012 en el que el páramo tenía la extensión de 142.000 hectáreas, 43.046 menos que las que decidió el Gobierno.

A la luz de los documentos, las entrevistas realizadas y la incertidumbre que hay sobre la extensión del páramo, Colombiacheck califica la declaración del ministro Arce de que “la licencia [de Soto Norte] es por fuera del páramo” como Ligera porque sus argumentos solo tienen vigencia de un año y después de esto la incertidumbre frente al tema es total, con lo cual no se puede afirmar con certeza que el proyecto Minesa quedó fuera de los límites del páramo de Santurbán.

El biólogo Gonzalo Andrade criticó la perspectiva del Gobierno frente a la minería en Santurbán. Cŕedito: Agencia de Noticias UNAL
El biólogo Gonzalo Andrade criticó la perspectiva del Gobierno frente a la minería en Santurbán. Cŕedito: Agencia de Noticias UNAL

De alguna manera, la firma de este proyecto genera una presión para las autoridades colombianas al trazar esos límites, cuestión que no es la ideal para decidir un tema tan imperioso como éste. "El tema no es sencillo, es delicado" nos confirmó el biólogo Gonzalo Andrade, profesor en la Universidad Nacional y conocedor de la problemática de Santurbán. "El presidente [Santos] protegido por la ley y por la norma decidió impulsar este proyecto [de Minesa], pero desde un punto de vista biológico y ambiental es un adefesio" dijo el biólogo a Colombiacheck. Andrade, además, explicó que el ecosistema de páramo no está aislado y espera que el Gobierno haga un análisis juicioso para definir los nuevos límites.

Los límites subterráneos de la mina

Aunque es cierto que la parte superficial de la mina está a 400 metros en bajada del límite de la zona protegida, el abogado ambientalista Rodrigo Negrete, dice que el área subterránea de la mina puede invadir los límites actuales, pues el proyecto minero funcionará con túneles, algunos ya construidos. “Hay una línea superficial, pero no se sabe la [línea] asociada al tema subterráneo y ahí es donde el túnel toma agua, chupa agua y ahí puede haber afectación. No sé cuánto kilómetros van a tener esos túneles porque no va a ser uno solo”, explicó Negrete a Colombiacheck.

El Ministerio de Minas respondió a Colombiacheck que el área subterránea de la mina será de 460 metros por debajo de la línea de páramo, aunque reconoce que solo la ANLA tiene la última palabra para determinar –de manera oficial– que los túneles no invadirán el área protegida. “La cota de los túneles en su punto más alto es de 2.640 metros sobre el nivel del mar de ahí[...] En ese sentido, el desarrollo del proyecto va en sentido contrario a la línea del páramo que inicia a los 3.100 metros sobre el nivel del mar.” afirmó el Ministerio de Minas a Colombiacheck.

De hecho, según un informe del periódico santandereano Vanguardia Liberal, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) confirmó que hay una investigación para determinar si hubo daño ambiental del proyecto minero Soto Norte durante la construcción de un túnel subterráneo de exploración conocido como El Gigante. La pesquisa determinará si la responsabilidad por un posible daño ambiental sería de Minesa o de Aux Colombia, empresa que habría iniciado la obra antes de cederla a la primera.

Los potenciales riesgos de la minería en cercanías de Santurbán

Según los especialistas, en la zona hay más arsénico y otros metales pesados que el oro. La liberación de estos metales pesados durante la explotación minera y su posterior contacto con el oxígeno pueden afectar la salud humana si llegan a mezclarse con el agua. “Se contaminan los suelos y las aguas y como la bocatoma del acueducto de Bucaramanga está abajo, puede haber contaminación de esas aguas con arsénico” advirtió el abogado Rodrigo Negrete. Por lo que solicitan al Ministerio de Ambiente y al de Minas la prohibición de la minería a gran escala y la suspensión de los trámites de licencia ambiental en la zona.

Al respecto, el Ministerio de Minas respondió a estas inquietudes: “si el proyecto genera un riesgo[...] no va a pasar la evaluación medioambiental [de la ANLA]”.

Aunque la última palabra solo la tendrán la ANLA y la nueva delimitación, en la baraja de variables a sortear en este caso, se juntan: la incertidumbre sobre los límites del área subterránea de la mina, la duración de 25 años de la licencia solicitada por Minesa, la discutida extensión real del páramo de 142.000 hectáreas recomendadas por el Instituto Von Humboldt 43.000 más que las aceptadas por el Gobierno y la vigencia por solo un año de la demarcación actual de la zona protegida. Por esto creemos que el ministro de Minas Germán Arce no podía salir de manera ligera y afirmar que todo está en orden.