Pasar al contenido principal

Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable

Cuestionable

Viernes, 04 Junio 2021

Duque llama ‘reforma policial’ a cambios que se quedan muy cortos frente a recomendaciones expertas

Por José Felipe Sarmiento

Un proyecto de profesionalización, nuevos uniformes con cámaras y controles balísticos mínimos no bastan contra abusos. Tercer y último chequeo a la entrevista de Noticias Caracol en el Paro Nacional 2021.

En la entrevista que Noticias Caracol le hizo al presidente de Colombia, Iván Duque, el 17 de mayo de 2021, la directora del programa Los Informantes, María Elvira Arango, le preguntó al mandatario si pretendía impulsar una reforma a la Policía; a lo que él respondió: “Ya lo hicimos. Ya se ha presentado al Congreso”.

El funcionario incluso detalló algunos puntos: mayor visibilidad de la identidad de los agentes en sus uniformes, utilización de cámaras adheridas al cuerpo para tener registro de los procedimientos en los que participan y un control estricto de armas y balística, con reportes sobre el uso de cualquier munición. Sobre este último, incluso destacó que “Bogotá es pionera en América Latina”.

Colombiacheck verificó la respuesta de Duque y encontró que es cuestionable. El único proyecto de ley gobiernista que apunta a cambios institucionales se queda corto. Los más ambiciosos, propuestos por la oposición, están estancados. Los nuevos uniformes y otras medidas que menciona son decisiones más administrativas e insuficientes según expertas. Mientras que los protocolos sobre la munición no tienen nada de novedosos.

Este es el tercer y último chequeo de la citada entrevista de Noticias Caracol. El primero fue sobre las cifras descontextualizadas con las que el mandatario sacó pecho por la vacunación contra COVID-19 y el segundo, sobre los datos incompletos que presentó con relación a las personas desaparecidas durante el Paro Nacional.

Los proyectos de ley

A 2 de junio de 2021, faltando 18 días para terminar las sesiones ordinarias de la actual legislatura, en la base de datos del Senado había siete proyectos que tienen relación con la Policía. Ninguno era de iniciativa gubernamental, aunque tres venían de los partidos de la bancada favorable al gobierno.

De estos, el más avanzado es el 364 de 2020, que busca crear la categoría de agentes profesionales con un régimen de carrera. Tiene ponencia para segundo debate desde diciembre de 2020, pero ni esta ni el texto original radicado mencionan los puntos que el presidente resaltó en la entrevista.

La iniciativa propone crear la figura de “agentes profesionales”, a la que podrían pasarse los actuales patrulleros e ingresarían los nuevos graduados de las escuelas, con un escalafón y distinciones por antigüedad. Además, plantea requisitos para el ingreso más estrictos que los actuales definidos en el Decreto Ley 1791 de 2000: se exigiría el título, una calificación psicofísica y antecedentes fiscales, además de los disciplinarios y penales.

Los criterios de admisión, la formación y las barreras que hoy existen para el desarrollo de la carrera de los patrulleros sí hacen parte de los problemas actuales de la Policía. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la politóloga Viviana García Pinzón, investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área (GIGA, en inglés), señalan varias correcciones necesarias en esos aspectos.

Según la académica, hay que “quitar esa división tan marcada que hay entre las personas que, como tienen el dinero para pagar los cursos de suboficiales y oficiales, terminan en los cargos de mando, y quienes entran porque no tienen los recursos”. Por eso indica que “es importante hacer eso más democrático”.

Esos uniformados con menos ingresos y oportunidades de ascenso son, precisamente, los patrulleros. En esto coincide García Pinzón con los autores del proyecto, que lo han presentado en medios precisamente como una forma de beneficiar a esos policías de bajo rango que se enfrentan a esa barrera.

La directora ejecutiva de la FIP, María Victoria Llorente, también había propuesto “cerrar la brecha entre el nivel ejecutivo y la oficialidad de la Policía y hacer más equitativas las posibilidades de ascensos, condiciones salariales y beneficios” en una presentación de septiembre de 2020. Además, había recomendado “generar incentivos que mejoren la calidad de los aspirantes a patrulleros”.

Por otro lado, “Colombia tiene un déficit de personal. No hay suficiente. Justamente frente a esa falta se han dado procesos de admisión más flexibles y, al final, hay agentes que no deberían estar ahí si se hubiera hecho un proceso riguroso”, advierte García. Las nuevas exigencias relacionadas con la profesionalización irían en ese sentido, según lo que dice la exposición de motivos de la iniciativa.

Ambas politólogas coinciden en que la discusión también debe ser sobre el contenido de la formación y su modelo educativo. La investigadora doctoral afirma que hoy existe una mentalidad atravesada por el conflicto armado y la guerra contra las drogas, que “genera sesgos y estereotipos sobre quiénes son más dignos de protección dentro de la misma población y cómo otros son vistos con sospecha”.

Para buscar una solución a esto, García Pinzón sugiere que debería haber “una participación más amplia de los civiles” en la definición de los currículos. En contraste, el proyecto dejaría esto en manos de instancias dentro de la misma Policía, subordinadas a su Dirección General.

Además, esta iniciativa no es suficiente para resolver todos los asuntos señalados por las expertas. La misma FIP sacó una infografía en medio del paro actual en la que insiste en otros puntos, como el mejoramiento de la rendición de cuentas institucional y el acceso al escrutinio de la sociedad civil o el fortalecimiento de controles internos y externos, también con mayor participación civil y por fuera de la cadena de mando.

Para García, lo más urgente es “analizar los factores que fomentan la impunidad dentro del accionar de la Policía”. Concuerda con la fundación, por ejemplo, en que la Inspección General debería estar ocupada por civiles en lugar de mandos policiales.

La politóloga califica como una “contradicción con la naturaleza de la Policía como un cuerpo civil” el hecho de que sus integrantes sean procesados por la Justicia Penal Militar. Este fuero también es criticado por la FIP. El proyecto no lo toca.

García considera que la Policía debería pasar al Ministerio del Interior o a uno nuevo de seguridad. La FIP sugiere que se puede quedar donde está pero con algunas condiciones. La iniciativa tampoco dice nada al respecto.

Otro debate clave que se queda por fuera es una “intervención a fondo” del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), protagonista de los abusos. “Que no sea un desmonte cosmético y luego se recicle con un cambio de nombre y con los mismos problemas”, dice la investigadora del GIGA.

Los dos proyectos restantes sobre policía de congresistas progobierno en el Senado tienen poco o nada que ver. Uno pretende incentivar la incorporación de deportistas profesionales a las filas y ni siquiera tiene su primera ponencia. El otro, que tampoco ha tenido debate, se refiere exclusivamente a las intervenciones de la Fuerza Pública ante ocupaciones de inmuebles por vías de hecho.

Las iniciativas de la oposición, en cambio, sí están orientadas a la regulación del uso de la fuerza policial en manifestaciones y el sistema de ascensos de la institución (1, 2). Incluso una de ellas propone una reforma más general al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y la Ley 63 de 1993, que también dicta normas sobre la naturaleza y el funcionamiento de la Policía Nacional.

En Cámara, el único proyecto reciente referente a la prevención del abuso policial también es de la bancada opositora. Sin embargo, ni este ni los del Senado han pasado del primer debate.

Uniformes y cámaras

Otra cosa es que, en marzo de 2021, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, anunció cambios en los uniformes para el personal asignado a seguridad ciudadana. Las modificaciones sí incluirían una mayor visibilidad del número de identificación y sí se está estudiando la implementación de las cámaras adheridas al cuerpo.

Lo que pasa es que estas decisiones, mencionadas por Duque en la entrevista, no están relacionadas con ninguna de las propuestas legislativas. Además, no se ha definido una fecha para la implementación de las modificaciones.

El investigador Alberto Sánchez Galeano, asesor de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, le dijo al informativo CityNoticias que los cambios en los uniformes se ajustan a estándares internacionales. También destacó que el resaltado del número de identificación “ha sido una demanda de las organizaciones de la sociedad civil”.

Pese a esto, ninguna de estas dos novedades aparece en las recomendaciones de la FIP y la politóloga García Pinzón considera que son “medidas cosméticas”. Si bien reconoce que el uso de cámaras adheridas al cuerpo “puede generar un incentivo que disminuya la disposición de un agente de policía a abusar de la violencia en algún momento”, observa que “tiene un alcance muy limitado”.

“En el paro hemos visto que ahora los ciudadanos graban y uno casi puede seguir online el live del abuso policial y no pasa nada. Si lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los policías usualmente tienen cámaras adheridas al cuerpo y aun así los hechos de violencia policial contra ciertos grupos de la población, particularmente minorías raciales, persisten”, argumenta la experta.

De hecho, la evidencia científica sobre sus efectos es contradictoria. En general, Colombiacheck encontró que los estudios apuntan más hacia reducciones mínimas de la fuerza, pero no hay un consenso claro.

Un informe del National Bureau of Economic Research, una ONG estadounidense de investigación, contiene un metaanálisis de marzo de 2021 que afirma que las cámaras sí “podría tener un impacto” de reducción cercana al 9,6 % en el uso de la fuerza. Sin embargo, este trabajo no está revisado por pares.

Por el contrario, otro metaanálisis publicado en el European Journal of Criminology en 2016 concluyó que no hubo reducción en esas acciones. Además, advirtió que las agresiones contra oficiales que utilizan estos dispositivos eran mayores.

Lo curioso es que dos de los autores de este último artículo habían participado en un estudio publicado en 2015 en el que encontraron que las probabilidades de usar la fuerza sin BWC (sigla en inglés de body-worn cameras) eran el doble que con ellas. En ese caso, habían comparado turnos laborales en cada condición, no policías en periodos de tiempo largos.

Al ensayar a largo plazo, una investigación del Departamento de Policía de Washington D.C. con las universidades de Michigan y Yale, concluyó que “las cámaras no afectaron de forma significativa el comportamiento policial”. Esta evaluación contó con más 2.200 participantes y era, al menos hasta el momento de su publicación en 2019, el estudio más grande sobre el impacto de esta tecnología en esos procedimientos.

Ese mismo año, una revisión de literatura liderada por Cynthia Lum, directora del Centro de Política Criminal Basada en Evidencia de la Universidad George Mason, que incluyó 70 estudios sobre BWC y fue publicada en Criminology & Public Policy también llegó al mismo resultado. “No tienen efectos estadísticamente significativos o consistentes”, dice el artículo, que apunta a que hay que prestarle más atención al uso que se les dé “para lograr cambios más fundamentales a largo plazo”.

García Pinzón explica que el uso de las cámaras “por sí solo no basta y no compensa la falta de una estructura institucional que en realidad logre aplicar sanciones efectivas, que garantice que va a haber una investigación adecuada en unos tiempos expeditos”. Con esto, insiste en el enfoque de que los cambios más urgentes deberían estar dirigidos a combatir la impunidad de los abusos.

Controles balísticos

Finalmente, la investigadora del instituto alemán dice que los controles de balística que Duque describió en la entrevista no tienen nada de novedoso y que, de hecho, se aplican hace décadas en todo el país, no solo en la capital como él dijo. “Es una práctica mínima que se debe esperar de cualquier gobierno medianamente democrático y responsable con sus cuerpos de seguridad”, asegura.

Igual que con las cámaras, García insiste en que esos controles “servirían para disuadir [a los policías de abusar de la fuerza] si realmente las fallas en dar cuenta de qué pasó con esa munición redundan en una investigación y en sanciones”. En pocas palabras, dice que es “una buena práctica mínimamente esperable pero no es novedosa ni hace la diferencia en la prevención de los abusos”.

Sánchez Galeano coincide con ella. Considera que “Colombia tiene un muy buen protocolo de verificación de munición”, no solo en Bogotá, pero agrega que “no es que sea pionero, es una cosa mínima en materia de control”. En este sentido, asegura que sí cumple unos estándares que no se logran en otras partes de América Latina, como Venezuela, sin que esto lo ponga necesariamente a la vanguardia de la región.

El investigador afirma que una de las fallas de este control en el país es “lo que pasa después”. Si bien dice que la pérdida de un arma o de munición sin explicación sí desencadena la apertura de procesos disciplinarios, lo que no está claro es que estos lleven a sanciones efectivas. Lo mismo que reclama García Pinzón.

En resumen, Duque presentó como “reforma policial” una serie de medidas aisladas, más bien superficiales y de efectividad dudosa por sí mismas, unos controles que existen hace décadas y un proyecto de ley que se refiere apenas a un problema entre muchos, algunos más urgentes, que requieren transformaciones en la Policía. Por eso sus declaraciones son cuestionables.

Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple Chequeo Múltiple

Chequeo Múltiple

Miércoles, 16 Septiembre 2020

La mayoría del ‘antes y después’ de 12 CAI destruidos en protestas es cierta

Por José Felipe Sarmiento

En Twitter, publicaron un hilo sobre los comandos dañados en las manifestaciones. La mayoría sí corresponde con los casos denunciados que los trinos mencionan, pero faltan algunas precisiones y también hay errores.

A partir de un hilo viral en Twitter, circula en redes sociales un “antes y después” de algunos comandos de atención inmediata (CAI) de la Policía dañados o destruidos durante las jornadas de protesta contra esa institución tras el homicidio de Javier Ordóñez precisamente en una de esas instalaciones en Bogotá. Los mensajes relacionan esos lugares con otras denuncias realizadas en diferentes épocas.

Publicación en Facebook con pantallazos del hilo de Twitter sobre los CAI

Colombiacheck revisó los 12 casos mencionados y encontró que la mayoría se basa en denuncias publicadas en medios de comunicación, aunque con salvedades en algunos casos. La verificación no tiene que ver con que haya habido o no relación entre esas noticias específicas y la indignación ciudadana, solo corrobora si realmente corresponden con los puestos policiales mencionados en los trinos y sus fotos adjuntas.

Las calificaciones fueron seis verdaderas, tres ‘verdaderas pero’, dos cuestionables y una falsa.

Los Laureles

Verdadera

El primer trino asegura que “policías del CAI de Bosa Laureles detienen, desnudan, abusan y roban a una mujer que salió a sacar a su mascota”. Adjunta una noticia titulada “Mujer denuncia detención arbitraria y abuso de policías en un CAI” y una foto del centro policial incendiado.

Trino 'antes y después' de las protestas sobre el CAI Laureles en Bosa

La imagen sí es de ese sitio. Por ejemplo, al observar el entorno, se puede comprobar que el edificio de el fondo corresponde con el que captó Google Street View en marzo de 2019.

El CAI, en efecto, fue incendiado en las protestas del miércoles 9 de septiembre. Hay múltiples registros en redes sociales como este:

En cuanto a la noticia, es real y fue emitida por Caracol Radio en ‘6 a. m. Hoy por Hoy’ a las 7:45 de la mañana del pasado 30 de marzo. Se basa en el testimonio de una mujer que fue detenida una noche, supuestamente por violar la cuarentena impuesta por la pandemia de COVID-19, mientras paseaba su mascota (actividad que sí estaba permitida) y luego fue acosada, desnudada, robada y acusada de ladrona por policías.

Todo empezó con insinuaciones sexuales en la patrulla en la que se la llevaron del comando al Centro de Traslado por Protección, donde no la recibieron. Luego, la mayor parte de los abusos se presentaron en un bus de la Policía. Más tarde, en la estación de Bosa, una agente le ordenó que se terminara de desvestir y le quitó el dinero que le quedaba entre la ropa interior. Finalmente, la devolvieron al CAI y la liberaron.

Aunque la información revelada por esta emisora no especifica el barrio ni el comando al que estaban adscritos los policías, la misma víctima había hablado dos días antes con W Radio y allí dijo que había sido en Los Laureles. Aunque cada emisora la llamó con un nombre diferente para proteger su identidad, los detalles de la narración coinciden. Por ejemplo, la cantidad de dinero que le encontraron en el brasier, lo que le dijo uno de los agentes sobre sus senos y las circunstancias en las que vomitó después de eso.

Así que lo que dice el trino sobre este CAI se basa en un hecho denunciado públicamente y coincide con el relato.

El Codito

Verdadera

En el segundo trino, el autor se refiere al CAI de El Codito como un “centro de totura por parte de policías”. De nuevo, con noticia y foto adjuntas.

Trino 'antes y después' de las protestas sobre el CAI Codito en Usaquén

La imagen corresponde con el lugar.

El sitio también fue incendiado en las protestas. Incluso fue motivo de desinformación, porque circuló por redes sociales la versión falsa de que los perros que vivían allí habían muerto por quemaduras.

La noticia titulada “Abren investigación contra uniformados que torturaron [a un] detenido en el CAI Codito” tiene fecha de 2016 y aparece en la página de Caracol Radio. Incluso el video de la tortura, en la que los policías obligaban al hombre a jugar a la ruleta rusa, también fue verificado por Colombiacheck porque estaba circulando como si fuera reciente.

Por lo tanto, es cierto que en este centro se han ejecutado torturas. Como no se conocieron los nombres propios de la víctima ni de los agresores, no es posible saber qué pasó con la investigación anunciada, más allá de que los tres uniformados que aparecen en el video fueron desvinculados de la institución.

La Soledad

CUESTIONABLE

En el caso del CAI de La Soledad, el señalamiento es que policías “robaron, desnudaron y torturaron a dos defensores de los derechos humanos”. Para este trino, el tuitero no usa una noticia sino un comunicado de denuncia junto con la foto correspondiente. Pero en este caso la calificación es cuestionable porque no está claro, aunque sí es probable, que ese comando haya sido el lugar de los hechos y en ninguna parte aparece la fecha.

Trino 'antes y después' de las protestas sobre el CAI Soledad en Teusaquillo

En la misma foto se alcanza a ver, por el letrero en los vidrios, que es el puesto ubicado en el Park Way.

Este también fue epicentro de las protestas el miércoles.

El comunicado fue emitido en 2016 por el Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo, cuando denunció que los jóvenes defensores de derechos humanos Rigoberto Abello y William Sánchez fueron detenidos arbitrariamente en la carrera 30 con calle 45 de Bogotá y llevados a “un CAI de la zona” donde, entre otras formas de tortura, los golpearon, los electrocutaron y hasta les robaron sus pertenencias durante toda una noche.

Según el portal de mapas de la Alcaldía de Bogotá, el puesto policial de este tipo más cercano a esa dirección sí es el de La Soledad, seguido por los de Galerías y Teusaquillo. Esto coincide con la información de Google.

Sin embargo, Abello habló con el diario El Espectador y le dijo que no estaba seguro de a cuál CAI habían sido trasladados.

Colombiacheck les escribió por correo electrónico y Facebook a las organizaciones a las que estaban vinculadas las víctimas, Juventud en Marcha y la Coordinadora Antifascista en Bogotá, para averiguar si se había aclarado ese aspecto con las investigaciones en estos cuatro años y medio.

El mismo Abello respondió, dos semanas después de la publicación de esta nota, que el caso se ha movido poco y que las inconsistencias en los registros de la Policía no han permitido establecer con seguridad en cuáles CAI ocurrieron los hechos. Dijo que los llevaron a tres diferentes antes de trasladarlos la Unidad de Permanente de Justicia (UPJ) y que en todos los golpearon.

Por tanto, no está del todo claro que sea el de La Soledad y por eso es cuestionable que los maltratos denunciados hayan ocurrido en el CAI de la foto.

La Gaitana

VERDADERO PERO

Según el tuitero que hizo el hilo, la noticia que adjunta sobre el CAI La Gaitana habla sobre policías que “abusan, secuestran y torturan a un joven”, que luego fue dejado a su suerte a las afueras de Bogotá. Pero ni el mensaje ni el pantallazo aclaran cuándo sucedieron esos hechos.

Trino 'antes y después' de las protestas sobre el CAI Gaitana en Suba

Aunque no hay mucho contexto para comparar, en el letrero del vidrio se lee que el de la foto sí es ese puesto policial. También es cierto que fue incendiado en las protestas.

En la captura de pantalla de la nota de Publimetro no se ve la fecha, pero es de 2017 y se basa en un informe de Noticias Uno. La historia es la de un joven que fue agredido por un policía al salir de un bar en ese sector de Suba y, tras reclamarle al agente por el abuso, fue subido a una camioneta, golpeado, trasladado al CAI La Gaitana y, finalmente, llevado a las afueras de la ciudad por la vía a Cota, donde fue agredido y amenazado de nuevo, antes de ser abandonado allí.

Esto confirma la versión que da el trino. Sin embargo, como en este no se ve la fecha lo calificamos como ‘verdadero pero’.

Britalia

CUESTIONABLE

El trino asegura que policías de este CAI fueron “capturados por alianzas con bandas del microtráfico”. Pero solo uno de los 12 presuntos implicados que aparecen en el titular adjunto estaba adscrito a ese comando, por lo que la calificación es cuestionable.

Trino 'antes y después' de las protestas sobre el CAI Britalia en Kennedy

Al revisar con cuidado las edificaciones que se ven al fondo de la foto, se puede comprobar que sí coinciden con las que quedan allí. También se puede corroborar en este reporte de la mañana siguiente:

La nota de Caracol Radio, que data de 2017, sí dice que la captura de 12 policías estaba relacionada con supuestas alianzas entre ellos, pertenecientes al Grupo de Estupefacientes de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín), y bandas traficantes de drogas en Bogotá. Sin embargo, solo uno de ellos estaba adscrito al CAI Britalia en Kennedy, el patrullero Jairo López Quintero, “que cumplía funciones de vigilancia”.

Según la información publicada por la emisora, la Fiscalía les iba a imputar los delitos de cohecho propio y prevaricato por omisión. “Al parecer omitían las capturas y desviaban las investigaciones”, explicaba la noticia. Casi tres años después, el continuo aplazamiento de audiencias no ha permitido iniciar el juicio por concierto para delinquir agravado, según los registros de la Rama Judicial.

En todo caso, como la mayoría de los 12 acusados trabajaba en otras dependencias de la Policía y solo uno en el CAI al que se refiere el trino, el mensaje es cuestionable.

Oneida

Verdadera

Sobre el CAI Oneida, lo que dice el hilo es que había policías que “extorsionaban a residentes del barrio”. Como siempre, el trino va con foto y noticia.

Trino 'antes y después' de las protestas sobre el CAI Oneida en Kennedy

La foto, como en los casos anteriores, es correcta en cuanto al lugar.

También fue uno de los comandos incendiados en las manifestaciones.

La nota del diario El Tiempo es de mayo pasado, como se ve en el pantallazo. En este caso, los policías capturados sí fueron ambos del CAI en cuestión. Además, cayeron en flagrancia cuando estaban cobrando la extorsión por 5 millones de pesos a un ciudadano a quien habían detenido en su propia casa con la excusa de un falso allanamiento. De modo que el trino es verdadero.

Villa Luz

VERDADERO PERO

“Después de torturarlo por más de dos minutos con choques eléctricos, policías del CAI de Villa Luz llevan a Javier al CAI y lo matan a golpes”, dice el trino. Lo que se conoce de las investigaciones apunta en ese sentido, pero no hay una decisión judicial ni una acusación formal que lo corrobore.

Trino 'antes y después' de las protestas sobre el CAI Villa Luz en Engativá

Las imágenes de Villa Luz, donde los manifestantes quemaron una moto y dañaron una camioneta de la Fiscalía además de destruir el comando, son bastante conocidas. Además, en la foto del hilo se alcanza a leer el nombre del puesto junto a una mancha de pintura.

Las protestas comenzaron allá precisamente porque fue el sitio donde ocurrió el homicidio de Ordóñez. El video, que dura un poco más de dos minutos, en el que se ve cómo los patrulleros Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz le daban choques eléctricos con una taser, a pesar de que ya estaba sometido en el suelo y les pedía que “por favor” pararan, le dio la vuelta al mundo.

Después, el hombre fue trasladado al CAI. De acuerdo con lo que varios medios de comunicación han dado a conocer sobre el informe forense y las primeras investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría, allí fue golpeado por los agentes hasta quedar inconsciente. Luego, fue trasladado por familiares y amigos a una clínica, donde se confirmó su deceso.

El informe médico dice que la causa fue el trauma en la cabeza provocado por un objeto contundente. En total, tenía nueve fracturas en el cráneo y el rostro, el hígado reventado y lesiones en sus costillas.

La familia de Ordóñez ha dicho que los policías se abalanzaron sobre él a pesar de que aceptó que le pusieran el comparendo correspondiente por estar bebiendo licor, una violación a las normas de aislamiento social frente a la pandemia. Además, otros testimonios indican que lo estaban siguiendo desde el local donde compró el trago.

Lloreda, quien ya tenía una denuncia previa por un caso de abuso policial ocurrido en febrero pasado, se ha defendido con el argumento de que un vecino les aseguró a él y su compañero que el ingeniero era “reincidente” en riñas en el sector. Según la versión del uniformado, por eso llevaron al hombre hasta el conjunto donde residía, pero él regresó después de haber entrado, se les atravesó y los desafió a pelear.

Por ahora, las autoridades no han determinado con exactitud cuál sería el grado de responsabilidad de los dos patrulleros que aparecen en el video y otros cinco policías que estarían involucrados por acción u omisión. Lo que sí está claro es que Ordóñez fue víctima de homicidio producto de golpes que recibió en el CAI Villa Luz, después de haber sido electrocutado varias veces en el momento de su detención pese a estar sometido en el suelo.

La narración que hace el trino corresponde con los hechos que son de conocimiento público y los indicios de la investigación. El ‘pero’ es que todavía está en una etapa muy preliminar.

San Cristóbal

FALSO

La historia relacionada con el supuesto CAI de San Cristóbal es sobre un caso de abuso sexual cometido allí por un policía contra una niña con discapacidad cognitiva. Pero los hechos que señala el tuitero en este caso en realidad no coinciden con el mismo lugar de la imagen, que tampoco es el que menciona.

Trino 'antes y después' de las protestas sobre supuesto CAI San Cristóbal

De hecho, no hay ningún puesto policial de este tipo que se llame así en el directorio de la Policía Metropolitana de Bogotá ni en el ya citado portal de mapas del Distrito. Al buscarlo en Google, aparece el que en realidad se llama Villa Nidia, ubicado cerca del barrio San Carlos Norte, en la localidad de Usaquén. Sin embargo, el patrullero a cargo de uno de sus cuadrantes le dijo a Colombiacheck que este no tuvo ninguna afectación por las protestas.

Es más, el contexto no encaja con el de la foto. Está mucho más alto y más lejos con respecto a la vía, hay unos paraderos de buses que no aparecen en la imagen del incendio y, en cambio, falta la estación de TransMilenio que está al fondo.

Por otro lado, la noticia del diario Vanguardia cita una denuncia que hizo Diego Cancino, concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, en julio pasado. Es cierto que esta se refiere a un caso de violencia sexual contra una niña con discapacidad cognitiva. El autor de los hechos, ocurridos en mayo, sí habría sido un patrullero de la Policía, pero trabajaba en el CAI del barrio Juan Rey, localidad de San Cristóbal, en el suroriente de la ciudad.

No obstante, este tampoco es el que se ve en la foto. También está mucho más alto con respecto a la calle y más alejado de ella, porque está en el parque San Cayetano, y detrás hay una cancha de fútbol, no una avenida con TransMilenio como en la imagen del hilo.

Además, tampoco aparece en medios ni en redes sociales como uno de los incendiados. Al llamar al número de uno de sus cuadrantes asignados, el patrullero encargado también confirmó que este puesto no fue afectado por las manifestaciones.

Colombiacheck buscó en Google Maps cuáles son los CAI de Bogotá ubicados al lado de troncales de TransMilenio. Así encontró que el que aparece incendiado en el trino realmente es el de Ciudad Berna, que está en el cruce de la carrera 10 con calle 11 Sur, junto a la estación Ciudad Jardín. El barrio pertenece a la localidad Antonio Nariño y la troncal marca el límite al suroriente con San Cristóbal.

Contrario a los otros dos, este sí fue incendiado en las protestas.

Por tanto, el trino es falso porque está relacionando dos hechos distintos con un mismo lugar en el que ninguno de los dos ocurrió realmente.

El Tintal

Verdadera

Con respecto al CAI de El Tintal, el hilo asegura que “todos sus integrantes extorsionaban a comerciantes del sector”, con base en una noticia de 2016 y la correspondiente foto del lugar destruido tras las protestas.

Trino 'antes y después' de las protestas sobre el CAI Tintal en Kennedy

En el vidrio se alcanza a leer que sí es el comando ubicado en el parque homónimo de la localidad de Kennedy.

También es cierto que este fue otro de los destruidos en las manifestaciones.

La noticia de Caracol Radio contaba en su momento que los cinco agentes que trabajaban en ese puesto fueron capturados por la misma Policía por supuestamente extorsionar a comerciantes del sector en 2015. La última actualización del proceso fue en marzo pasado, tres años y medio después de la imputación de cargos por extorsión y concierto para delinquir, y todavía estaba en audiencia preparatoria.

Santa María del Lago

Verdadera

Según el hilo, policías del CAI Santa María del Lago “extorsionaban al dueño de un parqueadero del sector”. En este caso, la foto que adjunta es del interior del puesto policial y la noticia, de enero de 2019.

Trino 'antes y después' de las protestas sobre el CAI Santa María del Lago en Engativá

Como en la foto no se ve nada hacia el exterior, es difícil corroborar que sí se trata de ese sitio. Colombiacheck no encontró otras fotos del mismo CAI donde se vean los mismos grafitis, por ejemplo, y la búsqueda inversa de la imagen no arrojó mayores resultados. Sin embargo, el puesto sí fue atacado por manifestantes.

La publicación de Noticias RCN cuenta que los dos agentes implicados en el caso que describe el trino le habrían pedido 200.000 pesos mensuales a su víctima en abril de 2018, “para que pudiera evitar una sanción por no tener la documentación del lugar en regla”. Por lo tanto, fueron encarcelados en un proceso por el delito de concusión. Ambos trabajaban en ese CAI.

Como los policías no aparecen identificados con nombre propio, Colombiacheck no pudo establecer el estado actual del proceso. Sin embargo, la noticia es cierta y corresponde el lugar señalado.

Los Hippies

VERDADERO PERO

“En el CAI de Los Hippies discriminaron, golpearon y robaron a una pareja por pertenecer a la comunidad LGTBI”, dice el trino, con base en una noticia sin fecha.

Trino 'antes y después' de las protestas sobre el CAI Hippies en Chapinero

La foto corresponde al puesto policial del parque de la carrera 7 con calle 60, Los Hippies, en la localidad de Chapinero.

La misma imagen del trino fue compartida en la cuenta de Twitter del portal La Silla Vacía como parte de su cubrimiento de las protestas en la noche del 9 de septiembre.

El artículo de El Tiempo, por otro lado, data de 2017. La fecha no está en el pantallazo ni se aclara en el mensaje que lo acompaña. Las víctimas que denunciaron el caso fueron Édgar Vera y Edwin Losada.

El relato que le entregaron a la Fiscalía decía que la Policía llegó mientras discutían al salir de un bar gay, les pidió los papeles y acusó al primero de ser un ladrón. Los agentes implicados se lo llevaron esposado para el CAI en cuestión, donde lo agredieron sexualmente, le gritaron, le pegaron, le robaron sus pertenencias y hasta lo escupieron antes de llevarlo a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda.

De modo que el trino es ‘verdadero pero’ porque le faltó aclarar que los hechos son de hace tres años y medio.

Rincón

Verdadera

El hilo cierra con un mensaje en el que dice que policías del CAI Rincón, en la localidad de Suba, agredieron a varios menores de edad, “causando heridas de consideración”.

Trino 'antes y después' de las protestas sobre el CAI Rincón en Suba

En la foto, por entre los restos de vidrios rotos en las ventanas del comando, se alcanzan a ver la droguería Eslava y el local Delicias de Antaño, que quedan al frente.

Los daños corresponden con los que se observan en otras imágenes de ese puesto policial durante de las protestas.

La nota de Blu Radio es de 2015, como se ve en la captura de pantalla. Según la denuncia de una familia, los agentes del CAI golpearon a varios menores de edad en medio de una requisa en la que los encontraron sin documentos. Un tío de los jóvenes aseguró que los encontró “toteados”.

El reclamo se convirtió en una riña en la que varias personas terminaron agrediendo también a los uniformados, que incluso hicieron disparos al aire. Tras la llegada de 15 refuerzos de la institución, dos mujeres y dos menores de edad fueron detenidos.

Así que la historia también es cierta.

Actualización 6 de octubre de 2020, 11:40 a.m.

Rigoberto Abello, uno de los defensores de derechos humanos que fue víctima en el caso atribuido al CAI de La Soledad, se comunicó con Colombiacheck el 4 de octubre de 2020. Con su versión actualizada, añadimos un párrafo pero mantuvimos la calificación.