En Colombiacheck verificamos si para el plebiscito por la paz se “modificó las condiciones vigentes sobre plebiscitos” y se “redujo el porcentaje de participación de la ciudadanía al 13 por ciento”.  Esta afirmación se puede corroborar según la sentencia C-379 de 2016 de la Corte Constitucional y lo referido en el informe de observación “Plebiscito de Refrendación de los acuerdos de paz” de la Misión de Observación Electoral, MOE. 

Para facilitar la aprobación del plebiscito, el Congreso aprobó la Ley 1806 de 2016: “Por medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la  construcción de una paz estable y duradera”. 

Así quedó establecido en el artículo 2 párrafo tercero de la mencionada ley: 

“Se entenderá que la ciudadanía aprueba este plebiscito en caso de que la votación por el sí obtenga una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral vigente y supere los votos depositados por el no”. 

La Ley pasó a control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y el alto tribunal aprobó la reducción del umbral.

Luego de las modificaciones del umbral originadas desde el Congreso de la República y avaladas por la Corte Constitucional, la MOE hizo un análisis de todo lo que se hizo para lograr la refrendación de los acuerdos de paz y en su informe explicó: 

“Sobre este asunto la MOE plantea como postura organizacional el que la eliminación del umbral de participación e implementación de un umbral de aprobación incentiva la participación además de generar un mayor equilibrio entre las posturas en contienda. Así mismo se plantea que este mismo criterio debería replicarse para los otros mecanismos de participación ciudadana directa, salvo el caso de la revocatoria de mandato”.

Danilo Sepúlveda, subcoordinador de justicia electoral de la MOE le dijo a Colombiacheck que “lo que hizo la Ley 1806 de 2016 fue establecer una forma diferente de calcular el umbral necesario para la refrendación popular mediante el plebiscito como mecanismo de participación, al pasarse de un umbral de participación a uno de elección”.

Y añade: “Para el plebiscito, la Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015 establecen un umbral de participación del 50% del censo electoral. Esto quiere decir que un plebiscito ordinario será válido siempre que al menos la mitad de las personas inscritas en el censo electoral efectivamente voten, sin importar el sentido en que lo hagan. Como lo dijo la Corte Constitucional, para el umbral de participación del 50%, se cuentan tanto los votos del ‘sí’ como los votos del ‘no’, con lo cual, el umbral de aprobación sería la mayoría simple de los votos depositados. En cambio, lo que se dispuso para el denominado Plebiscito por la Paz fue un umbral de participación, según el cual, se entendería aprobado el plebiscito siempre que el “si” tuviera una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral y superara los votos del no”. 

Sepúlveda agregó que lo modificado (el umbral) “solo aplicó para el Plebiscito por la Paz, de manera que siguen vigentes las reglas del umbral de participación del 50% del censo electoral para cualquier plebiscito que se promueva”.

Por todo lo anterior, calificamos como verdadero lo dicho por el expresidente Uribe en relación con la reducción del umbral y la modificación de las condiciones vigentes sobre plebiscitos. 

 

El exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo,  cuestiona a la Comisión por supuestamente omitir asuntos neurálgicos relacionados con el conflicto armado. Sin embargo, solo se basa en el documento más corto que publicó la entidad. Los puntos señalados por él sí están incluidos en el informe final ‘Hay futuro si hay verdad’.

Sin embargo, el informe final está compuesto por 13 capítulos. Acevedo nos explicó en Colombiacheck que centró su análisis en la Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, a la cual catalogó como “el documento síntesis de los llamados hallazgos de la CEV”.

En Colombiacheck buscamos entre los informes de esa entidad para verificar si hay referencias a los temas que reclama el exdirector del CNMH. 

En la Declaración para el Esclarecimiento de la Verdad no se encuentra referencia a lo que menciona Acevedo. Sin embargo, en el informe ‘No matarás’ hay varias menciones a la influencia que las teorías marxistas tuvieron en la formación y el accionar de varias guerrillas.

En la página 107 de ese volumen del informe final, la Comisión hizo una crítica sobre las corrientes ideológicas que asumieron algunas guerrillas:

“Si bien Colombia tenía una democracia restringida no solo por el Frente Nacional sino por las instituciones y normas que emanaban de la Constitución de 1886, las guerrillas también carecían de sustrato democrático, ya que se inspiraban en modelos de sociedad autoritarios, como el de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) o el de la revolución cultural de China, que también cercenaron libertades y derechos. En regiones como el Magdalena Medio, Córdoba y Urabá, estos autoritarismos despertaron, en los años posteriores, reacciones en contra de estas guerrillas y alimentaron los argumentos de la extrema derecha armada”.

Otra referencia al mismo tema se centró en la doctrina del Ejército Popular de Liberación. “El EPL fue maoísta y su estrategia era la guerra popular prolongada, en teoría iba del campo a la ciudad a partir de ir «liberando» territorios e instaurando gobiernos revolucionarios a través de las denominadas juntas patrióticas, como estructuras para el «trabajo de masas»”, se lee en la página 88 del informe ya citado.

Otro de los apartados en los que la Comisión señaló las bases doctrinarias de las guerrillas se encuentra en la página 491 del mismo documento:

“Al comienzo, la guerra consistió en el enfrentamiento de grupos marxistas o revolucionarios alzados en armas que iban por el poder del Estado de manera paulatina (acumulando fuerzas) o súbita (insurrección) contra un Estado en formación, dominado por sectores políticos y élites tradicionales que, a pesar de sus contradicciones internas, defendieron el statu quo. Paradójicamente, la decisión de aquellos sectores de las izquierdas de emprender la lucha armada y de combinar votos y protestas con armas, lejos de producir las transformaciones que esperaban, terminó en el largo plazo reforzando las estructuras de poder existentes y pospuso o ralentizó los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que demandaron distintos sectores de la sociedad colombiana”.

Hay más menciones sobre las teorías marxistas y la naturaleza comunista de algunas guerrillas en el mismo informe. Por lo tanto, es cuestionable afirmar que la Comisión no hizo referencia al tema.

En cuanto a la cercanía del Partido Comunista Colombiano (PCC) con las FARC y la adopción de la combinación de todas las formas de lucha, la Comisión también hizo varias referencias (ver: Falso: Comisión de la Verdad no omitió la farcpolítica, como dijo Uribe). Por ejemplo, en la página 81 de ‘No matarás’ dice: “El PCC en su Décimo Congreso definió que entre la lucha de masas y la lucha guerrillera no había contraposición alguna. La decisión de asumir la combinación de las formas de lucha permitió al PCC conciliar sus dos líneas: la que privilegiaba la lucha electoral y de masas, y la que optaba por la lucha armada. Al calor de la pacificación del Frente Nacional se había engendrado una nueva guerra”.

“En 1961 el IX Congreso del PCC aprobó la combinación de formas de lucha como estrategia. Las armas ya no eran solo para la autodefensa, sino para acceder al poder, en combinación con la lucha social, electoral y armada”, dice en otro apartado de No Matarás.

Pero no es el único informe que aborda esa relación, en ‘Hasta la guerra tiene límites’ se lee: “En 1964, las FARC nacieron producto de ese levantamiento en armas de los sectores campesinos. Durante casi tres décadas, tuvieron una relación estrecha con el Partido Comunista”. Incluso, la entidad señaló que durante años hubo un “ambiente de indiferenciación” entre la estructura armada, el PCC y la Juventud Comunista. La Comisión de la Verdad recordó que esas relaciones entre el PCC y las Farc se romperían tiempo después.

En Colombiacheck llamamos a Acevedo y le dijimos que hay diferentes alusiones a los fenómenos que él afirmó que la Comisión había omitido y admitió: “Hay referencias, pero son aisladas porque el grueso de las conclusiones apunta a que el principal responsable es el Estado colombiano, la misma sociedad colombiana, la ausencia de democracia, la ausencia de oportunidades". 

También le preguntamos si había leído el informe No matarás y reconoció: “No, ese informe no lo leí”. “Esperaría conocer los 9 tomos, me gustaría mucho tener a la mano todo el informe completo (...) Hasta ahora no los conozco, porque como el padre de Roux dijo que eso iba a salir periódicamente", aseguró Acevedo. 

Sin embargo, todos los tomos completos están publicados en la página de la Comisión de la Verdad desde el pasado 8 de agosto, es decir casi dos meses antes de la publicación del artículo escrito por el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica. ‘No matarás’ fue publicado el 4 de agosto de 2022.

"Lo que yo escribo tampoco es una cuestión definitiva, lo digo en el artículo es una cuestión centrada en ese folleto azul que fue el que tuve en mis manos y en la experiencia que viví en el teatro Jorge Eliécer Gaitán", insistió Acevedo. Se refería al lanzamiento del informe final que se dio el 28 de junio de 2022.

Otro de los señalamientos de Acevedo es que la Comisión no se refirió a la influencia de la revolución cubana ni al papel que desempeñó ese país con respecto al conflicto armado. Si bien no se encuentra en la Declaración, en otros informes hay varios apartes con información relacionada.

Por ejemplo, refiriéndose a las conclusiones de las autodefensas campesinas en las que acordaron que el Partido Comunista y la Juventud Comunista enviarían instructores políticos desde las ciudades, la Comisión concluyó: “Si a eso se suma el entusiasmo que produjo el triunfo de la Revolución cubana, puede explicarse por qué en 1961 el IX Congreso del PCC aprobó la combinación de formas de lucha como estrategia”.

“Cuba desempeñó un papel de apoyo político y militar para las guerrillas colombianas hasta los años ochenta. En diversos testimonios para la Comisión de la Verdad, miembros de los grupos armados (FARC-EP, ELN, EPL y M-19) admitieron que recibieron entrenamiento militar en la isla y en otros países del eje socialista, así como apoyo logístico y protección humanitaria cuando la necesitaron”, señaló la Comisión en la página 59 de ‘No matarás’. Eso da cuenta de que la entidad sí expuso el papel de ese país en algunos pasajes del conflicto colombiano.

Incluso, el reclamo de Acevedo sobre la omisión del entrenamiento recibido por algunas personas en Cuba también carece de sustento. “Para finales de 1962 un nutrido grupo de jóvenes colombianos, casi todos estudiantes menores de 25 años, estaba en Cuba recibiendo entrenamiento militar y político mientras la Guerra Fría entraba en uno de sus capítulos más tensionantes: la crisis de los misiles instalados por la Unión Soviética en la isla. Al regresar se darían a la tarea de fundar nuevas guerrillas, entre ellas el ELN y el EPL, aupados por un intenso movimiento universitario, por algunos sindicatos y el activo movimiento campesino”, se lee en la página 75 de ‘No matarás’.

“Los fundadores del ELN fueron instruidos en Cuba y copiaron la teoría del foco guerrillero que había funcionado de manera excepcional en la isla”, recalcó la entidad en la página 83 de dicho documento.

Es así que la Comisión de la Verdad sí investigó y analizó el papel que jugó el país centroamericano en diversas etapas del conflicto armado colombiano, así como también se refirió a la influencia del marxismo en las guerrillas. Por lo tanto, es necesario hacer la claridad que estos temas no están en el único documento que leyó Acevedo, pero sí se encuentran en otros capítulos del informe final, por lo que concluimos que las afirmaciones de Acevedo son cuestionables.

 

Desde que se publicó el Informe Final de la Comisión de la Verdad el pasado 28 de junio, la senadora María Fernanda Cabal ha sido una de las mayores detractoras del trabajo hecho por la entidad y lo consignado en dicho documento. No se quedó atrás en la publicación de la cartilla ‘Cuál Verdad’ que sacó su partido, el Centro Democrático, y escribió el capítulo ‘La omisión de la verdad, una injusticia más’. 

 

En esta oportunidad, y a lo largo de dos páginas, cuestiona el trabajo de la Comisión de la Verdad y afirma: “Esa Comisión, que yo llamo la Omisión de la Verdad, no ha hecho más que recoger informes de colectivos de abogados de izquierda, de la ONG Justicia y Paz, que también es del cura Javier Giraldo”. En Colombiacheck revisamos esa afirmación y la calificamos como falsa. Aquí las razones:

Desde la creación de la Comisión de la Verdad hasta diciembre de 2021 la entidad recibió 962 informes y 635 casos sobre el conflicto. Muchos de los textos que llegaron para el esclarecimiento fueron producto de organizaciones sociales, medios de comunicación, universidades, personas que han brindado información sobre hechos que describen violaciones de derechos humanos e instituciones del Estado como el Centro de Memoria Histórica y agentes del estado. 

Por ejemplo, el 10 de septiembre de 2020 la Fuerza Aérea entregó  el segundo informe colectivo de miembros de la Fuerza Aérea, víctimas del conflicto armado interno. Un documento que aborda las afectaciones individuales y conflictivas de los militares, sus familias y la institución. Según datos proporcionados por la Comisión, en total recibieron 158 documentos entregados por la Fuerza Pública. De estos, el Comando General de las Fuerzas Militares entregó 14, el Ejército Nacional de Colombia presentó 107, la Fuerza Aérea Colombiana 6, la Armada de Colombia entregó 12 y la Policía Nacional de Colombia 19. 

Como ya contamos en Colombiacheck  en este explicador, el Informe Final en el capítulo de hallazgos y recomendaciones explica en la página 136 que utilizaron 112 bases de datos de análisis cuantitativo de fundaciones y entidades que ya desarrollaban procesos de escucha y metodologías investigativas con víctimas del conflicto armado. Esto es lo que dice:

“El Centro Nacional de Memoria Histórica, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Jurisdicción Especial para la Paz; la Procuraduría General de la Nación (PGN); la Policía Nacional; el Registro Único de Víctimas; entre otras; y 25 de organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz; la Organización Nacional Indígena de Colombia; y País Libre, entre otras”.

También se ha explicado porque organizaciones como ‘Rosa Blanca’ no fueron partícipes en la entrega de información ni en los espacios de escucha. Como se publicó , la Comisión y la corporación tuvieron un desacuerdo en la forma de acompañamiento psicosocial, en la que la entidad exige para poder llevar a cabo estos encuentros. 

Esto también ya lo detallamos en el explicador titulado ¿Por qué los testimonios de Rosa Blanca no salieron en el informe de la Comisión de la Verdad? en el que explicamos que hubo desacuerdo entre ambas partes por el proceso de “acompañamiento psicosocial” que debía realizar la Comisión. La corporación no estuvo de acuerdo con este tipo de acompañamiento mientras que para la Comisión era “uno de los criterios éticos dispuestos” en la metodología de la entidad.

ColombiaCheck se contactó con el equipo de prensa de la senadora Cabal para conocer las fuentes y detalles de su afirmación, pero no ha contestado. 

Así que tras estas evidencias, calificamos como falso por la senadora Cabal, que los únicos que entregaron información a la Comisión hayan sido organizaciones de izquierda, pues está claro que las fuentes y bases de datos consultadas incluyen a organizaciones de todo tipo y tendencia.

 

Para la construcción del componente de narcotráfico, incluido en el capítulo de “Hallazgos y recomendaciones” del informe final, la CEV contó con el grupo de trabajo ‘Narcotráfico, economía de drogas ilegalizadas y conflicto armado’, coordinado por Estefanía Ciro, doctora del Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unam, e investigadora del colectivo “A la Orilla del Río”

 

La investigadora, en diálogo con Colombiacheck, explicó que los ejes centrales del componente de narcotráfico, están basados en entender cuáles han sido todos los vasos comunicantes del narcotráfico con el conflicto armado.  Las preguntas que sirvieron como hoja de ruta de la investigación, cuenta Ciro, respondieron a tres interrogantes principales: ¿cómo es violento el narcotráfico en lo político?, ¿cómo es violento en tanto a la economía y el funcionamiento ilegal? y ¿cómo es violento en tanto es un ejercicio de poder?

 

¿De dónde surgió la información del componente de narcotráfico?

De acuerdo con información consignada en el informe final y explicaciones dadas por Estefanía Ciro, las fuentes citadas a continuación fueron varias de las consultadas por la CEV para la construcción de los textos sobre narcotráfico que están en el informe final presentando al país el 28 de junio pasado:

• Entrevistas colectivas e individuales con líderes de las marchas campesinas de 1996, también con campesinos cultivadores de coca en Córdoba, Nariño, Bolívar.
• Entrevistas con “Víctimas de la política antidrogas y de la guerrilla en los Parques Nacionales durante el conflicto y que siguen siendo violentadas en el posacuerdo”.
• Espacios de escucha con organizaciones que representan a las mujeres que están en cárceles del país acusadas de tráfico de drogas.
• Entrevistas con funcionarios públicos que han trabajado en el tema antinarcóticos, de desarrollo alternativo y del Plan Colombia-Plan Patriota-Plan Consolidación, así como con funcionarios y partícipes de la implementación del Acuerdo de Paz.
• Se realizaron entrevistas colectivas e individuales a participantes de pueblos étnicos.
• Entrevistas a algunas personas de las Fuerzas Militares y policías que quisieron colaborar con su experiencia.
• Pilotos y personas involucradas con el tráfico de cocaína.
• Presos en los Estados Unidos por tráfico de drogas
• Entrevistas con extrabajadores o personas relacionadas con los carteles de cocaína en los años ochenta. 
• Entrevistas con actores extranjeros que formaron parte de estas políticas, con excombatientes y exparamilitares. 

Además de todo lo anterior, la Comisión recolectó testimonios de políticos, jueces, abogados, víctimas o críticos del narcotráfico, la política antidrogas y las economías de la cocaína. 

“También se hizo una revisión documental de archivos –algunos inéditos en el país– como el Proyecto Colombia del National Security Archive, archivos del Ministerio de Defensa y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, entrevistas a excombatientes de la Agencia de Reincorporación Nacional, actas de la Aerocivil, sentencias de Justicia y Paz-Sala de Casación Penal, actas del Consejo Nacional de Estupefacientes, actas del Consejo de Ministros, actas del Ministerio del Medio Ambiente, correos de Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, casos de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), archivos de la Dirección Federal de Seguridad (México), bases de datos del Observatorio de la Escuela de las Américas (SOWA), School of Americas Watch y los tomos del Informe Génesis del Ministerio de Defensa”, según información citada por la Comisión de la Verdad en su informe final. 

 

Una mirada histórica al narcotráfico

En el tomo “Hallazgos y recomendaciones”, la Comisión de la Verdad publicó un apartado dedicado a explicar cómo el narcotráfico tuvo una relación directa con el conflicto armado colombiano y fue elemento clave para su permanencia en el tiempo de la violencia en el país. El intertítulo de esta sección del documento es “relación con el narcotráfico: el motor”.  

Por ejemplo, se indica: “El entramado no podría haber alcanzado las dimensiones que ha tenido sin la participación de los dineros del narcotráfico. En los años ochenta el paramilitarismo dio un giro fundamental para convertirse en un ejército impulsado por las economías de la droga, que estuvo en múltiples ocasiones al servicio del narcotráfico. Este punto de inflexión en el paramilitarismo significó la entrada del narcotráfico al conflicto armado por vía contrainsurgente”. 

En este apartado la CEV también hace un recuento histórico del narcotráfico desde la creación de la Asociación ganadera del Magdalena Medio Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam), a comienzos de los años 80, pasando después en 1984 con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y Pablo Escobar, a quienes referencia la Comisión como dos narcotraficantes que en los años ochenta hicieron una alianza con el paramilitarismo que estaba en cabeza de Gonzalo Pérez (de Acdegam), esto tras un “ataque de las Farc a los laboratorios de ‘el Mexicano’ en llanos del Yarí (entre Caquetá y Meta), el robo de 200 kilos de cocaína y el incumplimiento de pactos sobre la construcción y uso de otros laboratorios”.

La CEV lo que ha planteado en su informe final es que las “economías ligadas al narcotráfico siguen siendo un motor central” para los grupos armados posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, pese a las diversas iniciativas y esfuerzos de diferentes actores por desarticular esta industria de los estupefacientes. 

 

“Narcotráfico como protagonista del conflicto armado”

En el informe final, la Comisión de la Verdad ha dicho que el narcotráfico debe verse como un “protagonista y un factor de persistencia del conflicto armado colombiano, pero también como una fuerte influencia sobre la política y la economía del país”, esto para explicar que usa la violencia para reproducir cada vez más un modo mafioso de acumulación de riqueza y poder por medio de economías ilegales que luego legaliza a través del sistema económico nacional e internacional.

En “Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia”, que hace parte del documento de “Hallazgos y recomendaciones” del informe final, la Comisión de la Verdad expone varias conclusiones que permiten explicar la relación entre el narcotráfico y la violencia, esto como “motor” de la misma. 

Hasta el cierre de este chequeo no se había recibido respuesta alguna de la senadora Paloma Valencia a las preguntas hechas desde Colombiachek sobre qué insumos o documentos utilizó la senadora para hacer tal afirmación y para escribir el capítulo “la Comisión de la Verdad y el narcotráfico” del documento del Centro Democrático, texto donde hizo la aseveración que decidimos verificar. 

Teniendo en cuenta todo lo explicado anteriormente, calificamos como  Falso lo afirmado por la senadora Paloma Valencia Laserna.

 

En la misma cartilla, la senadora Paloma Valencia afirma que “La solución al problema del narcotráfico según la Comisión de la Verdad es la regularización. La misma propuesta de Pablo Escobar”.

 

En Colombiacheck, al aplicar nuestra metodología de verificación, calificamos la afirmación de la senadora Valencia como cuestionable.

Para empezar, nos comunicamos con el equipo de prensa de la senadora Valencia para preguntarle cuáles fueron los insumos y fuentes en los que ella basó su frase. El jefe de prensa de Valencia nos envió cuatro enlaces a cuatro artículos en los que, según él, la senadora basó su afirmación:

1. Los diálogos con el narcotrafico: historia de la transformacion fallida de un delincuente comun en un delincuente politico.

2.  ‘Colombia y la política de drogas: del policy-taking al policymaking a través de una aproximación desde la geopolítica crítica y el constructivismo en la política exterior’.

3. La entrevista a Pablo Escobar que nunca se escuchó

4. Poder, política y guerra. 

Así que nos dimos a la tarea de revisar los artículos y encontramos que en el primero de ellos  se habla de la propuesta que  Pablo Escobar tenía de “legalizar sus dineros por medio de una vía política”. En el texto: Poder, política y guerra, en el  que la senadora basa su afirmación, se recuerda que en algún momento el entonces líder del cartel de Medellín ofreció “pagar la deuda externa del país si se legalizaba el comercio de drogas psicotrópicas”.  

El tercer documento que usó la senadora Valencia, es esta entrevista de Revista Semana y allí, Escobar insiste en la legalización de sustancias psicoactivas: “Sí, yo pienso que el problema de la legalización o el problema de la represión en la lucha contra el narcotráfico no es tan importante, yo considero que es mucho más importante el problema de la educación y de la disciplina”. 

Por último, la senadora Valencia utiliza un artículo de la Universidad del Rosario en el que se afirma lo siguiente: “En 1982, los comicios presidenciales dieron como ganador a Belisario Betancourt. Durante su gobierno, la violencia alcanzó niveles insospechados y el narcotráfico consolidó su fuerza contra el estado. Para contrarrestar la situación, Betancourt planteó en su reforma tributaria la alternativa de legalizar los dineros del narcotráfico dentro de la economía colombiana”. A pesar de que buscamos por distintos canales el mencionado documento del expresidente Belisario Betancur (1982-1986), no logramos encontrar un dato o un documento que respaldara lo señalado por el artículo. 

Ahora bien, los documentos de la senadora Valencia hablan constantemente de las iniciativas que el capo tenía para la legalización de sustancias psicoactivas, pero eso no es lo que propone la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Lo que la CEV propone en su capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’ es la regulación: 

“Se debe separar la política del narcotráfico y el modelo de Estado que ha construido nuestro país. Se necesita superar la visión de la guerra que lleva a buscar soluciones militares desde hace décadas y que ha llevado a considerar a los campesinos cocaleros como enemigos y no ciudadanos. Se necesita una regulación pacífica donde los ingresos de este negocio vayan al Estado y no a la conformación y el fortalecimiento de ejércitos o grupos armados, dentro o fuera de la ley. La Comisión invita a reconocer y replantear el problema del narcotráfico y a encontrar los caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos de salida en debates de fondo y procesos de concertación que permitan la comprensión, regulación e integración económica, social y política del narcotráfico”. (página 462) [Énfasis añadidos]. 

En términos conceptuales legalización y regulación no es lo mismo ni tampoco en términos prácticos, a diferencia de lo que sugiere la senadora Valencia. De acuerdo con la Real Academia de la lengua Española, legalizar es “Dar estado legal a algo”. Y regular es “Determinar las reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo”.

De ahí que Luis Felipe Cruz, coordinador de política de drogas de Dejusticia, “legalizar las drogas implica eliminar el uso de la producción como un delito”. Es decir, implicaría sacar del código penal la producción de marihuana, por ejemplo, y eliminar el artículo 378. en el que se advierte que “cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

Cruz señala que la “legalización simplemente habla de que la actividad deje de ser un delito. En cambio la regulación habla de que la actividad deja de ser un delito pero el Estado debe regular su producción, establecer unos criterios para las buenas prácticas del cultivo. Luego, establecer licencias para la producción, por ejemplo, de la marihuana en aceites. Establecer reglas con todo lo que tiene que ver con la dispensación y, a su vez, el desarrollo de medidas para la reducción de daños y con la estructuración de toda una política pública alrededor de la conducta”. 

De acuerdo con Cruz, en la década de los años 80, el debate giraba en torno a la  “legalización, porque en esa época incluso la dosis personal implicaba un tipo de sanciones para los usuarios, pero nunca se abordó el debate como ahora. Hoy el debate es la regulación, que es un grupo de normativas sociales que nos permiten abordar y estandarizar procesos de cultivo, de transformación, dispensación y, por supuesto de uso, bajo ciertas restricciones y principios de salud pública. Pablo Escobar nunca habló de eso”. 

Según el investigador, generar una política de regulación alrededor de la droga, “permitiría reducir la violencia sobre ciertas poblaciones que han resultado más afectadas por la guerra, como las poblaciones cocaleras”. 

En este informe de la Transform Drug Policy Foundation se señala que “La regulación no significa la eliminación de los controles sociales; significa pasar del intento de erradicación del mercado mediante la prohibición general a controles basados en sistemas de concesión de licencias, impuestos, y otros. Lograr una regulación correcta se trata de establecer los detalles correctamente. Sin embargo, en un nivel más amplio, se trata de apuntar a un marco de políticas que tenga más probabilidades de lograr los resultados sociales deseados”.

Así que Pablo Escobar no habló de regularización sino de legalizar las drogas, mientras las recomendaciones del Informe Final se enfocan en la regularización, por lo que calificamos la afirmación de la senadora Paloma Valencia como cuestionable. 

 

En Colombiacheck calificamos esta afirmación como falsa por las siguientes razones: 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se enfoca en los delitos más graves y representativos del conflicto armado. Hasta la fecha tiene siete macro casos abiertos en los que se investiga y se juzga varios delitos. El caso 7 titulado ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’  estudia la utilización de los menores en la guerra. La decisión se tomó en marzo del 2019 tras la presentación de varios informes de la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Organización Coalico. 

 

 

El Tribunal cruzó 31 bases de datos que nacieron de 45 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias y pudo determinar una cifra aproximada que trazó el camino a seguir con el caso 7. En agosto de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas – SRVR – encontró 18.677 víctimas únicas sobre el reclutamiento y utilización presuntamente cometido por las extintas Farc. 

Tras datos aproximados y 457 víctimas acreditadas por este caso, la Sala prioriza la investigación sobre el reclutamiento ocurrido entre el 01 de enero de 1996 y el 01 de diciembre de 2016 para determinar patrones y responsabilidades individuales.  La JEP no solo investiga el reclutamiento sino también cómo los menores fueron víctimas de torturas, tratos crueles, humillantes y degradantes, violencias basadas en género y violencia sexual. 

Durante el 2020, la Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a rendir versiones voluntarias a 26 personas, entre ellas varios comandantes de los bloques Oriental, identificado como el frente con el mayor número de victimizaciones, seguido del Sur y  Noroccidental.  

Durante este tiempo la Sala de Reconocimiento concentró la investigación por cada uno de los bloques, sus dinámicas, el mando de cada estructura y cómo operó en el territorio, para así determinar responsabilidades. 

En diciembre de 2021, la JEP a través del auto 269 llamó a rendir versión a 47 exintegrantes de la guerrilla de las Farc, que anteriormente habían priorizado para determinar cómo fue el reclutamiento y el trato de menores en sus filas. Entre los comparecientes se encontraban Rodrigo Granda, los actuales congresistas Victoria Sandino y Jairo Reinaldo Cala, y Guillermo Enrique Torres, actual alcalde de Turbaco, Bolívar.

Al comienzo de las audiencias de responsabilidad varios ex comandantes negaron que dentro de la guerrilla hubiera sido sistemático el reclutamiento forzado. Sin embargo, el discurso cambió con el pasar del tiempo hasta que en el primer semestre de 2022, por ejemplo Victoria Sandino afirmó ante la magistratura que “negarlo a estas alturas es algo irreal, pues así ocurría. Sí llegaron menores, sí se reclutaron menores”

El Sistema Integral para la Paz, compuesto por la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz,  tiene en centro a las víctimas y su participación en los procesos de cada entidad. La Sala determinó la participación de las víctimas en las declaraciones voluntarias de los ex comandantes de las Farc. La primera, por vía de demandas de verdad que llegan a la institución; la segunda, por su participación en las versiones colectivas por bloques y, la tercera, por las observaciones que las víctimas hacen en las versiones voluntarias. 

Grafica que relaciona víctimas por Bloque de la guerrilla de las Farc. Por : JEP

 

La Sala tuvo en cuenta una nueva línea de investigación en la que realizó una diligencia específica con personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas que vivieron el reclutamiento infantil. A la fecha el despacho del Caso 07 ha realizado cuatro diligencias de ampliación de información sobre las versiones y las observaciones de las víctimas. 

La JEP desde que abrió el caso en 2019 viene determinando las cifras de reclutamiento infantil, y ha logrado determinar más de 8000 casos, responsabilidad del Bloque Oriental  y 18.000 casos en total de las Farc. Además de identificar 122 casos de niños y niñas que se encuentran desaparecidos y fueron reclutados por el Bloque Oriental. En este momento continúan las audiencias voluntarias para determinar patrones y responsabilidades. 

El Informe Final de la Comisión de la Verdad en su tomo ‘No es un  mal menor’ advierte que las violencias contra los niños, niñas y adolescentes se han justificado o se han minimizado al decir que son “daños colaterales” o “daños operacionales, lo que hace que las responsabilidades muchas veces no sean reconocidas. “Pero lo que muestra la forma y la frecuencia con la que la violencia se presentó es que fueron objetivo específico de la guerra, lo cual se evidencia por el lugar en el que ocurrieron muchos de los hechos documentados por la Comisión de la Verdad: parques y colegios o sus alrededores, lugares propios de la niñez y la adolescencia. Espacios que fueron escenario de hostigamientos y reclutamientos y que, además, fueron sembrados de minas antipersona pese a que deberían estar al margen de la guerra, ya que son bienes civiles protegidos a la luz del DIH”, se lee en la página 11 del documento. 

Como lo afirma la Comisión, el  reclutamiento de menores no fue una práctica aleatoria sino que obedeció a una práctica sistemática de todos los actores armados.  Tanto paramilitares como guerrilleros se aprovecharon del estado de vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes para reclutarlas y fortalecer la capacidad militar con “con individuos ágiles, obedientes y de quienes se espera una mayor adaptabilidad a las necesidades de la guerra”.

 

Número de reclutamientos registrados de niñas y niños menores de quince años (1990-2017)

Colombiacheck le preguntó a Restrepo por su afirmación, objeto de este chequeo, en la cartilla ‘Cuál Verdad’ al decir, “…no es admisible que este delito sea tratado como una especie de delito conexo o menor…”, la respuesta de ex representante a la Cámara fue que su frase se refirió que no hay ninguna condena todavía contra los ex comandantes de las Farc. 

Es importante aclarar que la JEP no ha dado su primera sentencia porque todavía se encuentra el caso en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, determinando patrones y responsabilidades. 

Así que por lo anterior, calificamos como falsa la afirmación de  Restrepo, pues para la Jurisdicción Especial para la Paz, el reclutamiento y demás delitos sufridos por niños y niñas en las filas de las Farc es prioritario y no es tratado como un delito menor. 

 

La Comunicadora Social y Ex-Representante a la Cámara por Antioquía Margarita Restrepo, señaló en el capítulo de su autoría “Presente y futuro”, que las cifra de menores víctimas del delito de reclutamiento forzado  a manos de la guerrilla de las FARC, según Fevcol es superior a 40.000.

Sin embargo, en Colombiacheck hicimos seguimiento a esa afirmación y encontramos en múltiples informes de instituciones del estado, academía e incluso centros de investigación que lo dicho por Fevcol no coincide con las cifras de otras organizaciones  y que  además, esa organización no entregó esas cifras cuando la JEP se las solicitó.   

En Colombiacheck verificamos todo lo relacionado a la afirmación de Restrepo, sin embargo, queremos aclarar que la frase objeto de nuestro chequeo es solamente la relacionada con la cifra en concreto de menores reclutados por las Farc, que según afirma la ex-representante es de 40.000. La segunda frase en donde detalla la información del subregistro, no es verificable.

El reclutamiento es cualquier modalidad de vinculación o involucramiento de niños, niñas y adolescentes en actividades de los grupos armados tanto legales (Fuerzas Militares) como ilegales (guerrillas y paramilitares) en el conflicto armado interno, ya sea que dicha participación sea directa o indirecta en las hostilidades. 

En Colombiacheck revisamos las cifras dadas por diversas entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, organizaciones de víctimas, la Fiscalía General de la Nación y  la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero ninguna de ellas coincide con la citada por la ex congresista.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, en su investigación “Una Guerra sin Edad” de 2017, afirma que este tipo de práctica se convirtió en una tendencia en los grupos armados del país.  En ese informe se afirmaba que los mayores reclutadores han sido las guerrillas (con un 8.701 casos), seguidos de los grupos paramilitares (con 2.960 casos) y grupos armados post-desmovilización, con 839. La Fuerza Pública, con 3 casos de reclutamiento forzado. 

Las cifras del CNMH son el  resultado de un análisis de una base de datos que recopiló los reportes hasta junio de 2016 entregados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Unidad para Víctimas y en menor grado, algunos casos reportados por organizaciones de la sociedad civil y en otros, por los medios de comunicación. 

Luego de firmado el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante el Auto N.o 029 del 1.ro de marzo del 2019, dió apertura del Caso N.o 07.

 

EL CASO 07 en la JEP 

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP abrió el Caso No. 07, denominado “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”, que establece una estrategia para abordar el caso en dos partes: el subcaso FARC y el subcaso Fuerza Pública. Este caso se organizó de ese modo porque la Sala obtuvo información que indicaba que ambos grupos incurrieron en algunos de los fenómenos cobijados por el caso.

Para ese momento, el registro inicial de documentación de la JEP indicaba que eran 6.230 víctimas reclutadas a nivel nacional entre 1971 y 2016 (Página 24), un número producto del cruce de datos de la  la Fiscalía General de la Nación y el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoría Histórica. 

Sin embargo en abril del 2020 la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), una organización con presencia nacional que busca se reconozca y visibilicen los derechos de estas víctimas, divulgó una cifra distinta. Fevcol afirmaban que desde 1991 hasta la firma del acuerdo de paz en 2016, más de 40 mil niños habían sido víctimas de reclutamiento forzado por ese grupo armado. 

El 20 de agosto del 2020 Fevcol dijo a RCN Radio que eran 40.000 las víctimas de reclutamiento a manos de las FARC. Siete días después indicaron en La FM que 39.000 niños reclutados por las Farc habían sido asesinados. 

Semanas después, el 10 de agosto de 2020 el presidente de Fevcol, el periodista Herbin Hoyos, fue citado por la JEP, a rendir declaración juramentada en el Caso 07 y según detalló en entrevista el 8 de septiembre de 2020 con Mañanas Blu, ellos le entregaron tres informes a la JEP.

Sin embargo, durante esa entrevista no se refirió a la cifra de niños reclutados, solo afirmó portar informes periodísticos con testimonios de víctimas reclutadas por este delito de lesa humanidad, sin especificar el número concreto de menores reclutados por las FARC. Ese mismo día, durante la rueda de prensa, moderada por el mismo Hoyos, acerca del primer informe, no se hizo mención en relación a esa cifra, luego durante la exposición del segundo y el tercer informe tampoco ofreció una mención de la cifra o de la metodología de cómo llegaron a ella. 

El 1 de octubre de ese mismo año, esa organización junto a la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) expusieron en Comunicado Público que en su calidad de organizaciones de víctimas en el Caso 07 instaban a los comparecientes de las FARC a hacer un reconocimiento pleno de sus responsabilidades dentro del proceso judicial. En el comunicado tampoco hablaron de la cifra de 40.000 menores reclutados por las Farc.

Luego de ello, el 14 de octubre del 2020 la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol y la organización de la Corporación Rosa Blanca, afirmaron no sentirse representadas en estos espacios de comparecencia por considerar que sus derechos no se encontraban debidamente garantizados en la JEP e incluso interpusieron una denuncia ante la Corte Penal Internacional para que ese alto tribunal fuera derogado.

 

La investigación de la JEP

Esta investigación fue priorizada por el Alto Tribunal en el Auto 159 de 2021 y estableció la importancia del caso y llamó a los ex-comandantes de este grupo a comparecer a versiones voluntarias para establecer todos los detalles del Caso 07, para ello JEP adelantó un análisis y contrastación de 31 bases de datos, obtenidas por medio de 36 informes que presentaron organizaciones de víctimas, instituciones estatales y la academia, de la mano de testimonios que hicieron 274 víctimas acreditadas, que siendo hoy adultas, entregaron a la Sala detalles acerca de su reclutamiento. 

Según los informes aportados a la Sala de Reconocimiento, el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado hacía parte de las políticas y prácticas de las Farc y, en consecuencia, su responsabilidad deberá imputarse sin concesiones de ningún tipo.

 

Los informes que recibió la JEP

La decisión de abrir el caso caso No. 007 fue tomada por el Alto Tribunal luego de conocer  tres informes presentados por la Fiscalía General de la Nación: (1) Inventario del conflicto armado interno (y su base de datos anexa); (2) Vinculación y utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de las Farc y (3) el informe Violencia basada en género cometida por las Farc.

Otro de los informes que sirvieron como argumento para abrir el caso son el de Una Guerra sin Edad, del CNMH, e Infancia transgredida: niñas, niños y adolescentes en la guerra, de la Coalición Coalico. También estudiaron la bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Sistema de Información de las Afectaciones a los Pueblos Indígenas de Colombia, de la ONIC,  la base de datos entregada por el Centro de Cooperación Indígena, sumado a los informes presentados por la Corporación Humanas, la Mesa Nacional de Víctimas, la Red de Mujeres Víctimas, la Campaña No es Hora de Callar y la Ruta Pacífica de Mujeres.

 

Los hallazgos del CASO  07

Luego de todo lo anterior, la sala logró identificar que, entre el 1 de enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016, las Farc reclutó a 18.677 menores de edad. La JEP logró determinar que la mayoría de estas víctimas sufrieron conductas asociadas al reclutamiento, es decir, violencia sexual- violencias basada en género, desaparición forzada, homicidio, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos, lo que podrían constituirse como crímenes de guerra ante tribunales internacionales.

Esta cifra, que puede ser provisional, se obtuvo tras cruzar 31 bases de datos aportadas a través de 36 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias.

 

 

Las víctimas 

La Sala de Reconocimiento de Verdad, con corte al 8 de julio de 2022,  ha acreditado a 470 víctimas que participaron en todas las etapas del caso 07, aportando sus relatos y nutriendo con sus experiencias la investigación y la contrastación esa investigación. Del grupo de víctimas acreditadas por la Sala, 255 fueron reclutadas o utilizadas siendo niñas y niños y 215 son familiares de niños y niñas que fueron reclutados. Algunos de ellos todavía se encuentran desaparecidos. 

 

La cifra de menores reclutados por las FARC según la Comisión

La Comisión en su informe cita  la cifra de 18.677 víctimas  de este flagelo  al interior de las FARC, una cifra provisional, establecida por la JEP en el Caso 007 que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.  

 

 

Esa misma cifra fue confirmada durante la presentación de la investigación Infancia Reclutada y el documental se sostuvo un diálogo sobre los hallazgos recabados a partir de información incautada a las antiguas FARC-EP, archivos de la justicia ordinaria, investigaciones de oenegés, universidades, y juntaron los testimonios de 1.000 víctimas que padecieron múltiples vejámenes al interior de las filas de este grupo armado. De esas 1000 víctimas el 89% fueron reclutadas antes de los 15 años.  Aunque la Comisión estima que el subregistro de víctimas podría oscilar entre 20.227 y 31.322 menores. 

 

 

Documental Infancia Reclutada. Fuente: Comisión de la Verdad, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP)

En Colombiacheck contactamos a la ex representante, Restrepo, para conocer el sustento de su afirmación, pero hasta el cierre de este contenido no habíamos obtenido su respuesta. 

Con las anteriores evidencias, en Colombiacheck calificamos como cuestionable la afirmación de la ex congresista, ya que ello no coincide con las cifras divulgadas en múltiples informes de instituciones del estado, academía e incluso centros de investigación, ante  la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mismo tribunal que solicitó información detallada a Fevcol acerca de esa cifra y que no la recibió. La JEP luego de cruzar los hallazgos de los distintos informes pudo establecer la cifra  de 18.677 menores fueron víctimas de ese crimen entre 1996 y el 2016, además la Comisión de la Verdad afirma que la cifra estimada de menores reclutados por todos los grupos armados entre 1990 y 2017, fue de  40.828.

 

En Colombiacheck verificamos esta frase y encontramos que la afirmación de Restrepo es inchequeable. Aquí contamos por qué: 

Primero, nos contactamos con la exrepresentante Restrepo para saber cuál es la fuente en la que ella basó su afirmación. La respuesta que la exrepresentante nos dio, a través de su jefe de prensa, fue esta: “De Luis Carlos Restrepo. Para empezar el complex de reclutamiento del Gobierno Uribe”. Le solicitamos el documento que menciona, pero no obtuvimos más respuestas. Por nuestra parte, también buscamos dicho informe, pero no encontramos nada relacionado con lo señalado por Restrepo. 

Así que vamos por partes, lo primero que hay que precisar es la figura de Luis Carlos Restrepo, la única fuente que cita la representante antioqueña.

Hay que recordar que Luis Carlos Restrepo fue alto comisionado para la paz y la convivencia (2002-2009) durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Al exfuncionario de la administración Uribe se le imputaron cargos por la falsa desmovilización del Frente Cacica La Gaitana de la extinta guerrilla de las Farc. Actualmente, Restrepo está prófugo luego de que la Fiscalía le imputara cargos por peculado por apropiación en favor de terceros, fraude procesal, prevaricato por acción, tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado. 

Pero eso no es todo, en relación al tema de reclutamiento infantil, vale la pena recordar que en el año 2013, revista Semana publicó esta carta en la que Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordo Lindo’, y Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, tres de los jefes paramilitares con más poder dentro de la estructura de las AUC, señalan a Luis Carlos Restrepo, como alto comisionado para la paz, de lo siguiente: 

“Los jefes paramilitares advierten que, en medio de las negociaciones, Restrepo les solicitó que si las AUC tenían menores de edad en las filas, fueran licenciados y enviados a sus casas en el “más absoluto secreto”. Según ellos, no se les dio oportunidad a los menores combatientes de hacer parte de un programa de rehabilitación y quedaron “expuestos a ser reclutados por otros actores del conflicto”.

Más adelante, el artículo que cita la carta, señala: “Restrepo aprovechó el proceso de desmovilización para, entre otras cosas, consentir ‘eliminar’ a jefes guerrilleros y ‘neutralizar’ a los ‘paras’ que estaban en desacuerdo con el proceso, así como esconder a los menores que estuvieran en las filas de las AUC”. 

Ahora bien, para entender con mayor claridad cómo funcionó el proceso de desmovilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante las negociaciones de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, es necesario entender cómo se creó la normatividad para la desvinculación de niños y niñas durante el surgimiento de la política de la Seguridad Democrática.  

El 22 de enero de 2003 se expidió el Decreto 128 de 2003, pivote jurídico que reglamentó la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999 y la 782 de 2002. Según este documento del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, de la Universidad Nacional de Colombia, esto “constituye el vértice normativo para el programa y el proceso de desmovilización colectiva e individual desde el 2003 a cargo del Gobierno del presidente Álvaro Uribe. En esta ley se establecen disposiciones en materia de la desvinculación y atención de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes vinculados a Organizaciones Armadas Ilegales”.

Lo anterior estableció como mandato legal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la recepción de niños y niñas en proceso de desvinculación de organizaciones armadas ilegales.  Por lo que en la ley 128 de 2003 se lee:

“Artículo 22. Entrega de los menores. Los menores de edad que se desvinculen de organizaciones armadas al margen de la ley de conformidad con las disposiciones legales vigentes, deberán ser entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, por la autoridad civil, militar o judicial que constate su desvinculación del grupo armado respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas ordinarias siguientes a su desvinculación o en el término de la distancia, para que reciba la protección y atención integral especializada pertinente. (Presidencia de la República. 2003, Cap.5)”
 

Por otro lado, el  Centro Nacional de Memoria Histórica , CNMH, en su informe ‘Una guerra sin edad’ advierte que “el importante papel que tuvo el reclutamiento de personas menores de edad en las AUC ha sido invisibilizado. Sin embargo, las versiones libres y otros procesos judiciales le han dado luz al fenómeno. En ese sentido, la sentencia contra alias El Alemán, por 309 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes de entre trece y diecisiete años, aporta al necesario entendimiento de este complejo fenómeno. Sin embargo, estamos lejos de conocer su real magnitud, pues de acuerdo con los registros del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) y teniendo en cuenta el subregistro existente, son 1.459 niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados por los paramilitares, principalmente hombres”. El mismo informe señala que de cara al proceso de desvinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la estructura de las AUC hay un vacío.

De acuerdo con Hilda  Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), hay 3 hipótesis que podrían dar razón del vacío de información frente a la desvinculación de menores de las AUC: “1. que eran asesinados para no ser entregados; 2. Devueltos a sus familias por fuera del proceso. Y 3, que habían sido reubicados en la reorganización de las estructuras paramilitares que siguieron operando en el país”. De ahí, que en este informe de la COALICO se afirme que: 

“La cifra de atención a NNA (Niños, niñas y Adolescentes) desmovilizados de los grupos paramilitares puede seguir aumentando “debido a que todavía hay menores que se presentan al ICBF para ingresar al programa y que aparentemente fueron enviados a sus casas por los comandantes, días antes de la desmovilización. Esta situación demuestra que aún no se tiene claro cuál es la cifra real de los menores reclutados por las AUC durante los años que ejercieron su actividad armada. Si no hay certezas sobre el número de NNA que fueron vinculados a estos grupos y si además resulta altamente factible que la cantidad superara con creces la cifra consolidada en materia de atención estatal ¿cuál ha sido entonces el paradero de los niños y niñas que conformaban estos frentes?”.

Más adelante, el mismo informe advierte que en su momento, Luis Carlos Restrepo “le respondió a la Procuraduría General de la Nación que “no tuvo conocimiento de un estudio claro sobre el número de niños vinculados a las Auc”. 

También vale la pena ponerle la lupa a este informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga  y la Comisión de la Verdad titulado ‘Infancia Reclutada’ en el que se señala lo siguiente sobre la entrega de los Niños, niñas y adolescentes por parte de las AUC: 

“El director de Acuerdos para la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica en el año 2016, en declaraciones entregadas a medios de comunicación, señaló que en la desmovilización de las AUC dejaron las armas 913 menores de 18 años, de los cuales 130 serían menores de 15 años, pero se cree que estos sólo representaban un 10% del total de niños en las filas paramilitares, “Hay apreciaciones que indican que podrían ser tres mil o cuatro mil, pero la cifra exacta nunca se podrá saber en tanto que no se legalizaron, no se registraron listados, no se identificaron a tiempo y tampoco se hizo un censo aproximado con los jefes paramilitares, mucho menos se tomaron datos antropomórficos que permitieran determinar la edad real de quienes dejaron los grupos en su momento”. Esta diferencia en las cifras, y la inquietud de ante la incertidumbre frente a los NNA, llevó a que en el 2009 un grupo de entidades gubernamentales y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) crearán un programa que se conoció como “Buscando a Nemo”, para encontrar a los menores que se habrían quedado por fuera de la desmovilización de las AUC”. 

Además, en el informe final de la Comisión de la Verdad, en el capítulo ‘No es un mal menor’,  no hay datos que reflejen en qué circunstancias se desarrolló el proceso de desmovilización de niños y niñas durante el proceso de negociación con las autodefensas. 

Por todo lo anterior, calificamos la afirmación de la exrepresentante Restrepo como inchequeable, ya que no hay datos sobre los que se pueda precisar cómo se negoció la desvinculación de niños, niñas y adolescentes de la estructura armada.