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Miércoles, 28 Agosto 2019

Hollman Morris se equivoca al afirmar que inseguridad ha aumentado en el gobierno de Peñalosa

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

En términos generales el indicador de victimización directa en la ciudad se ha mantenido estable en los últimos quince años, de acuerdo con encuestas de percepción de seguridad.

Durante el Primer Gran Debate con candidatos a la Alcaldía de Bogotá, realizado el pasado 8 de agosto por la W Radio, el primer tema a discutir fue la seguridad en la capital.

Hollman Morris, candidato por los movimientos Mais y Colombia Humana, dijo sobre el tema: “bajo su administración, querido Miguel, y bajo su Secretaría de Gobierno, ha aumentado la inseguridad en la ciudad de Bogotá”, dirigiéndose hacia Miguel Uribe Turbay, el candidato que se perfila como el continuismo de la actual administración de Enrique Peñalosa.

Consultamos al equipo de prensa de Morris para saber en qué fuentes basaba su afirmación, y nos compartieron una captura de pantalla de la página 139 del último Informe de calidad de vida de la organización Bogotá Cómo Vamos.

Además, el equipo de prensa nos dijo que esos cuatro indicadores de seguridad que aparecen en la tabla (victimización directa, percepción de seguridad en el barrio y en la ciudad y el indicador de denuncia) “crecen bajo la secretaría de gobierno de Miguel Uribe, responsable de la seguridad del distrito en el primer año del gobierno de Peñalosa”.

Precisa que luego de ese año (2016) “se crea la Secretaría de Seguridad que entra a funcionar en 2017”. De igual manera, según el equipo de prensa, durante los cuatro años del Gobierno de Peñalosa estos cuatro indicadores siguieron creciendo.

La Secretaría de Gobierno de Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue Secretario de Gobierno de Enrique Peñalosa desde el 1 de enero de 2016 (día en que comenzó la administración del actual Alcalde) y hasta cuando renunció en octubre de 2018 (la renuncia se hizo oficial en la página web de la Alcaldía el día 22).

El 31 de marzo de 2016, de acuerdo con el acuerdo 637 de 2016 se crea el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. El 30 de septiembre de 2016 en la página de la Alcaldía se presenta el nacimiento de esta entidad, anunciada por el alcalde Peñalosa como “una nueva e importante herramienta para seguir mejorando los indicadores de seguridad en Bogotá”. 

Ese mismo día es expedido el Decreto 411 que modifica las funciones de la Secretaría de Gobierno, encargada hasta ese día de los asuntos de seguridad de la capital.

Las cifras de inseguridad

Contactamos a la Secretaría de Seguridad para averiguar por las cifras de inseguridad en la capital y nos dijeron que por el cambio en la metodología de medición, implementada en 2017, las cifras son incomparables entre el gobierno de Gustavo Petro (2012-2015) y anteriores, y el de Enrique Peñalosa (2016-2019).

Como contamos en un chequeo anterior, en abril de 2018 la Alcaldía de Bogotá publicó una presentación de ‘Aclaración sobre las implicaciones de los cambios metodológicos introducidos por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en las cifra de criminalidad en Bogotá’. 

De acuerdo con esta presentación, el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional (principal fuente de información para el análisis criminológico en el país) se fusionó con el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía General de la Nación, en marzo de 2017, “en un esfuerzo por unificar las cifras de criminalidad del país”, según dice la presentación.

Y en agosto de 2017 se implementó el canal de denuncia virtual “A denunciar” que permitió facilitar la recepción de las denuncias. De modo que la fusión de estas fuentes, más el canal virtual, pudieron haber generado un incremento en las denuncias dando la impresión de un aumento en la criminalidad. Asimismo, imposibilita la comparabilidad de las cifras desde el año 2015 hasta enero de 2018.

Para este chequeo recibimos la misma respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad, pero en esta ocasión nos enviaron cifras de hurtos en fechas que son comparables, es decir, desde enero de 2018 hasta julio de 2019.

De acuerdo con cálculos propios del Siedco, el hurto a personas aumentó en un 19,9%, al pasar de 58.009 entre enero y julio de 2018, a 69.578 en el mismo periodo de 2019. El hurto a celulares pasó de 38.905 a 34.249 (12,2% menos); el hurto a bicicletas de 4.551 a 4.485 (1,5% menos), el hurto a comercio de 10.978 a 9.478 (13,7% menos) y el hurto a residencias de 6.087 a 5.370 (11,8% menos).

Ahora bien, claramente estas cifras muestran un periodo de tiempo muy específico, y habría que ver qué ocurre el resto del año para poder hacer afirmaciones más exactas sobre si la inseguridad en la capital ha aumentado o disminuido.

Sin embargo, de acuerdo con Hugo Acero, analista de seguridad ciudadana, las cifras de victimización obtenidas por la Encuestas de Calidad de Vida de Bogotá Cómo Vamos y la Encuesta de Percepción y de Victimización de Bogotá de la Cámara de Comercio de Bogotá, son las más confiable para hacer comparables los años.  

Esto porque, de acuerdo con el experto, las encuestas consultan a los ciudadanos si han sido víctimas de algún delito, y no tienen en cuenta la información que recoge la Policía y la Fiscalía. Es decir, están libres de las imposibilidades del cambio de metodología. 

La captura de pantalla que le entregó la campaña de Hollman Morris corresponde a la tabla que, efectivamente, permite ver cómo ha variado la victimización en los últimos 15 años.

Bogotá Cómo Vamos
 

De acuerdo con la línea de color azul oscuro, la victimización ha aumentado en el gobierno de Enrique Peñalosa al pasar del 14% al 17%, y tuvo su pico más alto, al pasar de 14 al 20% en el primer año de gobierno; fecha que se corresponde con la Secretaría de Gobierno de Uribe Turbay.

Sin embargo, lo que también permite ver la gráfica, y no dijo Morris durante el debate, es que la victimización aumentó más durante el gobierno de Gustavo Petro, que se duplicó al pasar del 7 al 14% (aumento de siete puntos porcentuales); que en el gobierno de Peñalosa (aumento de tres puntos porcentuales; seis durante el primer año).

Sobre este tema, la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá dice que para el segundo semestre de 2018 “la victimización directa (17%), indirecta (29%) y total (46%) se mantienen estables respecto a los resultados de 2017- II y a las mediciones correspondientes al gobierno del alcalde Enrique Peñalosa (2016, 2017 y 2018)”. 

Por su parte, la Encuesta de Percepción Ciudadana 2018 de Bogotá Cómo Vamos “proyecta que 3 de cada 10 ciudadanos han sido víctimas de algún delito en la ciudad. Con un porcentaje de victimización equivalente al 32%, este indicador se mantuvo estable frente a los últimos 2 años, no muy distante al ofrecido por la Cámara de Comercio de Bogotá, considerando que las metodologías de análisis son diferentes”.

En todo caso, en términos generales lo que dice Bogotá Cómo Vamos es que “el indicador de victimización directa en la ciudad se ha mantenido estable en los últimos quince años, resaltando unos picos bajos en el 2009 y 2011”. 

Por otro lado, la tasa de homicidios (cifra que no varía porque la fuente de información es Medicina Legal y nada tiene que ver con el cambio en la metodología de Policía y Fiscalía), de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, está en 14 muertes por cada 100.000 habitantes. La tasa promedio durante el gobierno de Gustavo Petro fue de 17 muertes por cada 100.000 habitantes. Lo cual quiere decir que ha habido una disminución durante la actual administración.

Finalmente, de acuerdo con Acero, la inseguridad va en aumento en todo el país, pues “la criminalidad se ha hecho más profesional. Mientras las autoridades se pelean entre sí, los grupos criminales se organizan y perfeccionan”. 

De modo que concluimos que la afirmación hecha por Hollman Morris es cuestionable, pues tanto las cifras de la Secretaría de Seguridad, como la información recolectada por las encuestas de Bogotá Cómo Vamos y la Cámara de Comercio, dicen que la inseguridad en la ciudad se ha mantenido constante y no ha aumentado, como dijo el candidato. Pero además, porque no es posible comparar los gobiernos de Petro y Peñalosa con las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad por el cambio metodológico mencionado.

RedCheq

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Miércoles, 05 Agosto 2020

La Policía no puede allanar espacios privados en Medellín por incumplimiento de Ley Seca

Por Laura Bayer Yepes - RedCheq

El alcalde de Medellín ordenó a la Policía Metropolitana entrar a las fiestas que se presenten en espacios privados por consumo de alcohol, pero en realidad, las reuniones pueden ser intervenidas es por la violación de la medida sanitaria.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó en su “Balance de cómo vamos en Medellín” del 2 de julio, que la Policía tendría total facultad para ingresar a las viviendas en las cuales se esté llevando a cabo alguna reunión o fiesta con ingesta de licor, como consecuencia de la violación a la Ley Seca. 

La Alcaldía, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus, prohibió el expendio y consumo de bebidas alcohólicas para la ciudad durante todos los fines de semana que dure la pandemia a través del Decreto municipal 0686 de 2020, expedido el 2 de julio, como medida de protección y contención del COVID-19. 

“La ley seca prohíbe el consumo de alcohol en un territorio y no dice si es dentro de la casa o fuera de la casa. Hay gente que creía que era solo el consumo de licor en el espacio público”, dijo el alcalde. Y posteriormente agregó: “Si hay una fiesta, eso le permite a la Policía entrar a esa casa para parar la fiesta, tomar las decisiones y sancionar a las personas que rompieron la ley seca”.

Colombiacheck encontró que ambas afirmaciones son falsas.

Ley seca

Así se le denomina a un decreto del Ministerio del Interior que fija las disposiciones para que se pueda prohibir o restringir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, durante un tiempo y en un territorio determinados. Es una “medida preventiva y temporal, que un alcalde decreta para prohibir y restringir el expendio y consumo de bebidas embriagantes, con el fin de mantener o restablecer el orden público”, especifica el Decreto 1740 del 25 de octubre de 2017.

¿Adentro o afuera?

El Decreto 990 del 9 de julio de 2020, que hizo la extensión del aislamiento preventivo obligatorio, con sus respectivas excepciones, del 16 de julio al 1 de agosto, expedido por la Presidencia de la República, además faculta a alcaldes y gobernadores para prohibir el consumo de bebidas embriagantes. Pero especifica muy bien que el consumo se puede restringir en “espacios abiertos y establecimientos de comercio”. Asimismo, no imposibilita la venta de bebidas alcohólicas. 

En los espacios semiprivados y privados, las condiciones son diferentes. Es cierto que el artículo 14 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia) faculta a un alcalde para prevenir el riesgo ante situaciones de emergencia, como esta pandemia por la COVID-19, y con esta potestad podría “disponer acciones transitorias de policía, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la población”. Sin embargo, la Corte Constitucional, en su Sentencia C-204/19, afirma que la intervención de la fuerza pública en espacios semiprivados “debe responder a las exigencias de razonabilidad, proporcionalidad y no discriminación”.

El decreto municipal sí estableció que estaba prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en toda la ciudad. Sin embargo, al ser de emisión anterior al decreto nacional, que lo admite, da lugar a incoherencias. “Los alcaldes se están extralimitando en las competencias constitucionales durante la emergencia. Particularmente el de Medellín es muy punitivo”, dice la doctora Lina Fernanda Buchely Ibarra, PhD. en Derecho de la Universidad de los Andes y docente de la Universidad Icesi.

¿Pueden entrar a la casa?

En la sentencia antes mencionada, la Corte advierte que la inviolabilidad del domicilio y la intimidad son derechos y si no fue notificada una razón concreta para un registro, eso permitiría arbitrariedades. Además, asimismo, en julio de 2019 la Corte declaró inexequible el artículo 162 del Código de Policía, que indicaba que los alcaldes podían dictar mandamiento escrito para registrar domicilios o sitios abiertos al público por motivos de salubridad pública. Esto, todavía, sigue siendo competencia de un fiscal y ratificación de un juez, según la Sentencia C-223/17

Aunque en los recientes decretos ya no está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, los habitantes de Medellín recibieron el mensaje de que habría Ley Seca los fines de semana en Medellín, “hasta el fin de la pandemia”. Pero no se prohibirá la venta de alcohol y sí su consumo en espacio público, según el Decreto 1076 de 2020 expedido el 30 de julio por la Presidencia y el Decreto de Cuarentena por la Vida expedido por la Gobernación de Antioquia

De modo que también es falsa la segunda parte de la afirmación del Alcalde (“si hay una fiesta, eso le permite a la Policía entrar a esa casa para parar la fiesta, tomar las decisiones y sancionar a las personas que rompieron la ley seca”).

La Policía no puede actuar por el consumo de alcohol en espacio privado, como ya establecimos. Sí puede hacerlo por violación de las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno nacional (el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de agosto o las aglomeraciones de personas en espacios donde no se pueda guardar la distancia mínima de 2 metros, por ejemplo). Pero no puede imponer comparendos si se trata de un espacio privado. De acuerdo con la resolución 1003 de 2020 del Ministerio de Salud, expedida el 19 de junio de este año, lo que debe exigir la autoridad es, simplemente, que se suspenda la reunión. 

La ley seca a la que se refiere el alcalde, aún en el marco de la pandemia, no se extiende a un lugar privado, según la abogada Lina Buchely. Es decir, no se puede prohibir el consumo de alcohol en una casa. 

Ahora, si se trata de una fiesta en un espacio privado, la Policía puede intervenirla cuando esta esté perturbando la tranquilidad del sector o ponga en riesgo las condiciones de salubridad con las aglomeraciones. Según la docente Buchely, la Policía puede imponer sanciones administrativas, con motivo de la violación de la medida sanitaria o del incumplimiento del Código de Policía, pero no puede allanar la vivienda. 

“Eso sería una contravención; una conducta antijurídica, peligrosa, que amenaza un bien jurídico, pero en menor gravedad. Por eso no es considerada un delito. Es de carácter administrativo y no penal”, explica la abogada. “Es una sanción económica, cualquier otra medida viola el habeas corpus”. 

Esto indica que las incautaciones de equipos de sonido o el mismo licor no tienen lugar. Aún así, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá impuso 624 comparendos por consumo de licor en Medellín en julio, pero no le especificó a Colombiacheck cuáles de estos habían sido en espacios semiprivados o privados. 

Por otra parte, el artículo 163 del Código de Policía, que se refiere al ingreso a un inmueble sin orden escrita, no hace referencia en ninguno de sus seis numerales a la entrada por motivos de salubridad pública. Es decir, la prohibición de las aglomeraciones por parte del Ministerio de Salud, tampoco faculta a la Policía para allanar sin orden judicial. 

Asimismo, la relación entre la libertad y la protección de la privacidad de una vivienda se especifica en el Artículo 28 de la Constitución Política colombiana:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido por la ley”.

Por ende, ambas declaraciones del alcalde Daniel Quintero son falsas, porque la Ley Seca solo aplica para espacios públicos y no es posible realizar allanamientos a inmuebles sin una orden de ingreso previa o la autorización del propietario del inmueble.

Por todas estas razones, concluimos que las afirmaciones del Alcalde de Medellín son falsas.

Colombiacheck contribuye a la difusión de noticias precisas y la promoción del discurso público transparente. Sin embargo, nos acogemos al llamado general del Gobierno nacional a cumplir con las disposiciones sanitarias de estos días. En este momento, las normas sanitarias nos exigen distanciamiento que debe ser respetado en pro de la contención del COVID-19.