En la primera semana de noviembre, el presidente Iván Duque hizo parte de  la 26^a Conferencia de las Partes de Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas, conocida como COP 26, que se realizó en Glasgow, Escocia, en la que se reunieron líderes mundiales e hicieron compromisos contra el cambio climático.

El mandatario colombiano dio un discurso en el que resaltó los logros en materia ambiental del país y anunció varios compromisos en materia de áreas protegidas y uso de energías limpias por lo que decidimos ponerle la lupa en Colombiacheck, encontrando que el mandatario hizo afirmaciones cuestionables, usando proyectos a futuro y sin todo el contexto como hechos consumados, así como estadísticas sin respaldo o total consenso.

Como parte de nuestra metodología consultamos a prensa de Presidencia para pedir algunas aclaraciones y datos en los que se sustentaban las afirmaciones de Duque, pero la respuesta nos la enviaron hoy 10 de noviembre de 2021, luego de publicado el chequeo.

En cada una de las frases agregamos la respuesta oficial y explicamos por qué no cambia las calificaciones.

 

"Colombia representa el 0,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero Colombia es uno de los 20 países más amenazados por la crisis climática" 

El mandatario se refirió a la contribución de Colombia en una de las mediciones más importantes en la lucha global contra la crisis climática: las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principales responsables del calentamiento global. En febrero de 2021, la ONU solicitó trazar una meta de reducción global del 45% de estas emisiones para el año 2030, tras conocerse la declaración de la Organización Meteorológica Mundial sobre el estado del clima.

La ONU explica que los gases de efecto invernadero “se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros seres vivos”.  Lo que sucede, según este mismo portal de las Naciones Unidas, es que “las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, han desbalanceado su justa medida, provocando que se acumule mucho más CO2 del que es posible eliminar naturalmente” .

Según estimaciones de la base de datos de emisiones para la investigación atmosférica mundial (EDGAR, por sus siglas en inglés), las mayores emisiones de GEI en el planeta provienen de China (26.8%), Estados Unidos (12.3%), la Unión Europea (7.2%), India (7%), Rusia (4.5%) y Japón (2.4%). Duque aseguró que Colombia emite el 0.6% de GEI a nivel mundial.

En los documentos oficiales elaborados en cumplimiento de los compromisos con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Colombia reporta un porcentaje distinto al dicho por Duque en Glasgow. Con datos de 2010 y 2012, tanto el inventario nacional de GEI, como la tercera comunicación del cambio climático emitida en 2017, arrojan que Colombia representa el 0.4% de las emisiones a nivel mundial.

La información más reciente sobre emisiones en el país data de 2018 y fue consignada en el Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC, donde se realizó un nuevo Inventario Nacional de GEI con datos de 2014. Según el análisis, Colombia produjo 263.973 gigagramos de CO2 equivalente. Esta cifra representaría el 0.5% de las más de 43 millones de kilotoneladas registradas en el mundo para ese año según la web del Banco Mundial. Ese porcentaje de contribución, sin embargo, no es un dato oficial.

El 0.6% de emisiones de gases enunciado por el presidente Iván Duque y publicado en boletines de prensa de 2021, no coinciden con los datos oficiales a la fecha. 

Según Giovanni Pabón, experto en energías renovables que formó parte de la División de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente entre 2014 y 2016, “en el mejor de los casos tendríamos datos de 2017”. Datos que, sin embargo, no hallaban respaldo en ningún documento  para la fecha del discurso en Glasgow.

Además, en 2019 y 2020, en intervenciones oficiales Duque y el gobierno coincidían con la cifra oficial de 0,4%. En diciembre de 2020, el Presidente dijo en la Cumbre de Ambición Climática en Chile: "Colombia traza una hoja de ruta y quiere llegar a la COP26 a mostrarle al mundo que, a pesar de representar el 0,4% de las emisiones de gases efecto invernadero, un compromiso de reducción del 51% muestra que queremos trascender”. 

La diferencia entre la cifra enunciada por el jefe de estado y la oficial no es un dato menor, pues equivaldría a sumar a las emisiones de Colombia las contribuciones totales de países como Kuwait, Chile o Bélgica, que rondan el 0.2% respectivamente, según las estimaciones consignadas en la EDGAR. 

Por otra parte, el presidente Duque afirmó que Colombia se encuentra entre los 20 países más amenazados por la crisis climática.

Consultamos a Giovanni Pabón, quién entre 2016 y 2019 formó parte del equipo de mitigación que desde el Ministerio de Ambiente formuló entre otras la ley del cambio climático y el impuesto al carbono, aseguró que la amenaza para el país es real por varios factores. 

“Estamos expuestos a una gran cantidad de variaciones hidroclimatológicas. Tenemos muchísimos climas y cualquier cambio puede hacer que se reduzcan. Con ellos, se reduciría nuestra biodiversidad y tendríamos menor variedad de productos para sembrar y producir en el país. También estamos amenazados por las inundaciones. Tenemos dos mares y eso nos hace más vulnerables a un crecimiento en el nivel del mar. Con un incremento de lluvias o un incremento en la sequía, todo el sistema de vida, desde la generación de energía hasta la prevención de desastres, debe estar mucho más preparado”, concluyó Pabón. 

Sin embargo, existen diversos estudios publicados en años recientes que sitúan a Colombia en distintos puestos de vulnerabilidad y capacidad de adaptación al cambio climático. El Índice de Riesgo Climático Global 2020, publicado por la organización GermanWatch, sitúa al país entre los puestos 21 y 50, por ejemplo.

La Iniciativa ND-GAIN, por otra parte, asigna a Colombia el puesto 84 en su ranking de vulnerabilidad frente a la crisis climática. Finalmente, un informe publicado en 2021 por el National intelligence Council de Estados Unidos, ubica al país dentro de las 11 naciones de mayor preocupación junto a Afganistán, Corea del Norte, Haití e Irak, entre otras.

Este último índice está dentro del rango mencionado por el presidente, pero no se refiere en específico a los 20 países más amenazados como él mencionó. Tras una búsqueda en google, no encontramos un estudio planteado en esos términos exactos.

Para Giovanni Pabón, es natural que los estudios difieran: “La métrica de vulnerabilidad y de adaptación al cambio climático es como una carta de restaurante. Todas las cartas son distintas aunque todas venden comida”. Sin embargo, descree de la posibilidad de hacer un escalafón de los países más amenazados como el que propuso Duque: “para sacar ese dato tendrías que tener un ranking mundial de vulnerabilidad. Yo en 7 años que llevo trabajando sobre Cambio Climático nunca he visto eso”.

Consultamos a la oficina de prensa de la Presidencia de la República sobre qué fuentes se utilizaron para el discurso. Sin embargo, tras una semana no fue posible obtener respuesta. 

Así pues, el dato oficial de contribución de Colombia a las emisiones globales de GEI no es 0.6%. En cuanto a que Colombia está entre los 20 más amenazados por la crisis climática es un dato que depende del estudio que se consulte.  Los datos de Duque no son exactos, aunque Colombia sí se encuentra en una situación vulnerable frente al cambio climático, por lo que calificamos su afirmación de Cuestionable.

Actualización 10 de noviembre de 2021: Respuesta de Presidencia:

“Para el cálculo del porcentaje se tomó el más reciente inventario GEI las emisiones de Colombia realizado por el IDEAM (2014) son 236,97 Millones de toneladas de CO2eq, y el dato de emisiones globales de 41.000 millones que fue reportado por el Global Carbon Project (GCP), en su informe "Global Carbon Budget 2017"; como resultado se obtuvo que las emisiones de Colombia equivalen al 0,57%”.

Tras recibir la respuesta, analizamos el dato dado y además consultamos de nuevo a Giovanni Pabón. Según explica, "si vas a comparar algún dato, tiene que ser para el mismo año". En su concepto, decir que Colombia emite el 0.6% de GEI a nivel global, dato redondeado por el Ministerio de Ambiente, "metodológicamente no es sustentable. Si existe el dato del 2014 lo comparo con 2014, no con 2017".

Hecha la consulta, mantenemos la calificación de la frase del presidente Duque como cuestionable. En primer lugar, porque el dato de 0.6% de emisiones de GEI no figura en un documento oficial, sino que obedece a un cálculo puntual que además genera dudas en su metodología. Por otra parte, la respuesta de la Presidencia no ofreció un respaldo a la afirmación de que Colombia está entre los 20 países más amenazados por la crisis climática, dejando abiertos los cuestionamientos expuestos en nuestro chequeo.

 

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“En el año 2022 tendremos el 30% de nuestro territorio declarado como área protegida”

“Hemos suscrito el compromiso de tener el 30% de nuestro territorio como áreas protegidas para el año 2030, pero no vamos a esperar hasta el año 2030. En el año 2022 tendremos el 30% de nuestro territorio declarado como área protegida”, dijo exactamente el Jefe de Estado.

Después del anuncio, el Ministerio de Ambiente explicó, a través de un boletín de prensa, que Colombia logrará esa meta ampliando las áreas marinas protegidas, que representan el 13,39% de la superficie marina del país, y que ya se cuenta con una hoja de ruta para proteger cerca de 16.000.000 hectáreas adicionales a las 12.439.028 hectáreas que ya hacen parte de las áreas marinas protegidas del país.

Para la protección del 30% de los mares, el Minambiente informó que se gestionará la creación de una nueva área protegida en las Colinas y Lomas de la Cuenca del Pacífico Norte, otra en el Caribe (cordillera Beata), la ampliación del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona y también se hará la declaración de Medidas Efectivas de Conservación (OMEC) en el ámbito marino costero y la ampliación del Santuario de Flora y Fauna de Malpelo y del Distrito de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo.

Teniendo en cuenta lo anterior, realmente lo que se va declarar como áreas protegidas no es el 30% del territorio nacional, sino únicamente del territorio marino. Según el boletín de Minambiente, Colombia cuenta con una extensión de 207.040.800 hectáreas de territorio, de las cuales 92.866.00 hectáreas corresponden a territorio marino, por lo tanto, el 30% del territorio nacional equivale a 62.112.240 hectáreas y el 30% del territorio marino a 27.859.800 hectáreas, un poco menos de la suma de las áreas marinas protegidas actuales y las que se van a adicionar con la creación y ampliación de las antes mencionadas.

Así que con esta ampliación de las Áreas Marinas Protegidas, se alcanzaría en realidad la declaración de protección del 13,45% del territorio total, tanto terrestre como marino. Así que la meta para 2030 seguiría en menos de la mitad.

Para verificar la afirmación de Duque también revisamos qué ha hecho su gobierno para cumplir esta meta y encontramos que el aumento de la creación de nuevas áreas protegidas fue incluido en el documento Conpes 4050, que establece la política para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y fue aprobado el 27 de septiembre de 2021, como una de las estrategias para aumentar la protección del patrimonio natural y cultural en el Sinap.

En el Conpes se menciona que Parques Nacionales Naturales, con el apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, “adelantará desde 2022 las gestiones pertinentes para declarar y ampliar áreas protegidas a partir de las metas de conservación definidas” y que para ello desarrollará un proceso de fortalecimiento de capacidades a través de la implementación de un plan de formación permanente dirigido a los diferentes actores que participan en el mencionado proceso, y se reportará anualmente, hasta el año 2030, el incremento porcentual en la declaratoria y ampliación de áreas protegidas.

“Lo anterior aportará a la conservación de al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas del país, meta factible de alcanzar, si los esfuerzos de designación de áreas protegidas se complementan con el reconocimiento y reporte de otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC)”, reza el documento.

Lo dicho en el Conpes no coincide totalmente con el anuncio del presidente Duque, quien aseguró que para 2022 se tendrá el 30% del territorio nacional como áreas protegidas y no que desde el próximo año se adelantarán las gestiones para declarar y ampliar dichas áreas y que se reportará anualmente hasta 2030 para aportar a la conservación de al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas del país.

Una noticia de El Espectador señala que la promesa de Duque responde a una iniciativa global, pues en septiembre de 2020 Jefes de Estado de 64 países firmaron el Compromiso de Líderes por la Naturaleza para frenar o mitigar la pérdida de biodiversidad. Una de las metas propuestas era que los países lograran proteger el 30% de su territorio para 2030 y lo que hizo Duque fue anunciar que se adelantaría ocho años.

La declaratoria de un territorio como área protegida, según una publicación de la WWF, se hace luego de haberse comprobado científicamente su valor biológico por sus altos índices de biodiversidad, reflejados en especies endémicas, raras o de distribución reducida que estén amenazadas o en riesgo de extinción, o cuyos hábitats están en riesgo. 

Además, estos territorios deben proveer servicios ecosistémicos como la regulación del clima, la provisión de alimento, la reducción y mitigación de riesgos naturales y la protección de sitios con valor paisajístico único. Adicionalmente se requiere de un análisis del interés social para garantizar que no se generen conflictos socioambientales.
A la fecha, Colombia cuenta con más de 31,5 millones de hectáreas de ecosistemas naturales protegidos, 16,6 % en territorio continental y 13,4 % de territorio marino, según las cifras reportadas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), que evidencia la declaración de 1.399 áreas protegidas públicas y privadas.

El proceso para declarar o ampliar un área protegida consta de tres fases: preparación, aprestamiento y declaratorio o ampliación. Este es un proceso que requiere tiempo y recursos.

En Colombiacheck consultamos a Sandra Vilardy, bióloga marina, doctora en ecología y medio ambiente y Directora de la iniciativa de la sociedad civil Parques Cómo Vamos, para entender el alcance de lo afirmado por el Presidente sobre las áreas protegidas.

Vilardy dijo que si bien Colombia cuenta con una serie de herramientas para cumplir con la estrategia 30x30 del Acuerdo de París de convertir el 30% de su territorio en áreas protegidas para 2030, como los Portafolios de Áreas Prioritarias para la conservación, que gracias a los aportes de los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas (Sirap), en los que participan Parques Nacionales, institutos de investigación y actores locales, permiten identificar las áreas con alto potencial para la conservación, advierte que dos de los lugares que serán declarados áreas marinas  protegidas todavía no están en esos portafolios: la cordillera Beata en el Caribe y las Colinas y Lomas de la Cuenca del Pacífico Norte.

“Estar en ese portafolio significa que ya hay un proceso concertado para poder hacer la declaratoria y una información base, porque para declarar un área protegida se necesita una información de base robusta, identificar cuáles van a ser los valores objeto de conservación y esa información pasa por el Ministerio de Ambiente y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales en su comisión de áreas protegidas para darle el aval”, expresó Vilardy.

También indicó que no se mencionaron lugares que llevan un proceso adelantado para su declaratoria como áreas protegidas: la Serranía de Manacacías, en Meta; las selvas transicionales de Cumaribo, en Vichada; y la Serranía de San Lucas, entre los departamentos de Bolívar y Antioquia. Aseguró que en la comunidad ambientalista se esperaba “que para julio de este año la Serranía de Manacacías fuera el área protegida número 60. Manacacías ya está a punto de comprar predios, pero no ha pasado”.

Por último, la directora de Parques Cómo Vamos dijo que existen dificultades para que se puedan duplicar las áreas protegidas del país en un año y señaló que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene retos de financiación, consolidación de las nuevas áreas y problemas de gobernanza en las últimas áreas consolidadas con campesinos y comunidades indígenas, tal como se da cuenta en el Informe 2021 de Parques Cómo Vamos. “Esperamos que el Ministerio de Ambiente logre tener los recursos financieros para poder acelerar estos compromisos porque va a costar un dinero importante la consolidación de los documentos y  tener el proceso a la fecha que el presidente lo anunció”, indicó.

Por su parte, David Alonso Carvajal, coordinador del programa de biodiversidad y ecosistemas marinos del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), dijo que los procesos de declaratoria de áreas protegidas tanto marinas como terrestres siguen la misma ruta, pero dependiendo de la información que se tenga puede ser más expedito o no el proceso.

“El proceso es igual, hay que tener una información biológica y física de soporte muy fuerte para poder sustentar la declaratoria, lo que podría ser más fácil en el área marina es que no hay comunidades asentadas, pero se encuentran otros factores como cables submarinos, pesca industrial o bloques de hidrocarburos”, expresó Alonso Carvajal.

Con relación a la cordillera Beata, un monte submarino que se encuentra en la frontera marítima con República Dominicana y será una de las nuevas áreas marinas protegidas en el Caribe, el funcionario aclaró que esta área no aparece en el portafolio del Sirap Caribe porque esos portafolios no incluyen las áreas marinas que tengan profundidades superiores a los 200 metros, estas son competencia del Ministerio de Ambiente. 

“La cordillera Beata tiene unos valores de diversidad altos, que han sido estudiados en los últimos 3 o 4 años, pero hace falta información biológica para seguir soportando eso”, dijo Carvajal. Para ello, en diciembre o enero próximo se hará un crucero de investigación, en el que participarán Invemar, Parques Nacionales, Ministerio de Ambiente, la Dirección Nacional Marítima (Dimar) y académicos, para levantar parte de la información que va a servir para sustentar la declaratoria de esta área marina. 

En el caso del área de las Colinas y Lomas del Pacífico Norte, ubicada en la frontera marítima con Panamá, según Alonso, sí está incluida en el portafolio del Sirap Pacífico porque este tuvo en cuenta la parte oceánica al participar en su construcción el Ministerio de Ambiente, sin embargo, también hace falta información biológica y habría que hacer un crucero de investigación. 

En Colombiacheck calificamos la frase de Duque como cuestionable porque él dijo en su discurso que en 2022 tendríamos el 30% del territorio como áreas protegidas, pero realmente solo será el 30% del territorio marino, mientras hay dudas de expertos sobre lo apropiado, expedito o factibilidad de las declaraciones de protección.

Actualización 10 de noviembre de 2021: Respuesta de presidencia:

​​Este es un compromiso establecido por el gobierno en el marco del High Ambition Coalition for Nature. Actualmente, el porcentaje de áreas protegidas en el país es del 15% aprox. Para lograr ese otro 15 %, según el Ministerio de Ambiente, se crearán dos nuevas áreas protegidas marítimas. Una en la cuenca del Pacífico norte, en las Colinas y Lomas, y otra en el Caribe, en la “cordillera Beata”. Además, se ampliará el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona; el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo y del Distrito de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo.

En el área continental, se le sumarían otras hectáreas de procesos de protección que venían en marcha en Parques Nacionales Naturales (PNN) y que se están acelerando para sacarlos adelante antes del cierre de gobierno.

 

En ese “portafolio” hay dos grupos: el primero, de cinco áreas protegidas que van a ser ampliadas. Son las siguientes: Área Natural Única Los Estoraques, PNN Chingaza, PNN Tatama, Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona y el PNN Sierra Nevada de Santa Marta.

 

El otro grupo corresponde a seis nuevas áreas protegidas que tendrá el país: las Selvas Transicionales de Cumaribo, la Serranía de Manacacias, Ecosistemas del Patio, Tochecito, Serranía de San Lucas y Sabanas y Humedales de Arauca”.

Como explicamos en este chequeo, el mismo boletín de prensa del Ministerio de Ambiente, publicado el 2 de noviembre de 2021, indicaba: “Así cumplirá Colombia la meta de proteger el 30 % de sus océanos a 2022”. 

Aunque en las áreas terrestres, Presidencia enuncia las cinco áreas protegidas que van a ser ampliadas no especifican el número de hectáreas de cada una para llegar a la meta del 30% del territorio nacional a 2022.

El Conpes, con el que se le da dientes a esta política, solamente fue aprobado el 21 de septiembre de 2021 y en él se explica que las acciones tendrían “un costo de 1,7 billones de pesos por parte de las 21 entidades vinculadas”. Incluso, se da un cronograma de inversión.

El mismo documento explica que se deben cumplir unos pasos y que el proceso empezará en 2022. “Incluir a las metas de conservación en los instrumentos idóneos de planeación de las autoridades responsables en la declaratoria, para lo cual en 2022 generará los lineamientos que orienten la inclusión de dichas metas en los instrumentos de planeación de las autoridades ambientales y luego entre 2023-2030 elaborará reportes anuales de la inclusión de las metas de dichos instrumentos”.

En otro punto explica que PNN “diseñará en 2022 la estructura de datos requerida para realizar el análisis del gasto, que será aplicado a partir de este mismo año”. 

Como explicaron los expertos en el chequeo declarar un área protegida tiene un proceso, que es más difícil para la parte continental. La respuesta de Presidencia, diferente al boletín de prensa inicial del Ministerio de Ambiente, no aclara cómo en un año van a lograr declarar aproximadamente 31 millones de hectáreas como áreas protegidas, un cálculo diferente al plan explicado en el documento Conpes creado para esta política.

Así que con esto mantenemos la calificación de Cuestionable.

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“Hemos multiplicado por 100 veces la capacidad instalada de energías renovables no convencionales”

Esta afirmación es cuestionable sobre todo porque presenta una proyección a futuro como un hecho presente. El gobierno Duque ha asignado la generación de energías renovables no convencionales a proyectos que, según sus cuentas, permitirán llegar a esa meta una vez entren en operación, para lo cual faltan años en algunos casos.

La situación presente es que los aprovechamientos que ya están funcionando todavía están muy lejos de la multiplicación por 100 frente a los que había en agosto de 2018. Además, las cuentas oficiales repiten el error de ignorar fuentes energéticas de ese grupo diferentes a la eólica y la solar, sobre todo las pequeñas hidroeléctricas.

Esta última ha sido una de las razones por la que Colombiacheck ya ha calificado como cuestionables otras declaraciones de Duque sobre la transición energética:

La más reciente fue en su intervención del 20 de julio de 2021 ante el Congreso en la que aseguró: “Hemos multiplicado la generación de energías renovables (...)”. Cuatro meses antes, en una entrevista en marzo del mismo año, dijo: “Multiplicamos por 7 las energías renovables”. En su discurso del 7 de agosto de 2020 señaló: “Quintuplicamos las energías renovables no convencionales”.

También había sido impreciso sobre las subastas de energía al instaurar la legislatura de 2019 en el Capitolio. El Estado crea esas convocatorias para ordenar el mercado de este servicio con la adjudicación de contratos a largo plazo que garanticen el suministro de las empresas generadoras a las comercializadoras, con proyectos y plazos concretos.

Según las cifras que el propio Ministerio de Minas y Energía entregó para esas verificaciones, la capacidad instalada de generación eléctrica que tenía Colombia con fuentes de energía renovables no convencionales en agosto de 2018, cuando Duque llegó al cargo, era de 28,2 megavatios (MW). En consecuencia, para multiplicar esto por 100 tendría que llegar a 2.820 MW.

El 26 de octubre de 2021, una semana antes de la participación del jefe de Estado en la cumbre climática, el ministro Diego Mesa Puyo había hecho un anuncio con la misma cifra pero en un contexto diferente. En una rueda de prensa, informó los resultados de la subasta de energías renovables que se realizó ese día e hizo especial énfasis en lo que esto significaba para la transición energética del país:

“Con esta subasta, sumada a las anteriores que mencioné, ya podemos decir que hay proyectos que equivalen en capacidad instalada a 2.878 megavatios. Se va a haber multiplicado por más de 100 veces la capacidad de generación de energía renovable no convencional”, declaró. El resultado de estas asignaciones se verá reflejado en 2023, especificó el comunicado que publicó la entidad al respecto.

Es decir que, según el mismo gobierno, la multiplicación de la que habló el mandatario en Escocia no se ha producido todavía. Lo que se ha hecho es subastar la energía de los proyectos de las empresas generadoras que van a operar con nueva infraestructura.

Además, como se explicó en los chequeos de 2019 y 2020 ya mencionados, la primera subasta de este tipo que se realizó bajo la presidencia de Duque en realidad había iniciado su planificación en la administración anterior, la de Juan Manuel Santos (2010-2018), aunque fue reestructurada por esta. Su aporte fue de 1.398 MW, o sea casi la mitad del logro presentado por Mesa.

Por otro lado, estas cifras en realidad se refieren a energía eólica y solar. Si bien estas sí son fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), como están definidas en la Ley 1715 de 2014, no son las únicas. Entre las otras posibilidades están los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, que tienen un siglo de historia en el país.

De acuerdo con los datos de XM, la empresa que maneja el mercado eléctrico colombiano, estas hidroeléctricas ya tenían una capacidad instalada de 827,13 megavatios en agosto de 2018. Desde entonces, esta ha aumentado a 886,29 MW, un crecimiento de 6,7% que también se debe al menos en parte a proyectos iniciados en gobiernos anteriores.

El de Duque tendría que haber puesto a funcionar 82.713 MW de capacidad instalada para multiplicar por 100 solamente la de esos aprovechamientos. Esto equivaldría a 34 veces y media lo que se espera de Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande del país, que tendrá un máximo de 2.400 MW.

No obstante, incluso si se cuentan solo los proyectos eólicos y solares como lo hace el gobierno, la multiplicación actual en la capacidad de lo que está en operación es muy inferior a las 100 veces que afirmó haber alcanzado Duque. El recuento que el propio MinEnergía dio con corte a junio de 2021, para el ya citado chequeo de julio, se había pasado de de 28,2 a 245,9 MW, casi nueve veces más.

Colombiacheck le solicitó al Ministerio datos más actualizados y detallados, pero no los ha recibido hasta el momento de esta publicación (ver actualización del 18 de noviembre de 2021). En todo caso, para multiplicar por 100 la capacidad instalada y llegar a 2.820 megavatios, tendría que haber puesto a operar 2.791,8 MW nuevos.