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Miércoles, 17 Julio 2019

Paloma Valencia usa artículos fuera de contexto para exculpar a Andrés Felipe Arias

Por Ana María Saavedra

La senadora del CD compartió dos artículos que parecen mostrar que la Procuraduría absolvió a Arias por el caso de AIS, pero un artículo habla de un caso diferente y el otro menciona la petición de un procurador delegado ante la Corte en el caso Agro Ingreso Seguro. Pero, omitió que la Procuraduría sí sancionó a Arias por ese caso.

En un trino, la senadora Paloma Valencia adjuntó la imagen de dos artículos de prensa y recordó que “en 2014 el Ministerio Público consideró que no existían pruebas documentales que permitieran inferir la participación de Andrés Felipe Arias en una falta disciplinaria”. 

palom

La senadora publicó imágenes de los artículos “Procuraduría absolvió a Andrés Felipe Arias por enriquecimiento ilícito” de El Espectador y “Andrés Felipe Arias es inocente para la Procuraduría” de Semana, ambos publicados en 2014 en referencia al escándalo de Agro Ingreso Seguro por el que fue condenado y destituido Arias cuando fue ministro de agricultura.

 

Sin embargo, al analizar los dos artículos en Colombiacheck calificamos el trino de Valencia como cuestionable porque no se explica el contexto de los artículos referidos.

Por un lado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó en julio del 2014 a Arias a 17 años de cárcel por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Este proceso se debió en el caso del programa de subsidios Agro ingreso seguro.

Además, la Procuraduría (a la que uno de los artículos se refiere como el “Ministerio Público”) ya había destituido e inhabilitado a Arias por 16 años en un proceso disciplinario en 2011.

En diciembre de ese año, un reporte el Ministerio Público aseguró que “al señor Andrés Felipe Arias, el Ministerio Público le cuestiona su posible intervención en la celebración de los convenios especiales de cooperación científica y tecnológica 003 de enero de 2007, 055 de enero de 2008  052 y 037 de enero de 2009, en los cuales se habrían omitido los estudios técnicos, financieros (económicos) y jurídicos”.

Pero las notas que compartió Valencia no contradicen estas dos sentencias en contra de Arias.

La nota de El Espectador hace referencia a un caso diferente, en el que la Procuraduría absolvió a Arias. Se trata de un caso de enriquecimiento ilícito de servidor público, relacionado con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá en abril de 2010.

Por otra parte, la nota de Semana (que fue publicada tres años después de que la Procuraduría inhabilitara y destituyera a Arias) sí habla del caso de Agro Ingreso Seguro, pero solo cita la opinión del procurador delegado Jairo Salgado, quien dijo que “los errores de los convenios anteriores no prueban la intención de Andrés Felipe Arias, puesto que no fue él que escogió el IICA, para realizar el convenció” (sic).

La nota de Semana, además, informó que Salgado le pidió a la Corte Suprema que declarara inocente al exministro. Es decir que, aunque un procurador delegado sí dio la opinión que Arias era inocente, el Ministerio Público no lo absolvió.

Teniendo en cuenta que la senadora omite información relevante en su trino lo calificamos como cuestionable.

Luego de publicada la nota, la senadora Valencia contestó con este trino.

Aunque la senadora tiene razón en que su trino no usa la frase Agro Ingreso Seguro sí usa el hashtag #AriasEstamosContigo, en el que los miembros del Centro Democrático y otras personas consideran que la condena contra Arias por el caso AIS es política e insisten en su inocencia en este caso.

Además, una de las dos notas publicadas por Valencia sí es del caso AIS. 

Por esas razones nos ratificamos en calificar su trino como cuestionable.

 

Domingo, 05 Marzo 2017

“Lo acordado con las Farc permite que muchos casos ya fallados sean considerados por la JEP”

Por Sania Salazar

La frase de Diego Palacio, exministro de Protección social de Álvaro Uribe es cierta, lo que hay que aclarar es que esa revisión se limita solo a casos relacionados con el conflicto. En el caso de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, como el de Palacio, hay una restricción adicional.

El exministro de Protección social, Diego Palacio Betancourt, condenado por el delito de cohecho en el famoso caso conocido como la Yidispolítica, aseguró que si veía garantías se acogería a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Hay voces que dicen que podría hacerlo y otras que critican la intención porque dicen que es forzado relacionar su caso directamente con el conflicto armado.

¿Pero el Acuerdo Final entre Gobierno y Farc permite que la JEP revise casos resueltos?

“Jurídicamente, lo acordado con las Farc permite que muchos de los casos ya fallados sean considerados por la JEP”, le dijo Palacio Betancourt a la Revista Semana en una entrevista.

Después de revisar documentos y contrastar fuentes Colombiacheck califica la afirmación como aproximada, porque es cierto que habrá una sección de revisión de sentencias, pero hay restricciones, es decir, revisarán casos muy puntuales relacionados con el conflicto armado.

Colombiacheck revisó el Acuerdo Final y encontró que el Tribunal para la Paz tendrá una “sección de revisión de sentencias, con la función de revisar las proferidas por la justicia, de conformidad con lo establecido en el numeral 58. A petición del sancionado, recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto”.

Pero en el numeral 58, literal C, dice que “la Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta la definición de quiénes son combatientes según el DIH, podrá solicitarse la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP”.

Palacio cumple una condena de seis años de cárcel ratificada, precisamente, por la Corte Suprema de Justicia por ofrecerles dádivas a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, en ese entonces congresistas, para que votaran a favor de la reelección presidencial. Esa reforma constitucional la impulsó el Gobierno de Álvaro Uribe, quien buscaba la posibilidad de su reelección. Finalmente la reforma se aprobó y Uribe fue elegido por segunda vez consecutiva como Presidente.

Sería entonces la Corte Suprema la encargada de revisar el fallo, pero es claro que a Palacio no lo condenaron por un delito relacionado con la calidad de combatiente, así que esa precisión del numeral 58 sería un obstáculo para las pretensiones del exministro.

En la entrevista Palacio argumenta que la relación de su caso con el conflicto armado es la justificación de la reelección de Álvaro Uribe. “Lo que se reeligió con él fue la seguridad democrática, que fue concebida como una política de Estado para acabar con las Farc. Ese argumento de partida demuestra que en mi caso entrar a la JEP es posible”, aseguró.

 

Opiniones

Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, en conversación con RCN Radio, dijo que si los hechos por los que condenaron a Palacio y a otros interesados en someterse a la JEP están relacionados con el conflicto, la jurisdicción sería competente, “por el contrario, si estos hechos no tienen relación directa o indirecta con el conflicto, la jurisdicción no será competente, quién va a decidir esto, pues la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, los jueces de esta jurisdicción, cuando esté funcionando, examinarán las solicitudes de comparecencia”.

Santiago resaltó que le parece sumamente interesante que estas personas tengan una voluntad de ofrecer una verdad detallada, completa y exhaustiva, que es el requisito esencial para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero añadió: “también les digo que la Jurisdicción está diseñada para que aquel que no ofrezca esa verdad completa y exhaustiva no pueda optar a las sanciones que se contemplan. “Si alguien tuviera en la cabeza simplemente acudir a la JEP para intentar obtener una rebaja de condena que le hubiera puesto la jurisdicción ordinaria, francamente, tendría muy poco éxito”, sentenció.

El Acuerdo Final es claro en que una de las funciones de la sección de revisión del Tribunal para la Paz es “a petición del condenado, revisar las sentencias proferidas por la justicia por: variación de la calificación jurídica conforme a lo establecido en el numeral 19; por aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad; o cuando surjan pruebas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al tiempo de la condena, todo lo anterior por conductas cometidas con ocasión del conflicto y en relación con este, o con la protesta social, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema”.

Quienes cumplan algunas de estas características podrán aspirar a que revisen su caso, la pregunta que queda es si Palacio logrará que la JEP revise su caso y cuáles serán las consecuencias para el proceso si eso pasa, pues sería un precedente para que bajo argucias legales muchos otros quieran beneficiarse.