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Miércoles, 17 Julio 2019

Paloma Valencia usa artículos fuera de contexto para exculpar a Andrés Felipe Arias

Por Ana María Saavedra

La senadora del CD compartió dos artículos que parecen mostrar que la Procuraduría absolvió a Arias por el caso de AIS, pero un artículo habla de un caso diferente y el otro menciona la petición de un procurador delegado ante la Corte en el caso Agro Ingreso Seguro. Pero, omitió que la Procuraduría sí sancionó a Arias por ese caso.

En un trino, la senadora Paloma Valencia adjuntó la imagen de dos artículos de prensa y recordó que “en 2014 el Ministerio Público consideró que no existían pruebas documentales que permitieran inferir la participación de Andrés Felipe Arias en una falta disciplinaria”. 

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La senadora publicó imágenes de los artículos “Procuraduría absolvió a Andrés Felipe Arias por enriquecimiento ilícito” de El Espectador y “Andrés Felipe Arias es inocente para la Procuraduría” de Semana, ambos publicados en 2014 en referencia al escándalo de Agro Ingreso Seguro por el que fue condenado y destituido Arias cuando fue ministro de agricultura.

 

Sin embargo, al analizar los dos artículos en Colombiacheck calificamos el trino de Valencia como cuestionable porque no se explica el contexto de los artículos referidos.

Por un lado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó en julio del 2014 a Arias a 17 años de cárcel por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Este proceso se debió en el caso del programa de subsidios Agro ingreso seguro.

Además, la Procuraduría (a la que uno de los artículos se refiere como el “Ministerio Público”) ya había destituido e inhabilitado a Arias por 16 años en un proceso disciplinario en 2011.

En diciembre de ese año, un reporte el Ministerio Público aseguró que “al señor Andrés Felipe Arias, el Ministerio Público le cuestiona su posible intervención en la celebración de los convenios especiales de cooperación científica y tecnológica 003 de enero de 2007, 055 de enero de 2008  052 y 037 de enero de 2009, en los cuales se habrían omitido los estudios técnicos, financieros (económicos) y jurídicos”.

Pero las notas que compartió Valencia no contradicen estas dos sentencias en contra de Arias.

La nota de El Espectador hace referencia a un caso diferente, en el que la Procuraduría absolvió a Arias. Se trata de un caso de enriquecimiento ilícito de servidor público, relacionado con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá en abril de 2010.

Por otra parte, la nota de Semana (que fue publicada tres años después de que la Procuraduría inhabilitara y destituyera a Arias) sí habla del caso de Agro Ingreso Seguro, pero solo cita la opinión del procurador delegado Jairo Salgado, quien dijo que “los errores de los convenios anteriores no prueban la intención de Andrés Felipe Arias, puesto que no fue él que escogió el IICA, para realizar el convenció” (sic).

La nota de Semana, además, informó que Salgado le pidió a la Corte Suprema que declarara inocente al exministro. Es decir que, aunque un procurador delegado sí dio la opinión que Arias era inocente, el Ministerio Público no lo absolvió.

Teniendo en cuenta que la senadora omite información relevante en su trino lo calificamos como cuestionable.

Luego de publicada la nota, la senadora Valencia contestó con este trino.

Aunque la senadora tiene razón en que su trino no usa la frase Agro Ingreso Seguro sí usa el hashtag #AriasEstamosContigo, en el que los miembros del Centro Democrático y otras personas consideran que la condena contra Arias por el caso AIS es política e insisten en su inocencia en este caso.

Además, una de las dos notas publicadas por Valencia sí es del caso AIS. 

Por esas razones nos ratificamos en calificar su trino como cuestionable.

 

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Lunes, 06 Julio 2020

‘El anónimo lo asumieron dos magistrados, cada uno por su lado’: Cuestionable

Por José Felipe Sarmiento

Esta es una de las respuestas dadas por el expresidente Álvaro Uribe en su entrevista en La Silla Vacía. En Colombiacheck verificamos varias de sus afirmaciones.

-¿Cuál es su explicación de que, en este anónimo tan detallado, digan que usted es el principal benefactor de estos perfilamientos ilegales? -le preguntó León.

“ (sic) Una cosa no buena que pasó en la Corte. El 15 de mayo, no obstante que eso lo estaban investigando, lo empezó también a investigar, el mismo anónimo, otro magistrado y solamente lo comunicó a la opinión pública dos días después de que el expresidente Pastrana y yo le dimos una entrevista a una colega suya sobre la campaña Santos y Odebrecht. [...] El anónimo lo asumieron dos magistrados, cada uno por su lado” -respondió Uribe.

Aunque los hechos que relata Uribe son ciertos, las actuaciones que podrían considerarse irregulares derivan del uso del anónimo en la primera investigación más que de la apertura de la segunda. De hecho, toda la información recopilada con base en ese mensaje fue sacada del proceso antiguo y llevada al nuevo dos días antes de la entrevista, pero por motivos diferentes a la supuesta duplicidad que él critica y que fue una tesis rechazada por la mayoría de magistrados. Así que el argumento es cuestionable.

La Corte Suprema de Justicia trinó el 2 de junio que había abierto una indagación preliminar contra el senador “como posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019”. La decisión fue tomada el 15 de mayo por el magistrado Héctor Alarcón y le fue informada al señalado congresista ese mismo día, como consta en la notificación que él mismo publicó al día siguiente del anuncio público del tribunal.

Es cierto que pasaron 18 días entre la apertura y el anuncio público. También lo es que este se dio dos días después de la entrevista mencionada por el congresista del partido Centro Democrático. Uribe y el también exmandatario Andrés Pastrana fueron entrevistados el 31 de mayo por la directora de Semana TV, Vicky Dávila, sobre la supuesta relación del más reciente exjefe de Estado, Juan Manuel Santos, con la corrupta multinacional brasileña Odebrecht.

Sin embargo, no hay evidencia de que lo uno tenga que ver con lo otro. Tampoco hay plazos establecidos por ley para que este tipo de información se haga pública. De acuerdo con la penalista Diana Muñoz Castellanos, ni siquiera existe la obligación de comunicarle al procesado las decisiones de esta etapa previa a la investigación formal. A pesar de esto, el senador afectado fue notificado tan pronto se inició, como consta en el documento que él mismo compartió.

Por otro lado, el mismo anónimo sí hacía parte ya de otra investigación: la que se lleva desde 2014 por el espionaje del hacker Andrés Sepúlveda, que trabajó para la campaña del candidato presidencial uribista de ese entonces, Óscar Iván Zuluaga. Pero esa acción en el proceso no necesariamente es una irregularidad, aunque sí hubo debate al respecto.

Dos magistrados cuestionaron la decisión que tomó la sala de allegar el anónimo a dos procesos diferentes, como contó el diario El Tiempo el 10 de junio, porque consideraron que se estaba adelantando una actuación doble por los mismo hechos, lo que está prohibido por la Constitución en el marco del derecho al debido proceso. No obstante, la mayoría de la sala decidió separar los hechos que menciona el mensaje para investigarlos por aparte. Por eso, en la entrevista de La Silla, León dijo que “una [indagación] es sobre las acusaciones del hacker y la otra es sobre los perfilamientos, que aparecen en el mismo anónimo”.

Los medios de comunicación han dado a conocer el correo electrónico anónimo que llegó en diciembre de 2019 con la denuncia en el que, en efecto, se mencionan ambos casos por separado. “El señor Uribe Vélez no solo se benefició con las interceptaciones ilegales del escándalo del hacker. Durante este año, varias unidades de inteligencia y contrainteligencia militar se han dedicado a usar sus capacidades para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones cuyo destinatario de esas acciones al margen de la ley es el señor Uribe Vélez” (sic), se lee en el mensaje.

Las actuaciones con base en el anónimo en el expediente que indaga sobre la relación de Uribe con el caso de Sepúlveda fueron iniciadas desde el día que llegó. Como contó el periodista Daniel Coronell en una columna, quien se encargó de dar las órdenes entonces fue la magistrada exmilitar Cristina Lombana. Según Coronell, ella ya había sido apartada de otro proceso contra el exmandatario por el impedimento que le genera el haber sido subordinada suya como integrante del Ejército en su gobierno.

El senador omite que toda la documentación relacionada con el mensaje se había unificado el 10 de junio, dos días antes de la entrevista de La Silla. Tampoco dice que fue sacado del expediente Sepúlveda al nuevo proceso del que está a cargo Alarcón, porque la discusión siempre estuvo en que el correo solo mencionaba el escándalo del hacker de forma tangencial, por eso algunos magistrados consideraban que no tenía relación directa con esa indagación; de modo que las acciones que el mensaje motivó en la primera indagación eran las que estaban en duda, no la apertura de la más reciente.

Además, como profundizamos en otra verificación de esta misma entrevista, el mismo día que lo referente al anónimo quedó en una sola carpeta, a Lombana le aceptaron el impedimento que había declarado en mayo en el caso del hacker, ahora en manos de César Reyes (uno de los críticos de la decisión inicial de separar los hechos), por haber aparecido como posible víctima de interceptaciones ilegales. Pero sus órdenes de diciembre le permitieron al abogado de Uribe, Jaime Granados, que también había sido jefe de la magistrada hace años, acceder a información clave sobre los allanamientos y testimonios meses antes de que se abriera la indagación actual, como reveló Coronell.

El expresidente presenta como una posible irregularidad vigente un debate jurídico en el que solo una minoría de dos magistrados defendía su posición y que, en todo caso, ya se había superado. Además, lo que denuncia como un posible perjuicio en realidad le permitió tener acceso incluso a los nombres de posibles informantes en su contra con antelación a la apertura de la investigación definitiva, por medio de la inclusión del anónimo en otra con la que no estaba claramente relacionado.