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Lunes, 10 Mayo 2021

Explicador: ¿Quién manda cuando hay asistencia militar y en qué se diferencia de la conmoción interior?

Por José Felipe Sarmiento

Son dos figuras distintas. Una se está aplicando y la otra, por ahora, no (aunque no está descartada según el gobierno). Ninguna permite remover autoridades locales de sus cargos ni matar civiles.

Ha habido mucha confusión desde que el presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el uso de asistencia militar para recobrar el orden público en algunas ciudades a raíz de las protestas que empezaron el 28 de abril de 2021 contra el gobierno, las cuales se han mantenido por casi dos semanas.

Algunas demostraciones han terminado en disturbios, saqueos y abusos policiales con un número de víctimas, que aún no está claro. Hasta el 8 de mayo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Temblores ONG contaban 47 asesinatos (39 por violencia policial), 12 casos de violencia sexual, 936 detenciones arbitrarias, 548 desapariciones (cifra de la Defensoría del Pueblo) y 28 lesiones oculares entre al menos 1.876 hechos violentos.

Un policía fue asesinado en Soacha. Intentaron quemar vivos a otros 10 en un CAI de Bogotá. Un recién nacido murió en una ambulancia que fue atacada en Tocancipá, Cundinamarca.

En ese contexto, Duque dijo el 5 de mayo que no descarta una eventual declaratoria de conmoción interior, como se lo ha pedido su partido, el Centro Democrático. Horas después apareció en redes sociales un decreto falso que supuestamente tomaba esa medida, al mismo tiempo que circulaban cadenas que despertaron temores sobre todo entre la población del Valle del Cauca porque contenían rumores sobre decisiones que afectarían principalmente a Cali, la capital departamental.

Un audio viral en WhatsApp, por ejemplo, asegura que la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, y el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, “han sido relevados del manejo del orden público”. El mensaje afirma que el encargado en adelante sería el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército.

Este mensaje tomó más fuerza luego de los hechos ocurridos en la noche del lunes 3 de mayo en Siloé, oeste de Cali, donde se denunció una respuesta desmedida por parte de la Fuerza Pública. A las 11:30 p.m., Ospina publicó un trino que generó una serie de comentarios acerca de que él no mandaba ya en la ciudad.

Otras cadenas muestran capturas de pantalla de chats en los que supuestos integrantes de la Fuerza Pública cuentan a sus familiares que les dieron órdenes “de disparar a cualquier persona” o “matar jóvenes”. El contenido de estas conversaciones, sin embargo, es imposible de verificar porque no aportan ninguna evidencia y tampoco pistas (o estas son insuficientes) sobre las personas que intervienen en ellos o a las que se refieren.

Lo que sí puede hacer Colombiacheck en este caso es responder algunas preguntas sobre las implicaciones de la asistencia militar, sus responsables, sus límites y sus diferencias con una eventual conmoción interior. Un adelanto: bajo ninguna de las dos son admisibles los asesinatos de civiles que ya se han registrado incluso en transmisiones en vivo por redes sociales en distintas ciudades.

¿Qué es la asistencia militar?

El Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Código de Policía) la define como un “instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública”. Este consiste en “disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar”.

Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali, la describió en Twitter como “una terapia de choque para ayudar a la Policía Nacional a retomar control”. También aclaró que debe ser temporal y que el personal militar participante debe estar entrenado para operaciones urbanas, entre otros aspectos.

Otro experto en seguridad ciudadana, el investigador Alberto Sánchez Galeano, señala que “no es una receta que se tenga que hacer de una forma específica”. Destaca, por el contrario, que una de sus características es la flexibilidad en términos de las funciones que se les pueden asignar a los militares dependiendo de las necesidades y los recursos disponibles en cada caso.

La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana que el gobierno expidió en 2019 enmarca la asistencia militar como una línea de acción ante la protesta social, aunque aclara que está reservada para “una situación excepcional”. Sánchez explica que esto no necesariamente quiere decir que serían las Fuerzas Militares las encargadas de enfrentar posibles disturbios, por ejemplo, sino que podrían asumir la protección de infraestructura (transporte público, unidades de reacción inmediata, entre otras) para apoyar a la Policía, mientras esta controla la situación.

¿Asistencia es militarización?

Para el jurista José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, “en la práctica, es militarización de las ciudades, como se ha visto en los últimos días”. No obstante, Sánchez Galeano considera esa interpretación equivocada porque “la figura de la militarización no existe”.

El investigador considera que una verdadera militarización “implicaría romper el orden constitucional” porque implicaría que mandos militares tomaran el control de instituciones civiles. A modo de ilustración, plantea que ese sería el caso si los comandantes fueran puestos a ordenar el gasto de los entes territoriales y se les diera acceso a sus recursos, invadiendo las competencias de alcaldías y gobernaciones. “Eso no pasa”, sentencia.

¿Quién manda entonces?

En este punto hay que aclarar dos cosas: quién decide sobre el uso de asistencia y quién la ejecuta.

El Código de Policía establece que las alcaldías y gobernaciones pueden solicitar la asistencia militar. Sin embargo, lo hagan o no, la decisión de enviarla es de la Presidencia de la República, en este caso ocupada por Duque. La Política Marco de Seguridad lo reafirma y agrega que el Ministerio de Defensa debe dar un concepto que dé las bases para sustentar tal determinación.

Esto quiere decir que las administraciones locales que salieron a rechazar la asistencia, en realidad no tenían poder legal para hacerlo, y las que anunciaron que no harían la solicitud, tampoco aclararon que Duque igual podría enviarla. Los casos más sonados fueron los de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández; el de Medellín, Daniel Quintero Calle; el de Villavicencio, Felipe Herman Ortiz, y el de Jamundí (Valle), Andrés Felipe Ramírez.

No obstante, para una adecuada ejecución es necesaria la coordinación entre los diferentes actores. “En el PMU [puesto de mando unificado] se decide la estrategia y la forma en la que se va a ejecutar”, dice Sánchez Galeano. En esa instancia tienen presencia tanto militares como policías, junto con alcaldías o gobernaciones y sus gabinetes, organismos de atención de emergencias, entre otras entidades.

“La Fuerza Pública concierta los términos de la intervención. Nadie decide solo”, enfatiza el investigador. Sobre todo destaca que “nadie puede pasar sobre la autoridad civil”, lo cual está claro en las normas que regulan la figura.

¿Pueden relevar a los gobiernos territoriales?

No. Parte del no pasar sobre la autoridad civil es justamente eso. “Dependen de los alcaldes y tienen que obedecer sus órdenes, rendirles informes y cuentas por lo actuado. Ellos son las autoridades de policía y esta les debe obediencia; también los militares que la asisten. No los pueden desplazar ni sustituir. Eso sería inconstitucional”, asevera el exmagistrado Hernández Galindo.

El abogado Mario Cajas Sarria, jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, pone algunos matices en el sentido de que el comandante del Ejército está por encima en jerarquía para dar ciertas órdenes. En este sentido, afirma que “las competencias siguen siendo tremendamente centralistas y la Constitución inclinó la balanza hacia el Presidente”.

A pesar de eso, el profesor también coincide con Sánchez Galeano en la importancia de la coordinación interinstitucional. “Esas relaciones son muy complejas”, asegura. Así, “el general Zapateiro no puede decretar un toque de queda; tiene que coordinar con la alcaldía o la gobernación”, agrega.

¿Cuáles son los límites?

Sánchez insiste en que la asistencia militar “no es una carta blanca” para los militares, mucho menos para cometer asesinatos de civiles. La política marco establece que su activación “está sujeta a estrictos requisitos derivados de la norma y del marco jurídico del uso de la fuerza que contempla el derecho internacional y el ordenamiento jurídico interno”.

El exmagistrado Hernández Galindo recuerda que “la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional condenan el uso excesivo y abusivo de la fuerza y la violación de los derechos y libertades”. En consecuencia, esas son fronteras que ni militares ni policías deberían traspasar en ningún contexto.

El mismo Código de Convivencia es claro en que la fuerza debe ser el “último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos [policías]”, solo cuando sea necesaria, proporcional y racional. Su uso, por tanto, se restringe a situaciones específicas determinadas en esa misma ley.

“No se trata de operaciones de carácter ofensivo sino de restablecimiento del orden. Solo se pueden usar las armas  para defenderse o proteger la vida de los ciudadanos”, detalló Villamizar en su hilo de Twitter.

Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en esa misma red social que “los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover el derecho a la protesta social, y que todo uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”. Citando esto, el jurista Rodrigo Uprimny Yepes, investigador del centro de estudios DeJusticia, señaló que “Procuraduría y Defensoría deberían estar vigilantes” ante la asistencia.

Es más, un fallo de tutela de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 obligó al Ejecutivo a expedir el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana que reafirma muchos de esos límites y establece protocolos para su cumplimiento. Además, prohíbe la utilización de armas de fuego en las intervenciones policiales en protestas.

Los analistas coinciden en que esta prohibición también cobija a las Fuerzas Militares cuando actúan como apoyo para la Policía. Tanto es así que el anterior Código de Policía también lo aclaraba de forma explícita (arts. 86-95).

“No se explica por qué esa prohibición ha sido transgredida”, reclama Hernández. En su columna del 4 de mayo también escribió que “Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y en el futuro los jueces, y el Congreso -en ejercicio del control político- deben verificar si todo eso se cumplió, o si el Decreto se quedó escrito y firmado, sin que se haya cumplido, con dolorosos efectos en materia de Derechos Humanos”.

DeJusticia y otras organizaciones defensoras de derechos humanos vinculadas a la citada tutela incluso le pidieron a la Corte Suprema el 6 de mayo que declare que ha habido desacato al fallo y suspenda la asistencia militar, la disolución de manifestaciones por la fuerza, el uso de armas de fuego y la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. “Consideramos que existe un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante de lo ordenado”, argumentaron en un comunicado.

¿Quién responde por los abusos?

Hay diferentes grados y tipos de responsabilidad. El primero es individual. “El uniformado individualmente es responsable del uso de la fuerza”, dice Sánchez, en referencia a quienes disparan contra civiles desarmados. También afirma que “hay una responsabilidad compartida” entre las instituciones presentes en los PMU por las decisiones que se coordinan desde el punto de vista estratégico, más allá de lo operativo.

“Todos ellos [mandos militares y policiales, alcaldes y gobernadores] son responsables jurídicamente en la medida de sus actos u omisiones. Además, en cuanto al Presidente y ministros, hay lugar a responsabilidad política”, asegura el exmagistrado Hernández.

¿Es igual a la conmoción interior?

No. Para decretar la conmoción interior, la Constitución exige que la perturbación del orden público sea tan grave que “atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”. No se trata de una herramienta de apoyo, sino de un recurso que le da poderes especiales a la Presidencia.

Esos poderes consisten en dictar decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, lo que incluso le permite suspender otras normas ya existentes, de forma parecida a como funcionan los estados de emergencia como los declarados en 2020 por la pandemia de COVID-19. Esto requiere la firma de todos sus ministros.

No quiere decir que no tenga límites. La conmoción está sujeta al control de las otras ramas del poder. La Corte Constitucional puede “tumbar” la declaratoria si encuentra que no había motivos suficientes para hacerla, como lo hizo en 2009 con una del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez. “Entraría a analizar si realmente lo que está pasando no puede ser conjurado por vía ordinaria”, expone el profesor Cajas.

La medida puede establecerse por un máximo de 90 días y no puede tener más de dos prórrogas iguales. La segunda debe ser autorizada por el Senado.

Pero sobre todo, ningún estado de excepción “puede suspender los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario ni las ramas del poder público”, indica Hernández. “Ni siquiera en estado de conmoción interior se puede esperar que la Fuerza Pública le dispare a un civil desarmado. No lo pueden detener sin cargos ni lo pueden juzgar militares”, recalca Cajas Sarria.

Jueves, 16 Abril 2020

¿Qué sabemos sobre los nuevos casos de contagio por coronavirus en animales?

Por Maldita Ciencia

El tigre del zoológico de Nueva York, dos perros en Hong Kong y un gato en Bélgica fueron víctimas de desinformaciones.

Este artículo fue publicado originalmente por Maldita Ciencia el 10 de abril de 2020. Este contenido es reproducido aquí como parte de #CoronaVirusFacts, un esfuerzo global liderado por la International Fact-Checking Network, IFCN (de la cual Colombiacheck es miembro), para combatir la desinformación al respecto del brote de coronavirus en el mundo.

 

Nos habéis preguntado si es cierto que en Hong Kong un gato ha dado positivo en las pruebas por coronavirus y si hay otros casos similares conocidos. Por el momento, hay dos nuevos sobre los que se tiene constancia: tanto el animal doméstico por el que nos habéis preguntado como el contagio por coronavirus de un tigre en el Zoo de Nueva York que se unen a los dos perros de Hong Kong y el gato de Bélgica.

En Maldita.es ya hablamos aquí sobre el primer perro infectado por la enfermedad. Tras someterle a dos semanas de cuarentena, y según afirmaba la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE, por sus siglas en inglés) en este informeel perro dio negativo en la última prueba y fue devuelto a sus dueños, quienes días después comunicaron al Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación del Gobierno de Hong Kong la muerte del animal. Ahora bien, este afirma que el perro tenía una edad avanzada, "una enfermedad crónica" y que "no mostró ninguna señal de enfermedad relacionada con el COVID-19". Actualmente, en la ciudad de Hong Kong se han reportado al menos otros dos casos de contagios caninos. 

Sí, un gato en Hong Kong ha dado positivo en la prueba por coronavirus

Según este informe de la OIE, el pasado 31 de marzo un gato obtenía un positivo en una prueba PCR en tiempo real. El resultado fue similar en la segunda, el 3 de abril. 

El documento de la OIE en relación al caso indica que el gato fue puesto en cuarentena el mismo día en que dio positivo por coronavirus, después de la hospitalización de su dueño por el mismo motivo. Tras el examen veterinario, se tomaron muestras nasales, orales y rectales y, aunque el animal no mostraba signos clínicos específicos de infección por SARS-CoV-2, todas ellas dieron positivo.

"Las mascotas en hogares con casos confirmados de COVID-19 serán puestas en cuarentena y bajo vigilancia veterinaria durante 14 días. Se recogerán muestras para comprobar la presencia del virus según proceda", indican los detalles epidemiológicos del documento. Concluyen informando de que el caso continúa y que actualizarán la información de seguimiento semanalmente. 

El primer caso de un gato contagiado por coronavirus se reportó en Bélgica

Este no es el primer caso de gato contagiado por coronavirus: el primer positivo se obtuvo el 27 de marzo en Bélgica, como indica la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria belga (AFSCA, por sus siglas en inglés). "Nuestros colegas de la Facultad de Medicina Veterinaria de Lieja pudieron demostrar que el gato de una persona infectada con COVID-19 había contraído la enfermedad", explicaba Emmanuel André, virólogo y portavoz inter-federal COVID-19. Añadía, además, que este sí había experimentado los síntomas propios de la infección. 

"Sí hay evidencias de que algunos animales, como los gatos, desarrollan la enfermedad", explica a Maldita Ciencia Armando Solís, presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias. "Sabemos que inoculándoles el virus de manera experimental sí que lo pueden desarrollar, de lo que no hay ninguna evidencia es de que haya transmisión de gatos a personas", añade. 

Tanto este como el resto de casos de animales contagiados por COVID-19 están recogidos en este documento del Ministerio de Sanidad junto con el resto de información científica-técnica en relación a la enfermedad por coronavirus. 

En base a los datos disponibles, el propio comité científico de la AFSCA considera que recomienda que los servicios veterinarios permanezcan atentos y fomenten las investigaciones epidemiológicas en posibles nuevos casos sospechosos. "Con respecto al riesgo de infección de personas mediante animales y en base a los datos actuales, el comité científico no está en condiciones de evaluar el riesgo con certeza. Sin embargo, considera que este es insignificante en comparación con el de transmisión de persona a persona", indica la conclusión del documento.

Un tigre en un zoo de Nueva York, nuevo caso de contagio por coronavirus 

También es cierto que el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha confirmado un caso de contagio por coronavirus en un tigre de un zoo en Nueva York, el primer ejemplo de infección en un animal de este tipo. Las muestras fueron tomadas después de que varios leones y tigres del zoo mostraran síntomas de enfermedades respiratorias, según recoge esta nota del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Se cree que estos podrían haber enfermado al estar en contacto con un empleado del zoo. Las instalaciones se cerraron al público desde mediados de marzo y el animal comenzó a mostrar síntomas a partir del 27 del mismo mes. Además, no hay evidencias de que animales de otras áreas del zoo muestren síntomas similares. 

Según la nota de prensa, aún está por determinar si los animales, ya sea en este zoológico o en otras áreas, deben someterse a pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2. Añade que el USDA notificará a la OIE del hallazgo. 

Por precaución y aunque por el momento no ha habido casos reportados de mascotas infectadas en Estados Unidos, el comunicado sugiere que cualquier persona enferma de COVID-19 debería restringir el contacto con animales, incluidas las mascotas, durante su enfermedad, tal como lo harían con otras personas. "Si una persona enferma debe cuidar a una mascota o estar cerca de animales, debe lavarse las manos antes y después de la interacción", concluye. Aquí hablábamos sobre las medidas de precaución en relación a las mascotas. 

"Siempre recomendamos tomar medidas, sobre todo que las personas que tengan la enfermedad y convivan con animales aumenten las precauciones higiénicas y, si se puede, que lleven al animal a otra casa donde no haya enfermos de COVID", recuerda Solís. "Son las mismas que dimos al principio de toda esta crisis, bastante lógicas y, de momento, eficientes", añade. 

En este otro artículo te hablamos de lo que sabemos sobre la transmisión de la enfermedad entre animales y personas y viceversa.

Especial mentiras y verdades sobre el coronavirus