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Viernes, 18 Enero 2019

Explicador: Lo que se sabe hasta el momento del atentado en la Escuela General Santander

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Muchas cosas se han especulado sobre la bomba que fue ingresada el jueves en un carro a la Escuela de Cadetes de Policía. Para que estén bien informados y no coman cuento, Colombiacheck les cuenta qué han confirmado hasta el momento las autoridades.

El jueves 17 de enero hubo una explosión al sur de la ciudad de Bogotá, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander (Ecsan), la principal institución de educación superior de la Policía Nacional de Colombia.

Desde ese momento, comenzó a circular información en medios de comunicación y redes sociales intentando esclarecer qué fue lo que pasó. Pero también se hicieron virales especulaciones sobre los hechos (vea: Ningún perro murió en el atentado en Bogotá), sus autores (lea: El youtuber Auronplay no es alias “Naruto” ni es el responsable del atentado en Bogotá) y posibles teorías de conspiración (recomendado: María del Rosario Guerra no trinó sobre el atentado de Bogotá antes de que sucediera).

En esta nueva entrega del Explicador, Colombiacheck decidió revisar qué han dicho hasta el momento las autoridades competentes del Estado sobre lo ocurrido en el atentado y los actores que lo perpetraron, de manera que usted, lector, no caiga en desinformaciones.

Esto es lo que, hasta el momento, han confirmado las autoridades que están investigando el hecho (estaremos actualizando esta nota cuando se conozca nueva información):

El hecho

A las 9:29 de la mañana una camioneta Nissan Patrol de placas LAF 565 llegó a la Ecsan, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía que fue anunciada en la mañana de hoy en una rueda de prensa por el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Según el ministro de defensa Guillermo Botero, el auto se ubicó en la entrada de la Autopista Sur, por donde ingresan exclusivamente vehículos de carga. El conductor aprovechó que las puertas se abrieron para darle salida a unas motos, e ingresó a la Ecsan “sin respetar a los guardias de seguridad”, dijo Botero en la misma rueda de prensa. Botero también señaló que los agentes “inmediatamente comienzan a avisar a los demás guardias de la institución”.

El jefe de seguridad, el Comandante Holger Abdel González González, reportó por radio el ingreso del vehículo de forma irregular, según el ministro, y más adelante, en su avance, el conductor se topó con un auxiliar de policía quien ya había sido informado de la entrada irregular del vehículo.

Sobre las 9:32 de la mañana, de acuerdo con la Fiscalía, la camioneta explotó frente a uno de los edificios que sirve de dormitorio para mujeres en la Ecsan.

Noticias Uno, no obstante, publicó una nota con una versión sobre el recorrido que habría hecho el carro dentro de la Escuela de Cadetes que difiere de la entregada por las autoridades. Según el noticiero, las cámaras de seguridad de la institución dan pruebas de las fallas de seguridad en la Ecsan que permitieron que se llevara a cabo el atentado.

Por otro lado, reportaron varios medios, ayer se llevaba a cabo una ceremonia de graduación de unos uniformados en la Escuela. Por esto, en redes sociales se especuló que ese escenario sería el objetivo de la bomba. Sin embargo, hasta el momento, ni la Fiscalía, ni el Ministerio de la Defensa ni la Policía Nacional han confirmado esa tesis.

El conductor

Según el ministro de defensa, el autor material del hecho es José Aldemar Rojas Rodríguez, alias ‘Mocho’ o ‘Kiko’. No obstante, varios medios han reportado que su alias era “Mocho Kiko”.

De acuerdo con Martínez, la investigación partió por buscar quién era el propietario del vehículo que ingresó a la Ecsan. Encontraron que el dueño del vehículo era Rojas Rodríguez.

La Fiscalía imprimió la fotografía del sospechoso y se la mostró a tres guardas de la escuela, “quienes identificaron plenamente a la persona que había ingresado irregularmente a las instalaciones de la escuela” según dijo Martínez.

“Se ha podido establecer que entre 2008 y 2010 como explosivista [José Aldemar Rojas] perdió su mano derecha. Nació en Puerto Boyacá en 1962 y desde 1994 se desempeñó como miliciano del ELN (Ejército de Liberación Nacional)” informó Botero, quien entregó esta presentación a los medios y a la opinión pública:

Presentación Ministro de Defensa

El alias de Rojas ha causado confusión, pues en 2016 fue abatida otra persona conocida con el alias “Mocho” (que también era conocida con el alias “Franklin”) con nexos con el ELN. Sin embargo, como explica La Silla Vacía, se trataba de una persona completamente diferente de Rojas, que operaba en una zona diferente del país. Según La Silla, “los dos tenían el mismo alias porque les faltaba una extremidad, pero de forma diferente: ‘Franklin’ no tenía un brazo y ‘Quico’ había perdido su mano derecha”.

Una nota de la revista Semana causó más confusión al respecto pues (como se ve en pantallazos y en otros medios que reprodujeron la nota) originalmente afirmaba sobre Rojas que “aunque su cuerpo fue despedazado por la explosión, ambas manos fueron encontradas en el lugar de los hechos”. La afirmación causó sospechas, pues parecía contradecir la información de que Rojas era manco. Sin embargo, Semana actualizó su nota, que ahora afirma que “su mano izquierda fue encontrada en el lugar de los hechos”.

Por su parte, Martínez dijo que la mano izquierda del conductor fue encontrada en el campo de paradas de la Escuela, mano “a la cual se realizó la necrodactilia que permitió establecer que correspondía” con la identidad de José Aldemar Rojas.

Según la Fiscalía, lo que han encontrado es que este hombre es miembro del ELN, pues unas fuentes entrevistadas anoche “lo vinculan al ‘Frente de Guerra Oriental’ como explosivista a la Comisión de Inteligencia de dicho frente del ELN”.

¿Atentado suicida?

En redes sociales se estuvo especulando sobre la posibilidad de que el atentado hubiera sido realizado por Rojas Rodríguez con la intención de suicidarse en el hecho. Pero esto fue lo que dijo el ministro Botero al respecto: “No existe hasta el momento ningún elemento que permita concluir que esta persona se suicidó. Lo que se tiene claro es que los explosivos se activaban con un dispositivo electrónico”.

Otros sospechosos

El fiscal Martínez informó que a través de interceptaciones telefónicas dieron con el nombre de Ricardo Andrés Carvajal, a quien capturaron a las 2:30 de la mañana de hoy en un allanamiento realizado por la entidad. Carvajal, “de acuerdo con las evidencias técnicas que reposan en el sistema Esperanza [el sistema de interceptaciones de la Fiscalía General], reconoce participación en el acto terrorista”, dijo Martínez (aunque las grabaciones no se han puesto a disposición del público ni de la prensa por ahora).

Ricardo Andrés Carvajal, por su parte, declaró ser inocente y no estar relacionado con el atentado. Esto fue lo que le dijo a la prensa: "Yo estoy con las víctimas, yo no hice nada, no participé con ellos en nada; o sea con los grupos que me acusan yo no he hecho nada".

Hasta el momento no se conoce de ningún otro sospechoso relacionado con atentado, pero según Martínez, “la Fiscalía imputará responsabilidad a título de autores intelectuales, por responsabilidad por línea de mando, a los miembros del Coce (Comando Central) del ELN”.

El ELN

En la noche del 20 de enero, el Ejército de Liberación Nacional admitió su responsabilidad en el atentado a través de su portal web. En el comunicado, manifestó que la operación realizada contra las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía, al ser una instalación militar, es lícita dentro del derecho de la guerra, pues "no hubo ninguna víctima no combatiente".

Comunicado del ELN.

Ese grupo ya se había pronunciado el pasado 17 de enero para controvertir una nota de Caracol Radio en la que se asegura que "ese grupo guerrillero no ha aceptado la autoría, de hecho, en comunicación con Caracol Radio, su jefe negociador, Pablo Beltrán, dijo que internamente determinarán si hubo o no participación”.

En un trino desde la cuenta que el ELN usaba para informar sobre las negociaciones de paz con el gobierno, @eln_paz, el grupo guerrillero dijo: "es falso que Pablo Beltrán hoy se haya comunicado con @CaracolRadio para referirse a los hechos ocurridos en la escuela de la Policía".

Pantallazo en cache de un retweet del trino del ELN.

Este mensaje ahora está inaccesible, pues Twitter suspendió cuatro cuentas del ELN: la ya mencionada @eln_paz, además de @Urbano_ELN, @ELN_Voces y @ELN_RANPAL_COL. Aunque Twitter no se ha pronunciado oficialmente sobre la razón de la suspensión de estas cuentas, en varios medios se especula que la razón fue este trino que parecía anunciar el atentado:

Trino Frente Urbano ELN.

Por su parte, el viernes 18 de enero, el presidente Iván Duque dijo en una alocución presidencial que "el ELN no tiene ninguna genuina voluntad de paz" y anunció que levantaría la mesa de negociación con el ELN instalada en Cuba. 

Duque también dijo que le revocaría los privilegios a los miembros negociadores del ELN: "he ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol”.

Además, el presidente  le pidió al gobierno cubano que capture a los miembros del ELN que se encuentran en ese país "y entregarlos a las autoridades policiales colombianas".

Otros grupos armados

En redes sociales se dijo que José Aldemar Rojas pertenecía a la desmovilizada guerrilla de las Farc. Sin embargo, lo que dijo el ministro Botero es que Rojas intentó ser incluido en la lista de este grupo, a través de los Frentes 10 y 45, para obtener beneficios producto del proceso de paz con el gobierno del expresidente Santos, “pero fue tajantemente rechazado en tres oportunidades por los mismos integrantes de las filas de las Farc”.

Por otro lado, no hay evidencia alguna que muestre que esto haya sido realizado conjuntamente con otro grupo armado ilegal, anunció Botero; “La información recaudada en las últimas horas permite concluir que exclusivamente es del ELN”.

Las víctimas

En la rueda de prensa, el Director General de la Policía, Óscar Atehortúa, dijo que ayer fueron llevadas a distintos hospitales 68 personas que resultaron heridas por el atentado. De estas, 59 ya fueron dadas de alta y las otras nueve se encuentran aún a la espera de un dictamen médico concluyente. Otras tres personas más fallecieron después de recibir tratamiento médico.

El director confirmó que, hasta el momento, hay 21 personas fallecidas, entre las cuales está el terrorista del vehículo. Los otros 20 son cadetes de la escuela, uno de ellos la ecuatoriana Érica Chicó. El presidente del vecino país, Lenín Moreno, se pronunció a propósito de su fallecimiento:

Relación del atentado con Venezuela o el apoyo del régimen de Nicolás Maduro

Otra tesis que se planteó durante el día de ayer tenía que ver con que posiblemente el auto venía desde Venezuela y contaba con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. El Ministro Botero dijo que “hasta el momento no hay información que pueda asegurarlo. Lo que se sabe es que hay comandantes guerrilleros ubicados en territorio venezolano”.

A propósito de esto, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que en el pasado el canciller Carlos Holmes Trujillo había solicitado información al gobierno de Venezuela sobre miembros del ELN que están en el territorio del país vecino, información que verificamos, pues el 4 de enero de este año Noticias 1 publicó la noticia.

[Nota actualizada el 21 de enero de 2019].

Lunes, 10 Mayo 2021

Explicador: ¿Quién manda cuando hay asistencia militar y en qué se diferencia de la conmoción interior?

Por José Felipe Sarmiento

Son dos figuras distintas. Una se está aplicando y la otra, por ahora, no (aunque no está descartada según el gobierno). Ninguna permite remover autoridades locales de sus cargos ni matar civiles.

Ha habido mucha confusión desde que el presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el uso de asistencia militar para recobrar el orden público en algunas ciudades a raíz de las protestas que empezaron el 28 de abril de 2021 contra el gobierno, las cuales se han mantenido por casi dos semanas.

Algunas demostraciones han terminado en disturbios, saqueos y abusos policiales con un número de víctimas, que aún no está claro. Hasta el 8 de mayo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Temblores ONG contaban 47 asesinatos (39 por violencia policial), 12 casos de violencia sexual, 936 detenciones arbitrarias, 548 desapariciones (cifra de la Defensoría del Pueblo) y 28 lesiones oculares entre al menos 1.876 hechos violentos.

Un policía fue asesinado en Soacha. Intentaron quemar vivos a otros 10 en un CAI de Bogotá. Un recién nacido murió en una ambulancia que fue atacada en Tocancipá, Cundinamarca.

En ese contexto, Duque dijo el 5 de mayo que no descarta una eventual declaratoria de conmoción interior, como se lo ha pedido su partido, el Centro Democrático. Horas después apareció en redes sociales un decreto falso que supuestamente tomaba esa medida, al mismo tiempo que circulaban cadenas que despertaron temores sobre todo entre la población del Valle del Cauca porque contenían rumores sobre decisiones que afectarían principalmente a Cali, la capital departamental.

Un audio viral en WhatsApp, por ejemplo, asegura que la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, y el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, “han sido relevados del manejo del orden público”. El mensaje afirma que el encargado en adelante sería el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército.

Este mensaje tomó más fuerza luego de los hechos ocurridos en la noche del lunes 3 de mayo en Siloé, oeste de Cali, donde se denunció una respuesta desmedida por parte de la Fuerza Pública. A las 11:30 p.m., Ospina publicó un trino que generó una serie de comentarios acerca de que él no mandaba ya en la ciudad.

Otras cadenas muestran capturas de pantalla de chats en los que supuestos integrantes de la Fuerza Pública cuentan a sus familiares que les dieron órdenes “de disparar a cualquier persona” o “matar jóvenes”. El contenido de estas conversaciones, sin embargo, es imposible de verificar porque no aportan ninguna evidencia y tampoco pistas (o estas son insuficientes) sobre las personas que intervienen en ellos o a las que se refieren.

Lo que sí puede hacer Colombiacheck en este caso es responder algunas preguntas sobre las implicaciones de la asistencia militar, sus responsables, sus límites y sus diferencias con una eventual conmoción interior. Un adelanto: bajo ninguna de las dos son admisibles los asesinatos de civiles que ya se han registrado incluso en transmisiones en vivo por redes sociales en distintas ciudades.

¿Qué es la asistencia militar?

El Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Código de Policía) la define como un “instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública”. Este consiste en “disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar”.

Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali, la describió en Twitter como “una terapia de choque para ayudar a la Policía Nacional a retomar control”. También aclaró que debe ser temporal y que el personal militar participante debe estar entrenado para operaciones urbanas, entre otros aspectos.

Otro experto en seguridad ciudadana, el investigador Alberto Sánchez Galeano, señala que “no es una receta que se tenga que hacer de una forma específica”. Destaca, por el contrario, que una de sus características es la flexibilidad en términos de las funciones que se les pueden asignar a los militares dependiendo de las necesidades y los recursos disponibles en cada caso.

La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana que el gobierno expidió en 2019 enmarca la asistencia militar como una línea de acción ante la protesta social, aunque aclara que está reservada para “una situación excepcional”. Sánchez explica que esto no necesariamente quiere decir que serían las Fuerzas Militares las encargadas de enfrentar posibles disturbios, por ejemplo, sino que podrían asumir la protección de infraestructura (transporte público, unidades de reacción inmediata, entre otras) para apoyar a la Policía, mientras esta controla la situación.

¿Asistencia es militarización?

Para el jurista José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, “en la práctica, es militarización de las ciudades, como se ha visto en los últimos días”. No obstante, Sánchez Galeano considera esa interpretación equivocada porque “la figura de la militarización no existe”.

El investigador considera que una verdadera militarización “implicaría romper el orden constitucional” porque implicaría que mandos militares tomaran el control de instituciones civiles. A modo de ilustración, plantea que ese sería el caso si los comandantes fueran puestos a ordenar el gasto de los entes territoriales y se les diera acceso a sus recursos, invadiendo las competencias de alcaldías y gobernaciones. “Eso no pasa”, sentencia.

¿Quién manda entonces?

En este punto hay que aclarar dos cosas: quién decide sobre el uso de asistencia y quién la ejecuta.

El Código de Policía establece que las alcaldías y gobernaciones pueden solicitar la asistencia militar. Sin embargo, lo hagan o no, la decisión de enviarla es de la Presidencia de la República, en este caso ocupada por Duque. La Política Marco de Seguridad lo reafirma y agrega que el Ministerio de Defensa debe dar un concepto que dé las bases para sustentar tal determinación.

Esto quiere decir que las administraciones locales que salieron a rechazar la asistencia, en realidad no tenían poder legal para hacerlo, y las que anunciaron que no harían la solicitud, tampoco aclararon que Duque igual podría enviarla. Los casos más sonados fueron los de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández; el de Medellín, Daniel Quintero Calle; el de Villavicencio, Felipe Herman Ortiz, y el de Jamundí (Valle), Andrés Felipe Ramírez.

No obstante, para una adecuada ejecución es necesaria la coordinación entre los diferentes actores. “En el PMU [puesto de mando unificado] se decide la estrategia y la forma en la que se va a ejecutar”, dice Sánchez Galeano. En esa instancia tienen presencia tanto militares como policías, junto con alcaldías o gobernaciones y sus gabinetes, organismos de atención de emergencias, entre otras entidades.

“La Fuerza Pública concierta los términos de la intervención. Nadie decide solo”, enfatiza el investigador. Sobre todo destaca que “nadie puede pasar sobre la autoridad civil”, lo cual está claro en las normas que regulan la figura.

¿Pueden relevar a los gobiernos territoriales?

No. Parte del no pasar sobre la autoridad civil es justamente eso. “Dependen de los alcaldes y tienen que obedecer sus órdenes, rendirles informes y cuentas por lo actuado. Ellos son las autoridades de policía y esta les debe obediencia; también los militares que la asisten. No los pueden desplazar ni sustituir. Eso sería inconstitucional”, asevera el exmagistrado Hernández Galindo.

El abogado Mario Cajas Sarria, jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, pone algunos matices en el sentido de que el comandante del Ejército está por encima en jerarquía para dar ciertas órdenes. En este sentido, afirma que “las competencias siguen siendo tremendamente centralistas y la Constitución inclinó la balanza hacia el Presidente”.

A pesar de eso, el profesor también coincide con Sánchez Galeano en la importancia de la coordinación interinstitucional. “Esas relaciones son muy complejas”, asegura. Así, “el general Zapateiro no puede decretar un toque de queda; tiene que coordinar con la alcaldía o la gobernación”, agrega.

¿Cuáles son los límites?

Sánchez insiste en que la asistencia militar “no es una carta blanca” para los militares, mucho menos para cometer asesinatos de civiles. La política marco establece que su activación “está sujeta a estrictos requisitos derivados de la norma y del marco jurídico del uso de la fuerza que contempla el derecho internacional y el ordenamiento jurídico interno”.

El exmagistrado Hernández Galindo recuerda que “la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional condenan el uso excesivo y abusivo de la fuerza y la violación de los derechos y libertades”. En consecuencia, esas son fronteras que ni militares ni policías deberían traspasar en ningún contexto.

El mismo Código de Convivencia es claro en que la fuerza debe ser el “último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos [policías]”, solo cuando sea necesaria, proporcional y racional. Su uso, por tanto, se restringe a situaciones específicas determinadas en esa misma ley.

“No se trata de operaciones de carácter ofensivo sino de restablecimiento del orden. Solo se pueden usar las armas  para defenderse o proteger la vida de los ciudadanos”, detalló Villamizar en su hilo de Twitter.

Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en esa misma red social que “los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover el derecho a la protesta social, y que todo uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”. Citando esto, el jurista Rodrigo Uprimny Yepes, investigador del centro de estudios DeJusticia, señaló que “Procuraduría y Defensoría deberían estar vigilantes” ante la asistencia.

Es más, un fallo de tutela de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 obligó al Ejecutivo a expedir el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana que reafirma muchos de esos límites y establece protocolos para su cumplimiento. Además, prohíbe la utilización de armas de fuego en las intervenciones policiales en protestas.

Los analistas coinciden en que esta prohibición también cobija a las Fuerzas Militares cuando actúan como apoyo para la Policía. Tanto es así que el anterior Código de Policía también lo aclaraba de forma explícita (arts. 86-95).

“No se explica por qué esa prohibición ha sido transgredida”, reclama Hernández. En su columna del 4 de mayo también escribió que “Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y en el futuro los jueces, y el Congreso -en ejercicio del control político- deben verificar si todo eso se cumplió, o si el Decreto se quedó escrito y firmado, sin que se haya cumplido, con dolorosos efectos en materia de Derechos Humanos”.

DeJusticia y otras organizaciones defensoras de derechos humanos vinculadas a la citada tutela incluso le pidieron a la Corte Suprema el 6 de mayo que declare que ha habido desacato al fallo y suspenda la asistencia militar, la disolución de manifestaciones por la fuerza, el uso de armas de fuego y la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. “Consideramos que existe un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante de lo ordenado”, argumentaron en un comunicado.

¿Quién responde por los abusos?

Hay diferentes grados y tipos de responsabilidad. El primero es individual. “El uniformado individualmente es responsable del uso de la fuerza”, dice Sánchez, en referencia a quienes disparan contra civiles desarmados. También afirma que “hay una responsabilidad compartida” entre las instituciones presentes en los PMU por las decisiones que se coordinan desde el punto de vista estratégico, más allá de lo operativo.

“Todos ellos [mandos militares y policiales, alcaldes y gobernadores] son responsables jurídicamente en la medida de sus actos u omisiones. Además, en cuanto al Presidente y ministros, hay lugar a responsabilidad política”, asegura el exmagistrado Hernández.

¿Es igual a la conmoción interior?

No. Para decretar la conmoción interior, la Constitución exige que la perturbación del orden público sea tan grave que “atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”. No se trata de una herramienta de apoyo, sino de un recurso que le da poderes especiales a la Presidencia.

Esos poderes consisten en dictar decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, lo que incluso le permite suspender otras normas ya existentes, de forma parecida a como funcionan los estados de emergencia como los declarados en 2020 por la pandemia de COVID-19. Esto requiere la firma de todos sus ministros.

No quiere decir que no tenga límites. La conmoción está sujeta al control de las otras ramas del poder. La Corte Constitucional puede “tumbar” la declaratoria si encuentra que no había motivos suficientes para hacerla, como lo hizo en 2009 con una del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez. “Entraría a analizar si realmente lo que está pasando no puede ser conjurado por vía ordinaria”, expone el profesor Cajas.

La medida puede establecerse por un máximo de 90 días y no puede tener más de dos prórrogas iguales. La segunda debe ser autorizada por el Senado.

Pero sobre todo, ningún estado de excepción “puede suspender los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario ni las ramas del poder público”, indica Hernández. “Ni siquiera en estado de conmoción interior se puede esperar que la Fuerza Pública le dispare a un civil desarmado. No lo pueden detener sin cargos ni lo pueden juzgar militares”, recalca Cajas Sarria.