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Viernes, 18 Enero 2019

Explicador: Lo que se sabe hasta el momento del atentado en la Escuela General Santander

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Muchas cosas se han especulado sobre la bomba que fue ingresada el jueves en un carro a la Escuela de Cadetes de Policía. Para que estén bien informados y no coman cuento, Colombiacheck les cuenta qué han confirmado hasta el momento las autoridades.

El jueves 17 de enero hubo una explosión al sur de la ciudad de Bogotá, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander (Ecsan), la principal institución de educación superior de la Policía Nacional de Colombia.

Desde ese momento, comenzó a circular información en medios de comunicación y redes sociales intentando esclarecer qué fue lo que pasó. Pero también se hicieron virales especulaciones sobre los hechos (vea: Ningún perro murió en el atentado en Bogotá), sus autores (lea: El youtuber Auronplay no es alias “Naruto” ni es el responsable del atentado en Bogotá) y posibles teorías de conspiración (recomendado: María del Rosario Guerra no trinó sobre el atentado de Bogotá antes de que sucediera).

En esta nueva entrega del Explicador, Colombiacheck decidió revisar qué han dicho hasta el momento las autoridades competentes del Estado sobre lo ocurrido en el atentado y los actores que lo perpetraron, de manera que usted, lector, no caiga en desinformaciones.

Esto es lo que, hasta el momento, han confirmado las autoridades que están investigando el hecho (estaremos actualizando esta nota cuando se conozca nueva información):

El hecho

A las 9:29 de la mañana una camioneta Nissan Patrol de placas LAF 565 llegó a la Ecsan, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía que fue anunciada en la mañana de hoy en una rueda de prensa por el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Según el ministro de defensa Guillermo Botero, el auto se ubicó en la entrada de la Autopista Sur, por donde ingresan exclusivamente vehículos de carga. El conductor aprovechó que las puertas se abrieron para darle salida a unas motos, e ingresó a la Ecsan “sin respetar a los guardias de seguridad”, dijo Botero en la misma rueda de prensa. Botero también señaló que los agentes “inmediatamente comienzan a avisar a los demás guardias de la institución”.

El jefe de seguridad, el Comandante Holger Abdel González González, reportó por radio el ingreso del vehículo de forma irregular, según el ministro, y más adelante, en su avance, el conductor se topó con un auxiliar de policía quien ya había sido informado de la entrada irregular del vehículo.

Sobre las 9:32 de la mañana, de acuerdo con la Fiscalía, la camioneta explotó frente a uno de los edificios que sirve de dormitorio para mujeres en la Ecsan.

Noticias Uno, no obstante, publicó una nota con una versión sobre el recorrido que habría hecho el carro dentro de la Escuela de Cadetes que difiere de la entregada por las autoridades. Según el noticiero, las cámaras de seguridad de la institución dan pruebas de las fallas de seguridad en la Ecsan que permitieron que se llevara a cabo el atentado.

Por otro lado, reportaron varios medios, ayer se llevaba a cabo una ceremonia de graduación de unos uniformados en la Escuela. Por esto, en redes sociales se especuló que ese escenario sería el objetivo de la bomba. Sin embargo, hasta el momento, ni la Fiscalía, ni el Ministerio de la Defensa ni la Policía Nacional han confirmado esa tesis.

El conductor

Según el ministro de defensa, el autor material del hecho es José Aldemar Rojas Rodríguez, alias ‘Mocho’ o ‘Kiko’. No obstante, varios medios han reportado que su alias era “Mocho Kiko”.

De acuerdo con Martínez, la investigación partió por buscar quién era el propietario del vehículo que ingresó a la Ecsan. Encontraron que el dueño del vehículo era Rojas Rodríguez.

La Fiscalía imprimió la fotografía del sospechoso y se la mostró a tres guardas de la escuela, “quienes identificaron plenamente a la persona que había ingresado irregularmente a las instalaciones de la escuela” según dijo Martínez.

“Se ha podido establecer que entre 2008 y 2010 como explosivista [José Aldemar Rojas] perdió su mano derecha. Nació en Puerto Boyacá en 1962 y desde 1994 se desempeñó como miliciano del ELN (Ejército de Liberación Nacional)” informó Botero, quien entregó esta presentación a los medios y a la opinión pública:

Presentación Ministro de Defensa

El alias de Rojas ha causado confusión, pues en 2016 fue abatida otra persona conocida con el alias “Mocho” (que también era conocida con el alias “Franklin”) con nexos con el ELN. Sin embargo, como explica La Silla Vacía, se trataba de una persona completamente diferente de Rojas, que operaba en una zona diferente del país. Según La Silla, “los dos tenían el mismo alias porque les faltaba una extremidad, pero de forma diferente: ‘Franklin’ no tenía un brazo y ‘Quico’ había perdido su mano derecha”.

Una nota de la revista Semana causó más confusión al respecto pues (como se ve en pantallazos y en otros medios que reprodujeron la nota) originalmente afirmaba sobre Rojas que “aunque su cuerpo fue despedazado por la explosión, ambas manos fueron encontradas en el lugar de los hechos”. La afirmación causó sospechas, pues parecía contradecir la información de que Rojas era manco. Sin embargo, Semana actualizó su nota, que ahora afirma que “su mano izquierda fue encontrada en el lugar de los hechos”.

Por su parte, Martínez dijo que la mano izquierda del conductor fue encontrada en el campo de paradas de la Escuela, mano “a la cual se realizó la necrodactilia que permitió establecer que correspondía” con la identidad de José Aldemar Rojas.

Según la Fiscalía, lo que han encontrado es que este hombre es miembro del ELN, pues unas fuentes entrevistadas anoche “lo vinculan al ‘Frente de Guerra Oriental’ como explosivista a la Comisión de Inteligencia de dicho frente del ELN”.

¿Atentado suicida?

En redes sociales se estuvo especulando sobre la posibilidad de que el atentado hubiera sido realizado por Rojas Rodríguez con la intención de suicidarse en el hecho. Pero esto fue lo que dijo el ministro Botero al respecto: “No existe hasta el momento ningún elemento que permita concluir que esta persona se suicidó. Lo que se tiene claro es que los explosivos se activaban con un dispositivo electrónico”.

Otros sospechosos

El fiscal Martínez informó que a través de interceptaciones telefónicas dieron con el nombre de Ricardo Andrés Carvajal, a quien capturaron a las 2:30 de la mañana de hoy en un allanamiento realizado por la entidad. Carvajal, “de acuerdo con las evidencias técnicas que reposan en el sistema Esperanza [el sistema de interceptaciones de la Fiscalía General], reconoce participación en el acto terrorista”, dijo Martínez (aunque las grabaciones no se han puesto a disposición del público ni de la prensa por ahora).

Ricardo Andrés Carvajal, por su parte, declaró ser inocente y no estar relacionado con el atentado. Esto fue lo que le dijo a la prensa: "Yo estoy con las víctimas, yo no hice nada, no participé con ellos en nada; o sea con los grupos que me acusan yo no he hecho nada".

Hasta el momento no se conoce de ningún otro sospechoso relacionado con atentado, pero según Martínez, “la Fiscalía imputará responsabilidad a título de autores intelectuales, por responsabilidad por línea de mando, a los miembros del Coce (Comando Central) del ELN”.

El ELN

En la noche del 20 de enero, el Ejército de Liberación Nacional admitió su responsabilidad en el atentado a través de su portal web. En el comunicado, manifestó que la operación realizada contra las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía, al ser una instalación militar, es lícita dentro del derecho de la guerra, pues "no hubo ninguna víctima no combatiente".

Comunicado del ELN.

Ese grupo ya se había pronunciado el pasado 17 de enero para controvertir una nota de Caracol Radio en la que se asegura que "ese grupo guerrillero no ha aceptado la autoría, de hecho, en comunicación con Caracol Radio, su jefe negociador, Pablo Beltrán, dijo que internamente determinarán si hubo o no participación”.

En un trino desde la cuenta que el ELN usaba para informar sobre las negociaciones de paz con el gobierno, @eln_paz, el grupo guerrillero dijo: "es falso que Pablo Beltrán hoy se haya comunicado con @CaracolRadio para referirse a los hechos ocurridos en la escuela de la Policía".

Pantallazo en cache de un retweet del trino del ELN.

Este mensaje ahora está inaccesible, pues Twitter suspendió cuatro cuentas del ELN: la ya mencionada @eln_paz, además de @Urbano_ELN, @ELN_Voces y @ELN_RANPAL_COL. Aunque Twitter no se ha pronunciado oficialmente sobre la razón de la suspensión de estas cuentas, en varios medios se especula que la razón fue este trino que parecía anunciar el atentado:

Trino Frente Urbano ELN.

Por su parte, el viernes 18 de enero, el presidente Iván Duque dijo en una alocución presidencial que "el ELN no tiene ninguna genuina voluntad de paz" y anunció que levantaría la mesa de negociación con el ELN instalada en Cuba. 

Duque también dijo que le revocaría los privilegios a los miembros negociadores del ELN: "he ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol”.

Además, el presidente  le pidió al gobierno cubano que capture a los miembros del ELN que se encuentran en ese país "y entregarlos a las autoridades policiales colombianas".

Otros grupos armados

En redes sociales se dijo que José Aldemar Rojas pertenecía a la desmovilizada guerrilla de las Farc. Sin embargo, lo que dijo el ministro Botero es que Rojas intentó ser incluido en la lista de este grupo, a través de los Frentes 10 y 45, para obtener beneficios producto del proceso de paz con el gobierno del expresidente Santos, “pero fue tajantemente rechazado en tres oportunidades por los mismos integrantes de las filas de las Farc”.

Por otro lado, no hay evidencia alguna que muestre que esto haya sido realizado conjuntamente con otro grupo armado ilegal, anunció Botero; “La información recaudada en las últimas horas permite concluir que exclusivamente es del ELN”.

Las víctimas

En la rueda de prensa, el Director General de la Policía, Óscar Atehortúa, dijo que ayer fueron llevadas a distintos hospitales 68 personas que resultaron heridas por el atentado. De estas, 59 ya fueron dadas de alta y las otras nueve se encuentran aún a la espera de un dictamen médico concluyente. Otras tres personas más fallecieron después de recibir tratamiento médico.

El director confirmó que, hasta el momento, hay 21 personas fallecidas, entre las cuales está el terrorista del vehículo. Los otros 20 son cadetes de la escuela, uno de ellos la ecuatoriana Érica Chicó. El presidente del vecino país, Lenín Moreno, se pronunció a propósito de su fallecimiento:

Relación del atentado con Venezuela o el apoyo del régimen de Nicolás Maduro

Otra tesis que se planteó durante el día de ayer tenía que ver con que posiblemente el auto venía desde Venezuela y contaba con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. El Ministro Botero dijo que “hasta el momento no hay información que pueda asegurarlo. Lo que se sabe es que hay comandantes guerrilleros ubicados en territorio venezolano”.

A propósito de esto, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que en el pasado el canciller Carlos Holmes Trujillo había solicitado información al gobierno de Venezuela sobre miembros del ELN que están en el territorio del país vecino, información que verificamos, pues el 4 de enero de este año Noticias 1 publicó la noticia.

[Nota actualizada el 21 de enero de 2019].

Sábado, 28 Octubre 2017

Ciudadela Bolonia: un experimento de reintegración en Bogotá azotado por la violencia

Por Tomás Mantilla

Víctimas, antiguos miembros de las guerrillas, los paramilitares y el Ejército habitan un aislado conjunto residencial de Usme, en medio del microtráfico, los grupos armados y una convivencia cada vez más álgida.

Cuando Rodrigo Villabón, representante de la Mesa de Víctimas de Usme, discutía con varios vecinos del conjunto residencial Ciudadela Bolonia algunas estrategias para frenar el microtráfico, un hombre con gorra y saco de capucha salió de los edificios que los rodeaban y caminó justo a su lado. Cuando se alejó, Rodrigo dijo en voz baja: “Él… es uno de los que me amenazó”.

Al igual que Rodrigo, su esposa y otros líderes de la comunidad han recibido amenazas por denunciar las estructuras de microtráfico que operan en Ciudadela Bolonia, un proyecto de vivienda de interés social en Usme, al suroriente de Bogotá. Allí, la violencia ha surgido en medio de la convivencia de excombatientes de grupos armados, víctimas, personas reubicadas que habitaban en zonas de alto riesgo y militares retirados y heridos en combate.

A pesar de que se respiraba tensión, el grupo de vecinos siguió hablando frente a los cientos de ventanas de las torres de apartamentos. Como muchos, ya se han acostumbrado al desasosiego que se vive día a día en el conjunto.

“El microtráfico y el Estado que no llega son nuestros problemas, nos dejaron a la buena de Dios”, asegura una de las personas que hablaba con Rodrigo y que pide que no publiquen su nombre. En Ciudad Bolonia no hay puestos de salud ni escuelas y las viviendas han tenido problemas desde que fueron entregadas, como reportó la revista Semana el 7 de mayo de 2015 y el 13 de mayo del mismo año.

Esto a pesar de que en la ciudadela hay 3.600 apartamentos. Para ello, la zona rural de los cultivos de arveja, moras y papa fue reemplazada por cemento y torres de vivienda multifamiliar que siguen apareciendo por doquier, en gran parte debido a la llegada de miles de desplazados a la localidad, 12.112 para 2013 según la Unidad para las Víctimas. Ellos viven con varios de los 260 desmovilizados de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc; las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; y del Ejército de Liberación Nacional, ELN que han llegado en los últimos años a Usme como parte del programa de reinserción que implementa la Agencia Nacional de Reincorporación, ARN, según las cifras de Catalina Arciniegas, coordinadora en Bogotá de dicha institución.

La convivencia entre víctimas y excombatientes que pasaron por el proceso de Justicia y Paz hace de Ciudadela Bolonia un laboratorio en tiempo real de cómo es la reinserción. Sin embargo, no todos creen que este laboratorio sea totalmente exitoso. Un funcionario que trabaja en la zona y que pidió la reserva de su nombre, asegura que algunos de los reinsertados volvieron a tomar las armas para unirse a grupos de microtráfico y explica que se debió a la falta de acompañamiento.

“No los capacitaron para trabajar, simplemente ellos iban mensualmente a una visita con un psicólogo, tenían que estudiar en un colegio o en una fundación y eso les generaba una entrada económica. Tenían una cantidad de tiempo en el que no eran productivos y no tenían nada qué hacer, entonces empezaron a configurar esas mismas dinámicas del territorio de conflicto en Bolonia”, afirma.

A la falta de institucionalidad, se sumó el aislamiento de la ciudadela. Para llegar al conjunto residencial, que está en la cima del cerro Juan Rey, hay que tomar la vía al páramo por donde a duras penas logran subir los destartalados Chevettes ochenteros que prestan el servicio de transporte desde el Usme urbano hasta los apartamentos.

En las mañanas, decenas de estudiantes bajan la loma del cerro Juan Rey para ir a los colegios de la zona urbana de Usme. Foto: Tomás Mantilla.

Así las condiciones fueron las apropiadas para que el conjunto residencial ser convirtiera en un caldo de cultivo para las redes del microtráfico. Tanto en Ciudadela Bolonia y en Compostela 3, el barrio de invasión contiguo, grupos organizados manejan los expendios de droga que funcionan en las casas y apartamentos.

El poder de los grupos ilegales es tanto que a la entrada de Compostela 3 hay una pancarta con la foto del difunto líder de la banda, Wilfredy Gómez, alias ‘El Paisa’, empuñando dos revólveres.

Foto: Tomás Mantilla.

Al otro lado de la montaña, la banda que controla Compostela 3 se ha tomado también el control del territorio, venden lotes sin títulos de propiedad a población desplazada y maneja el expendio con aún más tranquilidad según varios miembros de la comunidad y el funcionario que pidió la reserva de su nombre.

“De allá sale la droga. Lo cierto si es que está comprobado que ahí las gentes mantienen armadas, que cuando la Policía entra se da bala con ellos”, afirma Villabón. Cuando denunció esto, y que frente a su casa operaba una ‘olla’, lo amenazaron de muerte.

Al igual que el funcionario, desmovilizados afirman que parte de los miembros de las bandas de Compostela y Ciudadela son algunos excombatientes de las AUC y reintegrados en este barrio de Bogotá.

Un reinsertado de las AUC sostiene que en la unidad residencial Rincones de Bolonia, un exparamilitar “estaba tratando de ubicar a todos los que (operan) expendios de droga y empezarlos a caciquear para que le respondan a él. Están en el proceso de organizarse, hay fichas de arriba que también las mueven para que apoyen con logística y armamento. Están buscando alianzas para hacer el grupo fuerte”.

“Hay tres exparamilitares que manejan las cosas en el barrio y andan con mini uzi. Ellos tienen más poder que los de Bolonia”, señala un excombatiente de las Farc refiriéndose al grupo armado que opera en Compostela 3.

Ante el problema de este barrio, el alcalde local de Usme, Jorge Eliécer Peña, dijo que están “coordinando unas mesas de servicios para esta población porque debe ser reubicada de este sitio. Se han venido haciendo operativos arrojando capturas masivas. En eso está trabajando la administración”.

La situación es tan delicada que en marzo de este año varios líderes fueron amenazados y los habitantes del sector ya hablaban de una recomposición de las bandas de narcotráfico, como lo reportó Pacifista.

Pero los temores vienes desde antes. La Defensoría del Pueblo ha advertido desde 2013, a través de cuatro informes de riesgo y cinco notas de seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas SAT, que los grupos surgidos de la desmovilización de las AUC están en las localidades de Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.

“El grupo armado identificado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) ha ampliado el control territorial en la ciudad, particularmente en aquellas zonas de la periferia urbana donde controlan los circuitos asociados al tráfico de sustancias psicoactivas”, dice la nota de seguimiento 002 de abril de 2017. Agrega que ha localizado “el accionar de las autodenominadas Águilas Negras ‘Bloque Capital’ en las tres localidades y no se desestima que tengan acuerdos con las AGC”.

Por eso, el Ministerio Público advirtió que más de la mitad de la localidad de Usme es una zona de riesgo y menciona puntualmente a Bolonia y Compostela como dos de los barrios más afectados, según la nota de seguimiento de abril de este año.

El funcionario explica que los grupos descendientes de las AUC que operan en Ciudadela Bolonia perdieron su antigua estructura “Son tercereados por grupos más grandes que los utilizan no sólo para economías ilegales sino también para ejercer control territorial e impedir que otros se apropien del territorio”, sostiene.

Para la Defensoría del Pueblo la situación de riesgo en Bogotá es tan grave, que en julio de este año el defensor del pueblo, Carlos Negret, le escribió al ministro del Interior, Guillermo Rivera, informándole que planeaba convocar la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas. Además, le remitía el Informe de riesgo 030 de julio de 2017, que estima que 50.000 civiles están en situación de riesgo en la capital y agrega que “todo lo que ocurre en Bogotá tiene trascendencia nacional”.

La comisión finalmente sí se convocó pero no emitió ninguna alerta. Esta debe recomendar al ministro si emitir o no alertas tempranas y está conformada, entre otros, por el ministro del Interior, el comandante general de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien a comienzos de este año causó revuelo cuando afirmó que “en Colombia no hay paramilitarismo”.

Un funcionario estatal que pidió la reserva porque no está autorizado a hablar del tema señala que “el Ministerio del Interior no quiere que se emita una alerta temprana en Bogotá, si se emitiera les tocaría aceptar el lenguaje de la Defensoría, que en Bogotá sí hay grupos posdesmovilización de los paramilitares”.

El temor de la convivencia diaria

Una pareja sube con su hijo hacia la ciudadela Bolonia. Foto: Tomás Mantilla.

El lema con el que se promovió la construcción de la urbanización Rincones Bolonia, ‘Le da un nuevo nivel a tu vida’, parece que nunca se cumplió. Las discusiones entre vecinos surgen cuando alguien cocina con leña dentro de uno de los apartamentos, al no saber cómo encender la estufa, o cuando uno de los habitantes usa su apartamento para reciclar.

Además, entre víctimas y exmiembros de grupos armados, los habitantes prefieren no hablar de quiénes eran ni de dónde vienen. Ni siquiera los reintegrados se conocen entre sí, más allá de las caras familiares que recuerdan de sus épocas de guerra.

“Si dos personas aquí saben que fui ‘guerrillo’, es mucho”, cuenta un exinsurgente que teme que los exparamilitares rearmados lo asesinen por haber pertenecido a las Farc. Hay quienes opinan que está bien que sea así. Para ellos no tiene sentido decir quiénes son pues podrían llamar la atención de viejos enemigos o victimarios.

El muro de la sala de una víctima de desplazamiento que vive en los apartamentos de Rincones de Bolonia. Foto: Tomás Mantilla.

Otros prefieren utilizar su pasado para amedrentar a la gente. Miembros de la comunidad afirman que varias familias han dejado sus apartamentos tras tener discusiones con vecinos que responden “yo soy ‘paraco’”, “usted no sabe quién soy yo” o “yo mato y como del muerto”

Muchas veces, los problemas de convivencia se mezclan con la inseguridad que ha producido el microtráfico en la zona. Así le sucedió al primer administrador de uno de los edificios de Rincones de Bolonia y a dos mujeres miembros del consejo. Huyeron del barrio luego de que alguien les escribiera en las puertas de sus apartamentos ‘Muerte para los del consejo, ratas hijueputas’.

“Cuando pasó, una de ellas, me llamó preocupada. Le dejaron sangre regada frente a la puerta”, dice Yudirlandes Palechor, líder social del pueblo indígena Nasa y uno de los más de setenta indígenas que viven en la ciudadela.

Hace pocas semanas mataron a dos hombres que estaban consumiendo sustancias psicoactivas en una de las lomas de la parte trasera del conjunto. Sus familias y algunos de sus amigos se desplazaron después de los hechos.

La amenaza es tan latente que muchas veces la comunidad ni siquiera se atreve a hablar del tema, como sucedió en la última reunión entre habitantes de Ciudadela Bolonia, organismos distritales y el alcalde local. “¿Por qué cree que nadie mencionó el tema de las drogas? Porque estamos muertos del miedo con todo lo que ha pasado”, dice un líder comunitario.

‘Limpieza social’ a manos de particulares y exmilitares

Efrén Ramos, un exmilitar del Ejército Nacional cuenta que alrededor de seis militares retirados que también viven en el barrio han estado pensando en la posibilidad de crear un “comité de seguridad”.

Ellos viven en Mirador del Parque, una etapa de la ciudadela que el Ejército compró para darles vivienda a soldados heridos y retirados. Algunos de ellos fueron dados de baja de las Fuerzas Militares por problemas psicológicos.

“Dijeron que (había que) andar armados; que al que se encontrara ‘soplando’, darle piso”, cuenta Ramos. Su justificación era que no soportaban que se consumiera droga en los escasos espacios comunes del conjunto y que los expendedores se tomaran las escaleras de los edificios para vender la droga.

“En un momento, se hizo reunión con unos delegados de la Policía y ellos también decían lo mismo, ‘si ustedes quieren, háganlo. Si a nosotros nos llaman no nos aparecemos”, asegura Ramos. Incluso a él lo invitaron a hacer parte de este comité cuando era administrador de Mirador del Parque, pero se negó.

En cambio, les advirtió de la ‘limpieza’ a los jóvenes del barrio y a quienes iban a Bolonia a consumir droga. Como no volvieron a aparecer, el comité nunca se creó.


El árbol, que está frente a Rincones de Bolonia, más conocido como La Casa es uno de los “metederos” donde los jóvenes se reúnen a consumir. Foto: Tomás Mantilla.

Frente a esto el acalde local de Usme respondió que su despacho no ha recibido denuncias concretas frente al tema. Sin embargo, dijo que sí se han hecho comentarios al respecto. “La Alcaldía siempre auspicia el tratamiento del tema de la seguridad a través de la institucionalidad. Es evidente que la administración está actuando para solucionar primero los temas de convivencia y calidad de vida de esta población”, asegura Peña.

Los militares no han sido los únicos. “Si recoge 500 pesos por apartamento, le hacemos la limpieza del barrio”. Así le han dicho algunos grupos a Yasbleidi Molano, exadministradora de Rincones de Bolonia y esposa de Rodrigo. A otros líderes les dijeron que la cuota era de 200 pesos.

En medio de las ofertas, aparecieron también los panfletos amenazantes. Uno de ellos, firmado como Águilas Negras, dice “Ahora le toca el turno a los mal p… basuqueros y sidosas, vendedores de droga, ladrones, callejeros y apartamenteros, jaladores de carros, secuestradores y jóvenes consumidores… Ya los tenemos identificados”, (sic).

Es por eso que Villabón asegura que a pesar de que algunas instituciones están llegando a la zona, la situación “les cogió ventaja desde un principio”.

“Esto es una bomba de tiempo”, dice el exintegrante de las AUC. Lo repite varias veces con resignación y a la vez con la seguridad de alguien que sabe de lo que está hablando. Según él, las cosas empeorarán pronto porque han llegado más exparamilitares a Colores de Bolonia.

A veces considera unirse con los grupos que le han hecho ofertas. “Ya estoy aburrido, me quiero ir de acá”, dice y explica que desde que llegó a Bolonia ha tenido problemas para encontrar trabajo, no se acogió al programa Justicia y Paz como varios del barrio y ahora no tiene empleo ni con qué sostener a su familia. Para él, todo sería diferente en Ciudad Bolonia si el Estado le enseñara a la gente desplazada del campo a vivir en la ciudad.

Con tono frustrado, reitera que su barrio está a punto de estallar “pero es porque el Estado cree que con dar una casa es todo, y así no es. A la gente tampoco es que se les dé el pescado, pero hay que enseñarles a pescar”.

Además de ser un laboratorio vivo de cómo es la reinserción, la ciudadela es un ejemplo de las dificultades a las que se pueden enfrentar los desmovilizados de las Farc una vez se reintegren a la vida civil. Y es que, con el tiempo, este conjunto residencial se ha convertido en un reflejo de lo que vive el país. En los lugares donde hay vacíos de poder la recomposición de los grupos armados, el microtráfico y la ardua reconciliación entre víctimas, exparamilitares y exguerrilleros, son pan de cada día.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH