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Viernes, 18 Enero 2019

Explicador: Lo que se sabe hasta el momento del atentado en la Escuela General Santander

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Muchas cosas se han especulado sobre la bomba que fue ingresada el jueves en un carro a la Escuela de Cadetes de Policía. Para que estén bien informados y no coman cuento, Colombiacheck les cuenta qué han confirmado hasta el momento las autoridades.

El jueves 17 de enero hubo una explosión al sur de la ciudad de Bogotá, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander (Ecsan), la principal institución de educación superior de la Policía Nacional de Colombia.

Desde ese momento, comenzó a circular información en medios de comunicación y redes sociales intentando esclarecer qué fue lo que pasó. Pero también se hicieron virales especulaciones sobre los hechos (vea: Ningún perro murió en el atentado en Bogotá), sus autores (lea: El youtuber Auronplay no es alias “Naruto” ni es el responsable del atentado en Bogotá) y posibles teorías de conspiración (recomendado: María del Rosario Guerra no trinó sobre el atentado de Bogotá antes de que sucediera).

En esta nueva entrega del Explicador, Colombiacheck decidió revisar qué han dicho hasta el momento las autoridades competentes del Estado sobre lo ocurrido en el atentado y los actores que lo perpetraron, de manera que usted, lector, no caiga en desinformaciones.

Esto es lo que, hasta el momento, han confirmado las autoridades que están investigando el hecho (estaremos actualizando esta nota cuando se conozca nueva información):

El hecho

A las 9:29 de la mañana una camioneta Nissan Patrol de placas LAF 565 llegó a la Ecsan, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía que fue anunciada en la mañana de hoy en una rueda de prensa por el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Según el ministro de defensa Guillermo Botero, el auto se ubicó en la entrada de la Autopista Sur, por donde ingresan exclusivamente vehículos de carga. El conductor aprovechó que las puertas se abrieron para darle salida a unas motos, e ingresó a la Ecsan “sin respetar a los guardias de seguridad”, dijo Botero en la misma rueda de prensa. Botero también señaló que los agentes “inmediatamente comienzan a avisar a los demás guardias de la institución”.

El jefe de seguridad, el Comandante Holger Abdel González González, reportó por radio el ingreso del vehículo de forma irregular, según el ministro, y más adelante, en su avance, el conductor se topó con un auxiliar de policía quien ya había sido informado de la entrada irregular del vehículo.

Sobre las 9:32 de la mañana, de acuerdo con la Fiscalía, la camioneta explotó frente a uno de los edificios que sirve de dormitorio para mujeres en la Ecsan.

Noticias Uno, no obstante, publicó una nota con una versión sobre el recorrido que habría hecho el carro dentro de la Escuela de Cadetes que difiere de la entregada por las autoridades. Según el noticiero, las cámaras de seguridad de la institución dan pruebas de las fallas de seguridad en la Ecsan que permitieron que se llevara a cabo el atentado.

Por otro lado, reportaron varios medios, ayer se llevaba a cabo una ceremonia de graduación de unos uniformados en la Escuela. Por esto, en redes sociales se especuló que ese escenario sería el objetivo de la bomba. Sin embargo, hasta el momento, ni la Fiscalía, ni el Ministerio de la Defensa ni la Policía Nacional han confirmado esa tesis.

El conductor

Según el ministro de defensa, el autor material del hecho es José Aldemar Rojas Rodríguez, alias ‘Mocho’ o ‘Kiko’. No obstante, varios medios han reportado que su alias era “Mocho Kiko”.

De acuerdo con Martínez, la investigación partió por buscar quién era el propietario del vehículo que ingresó a la Ecsan. Encontraron que el dueño del vehículo era Rojas Rodríguez.

La Fiscalía imprimió la fotografía del sospechoso y se la mostró a tres guardas de la escuela, “quienes identificaron plenamente a la persona que había ingresado irregularmente a las instalaciones de la escuela” según dijo Martínez.

“Se ha podido establecer que entre 2008 y 2010 como explosivista [José Aldemar Rojas] perdió su mano derecha. Nació en Puerto Boyacá en 1962 y desde 1994 se desempeñó como miliciano del ELN (Ejército de Liberación Nacional)” informó Botero, quien entregó esta presentación a los medios y a la opinión pública:

Presentación Ministro de Defensa

El alias de Rojas ha causado confusión, pues en 2016 fue abatida otra persona conocida con el alias “Mocho” (que también era conocida con el alias “Franklin”) con nexos con el ELN. Sin embargo, como explica La Silla Vacía, se trataba de una persona completamente diferente de Rojas, que operaba en una zona diferente del país. Según La Silla, “los dos tenían el mismo alias porque les faltaba una extremidad, pero de forma diferente: ‘Franklin’ no tenía un brazo y ‘Quico’ había perdido su mano derecha”.

Una nota de la revista Semana causó más confusión al respecto pues (como se ve en pantallazos y en otros medios que reprodujeron la nota) originalmente afirmaba sobre Rojas que “aunque su cuerpo fue despedazado por la explosión, ambas manos fueron encontradas en el lugar de los hechos”. La afirmación causó sospechas, pues parecía contradecir la información de que Rojas era manco. Sin embargo, Semana actualizó su nota, que ahora afirma que “su mano izquierda fue encontrada en el lugar de los hechos”.

Por su parte, Martínez dijo que la mano izquierda del conductor fue encontrada en el campo de paradas de la Escuela, mano “a la cual se realizó la necrodactilia que permitió establecer que correspondía” con la identidad de José Aldemar Rojas.

Según la Fiscalía, lo que han encontrado es que este hombre es miembro del ELN, pues unas fuentes entrevistadas anoche “lo vinculan al ‘Frente de Guerra Oriental’ como explosivista a la Comisión de Inteligencia de dicho frente del ELN”.

¿Atentado suicida?

En redes sociales se estuvo especulando sobre la posibilidad de que el atentado hubiera sido realizado por Rojas Rodríguez con la intención de suicidarse en el hecho. Pero esto fue lo que dijo el ministro Botero al respecto: “No existe hasta el momento ningún elemento que permita concluir que esta persona se suicidó. Lo que se tiene claro es que los explosivos se activaban con un dispositivo electrónico”.

Otros sospechosos

El fiscal Martínez informó que a través de interceptaciones telefónicas dieron con el nombre de Ricardo Andrés Carvajal, a quien capturaron a las 2:30 de la mañana de hoy en un allanamiento realizado por la entidad. Carvajal, “de acuerdo con las evidencias técnicas que reposan en el sistema Esperanza [el sistema de interceptaciones de la Fiscalía General], reconoce participación en el acto terrorista”, dijo Martínez (aunque las grabaciones no se han puesto a disposición del público ni de la prensa por ahora).

Ricardo Andrés Carvajal, por su parte, declaró ser inocente y no estar relacionado con el atentado. Esto fue lo que le dijo a la prensa: "Yo estoy con las víctimas, yo no hice nada, no participé con ellos en nada; o sea con los grupos que me acusan yo no he hecho nada".

Hasta el momento no se conoce de ningún otro sospechoso relacionado con atentado, pero según Martínez, “la Fiscalía imputará responsabilidad a título de autores intelectuales, por responsabilidad por línea de mando, a los miembros del Coce (Comando Central) del ELN”.

El ELN

En la noche del 20 de enero, el Ejército de Liberación Nacional admitió su responsabilidad en el atentado a través de su portal web. En el comunicado, manifestó que la operación realizada contra las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía, al ser una instalación militar, es lícita dentro del derecho de la guerra, pues "no hubo ninguna víctima no combatiente".

Comunicado del ELN.

Ese grupo ya se había pronunciado el pasado 17 de enero para controvertir una nota de Caracol Radio en la que se asegura que "ese grupo guerrillero no ha aceptado la autoría, de hecho, en comunicación con Caracol Radio, su jefe negociador, Pablo Beltrán, dijo que internamente determinarán si hubo o no participación”.

En un trino desde la cuenta que el ELN usaba para informar sobre las negociaciones de paz con el gobierno, @eln_paz, el grupo guerrillero dijo: "es falso que Pablo Beltrán hoy se haya comunicado con @CaracolRadio para referirse a los hechos ocurridos en la escuela de la Policía".

Pantallazo en cache de un retweet del trino del ELN.

Este mensaje ahora está inaccesible, pues Twitter suspendió cuatro cuentas del ELN: la ya mencionada @eln_paz, además de @Urbano_ELN, @ELN_Voces y @ELN_RANPAL_COL. Aunque Twitter no se ha pronunciado oficialmente sobre la razón de la suspensión de estas cuentas, en varios medios se especula que la razón fue este trino que parecía anunciar el atentado:

Trino Frente Urbano ELN.

Por su parte, el viernes 18 de enero, el presidente Iván Duque dijo en una alocución presidencial que "el ELN no tiene ninguna genuina voluntad de paz" y anunció que levantaría la mesa de negociación con el ELN instalada en Cuba. 

Duque también dijo que le revocaría los privilegios a los miembros negociadores del ELN: "he ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol”.

Además, el presidente  le pidió al gobierno cubano que capture a los miembros del ELN que se encuentran en ese país "y entregarlos a las autoridades policiales colombianas".

Otros grupos armados

En redes sociales se dijo que José Aldemar Rojas pertenecía a la desmovilizada guerrilla de las Farc. Sin embargo, lo que dijo el ministro Botero es que Rojas intentó ser incluido en la lista de este grupo, a través de los Frentes 10 y 45, para obtener beneficios producto del proceso de paz con el gobierno del expresidente Santos, “pero fue tajantemente rechazado en tres oportunidades por los mismos integrantes de las filas de las Farc”.

Por otro lado, no hay evidencia alguna que muestre que esto haya sido realizado conjuntamente con otro grupo armado ilegal, anunció Botero; “La información recaudada en las últimas horas permite concluir que exclusivamente es del ELN”.

Las víctimas

En la rueda de prensa, el Director General de la Policía, Óscar Atehortúa, dijo que ayer fueron llevadas a distintos hospitales 68 personas que resultaron heridas por el atentado. De estas, 59 ya fueron dadas de alta y las otras nueve se encuentran aún a la espera de un dictamen médico concluyente. Otras tres personas más fallecieron después de recibir tratamiento médico.

El director confirmó que, hasta el momento, hay 21 personas fallecidas, entre las cuales está el terrorista del vehículo. Los otros 20 son cadetes de la escuela, uno de ellos la ecuatoriana Érica Chicó. El presidente del vecino país, Lenín Moreno, se pronunció a propósito de su fallecimiento:

Relación del atentado con Venezuela o el apoyo del régimen de Nicolás Maduro

Otra tesis que se planteó durante el día de ayer tenía que ver con que posiblemente el auto venía desde Venezuela y contaba con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. El Ministro Botero dijo que “hasta el momento no hay información que pueda asegurarlo. Lo que se sabe es que hay comandantes guerrilleros ubicados en territorio venezolano”.

A propósito de esto, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que en el pasado el canciller Carlos Holmes Trujillo había solicitado información al gobierno de Venezuela sobre miembros del ELN que están en el territorio del país vecino, información que verificamos, pues el 4 de enero de este año Noticias 1 publicó la noticia.

[Nota actualizada el 21 de enero de 2019].

Martes, 19 Junio 2018

Duque, limitado para hacer “correcciones” al acuerdo de paz

Por Ana María Saavedra

Meter presos a los líderes de las Farc o quitarles la conexidad del narcotráfico con el delito político fueron algunos de los cambios que prometió el presidente electo. Sin embargo, fue más retórica que realidad porque ya hay beneficios que no se pueden echar atrás. Análisis.

El margen de maniobra que tendrá el presidente electo, Iván Duque, para modificar al acuerdo con las Farc es menor de lo que ha dicho. Su discurso de campaña inició con la promesa de recluir a los exjefes guerrilleros en “colonias agrícolas” e impedir las amnistías por narcotráfico como delito conexo a los políticos, pero en sus últimas intervenciones dio muestras de entender sus limitaciones.

El pasado domingo, en su primer discurso como presidente electo, Iván Duque dijo que no iba a hacer “trizas los acuerdos” de paz con las Farc, pero insistió en que necesitan “correcciones”.

También negó haber cambiado de posiciones “para congraciarse con el aplauso momentáneo”, pero él mismo, recién pasó a la segunda vuelta, empezó a admitir que sus posibilidades de cumplir esa promesa son menos amplias de lo que parecen.

 

Dos semanas antes de las elecciones de segunda vuelta, en una entrevista que le dio a Yamid Amat para el diario El Tiempo, Duque dijo que “la Corte Constitucional abrió una posibilidad el año pasado, en una sentencia en la que dijo que las autoridades competentes pueden hacer modificaciones”. Pero más adelante reconoció que al menos una de sus banderas, la eliminación del narcotráfico como delito conexo a los fines políticos de la guerrilla, ya no se le podría aplicar a los desmovilizados de las Farc.

Es que, desde que el exministro Fernando Londoño pidió “hacer trizas ese maldito papel” en referencia al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el partido Centro Democrático quedó relacionado con esa frase y una de las propuestas centrales de su candidato presidencial fue la de hacerle cambios en temas neurálgicos como la justicia transicional o la participación en política.

 

El exministro Carlos Holmes Trujillo, que pertenece al CD y trabajó en la campaña de Duque, le dijo a Colombiacheck.com que el objetivo del nuevo gobierno será darle “sostenibilidad” a lo pactado con mejoras que llenen “vacíos o inconsistencias” que le generen riesgos a los mismos acuerdos y podrían “hacer aguas” con ellos.

Por ejemplo, el exministro señaló que es necesario ponerle fin a los debates sobre el papel de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en casos como la revisión de la extradición del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Justo el 12 de junio la jurisdicción transicional congeló los términos de ese proceso mientras la Corte Constitucional define el conflicto de competencias que, según la Fiscalía, tiene el nuevo sistema con la Corte Suprema.

Trujillo, que fue constituyente, aclaró los “ajustes” que propone Duque se harían por medios institucionales y partirían de un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores políticos y sociales. Enfatizó en que “las cosas se deshacen como se hacen”, un principio fundamental del derecho. Por tanto, tendrían que pasar sus reformas por el Congreso tal como lo han hecho las iniciativas que ya están en pie, como la creación de la JEP.

El jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, Mario Cajas, advirtió que esa ruta no es tan sencilla, incluso si el nuevo gobierno consigue las mayorías necesarias en el Congreso porque, en ese caso, “gran parte del debate se daría en la Corte Constitucional”. Las leyes y reformas que pase Duque no podrían ir en contra de las ya vigentes, incluido el “blindaje” que obliga a los tres próximos gobiernos a respetarlo “de buena fe”.

Entre tanto, el próximo mandatario ya había pedido congelar el trámite en el Congreso del proyecto de ley que pretende reglamentar los procedimientos en esa justicia, es decir, justamente llenar parte de los vacíos existentes. En efecto el Senado aprobó una proposición del CD para aplazar el trámite hasta la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio, aunque en las próximas horas podría reconsiderar esa decisión.

Entre tanto, la Cámara votará mañana una versión del proyecto con cambios y el presidente Juan Manuel Santos anunció que convocará a sesiones extras para la aprobación de la iniciativa.

Por su parte la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró su “preocupación” por la tardanza que le impide a la jurisdicción trabajar a plena marcha por falta de procedimientos claros.

El argumento del uribismo es que la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el estatuto de la jurisdicción especial aprobado en noviembre pasado, lo que generaría un “vicio” en la nueva norma. Esa norma incluye, por ejemplo, el régimen de inhabilidades para los magistrados de la JEP que, de ser avalado por el tribunal, implicaría reconfigurar su composición.

Durante la campaña, Duque insistió sobre todo en la promesa de endurecer las penas, para que haya reclusión por lo menos en colonias agrícolas para los máximos responsables de crímenes atroces en la guerrilla, como lo había propuesto en 2016 como vocero del ‘No’ a los acuerdos tras su victoria en el plebiscito que buscaba refrendarlos. Este fue uno de los cambios que se quedó por fuera de la versión final firmada en el teatro Colón de Bogotá.

También enfatizó en evitar que el narcotráfico pueda ser considerado conexo a los delitos políticos y, por tanto, amnistiable.

Aun así, en la entrevista con Amat reconoció que su modificación “no sería retroactiva”. Esto quiere decir que el tráfico de drogas sí seguirá cobijado por las amnistías para los exguerrilleros de las Farc y una eventual reforma constitucional de Duque solo aplicaría a futuros procesos, por ejemplo, con el Eln. Esto se debe a que la Constitución garantiza que la justicia aplique siempre la norma más favorable al procesado.

El exmagistrado Augusto Ibáñez recordó también que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a favor de la conexidad del narcotráfico cuando este se usa para financiar delitos políticos, pero en contra cuando constituye una “empresa criminal”, es decir, cuando se comete con el único fin de enriquecerse. Así quedó claro, por ejemplo, cuando excluyó al narco ‘Gordolindo’ de la Ley de Justicia y Paz creada para la desmovilización de las Auc.

En la Constitucional también existe jurisprudencia que impide la conexidad de los delitos comunes, como el narcotráfico, con los políticos cuando los primeros se cometen para beneficio personal (entre otras limitaciones). Pero admite que se podría presentar legislación que cree exclusiones más claras, como las que ya hay para que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra por su gravedad.

Sin embargo, estas ya no les afectarían a las Farc por el mencionado principio de mayor beneficio. Y lo mismo pasaría si Duque cambia las penas alternativas por otras más restrictivas de la libertad.

Aunque Ibáñez reconoce que, con independencia del debate sobre si las primeras generan o no impunidad, el punto es que ya son derechos adquiridos para los desmovilizados que se les deben respetar en el proceso judicial.

Además, como mencionó Cajas, la Corte Constitucional sí avaló que los tres próximos gobiernos deberán cumplir “de buena fe” lo pactado, aunque Duque tenga razón en que les dio un margen de interpretación sobre cómo hacerlo. Así, más que revertir lo que ya está aprobado, el próximo presidente puede acomodar los puntos pendientes por definir, como la reforma rural, las curules de la paz o las reglas de la JEP.

El problema es que son desconocidos los detalles sobre las condiciones del tribunal para esas libertades que tendría Duque frente al Acuerdo, porque la sentencia C-630 de 2017 sobre el acto legislativo que creaba ese supuesto “blindaje” todavía no ha sido publicada; solo se conoce el comunicado de la decisión.

Ibáñez coincide con Carlos Holmes en que es posible deshacer esa misma norma a través de una nueva reforma en el Congreso.

Pero Cajas aclara que el hecho de requerir una nueva iniciativa para ‘tumbar’ lo que ya respaldó la Corte demuestra que la interpretación del presidente electo sobre sus posibilidades para hacer cambios sí tiene límites y que el tribunal estaría vigilante de que se cumplan.

Aunque, la puerta a las modificaciones quedó entreabierta con la sentencia (todavía desconocida en detalle) a la que se refiere Duque, con un espacio que le podría permitir algunas intervenciones, pero insuficiente para cumplir sus más reiteradas promesas.