3 DATOS CLAVE:

1. En lo que va del 2024, tres EPS han solicitado recientemente su retiro voluntario del aseguramiento obligatorio en el sistema de salud, hecho que, sumado a las intervenciones de Sanitas y la Nueva EPS, ha despertado incertidumbre e indignación por parte de varios sectores que atribuyen la crisis a la obra del gobierno actual, mientras que otros aseguran que viene de los anteriores.
   
2. Durante la gestión de Gustavo Petro, las intervenciones y enfrentamientos en torno a la situación de estas empresas han generado una narrativa confrontacional alrededor de la una reforma estructural al sistema.
   
3. Los datos históricos evidencian una crisis financiera generalizada de vieja data, dentro de la cual se enmarcan las cuestionadas decisiones recientes de la actual administración.
   

Con la solicitud de retiro de la EPS Salud Bolívar –con más de 3.000 afiliados–, ya son tres las entidades promotoras de salud que han pedido salir del sistema. Esto ha desencadenado indignación por parte de distintos sectores que culpan principalmente al gobierno de Gustavo Petro de provocar una crisis dentro del sistema de salud, mientras que otros aseguran que se trata de una situación que viene de años atrás.

El anuncio de Salud Bolívar se suma al de la EPS Sura, una de las más grandes del país –con más de cinco millones de afiliados–, y al de la EPS Compensar –con más de 2,3 millones de afiliados–, que también pidió salir del sistema, a razón de la “la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia”, según expuso en su comunicado.

Al respecto, Petro se pronunció sobre la situación de estas EPS y culpó al Senado de República de “darle la espalda al problema” con la no aprobación de su reforma a la salud. 

Sin embargo, algunas cuentas en redes aseguraron que la salida de varias EPS corresponde más bien a un plan del  presidente. Entre quienes lo afirmaron están el periodista Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) y la experta en políticas públicas en salud.Hanna Escobar (@Missmelindres); pero también cuentas desinformadoras que hemos verificado anteriormente, como Trinadora (@Epifania2030) y la tuitera de la ‘bodeguita’ uribista Pilar Rodríguez (Doña Pily).

Cabe mencionar que estos señalamientos se apoyan en una entrevista de Cambio, hecha en marzo de 2023, en la que Petro usó la onomatopeya ‘shu, shu, shu’, para decir que él no buscaba eliminar las EPS, pero que si dejaba que siguieran como estaban, colapsarían y no serían capaces de atender a todos los usuarios. Además, en septiembre de 2022, Carolina Corcho, entonces ministra de Salud de este gobierno, afirmó que “tiene que haber una crisis explícita clara que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”.

Otras personalidades del ámbito político, como los senadores del partido opositor Centro Democrático María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay, dijeron que se trata de una crisis e incluso de la “destrucción” del sistema de salud colombiano a manos de la administración actual.

En contraparte, defensores del gobierno, como la senadoras de la coalición petrista Pacto Histórico Martha Peralta e Isabel Cristina Zuleta, criticaron las solicitudes de retiro de las EPS y señalaron que esto corresponde a una crisis del sistema que viene de años y gobiernos anteriores. Sumado a ellas, también se encuentran algunas cuentas petristas e influencers afines al gobierno, como la de Walter Rodríguez, conocido como “Wally” (@MeDicenWally), @JulianProgre y @MissPoirot07.

A raíz de esto, Colombiacheck publica este explicador en el que contamos cómo era la situación de las EPS dentro del sistema de salud antes del gobierno Petro, cuántas de estas entidades fueron liquidadas en gobiernos anteriores, cuál es la situación actual del sistema de salud y cuántas EPS quedan vigentes y en qué condiciones.

¿Cuántas EPS desaparecieron en gobiernos anteriores?

De acuerdo con los reportes de la Superintendencia Nacional de Salud, en Colombia se han liquidado en total 58 EPS entre 1998 y 2022, periodo de tiempo que abarca los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Esto también lo contamos en nuestro chequeo ‘David Racero exagera sobre el número de EPS liquidadas en gobiernos anteriores’.

Ahora bien, las liquidaciones de una EPS se puede dar en dos casos:

1. Por intervención forzosa administrativa para liquidar, que es cuando la Supersalud dispone de la extinción de la persona jurídica de una entidad vigilada, y que se lleva a cabo mediante un acto administrativo en el que se ordena la toma de posesión de la entidad, hasta la terminación de la existencia legal.
2. Por procesos de liquidación externos o voluntarios, no ordenados por la Superintendencia Nacional de Salud.

Fuente: Elaboración propia con información tomada de los reportes de entidades en medida especial, liquidación y traslados de EPS de la Superintendencia Nacional de Salud

En este sentido y bajo la figura de intervenciones forzosas, se han liquidado en total 43 EPS –pertenecientes al régimen subsidiado y contributivo– durante ese periodo de tiempo.

Ahora, al desglosar por los diferentes gobiernos, durante el periodo de Andrés Pastrana (1998-2002) fueron liquidadas 11 EPS: La Suiza de América EPS; Bonsalud; Barranquilla Sana (contributivo y subsidiado); Risaralda S.A.; Unimec EPS (contributivo y subsidiado); Selvasalud; Emmanuel EPS; Capresoca; Comcaja; Convida y Caldas S.A.

En el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), se liquidaron 5: Condor S.A., ASfamilias, Calisalud EPS (contributivo); Calisalud (subsidiado) y Comfenalco Quindío.

Con Juan Manuel Santos (2010-2018), fueron liquidadas 18 EPS:  Comfenalco Santander; Solsalud S.A. (contributivo y subsidiado); Comfaca; Camacol; Golden Group; Selvasalud; Salud Colombia; Comfenalco Antioquia (subsidiado); Humana Vivir (contributivo y subsidiado); Cajasan; Cafaba; Comfanorte; Comfenalco Tolima; Comfaoriente; Salud Cóndor; Comfenalco Antioquia (contributivo); Saludcoop.

Por su parte, en la presidencia de Iván Duque (2018-2022), se liquidaron 9: Cruz Blanca; Cafesalud; Emdisalud; Salud Vida; Ambuq (contributivo y subsidiado); Comfamiliar Cartagena (contributivo y subsidiado); Comfacundi (contributivo y subsidiado); Comfacor y Coomeva (contributivo y subsidiado).

Al revisar el listado de EPS liquidadas por procesos externos o voluntarios no ordenados por Supersalud, encontramos que entre 1998 y 2022 se liquidaron otras 15 EPS –pertenecientes al régimen subsidiado y contributivo–. Al desglosarlas por periodo presidencial, estas fueron:

• Andrés Pastrana: Caja de Compensación Familiar Unidas del Valle.
• Álvaro Uribe: ESS Salud Sarare; Aseguradora de Vida Colseguros EPS (régimen contributivo); Aseguradora de Vida Colseguros EPS (rçegimen subsidiado); GUAITARA EPSI- Ipiales y Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL).
• Juan Manuel Santos: Instituto de Seguros Sociales; RED SALUD ATENCION HUMANA E.P.S. S.A.; COLSUBSIDIO EPSS; EPS CAFAM; CAPRECOM; COMFAMA; MULTIMEDICAS; SALUD COLPATRIA SA EPS.
• Iván Duque: Programa de Salud de EPS-S de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá (COMFABOY).

Fabio Aristizábal Ángel, quien fue superintendente nacional de Salud, explicó en un artículo del diario El Tiempo, del 27 de octubre de 2023, que las liquidaciones de las EPS ocurren por la incapacidad de estas entidades para garantizar el derecho a la salud de las personas por las que responden.

De acuerdo con el exfuncionario, entre las principales causas están la desviación de los recursos, inviabilidad financiera, carencia de redes, negación de autorizaciones de servicios, demoras injustificadas en el suministro de medicamentos y barreras de todo tipo para la prestación de tratamientos vitales, que después de acciones definidas y compromisos establecidos, la mayoría de las EPS no pudieron mejorar.

Ramón Abel Castaño, consultor en salud y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, dijo a Colombiacheck que en el pasado hubo liquidaciones “traumáticas” para el sistema de salud, como lo fueron las de las EPS Medimás y Cafesalud, las cuales, de cara al sistema generaron carteras sin cobrar, mientras que de cara al paciente, implicaron el traslado de personas que estaban en tratamientos médicos o con enfermedades crónicas que finalmente se vieron afectados por los cambios del prestador de servicio, de programas de salud, médicos y especialistas tratantes:

“Uno de los problemas con las liquidaciones de EPS con muchos afiliados es que a veces estos pacientes se pierden un tiempo y la EPS receptora se demora en captarlos, en incluirlos en un programa. Ahí es cuando comienzan a tener complicaciones agudas en su enfermedad por falta de seguimiento”.

Uno de los casos más sonados fue el de la EPS Saludcoop, del grupo empresarial homónimo, que poco después de la aprobación de la Ley 100 de 1993 –por la cual se rige nuestros actual sistema de salud–, en 1994 se creó y convirtió en una de las más grande del sector salud, con más de cinco millones de afiliados.

Sin embargo, el ‘holding’ fue señalado de haber utilizado dineros del sistema general de seguridad social en salud –que son de uso exclusivo en la atención de los usuarios– en la compra de bienes, infraestructura y otras operaciones –como giros y pagos sin soportes a sus propias empresas– que nada tenían que ver con la prestación de los servicios a sus afiliados. Finalmente, esta EPS tuvo 10 órdenes de intervención y en 2015 terminó siendo liquidada.

Sobre este caso particular, Jaime Gañán Echavarría, doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, dijo en su momento que la poca vigilancia y la falta de gobernanza fuerte tanto de la Superintendencia de Salud como del Ministerio de Protección Social (en el que estuvo fusionada la cartera de Salud con la de Trabajo de 2003 a 2011) hizo  que los dineros pertenecientes al gobierno y a los afiliados de esta EPS fueran usados en financiaciones diferentes e indebidas. 

De acuerdo con el informe ‘Así se mueve la corrupción. Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia’, la corporación Transparencia por Colombia denunció que, entre 2016 y 2020, se presentaron 67 casos de corrupción en el sistema de salud actual. La revisión de estos casos, indica que las principales irregularidades en el actual sistema son de tipo administrativo (63%), privado (27%) y político (10%), con un costo estimado de 1,63 billones de pesos.

Según el informe, los delitos más comunes asociados con la corrupción fueron la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales y el prevaricato por omisión. Además, cerca del 25% de los casos de corrupción estaban relacionados con irregularidades en el suministro de medicamentos, sobrecostos, beneficiarios ficticios, cobros por medicamentos no entregados, tráfico y falsificación de medicamentos.

¿Cómo era la situación de las EPS dentro del sistema de salud antes de la posesión de Petro? 

Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento 'Medicamentos, Información y Poder' de la Universidad Nacional de Colombia, nos explicó que “el sistema de salud colombiano se sostuvo en un equilibrio muy débil durante décadas y se mantuvo a flote gracias a la voluntad política y a la inyección continua de recursos de anteriores gobiernos, aunque sin cierre de cuentas, sin mecanismos de transparencia, ni un control riguroso de su uso”.

El anterior gráfico muestra cómo se liquidaron o intervinieron 60 EPS a principios del siglo y cómo la endeble estabilidad referida por la profesora Vaca se sostuvo, en especial hasta la década de 2010, a mediados de la cual estalló la crisis de Saludcoop.

Alejandro Gaviria, ministro de Salud durante 6 de los 8 años de los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010 - 2018), intentó en su momento retirar la intermediación financiera de las EPS a través de una reforma a la salud. En noviembre de 2012, poco después de asumir la cartera, aseguró que, de las 72 promotoras que en ese momento existían entre los regímenes público y privado, apenas 3 serían viables para prestar servicios.

En enero de 2013, según El Espectador, el exfuncionario (que casi 10 años después ocupó la cartera de Educación al inicio del gobierno Petro) trabajó junto al hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la estructuración de un decreto que permitiría a los entes territoriales del país manejar los servicios médicos de la población afiliada al régimen subsidiado, eliminando así la intermediación financiera de las EPS. 

En febrero de 2013, el Ministerio de Salud presentó un proyecto de reforma con algunas semejanzas a la recientemente hundida, pues buscaba convertir a las EPS en “gestoras de salud” y financiar los servicios de las IPS a través de giros directos. Así lo explicó El Colombiano, en un artículo titulado “EPS ya no administrarán el dinero con la reforma a la salud”.

Fragmento de la nota de prensa emitida por el Ministerio de Salud en 2013

La reforma se hundió en 2014 y, en junio de ese año, Gaviria aseguró: “Yo he cambiado también de opinión [...] en el sentido de lo que debe ser el proceso reformista en este sector, yo creo que plantear la gran reforma con mayúscula es una locura”.

Sin embargo, el entonces ministro elaboró y firmó el Decreto 2702 de 2014, que fijó las condiciones financieras necesarias para la operación de las EPS: capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas. Originalmente, estas entidades tenían hasta diciembre de 2021 para cumplir dichas condiciones, pero el Decreto 2117 de 2016, firmado también por Gaviria, modificó el plazo hasta el 23 de diciembre de 2024.

Las reservas técnicas son activos financieros que las EPS deben mantener para garantizar la liquidez y seguridad en el pago a su red de prestadores de servicios de salud, tanto para obligaciones actuales como futuras. Durante el debate de la reforma del gobierno Petro, la insuficiencia de esta ha sido esgrimida por el mandatario para sugerir la incapacidad de las promotoras actuales para operar en el sistema.

Esto es una mentira. Solo la exigencia de mantener reservas técnicas como cualquier aseguradora ha demostrado la inviabilidad del sistema. La ley de Uribe y Gaviria solo construyó un sistema de capturas de rentas públicas por un grupo privilegiado de propietarios de EPS.

Los… https://t.co/Orbelvhm4e

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 30, 2024

En un comunicado del pasado mes de febrero, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y de Hospitales Públicos (Acesi) responsabilizó de la “tragedia financiera” que sufre el sistema de salud a las EPS, quienes en los decretos 2702 de 2014 y 2117 de 2016 recibieron un plazo de 10 años para capitalizarse y cumplir con sus obligaciones financieras, cosa que según el gremio de prestadores, “jamás ocurrió”.

En marzo de 2022, meses antes de que Petro asumiera la Presidencia, el entonces superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, reportó que solo 11 EPS cumplían con las condiciones financieras y de solvencia establecidas por el Decreto 2702, mientras que otras se encontraban ya bajo medidas de vigilancia especial, programas de recuperación o intervención debido a su debilidad patrimonial y problemas operativos. Además, se habían liquidado 12 EPS durante el gobierno Duque y se había tomado posesión de Emssanar. Un total de 7,8 millones de usuarios fueron trasladados a otras EPS.

Durante ese periodo presidencial, el llamado Acuerdo de Punto Final buscó el “saneamiento definitivo” del sistema de salud con el fin de preservar su sostenibilidad financiera. Sin embargo, como señala Mauricio Torres Tovar, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, la iniciativa no contempló los problemas estructurales que generan los endeudamientos y, por tanto, no previno que se repitieran en el futuro.

De hecho, en 2022 Acesi reconoció el esfuerzo del gobierno Duque por girar recursos para solventar las deudas del sistema, pero señaló que el pasivo de las EPS con las IPS seguía incrementando.

¿Cuál es la situación actual del sistema de salud y las EPS durante el gobierno Petro?

El 22 de junio de 2022, cuando Petro ya era presidente electo, el medio especializado Consultor Salud publicó el artículo "Solo 5 EPS cumplen con el régimen de Reservas Técnicas". Según la Superintendencia de Salud, de 28 entidades evaluadas, solo 5 tenían este requisito al día.

Consciente de la crisis de las EPS que la componen, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) se mostró abierta a dialogar con el nuevo gobierno para concertar la reforma a la salud, una propuesta de campaña de Petro que buscaba eliminar la intermediación de estas compañías.

Sin embargo, el nuevo gobierno mostró desde el principio señales contrarias a la concertación y el diálogo. El 26 de agosto de 2022, poco después de asumir como ministra de Salud, Corcho hizo su polémica declaración sobre la “crisis explícita” del sistema que evidenciara la necesidad de hacer una transformación. La ahora exfuncionaria ha sostenido este discurso incluso después de dejar el cargo y, cuando la EPS Compensar solicitó voluntariamente su liquidación en el pasado mes de abril, ella insistió en que la salida a la crisis es la reforma a la salud.

Seis meses después vino la entrevista del “shu, shu, shu” de Petro con Cambio, donde aseguró que no buscaba eliminar a las EPS y que, si ese fuera su cometido, dejaría que siguieran colapsando como hasta entonces, pues la población tendría que migrar a una nueva entidad que, a su vez, colapsaría al ser incapaz de atender a tantos usuarios. 

Como mencionamos anteriormente, esa onomatopeya que utilizó para describir ese supuesto efecto dominó ha sido rescatada por cientos de usuarios en redes sociales para describir la situación actual de las EPS como un plan del mandatario o una profecía autocumplida. Las publicaciones con dicha expresión incrementaron tras la solicitud de la EPS Sura de retirarse voluntariamente del sistema de salud.

La profesora Vaca asegura que la posición confrontacional ha sido impronta del gobierno Petro en la discusión de su iniciativa en el Congreso: “La narrativa del gobierno para impulsar la reforma ha consistido en un discurso doble: el primero, transformador, para atender a los excluidos del sistema, y el segundo, destructivo, que señala a las EPS como la única razón de todos los males del sistema, para quitarles el manejo de los recursos y reducir su papel al mínimo”.

Además, los aliados de la administración en el Congreso, como el representante ponente Alfredo Mondragón (del Pacto Histórico por el Valle), utilizaron datos falsos dentro de la discusión del proyecto. Así lo explicamos en “Alfredo Mondragón defendió la reforma a la salud con datos falsos sobre plata de las EPS”.

Mientras se tramitaba la iniciativa, hoy hundida, el gobierno recibió un aviso de algunas de las EPS más grandes del país (Sura, Compensar y Sanitas), en el que alertaron que dejarían de operar para septiembre de 2023. La carta, dirigida al ministro Jaramillo, aclara que se trata de una crisis de larga data y de múltiples factores, pero también ayuda a comprender los grandes problemas ante los que sucumben las EPS durante la administración actual: la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), la falta de una redistribución equitativa de recursos y las cuentas pendientes.

Sobre esto, el consultor Castaño asegura que, aunque en el pasado hubo traumatismos por las liquidaciones de promotoras, actualmente existe una crisis aún más profunda ya que la insuficiencia de la UPC es mayor, haciendo que las receptoras no puedan responder por los nuevos pacientes de las liquidadas.

El segundo punto que reclaman las EPS es una solicitud, también sobre esa unidad, que evidencia que los cambios en el perfil epidemiológico de la población generan desbalances en la estabilidad financiera de los promotores de salud, junto a los factores descritos por el abogado Johnattan García Ruiz, magíster en Salud Pública: “una mayor demanda de servicios, inflación y costos en aumento, mayores obligaciones para cubrir tecnologías dentro y fuera del plan de beneficios, ineficiencias, información opaca, acumulación de deudas, corrupción y un presupuesto que no crece al mismo ritmo que los gastos”.

En cuanto a la UPC, el valor pagado por el Estado a las EPS por el aseguramiento de cada usuario, el presidente ha realizado afirmaciones engañosas en este ámbito, sobreestimando los desembolsos entregados a estas entidades y soslayando factores como la inflación o el incremento en el uso de servicios de salud. Así lo explicamos en “Plata que el gobierno Petro les dio a las EPS en 2023, aunque parezca más, alcanzaba para menos”.

Influenciadores afines a su gobierno han insistido en lo mismo, a la vez que señalan supuestas desviaciones de recursos por parte de las promotoras de salud. Por ejemplo, tras el anuncio de la solicitud de retiro de Sura, Celso Tete Crespo publicó un video con varios argumentos engañosos en la misma línea narrativa contra esa compañía y otros, como David Rozo (‘Don Izquierdo’) compartieron una comparación entre este caso y el de la corrupta Saludcoop, sacándolos de contexto, para cuestionar el cubrimiento de los medios frente a ambas noticias.

Finalmente, las promotoras reclaman el pago de presupuestos máximos, que cubren servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC y sobre cuyo desembolso la Procuraduría y la Corte Constitucional le han llamado la atención al Gobierno. El alto tribunal, además, ordenó recientemente pagar los montos acordados para las EPS en el Acuerdo de Punto Final, de lo que se deriva que la administración de Petro no ha respondido con eficiencia a los requerimientos financieros de las promotoras y, en cambio, procedió a intervenir Sanitas y Nueva EPS, entre otras entidades.

Un informe de la Superintendencia, en noviembre de 2023, evidenció que apenas 4 de las 24 EPS que operaban para entonces cumplían con el requisito de reservas técnicas. Una de ellas era Salud Bolívar, que este miércoles solicitó su retiro voluntario del sistema.

¿Cuántas EPS quedan actualmente y en qué condiciones?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta el 31 de agosto de 2023, en Colombia habían 29 EPS vigentes del régimen contributivo y subsidiado:

De este listado, actualmente hay siete intervenidas forzosamente por la Superintendencia:

• Servicio Occidental de Salud EPS SOS
• Nueva EPS
• Asmet Salud
• Famisanar EPS
• Sanitas EPS
• Savia Salud EPS
• EMSSANAR EPS

De igual forma, las EPS Capresoca y Dusakawi se encuentran en medida especial de vigilancia por parte de la Supersalud, mientras que las Sura, Compensar, Salud Bolívar y Coosalud solicitaron su retiro voluntario del sistema.

De acuerdo con el profesor García Ruíz, la situación con las EPS es cada vez más crítica, principalmente porque presentan deudas acumuladas sin garantía de recuperación en el futuro:

“Si una EPS no es capaz de generar utilidades, no hay cómo cubrir las pérdidas. El gobierno tomó la decisión de no darles a las EPS recursos extra porque está convencido de que lo que giran es más que suficiente. Eso hace que no haya mucha esperanza de que las EPS mejoren sus finanzas en el corto o mediano plazo y difícilmente habrá un largo plazo en esta situación”. 

Según el experto, las intervenciones a estas promotoras de salud han sido similares a las realizadas por la Supersalud en otros gobiernos: “Los agentes interventores llegan e intentan cambiar el rumbo pero se estrellan con una realidad compleja y es que cumplir con las obligaciones financieras y operativas es mucho más difícil de lo que parece. Eso mismo le pasa a este gobierno”. 

Y es que los reportes de dichas intervenciones a las EPS le dan la razón a García. Por ejemplo, Emssanar EPS, con 1,9 millones de afiliados, fue intervenida en junio de 2022 por deficiencia financiera, al igual que Famisanar EPS, que fue intervenida en septiembre de 2023, debido a un progresivo deterioro financiero, más de 60.000 quejas de sus usuarios en el primer semestre de 2023 y por no cumplir las metas en indicadores de salud.

Un panorama similar enfrentaron Savia Salud, SOS y Asmet Salud. La primera –con 1,6 millones de afiliados– fue intervenida en junio de 2023 porque registró, desde enero de 2022 y hasta marzo de 2023, más de 48.000 reclamaciones, de las cuales 34% corresponden a súplicas de riesgo de vida. 

En el caso de la EPS SOS –con más de 700.000 usuarios–, fue intervenida forzosamente en abril de 2024, a razón de incumplimientos financieros, la pérdida de 12.361 afiliados y porque, para noviembre de 2023, figuraba como la segunda en el ranking de reclamaciones de 13 EPS del régimen contributivo, según informó el superintendente, Luis Carlos Leal Angarita. 

Por otro lado, Asmet Salud –con 1,6 millones de afiliados–  también tuvo un aumento de las acciones de tutela interpuestas por los usuarios, así como demoras en los pagos a la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud, por lo que fue intervenida en mayo de 2024.

Entre los casos más sonados de intervenciones en el gobierno Petro estuvo la de Sanitas –con más de 5,7 millones de afiliados–, el 2 de abril de 2024, por incumplimiento de la habilitación financiera y deudas, que hasta diciembre de 2022 sumaban más de 2 billones de pesos.  

Finalmente, la Nueva EPS –con más de 10 millones de usuarios– fue intervenida un día después de Sanitas por razones similares, como las deficiencias financieras y carencia de reservas técnicas para funcionar, y según la Supersalud, con la intervención se espera evitar la liquidación de esta entidad promotora de salud.

No obstante, y contrario a las expectativas de la Supersalud, Ramón Castaño, quien recientemente publicó en su blog una entrada sobre la gestión del gobierno, asevera que el sistema de salud actualmente está en una mala situación, principalmente, porque las EPS receptoras de las EPS que se liquiden o se retiren como Sura y Compensar, no están en condiciones financieras óptimas y están teniendo una pérdida financiera muy grande. 

“Las EPS hacen parte de una cadena y si las debilitan se afecta toda la cadena en su totalidad, como está pasando, eso se ve, por ejemplo, en las carteras que quedan pendiente por pagar y que se quedan sin pagos, el traumatismo del traslado para el paciente y sus tratamientos en curso, la insuficiencias en la UPC para las EPS receptoras, y la carencia de infraestructura física, humana y tecnológica de las EPS que quedan en pie”.

Sobre el futuro de las EPS en el sistema de salud, Claudia Vaca resalta que el plan de intervención de la Nueva EPS será el termómetro de lo que pase en lo inmediato con estas entidades y el sistema, mientras que son los hospitales los que están sosteniendo la continuidad en la atención y la operación de los servicios de salud.

La experta recomienda considerar la convocatoria de una cumbre o un encuentro amplio nacional, para discutir la situación del sistema de salud, los mecanismos de constitución y funcionamiento de los consejos territoriales y del consejo nacional de salud que propone el gobierno; pero también la promoción y el reconocimiento de distintas formas de participación ciudadana, los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia, y el impulso de veedurías independientes. 

Según ella, los resultados de dicho encuentro deberían establecer el horizonte, los mecanismos de evaluación de los planes de intervención de las EPS y los procesos de transformación de las que solicitaron su salida del sistema de salud.