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Cuestionable

Lunes, 05 Octubre 2020

“Apoyando a los más de 13.500 excombatientes y además cambiando sus vidas pero cambiando las con un sentido de propósito legal con garantías de no repetición”

Por Sania Salazar

Este es uno de los chequeos al discurso del Presidente Iván Duque en la versión número 75 de la Asamblea General de la ONU.

Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, a corte de agosto de 2020, las personas en proceso de reincorporación eran 13.125, de los 13.934 exguerrilleros de las Farc que acreditó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Los reincorporados recibían una asignación única de normalización al inicio del proceso de dos millones de pesos, una renta básica mensual del 90% del salario mínimo y un apoyo económico de 8 millones de pesos por una vez por persona para iniciar un proyecto productivo individual o colectivo.

Si bien la implementación del Acuerdo Final continúa desarrollándose en el actual Gobierno bajo el nombre de Política de paz con legalidad, esta implementación sigue teniendo muchos problemas. Por ejemplo, el asesinato de excombatientes, situación por la que, como ya lo habíamos contado, el Partido Farc le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adoptar medidas cautelares a favor de los exguerrilleros de esa organización que han sido amenazados “como consecuencia de un exterminio sistemático en contra de los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Evidenciando que el Gobierno Nacional por acción y omisión no ha garantizado las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre D.D.H.H.”, indica la carta enviada a esa organización.

El más reciente informe de la Misión de verificación de la ONU contabiliza en 224 los exguerrilleros asesinados desde que se firmó el Acuerdo de paz con Farc.

Otro de los aspectos de la reincorporación sobre el que ha habido críticas es la financiación de los proyectos productivos. Según la ARN, con corte al 20 de agosto de 2020, solo 4.634 excombatientes se han beneficiado de los proyectos productivos. 

El cuarto informe sobre el estado de la implementación del Acuerdo Final del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, que comprende diciembre de 2018 a noviembre de 2019, afirma que “persisten algunas dificultades relacionadas con el acceso a tierras, la sostenibilidad de estos proyectos y el apoyo a las formas asociativas de los y las excombatientes”. Dicho informe resalta que el acceso a la tierra es importante para la reincorporación económica dado que la mayoría de los proyectos productivos son de vocación agrícola y asegura que la mayoría de los excombatientes continúan viviendo y desarrollando sus proyectos productivos en predios arrendados, lo cual afecta su sostenibilidad.

En el trabajo “En Caldas la fuerza de los proyectos productivos de Farc la ponen los exguerrilleros”, Colombiacheck evidenció este problema, pues varios de los reincorporados con los que habló en ese departamento han conseguido tierras para sembrar sus proyectos productivos pagándola con parte de la asignación mensual que reciben para su manutención. Otro grupo tiene un estanque donde producen tilapia gracias a que un resguardo indígena les cedió en comodato. Pero 28 de los 48 desmovilizados en el proceso de paz con las Farc que permanecen en Caldas seguían esperando (a 29 de febrero de este años) la aprobación de sus proyectos productivos.

Colombiacheck califica la frase como cuestionable porque si bien la cifra de Duque es aproximada, desconoce el contexto de asesinato de excombatientes y otros inconvenientes de la implementación del Acuerdo Final como las demoras en la aprobación de los proyectos productivos, pilar de la reincorporación económica de los exguerrilleros.

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Viernes, 16 Abril 2021

Las cuestionables afirmaciones de María Fernanda Cabal sobre glifosato y aspersión aérea

Por Mónica Ospino Orozco

La senadora del Centro Democrático atribuyó solamente a la ausencia de la fumigación aérea el aumento en áreas de cultivos ilícitos e hizo aseveraciones cuestionables sobre el uso del glifosato en la agricultura.

Luego de la firma por parte del presidente Iván Duque y sus ministros del decreto que abre de nuevo el camino para la aspersión aérea de cultivos ilícitos en el país con glifosato, tras seis años de suspensión, las voces a favor y en contra de esta estrategia se han multiplicado, así también como han crecido las desinformaciones sobre la eficacia de este mecanismo para reducir las áreas sembradas con coca y golpear al narcotráfico.

En medio de este debate, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, defensora de la aspersión aérea, ha compartido en su cuenta de Twitter varios trinos relativos al uso del glifosato y al crecimiento de los cultivos de coca debido a la ausencia de fumigación aérea, que fue suspendida a través de la resolución 006 del 29 de mayo de 2015 por decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes.

En Colombiacheck decidimos hacer un chequeo múltiple con dos de las publicaciones hechas por la senadora Cabal a través de su cuenta de Twitter.

  1. El aumento de cultivos: de 159.000 a 212.000 hectáreas

 

El primer trino que compartió la senadora fue publicado el mismo día que salió el decreto 380 del 12 de abril de 2021 y que fija las condiciones para la reanudación de la aspersión aérea con glifosato a los cultivos ilícitos de coca y marihuana.

En dicho trino la senadora Cabal, asegura: “#ElEnemigoEsElNarcotráfico En 2015 había 159 mil hectáreas de coca; y al suspenderse la fumigación por presión de las FARC en las negociaciones de impunidad, se pasó en 2019 a 212 mil hectáreas #FumigaciónYa”.

En primer lugar, verificamos las cifras de hectáreas de coca cultivadas que usa para su trino y encontramos que son las mismas que reportó el Departamento de Estado de Estados Unidos en sus Informes de estrategias internacionales de control de estupefacientes en los años 2017 y 2021.

En ambos reportes, el análisis sobre la situación en Colombia prácticamente se inicia con la misma frase: “Colombia es el principal productor mundial de cocaína, así como un país de origen de heroína y marihuana”. 

En el informe del 2017, publicado en marzo de ese mismo año, el Departamento de Estado detalla que “Estados Unidos estima que la cantidad de cultivos de coca aumentó un 42 por ciento en 2015 a 159.000 hectáreas de 112.000 ha en 2014, un aumento de casi el 100 por ciento desde 2013”.

Por otra parte, en el informe más reciente, de marzo de 2021, esa entidad gubernamental de Estados Unidos, asegura que “el cultivo de coca colombiano se mantuvo estable en 212.000 hectáreas (ha) en 2019 (el período más reciente para el que se dispone de cifras), en comparación con 208.000 ha en 2018, después de un crecimiento explosivo de 2012 a 2017”.

Así es que la senadora Cabal se apega con exactitud a las cifras divulgadas en esos reportes del Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, la explicación del descenso de áreas cultivadas de coca entre 2008 y 2015 no se puede atribuir exclusivamente a la fumigación aérea con glifosato, pues de acuerdo con Daniel Rico, investigador en temas de economías criminales y experto en narcotráfico, dicho decrecimiento tuvo factores multicausales.

“En esos años hubo una combinación de cosas que contribuyeron a que las áreas de cultivos de coca se redujeran en el país, entre otras: el precio del oro, más control territorial, la movilidad de tropas, los recursos del plan Colombia y la salida de los paramilitares influyeron en esto. Subió el oro y entonces muchos cultivadores migraron a la minería que daba más dinero”, explicó Rico a Colombiacheck.

Por otra parte, también vale recordar que en lo relacionado con la medición de cultivos de coca en Colombia,  el Gobierno nacional trabaja, desde hace 22 años para diseñar las estrategias contra el narcotráfico, con los informes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivo Ilícitos, SIMCI, operado por la Oficina de la ONU contra las Drogas y el delito, UNODC. 

Y en dichos informes las discrepancias con las cifras del Departamento de Estado suelen ser amplias, pues en el informe del SIMCI del 2015 las hectáreas de cultivos de coca en Colombia llegaron a 96.000, es decir, que la cifra que cita la senadora Cabal (159.000 ha) es superior por 63.000 hectáreas.

Algo similar ocurre con el informe del SIMCI en el 2019, en el que se registra que: “A 31 de diciembre de 2019 se detectaron 154.000 ha de coca en Colombia, lo que significa una reducción del 9 % respecto a las 169.000 ha detectadas en 2018; esto confirma el quiebre de la tendencia al incremento iniciada en 2014”. 

De nuevo, la discrepancia con las cifras del trino de María Fernanda Cabal son amplias, pues para ese año, ella asegura que en Colombia había 212.000 hectáreas, es decir, más de 43.000 que las reportadas por el SIMCI ese año.

Por último, consultamos con la oficina de prensa de la Senadora para conocer la fuente de las cifras de su trino y en respuesta nos aseguraron que “el de cifras de coca 2015 vs. 2019 es una respuesta de Min.Defensa sobre el crecimiento de cultivos y del estudio que entregó la oficina antidrogas de ese país”, sin más detalles.

Por estas razones y con las evidencias citadas concluimos que esta primera parte del trino en cuestión es verdadero, pero, pues le falta el contexto necesario para explicar el porqué del descenso de las áreas cultivadas, que no se debió solo a la aspersión aérea.

 

  1. Suspensión de la fumigación se pactó con las FARC:

 

La otra parte del trino en cuestión es la frase que asegura que la explicación para el aumento de las áreas cultivadas con coca fue la suspensión de la fumigación pactada con las FARC en La Habana:

#ElEnemigoEsElNarcotráfico En 2015 había 159 mil hectáreas de coca; y al suspenderse la fumigación por presión de las FARC en las negociaciones de impunidad, se pasó en 2019 a 212 mil hectáreas #FumigaciónYa”.

Sin embargo, esta es una afirmación que ya antes en Colombiacheck hemos verificado como falsa (1, 2), pues en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano, en ese momento del gobierno presidido por Juan Manuel Santos, y la entonces guerrilla de las FARC, no se pactó el cese de las fumigaciones aéreas de los cultivos ilícitos.

En dicho acuerdo, como lo dijimos en este chequeo, “el 16 de mayo de 2014, los negociadores publicaron lo acordado en el cuarto punto de la agenda, el de la solución al problema de las drogas ilícitas. Aunque no menciona específicamente la palabra fumigación o aspersión, el documento sí deja ver que ese aspecto no fue negociado y por tanto, las posiciones que tienen las dos partes al respecto no se movieron un centímetro”.

En particular, precisa el Acuerdo de Paz, que: “En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir. El Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito”.

Pero además la suspensión de la fumigación aérea con glifosato se dio en el año 2015 motivada por la publicación de la Agencia para la Investigación del Cáncer, IARC, entidad adscrita a la OMS, que entonces clasificó, en este informe, al glifosato como un herbicida “probablemente carcinogénico para los humanos”, tal y como también lo deja plasmado este reporte del Instituto Nacional de Salud, remitido al entonces viceministro de esa cartera, Fernando Ruiz Gómez, hoy ministro de Salud.

Y posteriormente, en el año 2017, tras la sentencia T-286 de 2017 de la Corte Constitucional, la alta instancia judicial determinó que “un programa de aspersión de cultivos de coca con un producto tóxico debe ser objeto de consulta previa cuando afecta a comunidades étnicas diferenciadas”.

Además, esa misma sentencia ordena la no reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato, PECIG.

“El Consejo Nacional de Estupefacientes sólo podrá modificar la decisión de no reanudar el PECIG, cuando haya diseñado y se haya puesto en marcha, por medio de las medidas legales y reglamentarias que sean pertinentes” y a continuación, la corte establece seis características mínimas.

Es por estas razones y con las evidencias expuestas que calificamos como falsa esta parte del trino de la senadora María Fernanda Cabal, pues la suspensión de la aspersión aérea no se debió al Acuerdo de Paz.

 

  1. Uso del glifosato en la agricultura: 

La segunda publicación de la senadora Cabal, objeto de este chequeo y relacionada con este mismo tema, es en la que asegura que en Colombia el glifosato se usa de manera extensiva en diferentes cultivos.

En detalle el trino asegura: “En Colombia, el glifosato se usa 100% en el cultivo de algodón, 75% en el maíz, 95% en el arroz, 70% en la caña, 80% en el banano, 50% en las pasturas para el ganado y 75% en el café.  #GlifosatoEs: Seguridad Alimentaria. #ElEnemigoEsElNarcotráfico”.

 

Sin embargo, estas son unas cifras que ya habíamos verificado también en Colombiacheck, en este chequeo titulado “No encontramos afirmaciones verdaderas en columna de María Isabel Rueda”.

En dicho texto, publicado en junio del 2019, verificamos prácticamente las mismas cifras ofrecidas por la senadora Cabal, el pasado 13 de abril, pues en esa ocasión la periodista y columnista María Isabel Rueda publicó una columna en la que, entre otros datos, aseguró que “...por eso, en Colombia, como en casi todos los países del mundo, cultivos como el algodón usan glifosato en el 100 por ciento del área de la siembra. El maíz, en el 75. El arroz, en el 95. La caña, en el 70. El café, en el 75 por ciento, y así la palma, frutales, hortalizas, papa, etc”.

Y en ese sentido, lo que encontramos en esa verificación es que “es difícil determinar el porcentaje de uso del glifosato dentro del total de cultivos que hay en el país. Además porque, de acuerdo con el ingeniero agrónomo, Miguel Tunjano, no se utiliza de manera exclusiva pues existen muchos tipos de herbicidas que son usados en Colombia”.

“De acuerdo con las Estadísticas de comercialización de plaguicidas químicos de uso agrícola, elaborado por el ICA, en 2016 los herbicidas más vendidos fueron: Glifosato 9’735.026 litros; Paraquat 4’471.787 litros; Aminopyralid 4’320.256; Propanil 2’641.282; 2,4-D amina 2’217.848”.

Adicionalmente, en este otro chequeo previo, “el ingeniero Gabriel Tobón Quintero, magíster en Planificación y Administración del desarrollo regional, docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, dijo que el glifosato se usa hasta en jardinería, pero que para eso o para cultivos legales se utiliza en muy bajas concentraciones y cuando se usa para erradicar los cultivos de coca se hace en altas concentraciones que aumentan el grado de toxicidad del herbicida y por eso afecta cualquier otro cultivo sobre el que caiga”.

Explicó Tobón entonces, “que para dar una idea, es que cuando se usa en cultivos legales se puede estar hablando de una proporción 80 por ciento de agua y 20 por ciento de glifosato, mientras que en cultivos ilícitos la relación es inversa 80 por ciento de glifosato y 20 por ciento de agua”.

La oficina de prensa de la senadora Cabal nos aseguró que las cifras usadas en este trino fueron tomadas “de un estudio de Bayer que tiene uno de los nuestros”, sin más precisiones. Cabe recordar que la multinacional Bayer, es la principal productora del glifosato, en su marca más conocida: RoundUp.

Así es que encontramos que esta afirmación de la senadora María Fernanda Cabal es cuestionable, pues en Colombia no hay precisión para determinar los porcentajes de uso del cuestionado herbicida en la agricultura nacional y tampoco son comparables las concentraciones en que se usa para asperjar cultivos ilícitos.