El usuario de Twitter @DenunciaJulio, con más de 6.000 seguidores, suele publicar contratos públicos fuera de contexto para generar confusión en la opinión pública sobre supuestos conflictos de interés entre actores involucrados en temas coyunturales. 

Hace unos días, por ejemplo, desmentimos una publicación en la que acusaba a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encargados en su momento del proceso contra el expresidente Uribe, de recibir “sobornos del gobierno Santos a través de sus familiares”. Pero la información resultó ser falsa porque varios de los contratos se celebraron años antes de que los magistrados ocuparan el cargo. 

Por estos días, la cuenta ha estado haciendo el mismo ejercicio de desinformación, pero sobre la Minga del Suroccidente, que llegó el pasado 18 de octubre a Bogotá. El 12 de octubre publicó un trino en el que sostenía: “La Organizacion Nacional Indígena de Colombia (ONIC), hace lloraton y bloqueo de vías cada vez que quiere, durante la [paz] Aunaron 34 Contratos por $24.530.857.165  (sic)”.  Y se adjuntaron como pruebas los pantallazos de tres contratos celebrados entre esta organización y el Ministerio del Interior. 

Pese a que esta publicación por sí misma no tuvo mayor alcance [269 retweets y 19 trinos citados], el portal Oiga Noticias, al que hemos desmentido en varias oportunidades [1, 2 y 3], replicó la información en un artículo titulado ‘Revelan los multimillonarios contratos que le regaló Santos a la Minga Indígena’, en el que se agrega que los contratos son la razón por la que “a Santos no le bloqueaban el país”. 

En la nota, que solo tiene dos párrafos y un trino, se asegura: “Resulta que a Santos no le bloqueaban el país porque recibieron 34 contratos de la falsa pa$ por $ 24.530.857.165”.

Esta versión de la desinformación, de acuerdo con la herramienta de monitoreo de redes sociales CrowdTangle, ha tenido 871 interacciones y ha sido compartido en grupos de Facebook como ‘Bogotá Uribista’, ‘Centro Democrático Bogotá’ y ‘Uribe Senado’.

Pero en Colombiacheck calificamos las aseveraciones del trino y del artículo como falsos. La razón: se valen de tipos de contratos que celebran periódicamente los gobiernos para fortalecer la Mesa Permanente de Concertación para desinformar y deslegitimar la Minga de Suroccidente. 

Primero, buscamos en el SECOP los tres contratos con los que se sustenta la desinformación [1, 2 y 3]. Todos eran contratos directos [celebrados por convenios interadministrativos, lo cual justifica legalmente que no se haya hecho a través de una licitación pública] entre la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y el Ministerio del Interior. Todos habían sido firmados en el gobierno de Juan Manuel Santos. 

Sin embargo, en los mismos contratos se especifica, contrario a lo que dice la desinformación, que no están asociados al proceso paz. 

En los detalles del primero de los contratos se dice que fue celebrado para “aunar esfuerzos con la Organización Nacional Indígena de Colombia, para fortalecer y desarrollar las competencias institucionales de la Mesa Permanente de Concertación, su Secretaria Operativa y los miembros indígenas de la misma, mediante procesos formativos, acompañamiento técnico, administración de recursos financieros y la adopción de procesos de planeación, vigilancia y control”.

En el segundo se describe el contrato para “aunar esfuerzos para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada a través de la implementación de la Ruta Metodológica para la Consulta Previa de las Iniciativas Normativas para la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en el marco del mecanismo abreviado del Procedimiento Legislativo especial para la Paz, con los afiliados de la Organización Indígena Nacional de Colombia - ONIC”. 

En el tercero se dice que es para  “aunar esfuerzos entre la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior y la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC, para el fortalecimiento de la Mesa Permanente de Concertación, mediante la implementación de las estrategias para garantizar la apropiación, el posicionamiento y el cumplimiento de los acuerdos y políticas públicas consultadas y concertadas en el marco de este escenario de diálogo en condiciones de igualdad con el Gobierno Nacional y la definición de acciones y estrategias conjuntas que le garanticen el cumplimiento de los mismos”. 

Entonces consultamos a Guillermo Rivera, abogado con especialización en Derecho Administrativo que se desempeñó como ministro y viceministro del Interior en el gobierno pasado, para pedirle datos sobre  los contratos. Nos explicó que ese tipo de convenios “tienen que ver con el apoyo a la mesa de concertación que es una figura permanente en el marco de un espacio de diálogo ininterrumpido entre gobierno e indígenas” y que “uno de los asuntos que se tramita en ella son las consultas previas”. 

A la pregunta de si todos los gobiernos destinan recursos para el fortalecimiento de este tipo de espacios, respondió: “claro. Esa mesa es esencial para las consultas previas y muchas obras y proyectos de ley requieren consultas previas”. 

Hay que señalar que la Mesa Permanente de Concertación fue creada a través del Decreto 1397 de 1996 para concertar entre los pueblos y organizaciones indígenas y el Estado, de acuerdo con la ONIC, “todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, evaluar la ejecución de la política indígena del Estado, y hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a que allí se lleguen”. Esta es resultado de los reclamos y la organización de los pueblos indígenas y se integra, además de los delegados del gobierno y de los indígenas, por veedores de la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la ConferenciaEpiscopal de Colombia.

De hecho, encontramos que, como ya nos había dicho el exministro, el gobierno de Santos no es el único que debía destinar recursos para contratos de fortalecimiento como estos. En el Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio del Interior de 2019, ya en el gobierno Duque, se hace referencia a la planeación de adquisiciones por 2.000 millones de pesos para “Elaborar convenios que tienen por objeto Fortalecer y desarrollar las competencias institucionales de la Mesa Permanente de Concertación, su Secretaria Operativa y los miembros indígenas de la misma (...)”. 

Además, encontramos varios contratos [1, 2, 3 y 4] que se han celebrado este año entre la ONIC y el Ministerio del Interior con el mismo objetivo de “fortalecer las competencias de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas”. Aquí, un ejemplo.

Así mismo, hay que señalar otro de los errores del trino sujeto a verificación y del artículo que lo replicó: la minga no es una institución, sino que, como escribimos en un artículo reciente es un “trabajo y sentir comunitario para resolver un problema”; la ONIC no es la organización que la convocó y no solo los indígenas participaron de la movilización. 

Aunque la Minga del Suroccidente cuenta con el apoyo del la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, no toda la organización, que según su página web está conformada a su vez por 50 organizaciones zonales y regionales, participa de la Minga, sino que fue convocada por “el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, el Consejo Regional indígena de Caldas CRIDEC y el Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU” y contó con la participación de integrantes de “Fensuagro, Marcha Patriótica, la Comisión Nacional Agraria CNA, CIMA, Ciudad en movimiento, ACON, CUT Cauca y Valle y ASONAL Judicial”.

De hecho, encontramos varios videos en donde se evidencia, por ejemplo, la participación de organizaciones como Congreso de los Pueblos, el Coordinador Nacional Agrario y el Proceso de Comunidades Negras y el Proceso Campesino y Popular de La Vega, Cauca. 

Por nuestros derechos, por el territorio, por la democracia, por la vida. Seguimos en #Minga, Proceso de Comunidades Negras Presentes.

El Pueblo No se rinde Carajo!#ResistirNoEsAguantar@AnthonManyoma @Cleme_Carabali @js1_caicedo @FranciaMarquezM pic.twitter.com/2npSPRhsM8

— PCN (@renacientes) October 14, 2020

Finalmente, hay que señalar que no es cierto, como se dice en la desinformación, que no se hayan realizado movilizaciones indígenas en el gobierno de Santos. Como escribimos en un artículo reciente: “El 26 de noviembre de 2015, alrededor de 2.000 miembros de distintos cabildos del departamento del Cauca, liderados por el CRIC, se desplazaron hacia Bogotá en el marco de una movilización que llamaron ‘Minga por la Defensa de la Vida, el Derecho a la Protesta Social y la Jurisdicción Especial Indígena’. 

Así como “el 11 de noviembre de 2018, cerca de 500 miembros de comunidades indígenas de Riosucio y Carmen del Darién, Chocó, se movilizaron desde sus territorios hasta Bogotá, en una minga que tuvo como objetivo reclamar atención por la incursión de grupos armados en esta región del país. En ese momento también pretendieron reunirse con el Presidente de la República (Juan Manuel Santos) pero no se dio el encuentro”. 

De hecho, encontramos registros de varios bloqueos a la vía Panamericana durante el gobierno de Santos. Entre estos se cuentan, por ejemplo, un cierre de siete días durante 2017 que hicieron indígenas del Cauca entre el municipio de Mondomo y Popayán, y otro de 17 días durante como apoyo al Paro Nacional Agrario. 

Con esta información, calificamos como falsos tanto el trino de @DenunciaJulio como el artículo del portal Oiga Noticias en los que se difunde que el gobierno Santos le dio millonarios contratos a la ‘Minga’ y por esa razón los indígenas no ‘le bloqueaban el país’. Por una parte, los contratos que se usan como evidencia para sostener esto son convenios que realizan todos los gobiernos con la Organización Nacional Indígena para fortalecer la Mesa Permanente de Concertación y que, por supuesto, también ha firmado el gobierno de Duque. Y por la otra parte, todas las organizaciones que conforman la ONIC no fueron las que convocaron la reciente movilización.