El presidente Gustavo Petro pidió el 25 de abril de 2023 la renuncia protocolaria de todo su gabinete ministerial y, al día siguiente, a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter, informó sobre el cambio en siete carteras y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

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— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2023

Los nuevos ministros son Luis Fernando Velasco, del Interior; Ricardo Bonilla, de Hacienda; Guillermo Jaramillo, de Salud; Jhenifer Mojica, de Agricultura; William Camargo, de Transporte; Mauricio Lizcano, de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), y Yesenia Olaya, de Ciencia. Además, designó a Carlos Ramón González como director del Dapre. Todos se posesionaron en sus cargos el 1 de mayo.

A raíz del remezón ministerial, la cuenta de Twitter de Frank Portilla, cuyo nombre de usuario es @PETRIIISTAAAAS y se describe como “Antipetro, Antiprogresista y anticositasbrutas socialistas”, publicó el 29 de abril a las 11:55 a.m. un video con el siguiente mensaje: “ESTE ES EL PRONTUARIO CRIMINAL DE LOS NUEVOS MINISTROS DEL EXCONVICTO GUERRILLERO DICTADOR HAMPÓN DE @petrogustavo PARECE MÁS UNA LISTA DE INTEGRANTES DE UNA BANDA  CRIMINAL  QUE UN GABINETE PRESIDENCIAL” (sic). El video también fue publicado por Portilla en su cuenta de TikTok, @frankportilla0.

Portilla es un influenciador al que ya le hemos chequeado falsedades e imprecisiones como ‘Yerbateros no van a reemplazar a médicos si se aprueba el proyecto de reforma a la salud’, ‘MinSalud no aprobó abortos para niñas menores de 14 años, lo hizo la Corte Constitucional desde 2006’ , ‘Descuento de 50% en SOAT nunca se planteó con reducción en la cobertura’ , entre otras (1, 2). 

El video, de 6:32 minutos, fue replicado el 30 de abril por la página de Facebook Voz Libre, que tiene 21.000 seguidores y la mayoría de sus publicaciones son antipetristas, con el mensaje: “HAYYYYY COSITAS BRUTASSSS Miren el ‘perfil’ del nuevo equipo Ministerial del ‘presidente’. Ahora sí se viene el socialismo puro y duro. Que peligro” (sic). 

En las imágenes aparece Portilla hablando, mientras a sus espaldas se ven los pantallazos de artículos de medios como Semana y Las2orillas. Al comienzo del video dice: “Hoy les voy a mostrar el prontuario criminal del nuevo gabinete del exconvicto, guerrillero, hampón”.

Y más adelante agrega: “Empecemos por Ricardo Bonilla, el nuevo ministro de Hacienda. Este hampón ya había trabajado con Petro en la Alcaldía de Bogotá como su secretario de Hacienda. Bonilla ha sido investigado por la Contraloría por diversos procesos de corrupción en su contra. Tan grave y tan culpable ha sido de estas investigaciones que fue inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos hasta el año 2026”.

Luego se refiere al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. “Esta joyita también ya había trabajado en la Alcaldía de Petro como secretario de Salud. Otro sindicado de corrupción y acusado de robarse la plata de los bogotanos en diversos contratos de alumbrados navideños. Son tan grandes y tan graves los escándalos de corrupción que este bandido ha tenido en su hoja de vida que también fue destituido de su cargo de alcalde [de Ibagué] y se pidió medida intramural para él, es decir, se pidió que pagara con cárcel sus crímenes”.

A continuación, Portilla menciona a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica. “Mojica es fiel seguidora de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Tan grande es su fanatismo por la dictadura socialista chavista que, cual adolescente que moja cuco cuando ve un poster de su amor platónico, esta señora se toma fotos con afiches de Chávez. Pero Mojica no solo es fanática del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de las expropiaciones que este generó. También tiene su prontuario criminal al ser acusada de falsificadora de documentos públicos y también, para no quedarse atrás de sus anteriores compañeros, fue inhabilitada por la Procuraduría por 10 años  para ejercer cargos públicos”.

Con relación al ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, dice: “El prontuario criminal de Lizcano es bastante largo. Ha estado sindicado en diversas oportunidades y envuelto en diversos escándalos de corrupción. Está sindicado de ser un acosador sexual. También estuvo envuelto en las investigaciones del ‘Cartel de la Toga’, investigado por parapolítica pues grupos de autodefensas le habrían dado dinero para sus campañas políticas. También estuvo investigado por la compra de un predio donde los propietarios que no querían vender aparecieron muertos y él luego puso ahí una gasolinera. Y no olvidar que con Petro, como director del Dapre, fue el que compró televisores de 28 millones de pesos y quien compró plumones de plumas de ganso por  más de 15 millones de pesos”.

Por último, menciona al director del Dapre, Carlos Ramón González, “otro guerrillero del M-19, escolta y lavaperros de otros de los personajes más sanguinarios del país. Escolta y quizás gatillero de Jaime Bateman. Este hampón, aparte de su pasado sanguinario, también ha estado envuelto en diversos escándalos de corrupción. Sus cuestionamientos de dudosa reputación vienen de los dineros de la salud de los colombianos. Sus empresas de salud y su ONG han recibido dineros un poco extraños y han financiado campañas políticas bastante, bastante cuestionables”.

En Colombiacheck decidimos verificar algunas de las afirmaciones que hacen en el video sobre los nuevos ministros, teniendo en cuenta nuestra metodología. 

(Ricardo Bonilla]) “Tan grave y tan culpable ha sido de estas investigaciones que fue inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos hasta el 2026”.

En el video, Portilla asegura que Bonilla González fue inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos hasta 2026. Además, sugiere que, a causa de esta sanción, el gobierno nacional incurrió en una ilegalidad al nombrarlo como funcionario. Encontramos que esto es cuestionable porque, si bien la inhabilidad existió en los términos asegurados por Portilla, la sanción fue revocada en septiembre de 2022 y, a día de hoy, no figura ningún antecedente contra el funcionario.

El levantamiento de la sanción tuvo un amplio cubrimiento mediático (1, 2, 3) y el mismo Bonilla escribió una columna al respecto, previo a su designación como presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) el pasado mes de noviembre de 2022.

La inhabilidad que pesaba sobre Bonilla fue la misma que recayó sobre Gustavo Petro como resultado de un fallo emitido en 2016 por la Contraloría Distrital de Bogotá, debido a un presunto detrimento patrimonial causado por el Decreto 356 del 2012, firmado por la alcaldía de Petro, que redujo las tarifas del sistema de transporte público TransMilenio en horas valle; este es el nombre técnico de los períodos del día en que hay menos tráfico y, con la medida, Petro buscaba desestimular el uso del sistema en horas pico. 

El fallo de la Contraloría generó una multa que derivó en el embargo de las cuentas bancarias del entonces exalcalde y, por otra parte, permitió a la Procuraduría imponer sanciones a los responsables fiscales, incluyendo la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Estas sanciones fueron aplicadas a Petro y a tres de sus funcionarios: Ricardo Bonilla, Ana Luisa Flechas y Yanod Márquez.

El fallo impuesto por la Contraloría Distrital de Bogotá fue incluido por Gustavo Petro en el proceso que libró contra el Estado Colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estamento que en 2020 falló a favor del hoy presidente de la República, encontrando que le fueron vulnerados sus derechos políticos. El tribunal ordenó al Estado colombiano ajustar la legislación para que los funcionarios de elección popular no pudiesen ser removidos administrativamente y concluyó, además, que “las sanciones impuestas por la Contraloría pueden tener el efecto práctico de restringir derechos políticos”.

Posteriormente, en mayo 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó la nulidad del fallo contra Gustavo Petro, eliminando la condena del exalcalde a pagar la multa fijada en más de 200.000 millones de pesos y decretando la exclusión del hoy mandatario del registro de inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación.

Según explica Bonilla, dicho fallo inició su propio proceso de “absolución”, pues la decisión del tribunal le permitió solicitar su propia exclusión del boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República. Este acto administrativo fue materializado el 14 de septiembre de 2022 en la Resolución 220 de la Contraloría General de la República (CGR), cuyo artículo tercero ordena retirar al hoy ministro de dicho boletín y, en su artículo sexto, determina “Comunicar al Grupo SIRI [Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad] de la Procuraduría General de la Nación para los fines pertinentes”.

Consultamos a la Contraloría Distrital de Bogotá sobre los efectos de la resolución de la CGR y nos contestó lo siguiente: “Con el acto administrativo, pierde sus efectos el fallo de responsabilidad fiscal para el señor Ricardo Bonilla, consecuencia de lo cual [...] se debe excluir del Boletín de responsables Fiscales por parte de la CGR  y cesan las inhabilidades previstas”.

Así pues, igual que el mandatario, Ricardo Bonilla se encontraba inhabilitado hasta el año 2026 a raíz de la multa impuesta por la Contraloría Distrital. Esta medida fue definitivamente suspendida el año pasado y produjo la exclusión del nuevo ministro de Hacienda del boletín de responsables fiscales. Por estas razones, Bonilla no se encontraba inhabilitado al momento de su nombramiento y, por tanto, no se incurrió en una ilegalidad con su designación, de modo que calificamos como cuestionables los señalamientos de Frank Portilla.

(Guillermo Jaramillo) “Sindicado de corrupción y acusado de robarse la plata de los bogotanos en diversos contratos de alumbrados navideños. Fue destituido de su cargo de alcalde y se pidió medida intramural para él”.

En el video, Portilla afirma que el actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, fue “sindicado de corrupción y acusado de robarse la plata de los bogotanos en diversos contratos de alumbrados navideños”. También que “fue destituido de su cargo de alcalde y se pidió medida intramural para él, es decir, se pidió que pagara cárcel por sus crímenes”. Esto es cuestionable.  

Jaramillo fue secretario de Salud y de Gobierno durante la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro (2012 – 2016) y alcalde de Ibagué en el periodo 2016 – 2019. 

La Fiscalía lo acusó formalmente en febrero de 2019, siendo alcalde de Ibagué, por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, en calidad de autor y a título de dolo, luego de que presuntamente suscribió uno —como ordenador del gasto en el año 2016—, para la decoración y actividades navideñas de la ciudad, con una corporación que no era idónea para ejecutarlo. 

El mencionado contrato fue el número 1919 del 11 de marzo del 2016, el cual se denominó “Convenio de cooperación sin ánimo de lucro Corporación Festival Folclórico Colombiano, para aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos, logísticos, económicos y financieros necesarios para fortalecer y promocionar las actividades institucionales, culturales, turísticas, sociales y recreativas para el embellecimiento navideño de la administración municipal y desarrollo de la gente para el fin de año del municipio de Ibagué (Tolima)”.

El valor total del contrato era de 1.691’199.814 pesos, de los cuales 1.600’921.072 fueron aportados por la Alcaldía y 90’278.742, por la Corporación Festival Folclórico Colombiano.

La Fiscalía indicó en un comunicado que si bien la corporación contratada tenía experiencia en el manejo de actividades relacionadas con el folclor, reinados y similares, no la tenía para lo que se suscribió el convenio, cuyo objeto era diseñar, alquilar, transportar, instalar, realizar mantenimiento y desinstalar la pista de hielo, pesebre a escala y juegos infantiles, para diferentes escenarios de la ciudad como los parques, plazas y el edificio del Palacio Municipal, por lo cual se vio obligada a subcontratar tres empresas que cumplieran esas labores. 

En agosto de 2022, la Fiscalía de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Público pidió condena y captura inmediata para Jaramillo por las irregularidades en el convenio para la iluminación navideña en Ibagué en 2016. 

De acuerdo con una nota de El Tiempo, la solicitud fue presentada ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito, pues “la Alcaldía entregó cerca de 1.700 millones de pesos a la Corporación Festival Folclórico Colombiano para temas de iluminación navideña y luego esta entidad subcontrató los trabajos con una firma de Bogotá que habría sido seleccionada de manera irregular con la anuencia del ex alcalde de Ibagué”. 

El 17 de abril de 2023, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué anunció el fallo absolutorio a favor del hoy ministro de Salud porque “la Fiscalía no logró demostrar que hubo responsabilidad por parte de Jaramillo en las irregularidades del contrato”.  Ese mismo día, la Fiscalía también anunció que apelará el fallo que absolvió a Jaramillo. 

Por otra parte, la Procuraduría, en un fallo de primera instancia, sancionó en julio de 2022 a Jaramillo y al exsecretario de Cultura de Ibagué Basilio Alexander Vicens por las faltas cometidas en la firma del mismo convenio en 2016.

El ente de control resolvió sancionar al exalcalde con la suspensión del ejercicio del cargo por siete meses, pero como ya no estaba al frente de la ciudad, se modificó al pago de más de 82 millones de pesos.

Con estas evidencias, en Colombiacheck calificamos lo dicho en el video sobre Jaramillo como cuestionable porque Portilla mezcla el proceso penal con el disciplinario. Ambos existieron pero en el primero Jaramillo fue absuelto por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué en abril de 2023, lo cual no es mencionado por el tiktoker; y en el segundo, la Procuraduría no lo suspendió como alcalde sino que le impuso el pago de una multa cuando ya había terminado su período. Además, todos los hechos corresponden a su administración en Ibagué, no como secretario en la alcaldía de Petro en Bogotá.

(Jhenifer Mojica) “Acusada de falsificadora de documentos públicos y fue inhabilitada por la Procuraduría por 10 años  para ejercer cargos públicos”

En el video también mencionan que la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, “tiene su prontuario criminal al ser acusada de falsificadora de documentos públicos y también, para no quedarse atrás de sus anteriores compañeros, fue inhabilitada por la Procuraduría por 10 años  para ejercer cargos públicos”. 

La Procuraduría General de la Nación citó el 3 de septiembre de 2013 a audiencia pública a Jhenifer Mojica, entonces subgerente de Tierras Rurales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), para que respondiera por la presunta falta disciplinaria de suministrar datos inexactos que no correspondían con la realidad para posesionarse en dicho cargo que ocupaba desde el 1 de diciembre de 2011.

“La funcionaria, con el fin de acreditar la experiencia relacionada mínima exigida  por la resolución 2018 de septiembre de 2009 (68 meses), entregó a la Coordinación de Talento Humano del Incoder una declaración extrajuicio en la que señaló bajo la gravedad de juramento, entre otras, haber estado vinculada laboralmente a un convenio durante un mes y 15 días, cuando lo cierto es que tan sólo fueron 15 días”, dice un comunicado de la Procuraduría. 

A finales de septiembre, la Procuraduría, en un fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó a Mojica por 10 años para ejercer cargos públicos por presuntamente haber incurrido en falsedad en documento público al suministrar datos inexactos de su hoja de vida para poder acceder al cargo de subgerente de Tierras Rurales en el Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras). 

Casi dos semanas antes, Mojica presentó su carta de renuncia al cargo, aduciendo que la causa fue el desgaste que sufrió “tras estos casi dos años de estar a cargo de los temas delicados de la Subgerencia de Tierras Rurales” y dijo que no guardaba ninguna relación con “el proceso disciplinario que me cursa la Procuraduría, el cual aún sigue en trámite, y del cual estoy ejerciendo mi defensa”.

En 2017, la Procuraduría revocó la sanción contra Mojica. “El fallo, de 22 páginas, firmado por el procurador Fernando Carrillo, confirma que Jhenifer Mojica sí certificó en el Incoder más de los 68 meses de experiencia laboral en temas agrarios que debía tener para el cargo de subgerente de Tierras”, dice una nota de Noticias Canal 1.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la falsedad en documento es un delito, Colombiacheck indagó por registros de que la Fiscalía haya abierto alguna indagación al respecto. No encontramos ninguna información pública que compruebe esto.

Con estas evidencias, en Colombiacheck calificamos como cuestionable que Jhenifer Mojica haya sido acusada de falsificadora de documentos públicos y también que haya sido inhabilitada por la Procuraduría por 10 años para ejercer cargos públicos porque si bien la Procuraduría la destituyó e inhabilitó en 2013 por presuntamente haber incurrido en falsedad en documento público al suministrar datos inexactos en su hoja de vida para acceder al cargo de subgerente de Tierras Rurales en el Incoder, la misma Procuraduría revocó esa sanción en 2017.

 
(Mauricio Lizcano) “Sindicado de ser un acosador sexual [...] Envuelto en las investigaciones del cartel de la toga [...] Investigado por parapolítica [...] Fue investigado por la compra de un predio donde los propietarios que no querían vender aparecieron muertos. Luego él puso ahí una gasolinera [...] Como director del Dapre fue quien compró televisores y plumones de plumas de ganso”.

Contra Mauricio Lizcano, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y hoy Ministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTIC), Portilla elevó varias acusaciones de distinta índole. Recabamos información sobre cada uno de los casos y encontramos que todas las acusaciones guardan relación con hechos reales, a excepción de un dato sobre un lío de tierras en que se tergiversa parte del relato. Por estas razones, damos a estos señalamientos la calificación de “verdadero, pero…”.

Lo primero que el usuario de TikTok asegura en contra de Mauricio Lizcano, es que “está sindicado de ser un acosador sexual”. Tras Portilla, se encuentra una captura del artículo “Petro nombra a Mauricio Lizcano ministro a pesar de una denuncia de acoso sexual contra él”, publicado el 26 de abril por el diario El País de España. Fue este mismo el que reveló el caso de presunto acoso el pasado 26 de enero, en el artículo “Si quiere el trabajo, esta es la manera”, frase que presuntamente el entonces senador Lizcano habría dicho a una mujer en 2016 al intentar besarla a la fuerza.

El hoy ministro negó estas acusaciones y, sumado a que el testimonio de la mujer es anónimo, no encontramos rastro de investigaciones derivadas del caso. Al respecto, la abogada Lina Morales, codirectora de la Red Jurídica Feminista, nos explicó que “una persona está sindicada de un delito cuando la vinculan a un proceso. No únicamente porque se haga una manifestación pública”. Sin embargo, agregó también que, según su experiencia en casos de violencias basadas en género, este tipo de proceso suelen decantarse a favor del presunto victimario:

“Las violencias sexuales ocurren dentro del ámbito de lo privado; casi nunca son públicas. Normalmente es una palabra en contra de la otra, sobre todo cuando no existen pruebas físicas de los hechos. Seguramente no van a haber pruebas físicas de un presunto intento de besar a la fuerza. Entonces se trata de una persona que tiene poder en contra de una denuncia que no le parece muy grave a muchas personas”.

Seguidamente, Portilla asegura que Mauricio Lizcano se vio “envuelto en las investigaciones del cartel de la toga”, un escándalo de corrupción revelado en 2017 en el que se encontró una red dentro de la rama judicial dedicada a manipular investigaciones judiciales a cambio de sobornos. En enero de 2018, se conoció el inicio de una indagación contra Lizcano que, según explicó el entonces senador, se abrió por su propia solicitud. Esto, después de que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno sugiriese un posible vínculo del hoy ministro con la trama ilegal. Lizcano no se presentó a las elecciones del Congreso en 2018, pasando las investigaciones en su contra de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación. Esta última concluyó que no había relación del hoy ministro con el escándalo y archivó el caso.

Portilla asegura también que Lizcano fue investigado por parapolítica (cerrada). Efectivamente, el hoy ministro fue investigado por denuncias que afirmaban que había recibido dinero del Bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), financiando así su campaña a la Cámara de Representantes en 2006. Además, en 2009 se abrió una investigación contra Lizcano por presuntos vínculos con narcotraficantes. En 2021, la Corte Suprema de Justicia decretó el vencimiento de términos en el proceso, asegurando que los supuestos vínculos del exsenador con agentes y estructuras ilegales no pudieron ser probados.

Hasta ese punto del video, el usuario realiza un compendio fidedigno de las investigaciones y acusaciones protagonizadas por Lizcano. Sin embargo, su siguiente afirmación contiene errores sensibles. Portilla asegura que el ministro “Fue investigado por la compra de un predio donde los propietarios que no querían vender aparecieron muertos. Luego él puso ahí una gasolinera”. 

Como retoma Cuestión Pública, la investigación de este caso arrojó que Mauricio Lizcano y su padre, el también excongresista Óscar Tulio Lizcano, adquirieron en 2012 un terreno rematado en Quinchía, Caldas, sobre el que después tramitaron permisos y licencias para la construcción de una gasolinera. Sin embargo, en el año 2019, la adquisición del predio fue anulada por la Sentencia 032 emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

En efecto, sobre los propietarios del terreno adquirido por los Lizcano existió un drama de victimización que generó la disputa legal, pero no se trató de que “no querían vender y aparecieron muertos”, como asegura Portilla, sugiriendo alguna relación del hoy ministro con el crimen. Los antecedentes expuestos en la sentencia exponen que la desaparición de los dueños se dio en 1996 a manos de un grupo armado, 16 años antes de la compra.

Mauricio Lizcano y su padre figuraron como opositores a la solicitud de restitución de tierras presentada por los herederos de las víctimas, obteniendo una compensación económica tras la anulación de la compra, dado que los magistrados no encontraron que hubiese aprovechamiento de la condición victimizante para obtener el predio. 

Finalmente, Portilla recuerda que “como director del Dapre, [Lizcano] fue quien compró televisores y plumones de plumas de ganso”, refiriéndose a una noticia de noviembre de 2022, donde se revelaron compras de mobiliario ostentoso para las casas oficiales de Gustavo Petro y Francia Márquez. Efectivamente, el hoy ministro de las TIC estuvo a cargo de dichas compras y las justificó públicamente.

Amoblar las casas privadas es un deber del DAPRE luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras como en este caso,se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente. https://t.co/jDG3nG1qiL

— Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) October 3, 2022

En conclusión, Mauricio Lizcano fue acusado públicamente de un acto de acoso sexual, mas no sindicado, y fue investigado por parapolítica y supuestos nexos con el cartel de la toga. Además, era director del Dapre al momento de las compras cuestionadas de ‘televisores’ y ‘plumones’. Sin embargo, aunque obtuvo un predio que entró en disputa legal por los hechos victimizantes sufridos por los propietarios, estos ocurrieron 16 años antes de la compra y el tribunal que restituyó el predio no encontró señales de mala fe en la adquisición. Por estas razones, los señalamientos realizados por el usuario a este funcionario reciben la calificación de verdadero pero…

(Carlos Ramón González) “Ha estado envuelto en diversos escándalos de corrupción. Sus empresas de salud y su ONG han recibido dineros un poco extraños y han financiado campañas políticas bastante cuestionables”.

Tras la imagen de Portilla, el video muestra una captura del artículo 'El pasado turbio de un político negociante que llega a manejar el Dapre', publicado el pasado 27 de abril por  Las2Orillas. Tras consultar este material, encontramos que estas acusaciones pueden encontrar fundamento y, por tanto, las calificamos como verdaderas.

El artículo de Las2Orillas está basado en una investigación titulada 'Carlos Ramón González: contratista, prestamista, y dueño del verde', publicada el 14 de febrero de 2022 por La Silla Vacía. En ella, las investigadoras Ana León y Jineth Prieto desentrañan las acciones sospechosas, cuestionables o directamente delictivas que han marcado la carrera de González.

En cuanto a los “diversos escándalos de corrupción” mencionados por Portilla, con base en la investigación de La Silla Vacía podrían mencionarse al menos dos procesos relevantes. Uno, ocurrido en 1998 cuando González era concejal de Bucaramanga y fue acusado por la Fiscalía de ser “determinador del delito de peculado por apropiación a favor de terceros, en concurso con el delito de falsedad en documento privado en el grado de autor”.

El proceso estuvo motivado en la suscripción irregular de contratos de vigilancia con el Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabu), esto a través de una fundación llamada Alborada, instituida para trabajar con excombatientes del M-19, guerrilla a la que perteneció el hoy director del Dapre. Se encontró que un recomendado de González, César Bueno, fue previamente nombrado en la entidad bumanguesa, configurando la trama por la que fue condenado en julio del 2000 a 18 meses de prisión por el delito de falsedad en documento privado.

El segundo caso, evidenciado desde 2014, trata de la contratación pública para la operación de comedores comunitarios con las Corporaciones Sor Teresa y Asís de Colombia, en cuyas juntas directivas han figurado el mismo Carlos Ramón González, su hermana o su esposa. Siendo él copresidente del Partido Alianza Verde, estas corporaciones han contratado con la Alcaldía de Bogotá bajo el gobierno de Claudia López, electa con el aval de dicha colectividad.

La siguiente afirmación realizada por Portilla, relacionada con “dineros un poco extraños” encuentra contexto en la relación de Carlos Ramón González con el parapolítico Luis Alberto 'El Tuerto' Gil. Según relata La Silla Vacía, González y Gil estuvieron relacionados políticamente a partir de 2005, compartiendo estamentos en el partido Opción Centro, con el que presuntamente acordaron apoyos para llegar al Senado. 

Frente a “dineros un poco extraños” a los que Portilla hizo alusión, encontramos que hubo fuertes inyecciones de la EPS Solsalud, propiedad del parapolítico Gil, a la corporación Milagroz, propiedad de González y especializada en tratamientos a pacientes con VIH. Las investigadoras de La Silla Vacía encontraron que en 2013, de 826 millones desembolsados por el Fosyga a la IPS, 800 millones corresponden a la atención de pacientes de Solsalud.

Finalmente, sobre la financiación de “campañas políticas bastante cuestionables”, anotamos que se trata de una interpretación u opinión de Portilla, sobre la cual no aplica nuestra metodología de verificación.

Sin embargo, cabe anotar que Carlos Ramón González es propietario de una empresa llamada Dansgold, que realiza créditos de fácil acceso y a través de ella se han financiado campañas políticas. Entre los préstamos resaltados por las investigadoras, se evidencian 3.150 millones de pesos entregados por la empresa de González a su partido Alianza Verde. Este monto se registró entre 2017 y 2019, intervalo de las campañas presidenciales de Claudia López y Sergio Fajardo, avaladas por la colectividad. 

Así pues, las afirmaciones de Portilla encuentran cimiento en la investigación de La Silla Vacía, reproducida en una versión más breve y reciente por el portal Las2Orillas. Por estas razones, calificamos las afirmaciones de Portilla sobre el funcionario como verdaderas.