Recientemente, en “¿Cuál es el enredo con las cifras de las tierras para la reforma rural integral?”, explicamos la confusión originada por la interpretación de los diferentes gobiernos sobre los indicadores para cumplir con el primer compromiso del Acuerdo de Paz, dividido en los dos objetivos de la Reforma Rural Integral (RRI): 1. Entregar 3 millones de hectáreas a quienes no poseen tierras. 2. Formalizar 7 millones de hectáreas, en tierras habitadas, que incluso pueden contener cultivos, pero carecen de título.

Solicitamos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad a cargo del Fondo de Tierras a través del cual se adelantan estos procesos, los datos que sustentan esta frase. La institución nos remitió una tabla que especifica la ubicación de 998.049 hectáreas formalizadas, relativas al Objetivo 2, redondeadas en el video a un millón.

La tabla discrimina la información, además, por el tipo de población beneficiada con esos títulos. Esta clasificación deja ver que, de la distribución de las “comunidades étnicas y campesinas” mencionadas en el video, el 85% (854.321 Ha) corresponde a resguardos indígenas, de modo que el 15% restante se divide en campesinos (106.353 Ha), comunidades negras (37.136 Ha) y entidades de derecho público (239 Ha).

Como se ve en la primera barra, casi la mitad (49,3%) del “millón” corresponde a resguardos indígenas en Amazonas. Estos datos resultan congruentes con los actos de titulación masiva anunciados por la ANT y el Ministerio de Agricultura en octubre y noviembre de 2022. Al mismo tiempo, reabren el debate sobre la medición de la formalización de tierras.

De hecho, la fuente citada por la Presidencia, según la respuesta a la solicitud de información de Colombiacheck que llegó tras publicar este chequeo, es un trino de la misma ANT del pasado 13 de junio. “La Agencia Nacional de Tierras ha formalizado más de un millón de hectáreas de predios rurales, para que campesinas, campesinos y comunidades étnicas tengan una mejor calidad de vida ♥️ #ColombiaVaBien con la #ReformaAgraria 🇨🇴🌱”, dice el mensaje.

¿Qué es formalizar?

Junto con la solicitud de información, preguntamos a la ANT cuál es su criterio para considerar que un predio se encuentra formalizado y, en consecuencia, contabilizar las hectáreas en su logro. Su respuesta fue: “La entidad considera que un predio está formalizado cuando hay un título de propiedad registrado a nombre de la persona que hizo la solicitud de formalización. Dicho título se entrega cuando el predio fue debidamente saneado”.

En contraposición, María Mónica Parada Hernández, investigadora del Observatorio de Tierras, nos explicó que existe una distinción importante entre formalizar un predio y adjudicarlo a través de la entrega de un título: “Generalmente uno piensa en la formalización como afectar la propiedad [...] para que quede regularizada y tengamos certeza de quién es el propietario. Esto es distinto de los trámites de adjudicación. En adjudicación ya no estamos hablando de propiedad privada. Estamos hablando de propiedad pública; es decir, de baldíos”.

Además de adjudicar los baldíos de la Nación a partir de la entrega de títulos, la formalización requiere pasos que no competen exclusivamente al Gobierno Nacional, como expone la investigadora:

“La propiedad privada no la puede formalizar la ANT. Tiene que presentar una demanda ante un juez que les diga si hay una prescripción adquisitiva, si la persona cumple con las características de ser poseedor de buena fe por cinco o diez años y tiene el título. Eso va por vía judicial. Otra cosa muy distinta es la adjudicación de baldíos, que no va por vía judicial sino por la ANT”.

Este debate quedó registrado incluso dentro del Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PNFMPR), un instrumento que está en vigor desde 2021 y que constituye el marco de acción para cumplir el primer punto del Acuerdo de Paz. El documento cita, por un lado, la sentencia C-073 de 2018 de la Corte Constitucional y, por el otro, el Decreto Ley 902 de 2017.

Ambas disposiciones presentan conceptos opuestos, pues mientras la providencia especifica que “los baldíos no pueden ser objeto de formalización”, el decreto permitió alimentar una subcuenta del Fondo de Tierras con “los bienes baldíos que tengan la condición de adjudicables”. Con ese sustento, el plan permitió incluir las “hectáreas derivadas de procesos de adjudicación de baldíos” en el cálculo de 7 millones de hectáreas formalizadas para el Objetivo 2.

Esa decisión provocó que cientos de hectáreas contabilizadas en el Objetivo 1 como tierra nueva entregada a desposeídos se contabilizaran también como tierra formalizada para el Objetivo 2. La existencia de predios duplicados fue criticada por la Contraloría General de la República en los siguientes términos:

“Esta decisión adoptada en el PNFMPR, a juicio de este órgano de control, imposibilita la medición independiente de los indicadores definidos en el PMI, genera reportes poco claros respecto a su avance, dejándolos prácticamente inoperantes. Para la CGR, la gestión de la ANT sobre los predios baldíos obedece a un mecanismo de acceso y no de formalización de tierras”.

El criterio del nuevo gobierno

Sin embargo, las razones de este criterio podrían encontrarse en el más reciente informe del Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, encargado oficial de monitorear el cumplimiento del Acuerdo.

La publicación, realizada el pasado mes de junio, expone (pág. 87) que al llegar la nueva administración se evaluaron desde la ANT los predios en los que operaba el doble conteo, corrigiendo la cifra de hectáreas adjudicadas para el Objetivo 1. De 722.280 reportadas por su antecesor, la revisión arrojó apenas “17.506,04 hectáreas adjudicadas con corte a octubre de 2022. En otras palabras, tras seis años de implementación, el avance en adjudicación es inferior al 1% de la meta global”.

En alocuciones de los meses de abril y mayo, el presidente Petro reprochó con la cifra de 17.000 hectáreas al pasado gobierno, asegurando que sólo se compraron esa cantidad de terrenos, lo cual es inexacto, dado que la compra de tierras era una entre varias opciones que en su momento tuvieron los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque para alimentar el Fondo de Tierras y adjudicar predios para el Objetivo 1.

El informe del Instituto Kroc explica (pág. 88) que la decisión de la actual presidencia, tras la corrección de las cifras, fue asumir criterios que eviten una nueva duplicación de las hectáreas contabilizadas. Entonces, ¿qué aportes considera actualmente la ANT para cada objetivo? Los siguientes:

Para el Objetivo 1: “la entrega de tres millones de hectáreas (...) de tierra nueva”.
Para el Objetivo 2: “todas las operaciones y actos administrativos que conlleven al reconocimiento de derechos serán incluidos en el indicador de formalización”.

Las críticas de Gustavo Petro a los pasados gobiernos, entonces, estarían fundamentadas en el criterio actual sobre el Objetivo 1, para el cual la compra de tierras resulta fundamental. Así mismo, la ANT consideraría la adjudicación de baldíos una operación de reconocimiento de derechos y, por tanto, para el Objetivo 2 se contabiliza la entrega de títulos como hectáreas formalizadas.

Incógnitas del logro

El cambio en el criterio de medición y la ausencia de informes independientes que evalúen los impactos de dicho cambio hacen imposible calificar (por ahora) la veracidad de esta afirmación. Esto, debido a que se trata de una cifra oficial, realizada a partir de un sistema propio y nuevo de recuento, que aún no ha sido sujeta al examen de los entes de vigilancia y los veedores del Acuerdo. Este hecho implica que las dudas potenciales ante la cifra aún no tienen respuesta.

Para empezar, el Observatorio de Tierras, la Procuraduría y la propia ANT coinciden en que la entrega de un título de propiedad es sólo uno de los pasos en el camino de la formalización de la propiedad privada.

• “la plena propiedad ─el derecho a gozar, usar y disponer de un bien─ se debe entender únicamente cuando el título está plenamente registrado”. Observatorio de Tierras (pág. 16)
• “el sólo contrato de compraventa u otro título, no es capaz de producir la transferencia del dominio oponible a terceros, sino que es necesario otro acto jurídico”. ANT (pág. 12)
• “Los tipos de informalidad sobre la propiedad privada rural que se presentan en el país corresponde a la posesión, falsa tradición, herencias sin liquidar y títulos no registrados”. Procuraduría (pág. 73)

Con esta premisa se entiende que la ANT contabilice cada “título de propiedad registrado” sobre un predio saneado, donde se incluyen los procesos de 1) saneamiento, 2) emisión del título y 3) registro del mismo en la Oficina de Instrumentos Públicos. Sin embargo, al respecto la profesora Diana Isabel Güiza nos señaló la importancia de conocer “la fecha de inicio de esos procesos administrativos y judiciales”, información que no se incluye en la tabla remitida por la ANT.

Sin las fechas de los procesos o los datos de las personas naturales sobre las que recaen los títulos de propiedad, no es posible saber si hay una fracción del nuevo logro correspondiente a rezagos. Es decir, el “millón de hectáreas” podría incluir predios saneados en años anteriores a los que el nuevo Gobierno emitió título de propiedad; o, incluso, títulos de propiedad emitidos en años anteriores que el nuevo Gobierno registró.

Esta sospecha se fundamenta en antecedentes pues, como evidencia el informe “Las deudas de la paz: dimensiones agrarias”, publicado por el Observatorio de Tierras en agosto de 2022, el pasado Gobierno incluyó en el logro hectáreas formalizadas en procesos de varios años atrás, incluso anteriores a la firma del Acuerdo de Paz (pág. 16).

Dicho informe señala también que para 2021 fueron distintas las cifras entregadas por la ANT, las evaluadas por el Congreso de la República y las contabilizadas por la CGR, por lo cual “parece imposible saber con certeza la cifra exacta pues los datos oficiales reportados varían según la fuente de consulta”.

Ese antecedente podría superarse este año tras la corrección realizada por la ANT, pero no existen a la fecha los informes de pares con los que eventualmente se haría la comparativa. Además, el Instituto Kroc reportó también [pág. 88] que ya existen discrepancias entre los datos del Ministerio de Agricultura y los de la ANT, pues esta aseguró haber formalizado 807.000 hectáreas en sus primeros cuatro meses, pero el Ministerio reportó 730.485,03 hectáreas formalizadas en todo 2022.

De hecho, los datos del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (Siipo), consultados el 14 de julio, muestran un valor ligeramente menor al reportado por el Ministerio.

Por último, cabe mencionar que el criterio de la ANT no se explicita si dentro de los predios formalizados se contabiliza la titulación de baldíos, o si la entrega de títulos de tierras en poder del Estado podría catalogarse como una operación de “reconocimiento de derechos”. Sin embargo, la Agencia nos compartió también una cartilla de lineamientos que cita como condición para formalizar que la solicitud se realice sobre “un predio privado” (pág. 11).

Por estas razones, calificamos esta afirmación como inchequeable, dado que a día de hoy no hay evaluaciones independientes que cuestionen o certifiquen la cifra oficial. Dichas veedurías demostraron ser cruciales durante el gobierno de Iván Duque, puesto que señalaron los cálculos irregulares que componían las cifras oficiales. Del mismo modo, se necesita este tipo de seguimiento respecto al reporte de la administración actual, consultando específicamente las fechas de inicio de los procesos para corroborar si algún porcentaje corresponde a rezagos.

Desde que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) tiene registros de empleo mes a mes por ramas de la actividad económica, o sea desde 2015, el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca es el segundo que más genera empleo en Colombia, detrás de comercio y reparación de vehículos. No “se convirtió” en este desde el actual gobierno y la cifra de puestos generados en los primeros meses de administración no son los señalados, por lo que la frase es falsa.

Si se pone la lupa a las cifras desde agosto de 2022, cuando Petro llegó al poder, esta rama económica continúa la misma tendencia de años y meses anteriores.

A lo largo de los ocho meses de su gobierno, las cifras del DANE en mercado laboral confirman que el comercio es la primera actividad generadora de empleo; luego, agricultura; después, administración pública, educación y salud, y en cuarto lugar se ubican las industrias manufactureras.

Como en el video no detallan el mes o año de medición y comparación, tomamos agosto de 2022, el mes de inicio de la administración, para contrastarlo con los datos más recientes del DANE al momento de la publicación, que corresponden a abril de 2023.

Entonces, al comparar los puestos de trabajo del agro cuando cambió el gobierno, que sumaron 3’135.228, con abril de 2023, cuando ascendieron a 3’264.656, la diferencia es de 129.428 nuevos empleos. Esta cifra está 57.000 puestos por debajo de lo expresado en el video de Presidencia.

Si bien el Gobierno, en la respuesta a Colombiacheck posterior a la publicación del chequeo, aclara que la fuente es el mismo boletín técnico del DANE para abril de 2023. Sin embargo, los 184.000 empleos nuevos del agro que aparecen allí (2.000 menos que los mencionados en la pieza audiovisual) corresponden a la variación frente al mismo mes de 2022 y, por tanto, incluye los puestos creados en los últimos cuatro meses del gobierno anterior y no solo los de menos de un año de Petro.

También, al revisar el portal de noticias del Ministerio de Agricultura encontramos notas de los años finales del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) en las que ya se destacaba el agro como el segundo sector en generación de empleo:

• “El agro continúa siendo el mayor generador de empleo con 278.000 nuevos puestos de trabajo en el trimestre noviembre 2017 - enero 2018”.
• “Sector agro, en el top tres de los que más generan empleo en el trimestre enero - marzo 2017”.
• “El agro se consolidó como el generador de empleo a nivel nacional con 199.000 nuevos trabajos en el primer trimestre de 2018”.
• “Agricultura familiar campesina es la mayor fuente de empleo en el campo en el trimestre móvil noviembre 2016 - enero 2017”.

Esto indica que no es desde el último año que el sector se ha destacado por en este sentido. De hecho, si bien la posición en el escalafón se mantiene, la empleabilidad no pasa por su mejor momento.

El economista Mateo Rivera, magíster en Economía y Finanzas de la Università degli Studi di Palermo, le compartió a Colombiacheck la anterior gráfica, que resume la tendencia de generación de empleo por sectores desde 2015 y su participación en el total de ocupados, con base en datos del DANE.

“Al mirar la gráfica nos damos cuenta de que, históricamente, el más significativo es el comercio. Y cuando detallamos al sector agro, vemos una participación cercana al 16% desde el 2015, es decir, un promedio histórico”, explicó Rivera.

A renglón seguido, precisó que cuando se pone la lupa desde el tercer trimestre de 2022 (julio, agosto y septiembre) ya la participación del agro se encuentra por debajo del promedio, que contrasta con las afirmaciones del actual Gobierno. “La cifra no les ayuda”, dice.

Para el economista, la caída de participación del agro en la generación de puestos de trabajo obedece a un tema estructural en el campo colombiano. “Hay menos mano de obra, las nuevas generaciones están migrando del campo a la ciudad, cada vez hay más escasez de personas para trabajar en el agro, por ejemplo, en la caficultura. También influye el tema de salarios que son menores al promedio de los urbanos”, remató Rivera.

Por su parte, María Claudia Llanes, economista de BBVA Research para Colombia, precisó que, para abril de este año, la tendencia cambió y se corrigió un poco al alza. “En abril vimos un empleo fuerte y superior al nivel estable que habíamos observado antes de marzo. Dos sectores crearon cerca del 50% del empleo anual en abril: alojamiento y servicios de comida, y agro. A su vez, el agro impulsó el empleo en el campo, que fue el segundo gran generador de empleo regional, después de las pequeñas cabeceras municipales”.

Según Llanes, este repunte se debe a un factor estacional del sector por mayor producción en cultivos de los primeros meses del año.

Más allá del mercado laboral

La académica Olga Lucía Ocampo, doctora y magíster en Ingeniería, especialista en Ingeniería Ambiental y en Ciencia y Tecnología de Alimentos, sostuvo que el problema del mercado laboral del campo colombiano es una muestra de la situación crítica del agro.

“El ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, apenas está despegando en este gobierno, lo mismo que la ADR, Agencia de Desarrollo Rural. Los convenios para control de plagas también están comenzando, por ejemplo, Fusarium en plátano y banano está descuidado. El HLB de los cítricos también está descuidado, ya llegó a Antioquia y se presentaron brotes en Tolima. Entonces, este gobierno saca pecho por el agro, pero en las regiones no hay nada. Las mesas agroclimáticas regionales se cayeron y tampoco hay convenios, solo está funcionando la Mesa Agroclimática nacional”, dijo la experta en cultivos, con 15 años de experiencia en investigación.

Para Ocampo, hay varias razones del porqué ha venido cayendo el empleo en el campo. Una de ellas es la reducción de áreas cultivadas “solo café ha caído 20% en los últimos años”; otra, es el uso de tecnología en cultivos “por ejemplo, ya se está fumigando con drones, entonces esa mano de obra también sale, pues un dron hace en días lo que tres trabajadores logran en un mes”; y un fenómeno de migración interna, “De las costas Caribe y Pacífica al interior, muchos de ellos indígenas como los wayúu y embera, pues como varias zonas están con problemas de revivir la violencia se están desplazando”.

Otra razón es la contratación en el campo de otra mano de obra, “por ejemplo, en las fincas del Eje Cafetero están contratando migrantes venezolanos y de la Costa”.

Por eso, la académica insistió en que la reducción en la participación del agro en el mercado laboral de Colombia se debe a múltiples factores, ya mencionados, y agregó: “La falta de experiencia y poco conocimiento en agricultura de este gobierno ya está pasando factura”.

De esta manera, Colombiacheck califica la afirmación de Presidencia como falsa porque la agricultura no se convirtió en la segunda actividad en generación de empleo en Colombia, ya que lo venía siendo desde 2015, cuando hay datos públicos del DANE; más bien, como lo muestran las cifras y la explicación de los expertos, el agro a lo largo del tiempo está perdiendo participación en la generación de empleo en el país. Respecto a la cifra de “más de 186.000 puestos nuevos”, esta no concuerda con la variación anual de abril de 2023 frente a agosto de 2022, cuando este gobierno arrancó su administración.

En el video también se hace referencia a la disminución de la pobreza multidimensional y asegura que llegó “históricamente al 12%” por lo que coloca titulares que, según comprobamos, pertenecen a El Espectador, El País América, El Heraldo y el mismo DANE y fueron publicados en mayo de este 2023. Sin embargo, el supuesto logro es cuestionable, en tanto el dato corresponde a 2022 y, por tanto, es compartido en gran medida con el gobierno anterior.

Fuente: Captura de pantalla del video de Presidencia.

Efectivamente, este indicador en 2022 obtuvo uno de sus menores registros desde que es monitoreado por el DANE, desde 2010. Las cifras publicadas en mayo pasado por el organismo indicaron un índice de pobreza multidimensional del 12,9% para 2022, esto equivale a una caída de 3,1 puntos con respecto al 2021 (16%). De hecho, el boletín técnico de la entidad fue la fuente que Presidencia le citó a Colombiacheck para sustentar la afirmación luego de publicado el chequeo.

También significaron 1,4 millones de personas fuera de la pobreza multidimensional:

Fuente: DANE. Nota: de 2017 no se tienen datos debido a que hubo un error en la muestra, lo que obligó al DANE a retirar la información.

La pobreza multidimensional, como explica el mismo organismo, abarca aquellas privaciones de las personas en cinco dimensiones como son educación, niñez y juventud; trabajo, salud y vivienda y servicios públicos. A su vez, cada dimensión contiene al menos un par de indicadores, para un total de 15. “Los hogares son considerados pobres multidimensionalmente cuando tienen privación en por lo menos el 33,3% de los indicadores”, resalta el DANE.

Fuente: DANE.

Natalia Galvis, especialista en políticas públicas y en temas de pobreza, explicó que los resultados de 2022 se deben principalmente a tres factores, como lo son la recuperación de la asistencia escolar, afectada durante la pandemia; el incremento del aseguramiento en salud y el acceso a los programas de asistencia a la primera infancia que están condensados en la estrategia de educación inicial para los niños y niñas entre 0 y 5 años.
El informe del DANE muestra dicho comportamiento de reducción en esas variables:

Fuente: DANE.

No obstante, tal como aclaramos en nuestro chequeo “A Petro le falta contexto y precisión al sacar pecho con cifras macroeconómicas de Colombia”, la disminución de la pobreza multidimensional del año pasado no es atribuible exclusivamente al actual gobierno, porque durante siete meses y 7 días de 2022 estuvo gobernando Iván Duque y luego, en los restantes 4 meses y 27 días, la actual administración. Petro se posesionó como presidente el 7 de agosto de 2022.

“En pobreza multidimensional, eso se debe en gran parte a la gestión del anterior gobierno y a los departamentales y locales”, apuntó el profesor y analista económico Mateo Rivera.

Se debe considerar, además, que el periodo de recolección de la información ocurrió, según el DANE, entre septiembre y diciembre de 2022, cuando el presidente Petro apenas iba comenzando el cargo y no había tomado tantas decisiones.

Galvis coincidió y dijo que la medición básicamente ofrece información de 2022, lo que permite evaluar las políticas sectoriales del gobierno de Duque, “por eso uno puede ver mejoras en educación, el sector salud y en los programas de atención de la primera infancia”. También recordó que la pobreza multidimensional presentaba una tendencia a la baja incluso antes del mandato de Duque. Esta solo se vio afectada por la pandemia.

“Hasta el próximo año, cuando se nos ofrezca información del 2023, vamos a poder tener algunos datos de la efectividad de las políticas de Petro”, apuntó.

A su juicio, la administración actual deberá enfocarse en dos aspectos que se muestran rezagados en los resultados del DANE: el trabajo y la vivienda. “La agenda de Petro tendría que contener elementos para reducir la informalidad y el desempleo, asimismo contar con buenos mecanismos para aumentar las soluciones habitacionales de los hogares, es decir, aumentar el acceso a programas de viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario para los hogares pobres y también lo que esté asociado al mejoramiento de hogares integrales de barrios”, explicó.

En conclusión, calificamos de cuestionable que el gobierno Petro haya logrado una reducción del 12,9% de la pobreza multidimensional porque en este resultado influyeron más las políticas de la administración de Iván Duque, principalmente en educación, salud y atención a la niñez, y aún está por verse en los resultados de este año los resultados de sus propias políticas.

Otro logro anunciado en el video, ambientado con imágenes de referencia de un bosque, alude a la reducción de la deforestación en el país y, particularmente, en la Amazonía durante 2022. Analizamos los documentos en los que se basa la frase y la calificamos como cuestionable, pues aunque se evidencia una importante disminución, hay un error en el lapso mencionado y cabe precisar la atribución del logro.

El pasado 7 de septiembre, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, entregó un balance parcial de la deforestación en 2022 con datos preliminares del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Allí, aseguró que durante los dos primeros trimestres del año “la deforestación aumentó en la Amazonía en un 11%”.

En su programa de Gobierno (pág. 15), Gustavo Petro prometió suscribir con liderazgos comunitarios acuerdos “encaminados a erradicar la deforestación”. Para el mes de noviembre, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) reportó la firma de dichos acuerdos por parte de la Nación con comunidades locales y pueblos indígenas de la Amazonía.

El pasado 16 de mayo, a través de una rueda de prensa, la ministra Muhammad reportó como resultado de esta gestión una disminución proyectada de 10% de la deforestación en el país para 2022, con una disminución específica de entre 15% y 25% del total de hectáreas deforestadas en el llamado arco amazónico, integrado por Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo.

La zona es de vital importancia en la lucha nacional contra la deforestación, pues, como documentó el Ideam en la Actualización de Cifras Oficiales de Monitoreo de Bosque Natural y Deforestación 2021, en la región amazónica se presenta el 64,8% de la deforestación del país. Y dentro de la región, los focos más intensos del flagelo se evidencian en el arco amazónico.

Esta misma información fue la que Presidencia presentó como fuente de la frase al ser consultada por Colombiacheck, aunque la respuesta llegó después de esta publicación. En todo caso, la manera de presentarla en el video fue imprecisa.

De momento, las reducciones anunciadas por la ministra para la región y el país no coinciden con el monitoreo de la plataforma Global Forest Watch, que, a través de imágenes satelitales, arroja cálculos independientes de la deforestación anual. A día de hoy, sus gráficos para Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo no registran para 2022 las disminuciones en los porcentajes proyectados, ni tampoco se evidencia aún la reducción de hectáreas deforestadas a nivel nacional.

Sin embargo, las cifras oficiales a cargo del Ideam, presentadas el pasado miércoles por la ministra Muhammad e incluidas en el informe que se publicará el próximo lunes, confirman las proyecciones que al momento de la publicación del video se esperaban para 2022. Según fue anunciado, la reducción de la deforestación a nivel nacional fue del 29,1%, mientras que la deforestación en la Amazonía fue del 36,4%.

¿De quién es el logro?

Gracias a los boletines trimestrales de alertas tempranas publicados por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, revisamos las cifras preliminares, en las cuales se basó el anuncio realizado en mayo, y comparamos a través de ellas la deforestación en los departamentos que integran el arco amazónico entre 2020 y 2023, puesto que la ministra enfocó en mayo los esfuerzos realizados en esa área.

Dado que los boletines incluyen rangos de deforestación, con aproximados mínimos y máximos para cada departamento, calculamos el promedio de cada uno en las fechas de interés y así pudimos dimensionar la evolución de la deforestación entre períodos.

Los datos preliminares permiten observar la evolución aproximada de la deforestación en cada período. Se evidencian caídas pronunciadas del flagelo en el cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023, cuando operaba la gestión del actual gobierno. Sin embargo, se pueden entrever también dinámicas decrecientes desde 2020, como la de Guaviare en el período enero-marzo o la de Meta en el período abril-junio.

El cambio abrupto que muestra la gráfica relacionado con los primeros meses de acción del nuevo gobierno ha sido resaltado por veedores como el director de la FCDS, Rodrigo Botero, quien dijo a Mongabay: “en el primer semestre hubo una actividad de deforestación enorme, con los incendios más grandes registrados en los últimos cinco años. Pero en el segundo semestre hubo un cambio radical y se dio una disminución casi en todo el país”.

Sin embargo, otras voces expertas, como la de Ricardo Carrillo, excoordinador de instrumentos públicos del proyecto Camino Hacia Carbono Neutral, aseguran que “el cambio de tendencia es la primera señal de respuesta, tanto a las políticas del gobierno anterior, como de la actual administración, así como del interés mundial y de la cooperación internacional por la Amazonía colombiana, por implementar acciones concretas de deforestación evitada y de adaptación al cambio climático”.

Los análisis sobre la estrategia del gobierno Duque para enfrentar la deforestación, por ejemplo, coinciden en concluir que propició avances aunque los resultados fueron insuficientes. Con la cuestionada operación Artemisa, se redujo la deforestación en áreas protegidas y, respecto a la anunciada reducción de 2022, la directora de la Fundación Natura, Clara Solano, destacó el éxito de “acciones concretas desde el punto de vista de diálogo interinstitucional. Esto se venía dando desde el gobierno del presidente Duque, pero se ha reforzado, cada vez son más concretos los acuerdos y los resultados”.

Como nos explicó anteriormente Miguel Pacheco, experto en bosques de WWF, los esfuerzos en términos ambientales “son trabajos que se hacen muy de poquito a poquito”. En el mismo sentido, según Ricardo Carrillo, la reciente disminución “también es fruto de los acuerdos conseguidos en los últimos dos años con las comunidades locales para el control de la deforestación y la disminución del cambio del uso del suelo, en particular en el piedemonte amazónico”.

De dichos acuerdos, iniciados en épocas del gobierno de Iván Duque, hay testimonio en el informe de deforestación del Ideam para 2021 (pág. 26). Allí se reportan la “articulación de las acciones de monitoreo comunitario” y la “identificación de más de 250 organizaciones comunitarias que avanzan en procesos de conservación y monitoreo comunitario de bosques y otros recursos naturales”.

“Diagnóstico de iniciativas comunitarias que desarrollan procesos de monitoreo local y su localización con respecto a los núcleos de deforestación 2021” Fuente: Ideam.

¿Primera vez en 6 años?

Probada ya la reducción de la deforestación en la amazonía para el año 2022, consultamos los últimos 5 informes anuales (2021, 2020, 2019, 2018, 2017) emitidos por el Ideam sobre deforestación a nivel nacional. Allí encontramos los datos de la región amazónica desde 2013 hasta 2021. El siguiente gráfico muestra la evolución histórica de esta cifra, contando el dato anunciado por la ministra Muhammad:

Si el punto de partida de la afirmación en el video es el año en curso (2023), los seis años a los que se refiere, presumiblemente, aluden a 2018. Sin embargo, como se ve en el gráfico, la afirmación sería incorrecta por varias razones.

La primera es que la reducción más reciente data de 2019, cuando la deforestación disminuyó casi un 29% respecto a 2018. La segunda es que, si bien los nuevos datos de disminución se conocerán este año, corresponden a 2022.

Ambos ajustes implican una distancia de 4 años (2019 - 2022); no de seis como se asegura en el video.

También cabe recordar que la caída de la deforestación en 2018 llegó tras el pico máximo del flagelo en el país, ocurrido en 2017; a partir del cual, el gobierno Duque trazó su cuestionada “tendencia de reducción”. Sin embargo, fue con la caída de 2019 que inició una nueva tendencia creciente de la deforestación nacional, también reflejada en los datos de la región amazónica, que eventualmente sería interrumpida en 2022, según las proyecciones anunciadas por la Ministra de Ambiente.

Así pues, aunque los datos preliminares evidencian que la gestión inicial del gobierno incidió profundamente en la reducción de la deforestación en 2022, la distancia real con la caída más reciente del flagelo en la región amazónica es de 4 años y no de 6, como dice la frase del video. Además, si bien las cifras parecen mostrar un impacto inmediato de las acciones del actual gobierno, el logro no es exclusivo del mismo, ya que implica un acumulado de acciones de comunidades, organizaciones de la sociedad civil e, incluso, gobiernos anteriores.

Por estas razones calificamos la frase como cuestionable

Esta afirmación hace referencia al nuevo programa de subsidios en forma de transferencias condicionadas de dinero a la población más pobre, a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). Es cuestionable porque sí arrancó y es una de las políticas banderas del gobierno Petro, pero la cifra de beneficiarios es exagerada y ha sido criticada porque se queda corta frente a medidas tomadas en administraciones anteriores.

Presidencia, en respuesta a Colombiacheck posterior a la publicación original de este chequeo, citó como fuente un comunicado del 20 de abril en el que se anunció el primer pago bajo el nuevo nombre. “Este programa beneficiará a cerca de 3 millones de hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad”, anunciaba.

La descripción del plan en la web de Prosperidad afirma que no solo está dirigido a hogares en condición de pobreza extrema, como afirma el video, sino también “moderada” y en estado de vulnerabilidad (es decir, que no son pobres pero están en riesgo de caer en esa situación). De entrada, se presenta como una continuación de lo que ya hace Familias en Acción, que existe desde 2001, pero con “un aumento de 42,4 % en cobertura”, al pasar supuestamente de 1,4 a 3,3 millones de hogares inscritos que reciben cada giro de forma periódica.

En realidad, ese programa anterior ya incluía a 1,9 millones de familias a finales de 2022. Aún queda constancia de esa cifra en el portal del DPS.

El Tránsito a Renta Ciudadana incluso se creó, en la resolución 604 del 30 de marzo de 2023 emitida por el DPS, usando el mismo sustento normativo de Familias, que es la ley 1532 de 2012 con sus respectivas modificaciones y desarrollos. Esto se hizo así, según se explica en la misma página del órgano estatal, porque en ese momento aún no estaba aprobado el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que le da su base actual al nuevo modelo en su artículo 66; esta legislación entró en vigencia el 19 de mayo.

Entretanto, a principios de mayo se registraron críticas por demoras en la implementación de las transferencias, pues la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, había anunciado fechas a finales de abril que no se cumplieron. El medio digital Consonante reportó en diferentes regiones que las causas del retraso iban desde dificultades por la actualización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) hasta cambios de última hora en los medios para hacer los desembolsos.

En todo caso, el primer ciclo de pagos de este rebautizado subsidio cerró el 29 de mayo. Un comunicado que Prosperidad publicó el 2 de junio dio un balance de 2’094.806 familias beneficiarias.

La segunda ronda va del 7 al 31 de julio. En esta ocasión, nuevamente han surgido problemas logísticos por la decisión del DPS de contratar un solo operador para la distribución, el estatal Banco Agrario, en lugar de usar varios canales, como se había hecho en el pasado, incluyendo billeteras virtuales privadas. En consecuencia, se han reportado largas filas para reclamar el dinero en diversas regiones (1, 2).

Según cifras publicadas por Rusinque, este pago también es para 2 millones de hogares inscritos. Es decir que, hasta ahora, Renta Ciudadana tiene casi un millón de beneficiarios menos que la cifra con la que Presidencia sacó pecho. Esto representa un aumento que apenas rodea el 10% frente a los que ya tenía Familias en Acción, pero se queda corto frente al agregado al incluir a otros programas similares que aspira a unificar.

Lo aprobado en el ya mencionado artículo 66 del plan de desarrollo es que el nuevo esquema “armonizará los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas” que el DPS tiene a su cargo a más atardecer en diciembre de 2023. Esto también incluye Jóvenes en Acción, que cuenta con otros 500.000 beneficiarios, según trinó la directora Rusinque en septiembre de 2022.

Estos hogares y los 1,9 millones que, como ya se dijo, había alcanzado el programa de Familias, ya sumaban al menos 2,4 millones de beneficiarios en 2022. Así, el número con el que arrancó Renta Ciudadana es inferior a este total.

La economista Natalia Galvis, experta en políticas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad, señala que, incluso si el nuevo programa tuviera los 3 millones de hogares inscritos que anuncia el Gobierno, se quedaría corto frente a otro antecedente: la cobertura de 4 millones de hogares que alcanzó el desaparecido Ingreso Solidario, un complemento a Familias en Acción que funcionó en el contexto de la pandemia de COVID-19 hasta el vencimiento de su vigencia, en diciembre de 2022.

“En términos agregados, y teniendo en cuenta que Renta Ciudadana busca unificar los esquemas de transferencias, este nuevo programa tiene menor cobertura”, explica la investigadora. El economista Roberto Angulo, exdirector nacional de Familias y Jóvenes en Acción en el DPS y del Sisbén en Planeación Nacional, coincidió en este punto cuando fue consultado para el artículo “Revolcón en subsidios de Petro golpea la lucha contra la pobreza”, publicado por el medio La Silla Vacía en abril.

“El gobierno debería ser un poco más claro y decir si la estrategia que tienen es mejor que Ingreso Solidario. Porque si la nueva estrategia no logra retener por fuera de la pobreza al menos a 1,8 millones de personas, entonces no mejoramos con respecto a lo que traíamos”, advirtió el exfuncionario en ese entonces.

También se debe tomar en cuenta que, si realmente fueran 3 millones de hogares los que reciben este subsidio, esa cantidad superaría al total de los que están en pobreza extrema. El dato más reciente del DANE, que corresponde a 2021, es que la incidencia de esta condición se tasa en 12,2%, lo que equivale a unos 2 millones de hogares, pues el país tiene alrededor de 17 millones, según las proyecciones oficiales de esa institución.

Así, por un lado, no sería posible beneficiar a 3 millones de familias “en extrema pobreza”, como dice el video, porque no las hay (aunque 6,6 millones sí son pobres de acuerdo con su nivel de ingresos, según el DANE, con corte a 2021). Por el otro, la nueva renta sí llega a una cantidad cercana a los 2 millones que realmente viven en pobreza extrema, pero aún está lejos de la cifra que Presidencia muestra como un logro y que, de todas formas, ha sido cuestionada por quedarse corta, sobre todo frente al extinto Ingreso Solidario.

Dado que el programa sí arrancó, pero la cifra de beneficiarios que da el video corresponde a su meta y no a la situación actual (cerca de un millón menos), y que de todas formas sí cubre a la población en extrema pobreza, pero aún no iguala el alcance sumado de otros programas de transferencias que busca unificar para familias en pobreza “moderada” y vulnerabilidad, la afirmación difundida por el gobierno Petro como una de las cosas que hizo “en menos de un año” es cuestionable.

Esta afirmación del video se acompaña de los pantallazos de dos trinos del Ministerio de Defensa sobre incautaciones específicas, una de 181 kilogramos de clorhidrato de cocaína en Inzá, Cauca, el 10 de mayo de 2023 y otra de tres toneladas de cocaína en un semisumergible en el Pacífico colombiano el 12 de mayo.

La fuente de Presidencia, según la respuesta enviada a Colombiacheck tras la publicación, fue un comunicado de la Armada publicado el 7 de junio. Sin embargo, este se refiere a 2,2 toneladas que se incautaron en total en cuatro operaciones que se dieron en el transcurso de cinco días y no da ningún promedio por jornada.

Sin embargo, no solo el promedio diario de incautación en lo que va del gobierno es muy inferior y solo se ha llegado a dos toneladas en un par de meses. Además, representa una reducción frente las cifras que se venían manejando hasta agosto de 2022, cuando Petro llegó al cargo. Por tanto, es falso ese dato presentado como un logro de su gobierno “en menos de un año”.

De hecho, es una cifra con la que vienen sacando pecho algunos usuarios afines al mandatario en Twitter desde hace varios meses. En particular y de forma muy insistente, la cuenta de un tal Fernando Medina (@Fernand99815397) con casi 1.400 seguidores.

Antes del video presidencial, el mensaje oficial más parecido lo había publicado, el 26 de abril, la secretaria de gabinete del Ministerio de Defensa, Alexandra González, en un hilo de Twitter sobre una intervención del ministro de Defensa, Iván Velásquez, ante la Cámara de Representantes.

“Estamos incautando en promedio 1,6 toneladas diarias de cocaína. Pero la tendencia va en aumento, como se ve en la gráfica. Vamos a dotar de equipos a la Fuerza Pública, construidos por COTECMAR, para aumentar esta incautación y destruir las finanzas criminales”, trinó la funcionaria.

Estamos incautando en promedio 1.6 toneladas diarias de cocaína. Pero la tendencia va en aumento, como se ve en la gráfica.

Vamos a dotar de equipos a la Fuerza Pública, construidos por COTECMAR, para aumentar esta incautación y destruir las finanzas criminales. pic.twitter.com/5A31I05pUq

— Alexandra Gonzalez Z (@alexandraG_Z) April 27, 2023

La publicación está acompañada de una gráfica sobre las incautaciones de cocaína entre el 1 de abril de 2022 y el 20 de abril de 2023.

En Colombiacheck ya habíamos verificado, en un chequeo anterior, una desinformación en la que aseguraban que en los primeros ocho meses del gobierno de Petro se habían incautado 830 toneladas de cocaína, lo cual calificamos como falso porque esa es la meta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para todo 2023 y no un hecho cumplido.

Recientemente, se desató una polémica alrededor de este tema luego de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, publicó un trino a raíz de una editorial de la revista Semana sobre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que salió en la portada con el titular “Le quedó grande”. El mensaje del funcionario encargado de las finanzas de la Nación fue este:

“Magnitud de incautaciones redujo precio de hojas de coca, oportunidad para cultivar café y cacao, gracias @mindefensa @Ivan_Velasquez_ @petrogustavo. Los traficantes patalean desde @RevistaSemana, por algo será!!. Gobierno del cambio avanza y la paz verdadera llegará. Adelante” (sic), escribió Bonilla.

Para verificar la frase del video de Presidencia, revisamos la base de datos del Ministerio de Defensa sobre la incautación de cocaína entre el 7 de agosto de 2022, día que se posesionó como presidente Gustavo Petro, y el mes de mayo de 2023, último mes reportado. Allí está la información, en kilos, suministrada por el Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En total, en ese periodo se incautaron 324,1 toneladas de cocaína. Esto es 1,08 en promedio por día.

En el último mes disponible, mayo de 2013, el promedio fue de 1,4 toneladas diarias con 46 en total. Los únicos meses en los que realmente se incautó la cifra que da el video (o una cercana) fueron marzo y abril de 2023, respectivamente con 69,2 toneladas (2,2 diarias) y 60,5 toneladas (2 al día), además de las primeras tres semanas del periodo presidencial, entre el 7 y el 31 de agosto, cuando se incautaron 74,3 toneladas (3 por día).

Adicionalmente, revisamos las cifras de incautación de cocaína durante los meses de 2022 bajo la presidencia de Iván Duque. Con relación a las incautaciones de cocaína entre enero y julio de 2022, al final de la administración anterior, en total se incautaron 418,3 toneladas, 1,9 en promedio por día. El mes de febrero tuvo el promedio por día más alto con 2,2 toneladas (63 toneladas al mes) y en mayo fue de 2,1 toneladas (66,7 toneladas al mes).

Si se compara el promedio de incautaciones por día entre enero y mayo de 2022 frente al mismo periodo de 2023, se puede ver que durante el gobierno de Duque se incautaron 311,5 toneladas (1,4 en promedio por día), mientras que en el de Petro se incautaron 166,9 toneladas, 1,1 en promedio por día. Esto demuestra que hubo una disminución en las incautaciones en el actual gobierno.

Política antidrogas del gobierno Petro

De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Cocaína 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), la producción de hoja de coca y de cocaína tuvieron un aumento en el mundo en 2021 y Colombia seguía ocupando el primer lugar hasta ese momento. Igualmente, también aumentaron las incautaciones de esta droga.

Fuente: Informe Mundial sobre la cocaína 2023

No obstante, no hay cifras recientes sobre cultivos ni producción de coca en el país que permitan tener un contexto sobre la caída de las incautaciones porque aún no ha sido publicado el Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2022, que realiza la UNODC. Además, la otra medición que se tenía en cuenta (aunque nunca fue la oficial) era la que reportaba el gobierno de Estados Unidos y que, según informó El Tiempo, fue suspendida hace meses por la administración de Joe Biden.

Mientras tanto, Petro, desde que está en la Casa de Nariño, ha reiterado ante las Naciones Unidas y en escenarios internacionales que la guerra contra las drogas ha fracasado y que el prohibicionismo ha dejado millones de muertos y encarcelados en Latinoamérica y Estados Unidos. Colombiacheck ha verificado sus declaraciones en los chequeos “El primer discurso de Petro en la ONU: dos datos falsos, uno verdadero y uno inchequeable” y “Petro insiste en datos falsos e inchequeables sobre drogas en cumbre de la Celac”.

A pesar de ese discurso, en un episodio de Razón Pública al Aire emitido en abril de 2023, Angélica Durán, doctora en Ciencias Políticas y docente de la Universidad de Massachusetts-Lowell, y Jorge Baquero, docente e investigador de la Escuela de Administración Pública (Esap), coincidieron en que ha faltado claridad en la administración petrista sobre las políticas públicas para llevar a la práctica ese cambio de paradigma frente a las drogas en el país. Por ejemplo, señalaron que se ha mantenido el mismo estancamiento del gobierno anterior en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Durán agregó que cambiar el régimen antidrogas internacional es muy complicado porque no se ha podido ni siquiera con la marihuana y mucho menos con la cocaína. Baquero, entre tanto, advirtió que desde Estados Unidos se han manifestado dudas frente a la propuesta de un nuevo enfoque “porque, hasta el momento, no se había llevado un programa de sustitución de cultivos ni un programa de erradicación voluntaria que fuera exitoso, evaluable y que se siguiera llevando a cabo, sino que hasta ahora estaba en propuestas y buenas intenciones”.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció el 12 de julio que a finales de este mes o comienzos de agosto se conocerá la política antidrogas del gobierno Petro. “A través de ella vamos a sembrar vida, a generar legalidad, llevar tranquilidad a esas familias que por falta de oportunidades se dedicaron a cultivar coca, tener posibilidades de sustituir cultivos con productos sostenibles y cuidadosos con el medio ambiente”, expresó Osuna y agregó que también implica una ofensiva contra el narcotráfico.

En conclusión, la afirmación de que en el gobierno del presidente Gustavo Petro, en promedio, se han incautado casi dos toneladas de cocaína por día es falsa porque, entre el 7 de agosto de 2022 y el 30 de mayo de 2023, que es el último mes disponible, el promedio de incautaciones por día es de 1,08 toneladas. Solo se ha logrado una cifra cercana o superior a las dos toneladas en agosto de 2022 y en marzo y abril de 2023. Además, tampoco ha habido un aumento en las incautaciones si se compara con lo que se venía haciendo antes de su llegada al poder sino que la cifra es más baja si se compara lo que va de este año frente al mismo período del anterior.

Otro de los logros resaltados es la reconstrucción de la vía Panamericana que conecta el interior con el sur del país. Así que le pusimos la lupa a esta afirmación y la contrastamos con los hechos de la obra y encontramos que esta afirmación es cuestionable.

De la frase se entiende que ya se reconstruyó toda la parte de la vía Panamericana que resultó afectada con el derrumbe de una montaña en Rosas, Cauca, el 9 de enero de 2023. Sin embargo, esto no es cierto. Lo que sí es cierto es que se ha avanzado en otros frentes e incluso se construyó una vía alterna de dos kilómetros en los 45 días mencionados, pero la reconstrucción definitiva de la vía aún sigue en proceso. Por eso la frase es cuestionable.

La atención de la emergencia

El 16 de enero de 2023, es decir, siete días después del derrumbe que taponó 300 metros de la vía Panamericana en el Cauca, el Gobierno declaró la urgencia manifiesta para la atención de la emergencia. Esta figura legal le permite a las entidades correspondientes contratar de manera directa para atender la crisis y dar soluciones de manera más ágil.

Fue así como, el 27 de enero de 2023, el Instituto Nacional de Vías (Invías) firmó un contrato por 60.000 millones de pesos para la financiación y construcción de las obras necesarias para reactivar el paso por la vía Panamericana con la empresa Ingeniería de Vías S.A.S. Este incluye todas las obras necesarias para abrir el paso y garantizar el flujo vehicular, como el mantenimiento de tres vías alternas (Depresión - La Sierra - Rosas, San Francisco - El Pepino (Putumayo) y Piedra Sentada - El Tambo - Popayán), según le confirmó la entidad a Colombiacheck por medio de un comunicado; así como la pavimentación de dos vías de dos kilómetros, una provisional que incluye un puente de 30 metros y otra definitiva que incluye dos puentes, uno de 125 metros y otro de 30.

La obra que ya se entregó y Petro inauguró el 13 de marzo de 2023 (es decir, 45 días después de la firma del contrato) fue la vía provisional de dos kilómetros que incluye el puente semipermanente de 30 metros. El mismo presidente aclaró en su intervención, en el minuto uno, el alcance de la obra y lo que faltaba, tal como quedó registrado en esta transmisión de la Presidencia de la República.

“Esta obra fue hecha muy rápidamente, en 45 días son los cálculos y tiene dos elementos que me parecen centrales: uno, indudablemente mejora la calidad de vida a través de la interconexión que se había interrumpido; se está usando una vía alterna que también se hizo rápidamente, pero indudablemente no tenía la suficiente capacidad para aguantar las cargas del tráfico. Hoy el problema se ha reducido a dos kilómetros 200 metros, esta vía junta ya la carretera Panamericana y permite entonces un flujo muy eficaz (...) Es una obra y, es el segundo aspecto, provisional, es una etapa de las soluciones a más largo y mediano plazo que son más poderosas y que ya intentan no solo recuperar lo que aquí existía como flujo sino incluso superar los actuales niveles de conectividad entre el sur y el resto del país (...) y habrá otra vía que ya está en plena construcción (...) la del puente de 120 metros, que estará a principios de junio,(...) y el compromiso del gobierno es que cambiemos la vía Panamericana por una doble calzada”.

Es a este mismo lapso de 45 días al que se refiere el comunicado del Invías del 13 de marzo que Presidencia señaló como fuente en la respuesta a Colombiacheck sobre el sustento de la frase, que llegó tras la publicación del chequeo.

La intención de Petro en su gobierno es dejar hechos los diseños de la Panamericana en su totalidad hasta la frontera con Ecuador y la construcción hasta el Estanquillo, en el municipio de Timbío, Cauca, como explicó más adelante en su intervención, en el minuto 11:26.

Así, la mención en el video de los 45 días tiene que ver con que el contrato se firmó el 27 de enero de 2023 y esa primera vía alterna se entregó el 13 de marzo de 2023, exactamente a los 45 días. Sin embargo, el siguiente plazo que mencionó el presidente en la misma inauguración es que la segunda vía definitiva de 2,2 kilómetros se entregaría en junio y, de hecho, fue incorrecto porque el contrato realmente iba hasta el 27 de julio de 2023.

Además, según le aclaró la oficina de prensa del Invías a Colombiacheck, ha habido cambios en las fechas, pues el contrato ahora va hasta el 5 de agosto de 2023, pero se está evaluando extenderlo hasta octubre o incluso más.

Los cuestionamientos a la obra

El medio de comunicación La Silla Vacía publicó el 16 de abril de 2023 una investigación que reveló posibles sobrecostos en las obras pagadas al contratista Ingeniería de Vías S.A.S. Luego de publicado el texto, el propio Invías les pidió a la Procuraduría, la Contraloría y la Sociedad Colombiana de Ingenieros que hagan control sobre el contrato y los gastos realizados en la construcción de la vía.

Según el trabajo periodístico, desde antes de la firma del contrato hubo alertas por posibles sobrecostos por parte de la entonces subdirectora de gestión de riesgo, Carolina Barbanti, quien advirtió que las obras costaban la mitad de lo estipulado. Dichos anuncios suyos no fueron tenidos en cuenta y, en cambio, ella renunció cinco días después de firmado el contrato.

Allí se estipuló primero el monto total del cual disponía la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para atender la emergencia y luego, en la ejecución, se fueron definiendo las obras necesarias. Es decir, pusieron toda la plata que tenían a disponibilidad, sin hacer estudios, diseños ni una planificación, porque eso se iba hacer después, en la marcha. Por eso, en teoría, se pagarían sólo las obras que se pruebe que fueron ejecutadas.

Sin embargo, La Silla encontró que se estaba pagando de más al contratista por obras que no había hecho o no estaban lo suficientemente soportadas. Por ejemplo, se había cobrado 28% más de las tierras que en realidad movieron. Este porcentaje sube en la tierra movida en la vía alterna de La Sierra donde, al parecer, el contratista habría cobrado 53% más de lo que podía mover. Las cifras de las volquetas usadas tampoco coinciden entre lo que reportan el contratista, el interventor y las que tiene el Invías.

Otra de los cuestionamientos revelados por el medio digital es que hay un vínculo de amistad entre el dueño de la empresa contratista, Pedro Contecha; el entonces director del Invías, Juan Alfonso Latorre, y el ministro de Transporte de ese momento, Guillermo Reyes, que genera suspicacias sobre la elección la Ingeniería de Vías para hacer la obra. Según el artículo, los ahora exfuncionarios se justificaron en que esta firma era la que estaba en el lugar con material disponible y que tiene “fama de buen ejecutor”, pero también está salpicada por un escándalo de corrupción en Santander.

Frente a estas posibles irregularidades José Fernando Amézquita, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, le dijo a Colombiacheck que esta entidad les solicitó a las entidades encargadas estudios que dieran soportes de los costos y que estos tuvieran las especificaciones técnicas necesarias, pero que, ante la premura de reconstruir la vía en 45 días, estos no se hicieron, lo cual es entendible, “pero debe hacerse con rigor, era urgente la obra, pero no estamos de acuerdo que no se hayan surtido los procesos para tener claridad de los costos reales de la vía, se pudo haber hecho una adición, pero con un cronograma y especificaciones claras que no hay”, afirmó.

Por eso, dice el dirigente gremial, se ha alertado que la vía alterna que ya se inauguró, al ser de emergencia y no tener todas las condiciones técnicas como no tener base ni sub-base, a los tres días se empezó a agrietar y a perder la banca, como también lo evidenció El Tiempo. “Entendemos que sea una vía que obra como una vía de conexión provisional (...) es una vía que puede tener mejores niveles de servicio y unos mejores niveles de seguridad vial y que puede colocar en riesgo a quienes transitan por este punto”, explicó Amezquita.

"Es muy importante que se avance en todos los aspectos de una vía que moviliza por lo menos 1.000 tractocamiones al día, Desde la #CCIOccidente hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que se adelanten las obras de estabilización y mejora de la vía alterna Rosas, Cauca". pic.twitter.com/u2cFj4Z9V9

— CCI Occidente (@OccidenteCCI) March 21, 2023

Sobre los posibles sobrecostos, Amezquita dice que entiende que, ante la emergencia y premura con la que había que actuar, no era posible hacer un presupuesto detallado de la obra, sin que eso signifique que no deba hacerse con rigor. “No estamos de acuerdo en que no se hayan surtido los procesos para tener claridad de los costos reales de la vía, si bien se pudo haber hecho una adición, pero teniendo un cronograma claro, especificaciones claras que no hay”, advierte.

Frente a los tiempos de construcción, dice que ya hubo una primera ampliación por problemas con las comunidades y de seguridad en la zona, pues inicialmente la vía definitiva debía entregarse en julio, pero que ahora se va a entregar en agosto. Pide que haya mayor claridad en cuanto a la fecha en que se entregará para evitar la incertidumbre.

En todo caso y en línea con lo planteado por el presidente Petro en su video de inauguración de la vía, Amezquita explica que es importante avanzar en la construcción de la doble calzada por la variante Timbío - El Estanquillo que se salta el paso por la falla geológica de Rosas, evitando así nuevas emergencias por derrumbes. La vía puede tener un costo entre 9 a 12 billones de pesos, pero dice que es la única solución para asegurar una conexión vial entre el interior del país con Pasto y Ecuador.

Por todo lo anterior, calificamos la frase del video como cuestionable pues, si bien sí es cierto que sí se entregó en un plazo de 45 días una primera vía provisional de 2 kilómetros en la vía Panamericana que permite el paso de tráfico pesado y ha mejorado la movilidad, aún falta la reconstrucción de la vía definitiva y el contrato ha tenido cuestionamientos por posibles irregularidades, aplazamientos de la entrega final y falta de especificaciones técnicas.

En el minuto 1:08 del video de la cuenta oficial de la Presidencia de Colombia, destacan como uno de los logros del “gobierno del cambio” en menos de un año el haber recuperado la espada de Bolívar y haberla puesto a la vista del pueblo.

Sobre esta frase, la respuesta de Presidencia posterior a la publicación de este chequeo no dio mayor sustento ni precisión sobre lo que querían decir. La única referencia que dio la entidad fue un supuesto trino de la cuenta personal de Petro (@petrogustavo) “la cual tiene el carácter de personal; es decir, no se trató de una declaración hecha a través de una cuenta oficial del Gobierno Nacional, por tanto, no puede dársele la connotación de “acto oficial” sino de una apreciación personal que goza del amparo del derecho fundamental a la libre expresión, el cual tiene por objeto proteger aquellas formas de comunicación en las que predomina la expresión de la subjetividad del emisor, de sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones personales sobre determinados hechos, situaciones o personas”.

Sin embargo, Colombiacheck no encontró ningún mensaje del mandatario con las palabras “recuperamos” y “espada” en esa red social y, en todo caso, la afirmación que se hace en el video es un hecho concreto verificable y, en realidad, es falso, pues desde 2020, durante el gobierno de Iván Duque, la espada fue trasladada del Banco de la República a la Casa de Nariño, donde estuvo guardada desde 1991 cuando fue entregada por la guerrilla del M-19, para que fuera admirada por la ciudadanía durante los recorridos guiados por la residencia presidencial. Sin embargo, a causa de la pandemia por COVID-19, estas visitas estuvieron restringidas hasta junio del 2022.

En el video del recuento de logros afirman textualmente: “Recuperamos la espada de Bolívar y la pusimos a la vista del pueblo”, mientras se muestra un corto fragmento del video de la posesión presidencial de Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022 diciendo: “Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar”.

Cabe recordar que, días antes a su posesión, Petro había pedido que el arma estuviera presente en la ceremonia, como parte de los muchos simbolismos el acto protocolario, pero hasta el último momento se enfrentó a la negativa del gobierno del ahora expresidente Iván Duque, que no autorizó el traslado de la pieza a la plaza de Bolívar para el acto público

La espada de Bolívar es considerada una de las piezas más importantes de la colección de la Casa Museo Quinta de Bolívar, no sólo por haber pertenecido a una de las figuras históricas más importantes del país, como lo fue Simón Bolívar, sino porque en 1974 fue sustraída por el movimiento guerrillero M-19 y no se supo nada de su paradero por 17 años, hasta 1991, cuando fue devuelta.

De acuerdo con información de la Casa Museo, la espada, que fue obsequiada por la Sociedad de Embellecimiento en 1924, tiene distintas características y estilos que ubican su origen hacia 1822.

En Colombiacheck publicamos un chequeo anterior en el que verificamos una desinformación compartida por la senadora Paloma Valencia, en la que se afirmaba falsamente que la pieza pasó por las manos del hijo de Pablo Escobar, a propósito de la aparición de este símbolo en la posesión presidencial de Petro el 7 de agosto de 2022.

Sobre la ruta de la espada de Bolívar, en el reportaje de la revista Cambio ‘Los trasteos de la espada de Bolívar’, la periodista Patricia Lara Salive reconstruye los lugares por los que pasó la pieza histórica desde su sustracción, pasando por la devolución que hizo el M-19, hasta el momento de la posesión de Petro.

Tanto el reportaje como la Casa Museo Quinta de Bolívar señalan que la espada, luego de haber sido devuelta en 1991, estuvo guardada en una bóveda del Banco de la República hasta el 24 de julio de 2020, cuando fue devuelta a la Casa de Nariño por orden del expresidente Iván Duque, con motivo de la conmemoración de los 237 años del natalicio del Libertador.

“Aquí en la casa de todos los colombianos estaremos compartiendo la espada del Libertador, para que su memoria no esté encerrada en una bóveda sino que pueda ser apreciada por la ciudadanía”, dijo el expresidente Duque en el acto de conmemoración.

No obstante, aunque la pieza permaneció en una urna de cristal en la Casa de Nariño desde 2020 hasta el fin del gobierno Duque, el acceso libre al público para verla, a través de las visitas guiadas al palacio, estuvo restringido debido a la pandemia por COVID-19 y solo hasta junio de 2022 estos recorridos pudieron ser nuevamente habilitados, según informó la línea de atención de las visitas guiadas de Presidencia.

Actualmente, la espada de Bolívar puede verse durante las visitas guiadas gratuitas que ofrece la Casa de Nariño para visitantes nacionales y extranjeros. Pero, para acceder a estos recorridos de 45 minutos de duración, las personas interesadas deben diligenciar en la web un formulario con sus datos y revisar las fechas disponibles.

Con estos elementos, Colombiacheck califica como falso el logro “Recuperamos la espada de Bolívar y la pusimos a la vista del público”, pues, como hemos explicado, desde julio del 2020, durante el gobierno Duque, esta espada fue sacada de las bóvedas del Banco de la República y trasladada a la Casa de Nariño para su exhibición al público, aunque por restricciones de seguridad en la pandemia, las visitas para conocerla solo se pudieron habilitar en junio del 2022.